RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01570-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01570-01

Fecha
9 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01570-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Mayolys Esther Pabón Charris en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01570-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa / Defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial

Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Mayolys Esther Pabón Charris, en
contra de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Primera mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Mayolys Esther Pabón Charris promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y la «prevalencia del
derecho sustancial», los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia
proferida el 17 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B en el proceso de reparación directa identificado con el radicado 08001-
23-33-000-2018-01017-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra del Distrito Especial, Industrial, Portuario de Barranquilla2, con la finalidad de
que se le declarara responsable por los perjuicios materiales e inmateriales
ocasionados por la ocupación permanente del predio de uso privado identificado con
matrícula inmobiliaria Nº 040-415801, en el cual se ejecutaron obras para la

1 Ver índice 2 de Samai.
2 En adelante el distrito.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

construcción de una estación de bomberos en la ciudad de Barranquilla, el 3 de
noviembre de 2016.

2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 6 de febrero de 2023,
declaró responsable al distrito por los perjuicios ocasionados y, en razón a esto, lo
condenó al pago de la suma $1.103.131.819 por concepto de daño emergente. Lo
anterior, al considerar que, conforme al material probatorio obrante, el inmueble
objeto de controversia pertenecía legítimamente a la demandante y, por ende, no
hacía parte de los bienes de propiedad del distrito. En consecuencia, concluyó que
la entidad territorial ocupó el predio y ejecutó las obras correspondientes, sin
adelantar los mecanismos legales para adquirirlo ni mediar negociación con sus
propietarios, circunstancia que configuró un daño antijurídico imputable a la
administración.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en providencia del 17
de octubre de 2025, revocó la decisión del a quo, y en su lugar, declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa, al considerar que se acreditó que la
ocupación del inmueble existía con anterioridad a la adquisición realizada por los
compradores en el 2012, y, que dicha circunstancia era conocida, o al menos, debía
ser conocida por ellos al momento de celebrar el negocio jurídico «por lo tanto, para la
fecha de presentación de la demanda, el 2 de noviembre de 2018, de acuerdo con el criterio
unificado de la Sala Plena de la Sección Tercera y el numeral 8 del artículo 136 del CCA, el
plazo de dos años había expirado». Asimismo, señaló que las actuaciones adelantadas
con posterioridad respecto del bien no tenían la virtualidad de interrumpir el término,
ya que eran normas de orden público y, por tanto, inmodificables.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto «probatorio», toda vez que conforme a las pruebas aportadas3 en
el expediente no se podía afirmar que los compradores del predio conocían la
existencia de una ocupación previa y permanente del inmueble por parte del distrito.
En consecuencia, consideró que no efectuó una valoración adecuada de las pruebas
que demostraban que la controversia sobre el predio surgió únicamente a partir del 3
de noviembre de 2016, no antes.

2.5. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado4 pues la
providencia enjuiciada desconoció que la Sección Tercera estableció que el cómputo
del término de la caducidad debe efectuarse desde que el afectado conoce la
limitación o afectación de su derecho de propiedad, o desde la terminación de la obra
pública cuando la ocupación se produce a raíz de su ejecución, circunstancia que se

3 En particular, sostuvo que no fueron debidamente valoradas distintas pruebas, entre ellas, las
actuaciones surtidas dentro del trámite policivo, la declaración rendida por Salege Bello, los
dictámenes periciales practicados por Carlos Arturo Arroyave Salas y Pedro Manuel Guzmán de la
Rosa, el certificado de tradición y libertad del inmueble, los certificados catastrales, los soportes de
pago del impuesto predial, la documentación relacionada con la prestación de servicios públicos y la
corrección cartográfica del predio.
4 Al respecto citó: i) sentencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

con expediente no. 25000232600020130140501 (51791); ii) sentencia del 5 de junio de 2018 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado con rad. 43.916: y iii) sentencia del 11 de octubre de 2023 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado con rad. 130012333000201700009601 (67229).

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

configuró a partir del 3 de noviembre de 2016 por las actuaciones tendientes a la
construcción de la estación de bomberos.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 3.1 Solicito a los señores jueces constitucionales, tutelar a favor de mi representada
Mayolys Pabón Charris los derechos fundamentales que se invocaron como violados.

3.2 Como consecuencia de lo anterior, solicito sean impartidas las siguientes o similares
ordenes:

a) Dejar sin efectos, la decisión adoptada en la sentencia proferida el diecisiete (17) de
octubre de dos mil veinticinco (2025).

b) En su lugar, que se le ordene a la autoridad judicial aquí accionada que dentro de las
cuarenta y ocho (48) hábiles siguientes a la notificación de la providencia que decida la
presente acción de tutela, se expida un auto que deje sin efectos la decisión objeto de
solicitud de protección constitucional y se estudie de fondo el recurso interpuesto por el
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. […]» [sic].

1.1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio5 solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, y que se negara el amparo solicitado
ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

4.1. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla6 pretendió que
se declarara improcedente la petición de amparo por cuanto la verdadera intención
del demandante fue reabrir un debate jurídico y probatorio ya resuelto por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativa, pues lo que buscó fue cuestionar la
valoración de las pruebas realizada por el juez natural del asunto.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B7 manifestó que tanto
la providencia cuestionada como el expediente del proceso de reparación directa
contienen los elementos fácticos y jurídicos necesarios para que el juez constitucional
tomara la decisión que en derecho correspondiera. En consecuencia, atendería lo
que se disponga en el proceso de tutela.

4.3. Los demás terceros con interés y la demandada guardaron silencio.

5 Ver Samai índice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
16_MemorialeWeb_ContestaciOnDemanda2026EE0013261_1CONT (.pdf) NroActua13.
6Ver índice 14 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
17_MemorialWeb_ContestaciónDemanda-.pdf CONTESTACIONTUTELA (.pdf) NroActua14.
7Ver índice 11 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
16CONTESTACIONDE_Contestacióndetutela(.pdf) NroActua11.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

1.1.3. Sentencia de primera instancia8

4.4. El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 26 de marzo de 2026
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por considerar que no cumplía
con el requisito de relevancia constitucional. Máxime, cuando el debate planteado en
sede de tutela si fue analizado por el juez contencioso sin que se pueda desprender
de ello una decisión arbitraria o un desconocimiento de derechos fundamentales.

1.1.4. Escrito de impugnación9

4.5. Mayolys Esther Pabón Charris impugnó la decisión del a quo, para lo cual,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, argumentó que
el debate sí gozaba de relevancia constitucional ya que desconoció los precedentes
judiciales del Consejo de Estado y, en consecuencia, afectó los derechos
fundamentales al debido proceso en conexidad con la prevalencia del derecho
sustancial.

2. Consideraciones

5. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

7. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema13. Al respecto señaló lo
siguiente:

8Ver índice 18 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
24Sentencia_18AcfExp20260157000M (.pdf) NroActua 18.
9 Ver indice 4 del expediente de segunda instancia. Archivo denominado:
1_MemorialWeb_RecursoSUSTENTACIONIMPUGAN (.pdf) NroActua 4.
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

8. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

9. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

10. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

11. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

12. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos
fundamentales de Mayolys Esther Pabón Charris con ocasión de la providencia del
17 de octubre de 2025, mediante la cual, en segunda instancia, declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa, al incurrir, presuntamente, en defecto
fáctico y desconocimiento del precedente judicial?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

13. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

14. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado

2.5.2 Defecto factico

15. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional18, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»20. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»21.

16. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de

18 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
20 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel Jose Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo

Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Sentencia T-539 de 1994.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3 Desconocimiento del precedente judicial

17. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.

18. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

19. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

20. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

2.5.5. Sobre el caso concreto

21. Mayolys Esther Pabón Charris acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual, en segunda instancia, declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa.

22. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico al efectuar una
valoración probatoria insuficiente e inadecuada ya que se concluyó que la ocupación
permanente del inmueble era de su conocimiento desde el 2012, sin valorar
adecuadamente las pruebas que demostraban que la controversia sobre el predio
surgió únicamente con las actuaciones adelantadas por el distrito para la
construcción de la estación de bomberos.

23. Asimismo, en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado22
relacionada sobre en qué momento empieza el cómputo del término de caducidad en
los eventos de ocupación de bienes inmuebles por parte de entidades públicas.

24. En este punto, para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, respecto al
fenómeno jurídico de la caducidad, en concordancia con el criterio unificado de la
Sala Plena de la Sección Tercera consideró:

«[…] Mediante la Resolución 4847 de 20066 el Inurbe en liquidación ordenó la
segregación de un lote de menor extensión, de uno de mayor extensión identificado con
matrícula inmobiliaria 040-143451, en la carrera 4 #45-165 en la Ciudadela 20 de Julio de
la ciudad de Barranquilla. Al área en mención le fue asignada la matrícula inmobiliaria 040-
415801

Mediante la Resolución 877 de 27 de agosto de 20098, el Ministerio de Vivienda ordenó
la transferencia de la propiedad del inmueble de mayor extensión (040-143451) al Distrito,
con destinación específica al desarrollo de un proyecto educativo.

Mediante el Acta de Entrega 18 de 6 de diciembre de 20119, el PAR Inurbe en liquidación
entregó a título gratuito el inmueble de menor extensión (040-415801) a la Central de
Inversiones S.A. (CISA). En el acta de recibo físico del bien, de 15 de marzo de 201210,
la entidad anotó que el lote estaba “invadido por la Policía Nacional y el mega colegio Olga
Emiliani

El 29 de mayo de 201211, Farid Ester Pabón Charris presentó ante CISA el “formulario
único de oferta para compra de inmueble invadido – tercero”. El 13 de junio de 2012, la
entidad le informó que aceptaba la oferta, advirtiéndole que el bien estaba “en posesión
de terceros”, por lo que, “formalizada la venta” le correspondía a la compradora por su
“cuenta y riesgo ejercer las acciones legales tendientes a la recuperación de la posesión,
eximiendo de reclamación y o responsabilidad a CISA por los resultados de dichas
acciones u omisiones”.

Las partes suscribieron la promesa de compraventa12 el 15 de junio de 2012, y el 9 de
julio de 2012 la promitente compradora cedió su posición contractual13 a Eduin Javier y
Mayolis Esther Pabón Charris —los aquí demandantes—. Las partes celebraron el
contrato de compraventa del inmueble de menor extensión (040-415801) mediante la
escritura pública 799 de 30 de agosto de 2012 registrada en la Notaría Única del Círculo

22 Al respecto citó: i) sentencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

con expediente no. 25000232600020130140501 (51791) ; ii) sentencia del 5 de junio de 2018 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado con rad. 43.916: y iii) sentencia del 11 de octubre de 2023 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado con rad. 130012333000201700009601 (67229).

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

de Puerto Colombia. En el documento, los adquirentes aceptaron conocer que la parte
vendedora no tenía la posesión del bien. Entre otras cláusulas, acordaron (se trascribe):

“PRIMERA: OBJETO. EL VENDEDOR, por medio del presente instrumento transfiere a título de
venta (…)
PARÁGRAFO PRIMERO: LOS COMPRADORES declaran y aceptan conocer que EL
VENDEDOR no ostenta la posesión y/o tenencia material sobre el inmueble objeto de esta venta,
en razón a que se encuentra ocupado por terceros indeterminados y por un lapso que desconoce
el VENDEDOR, por lo cual desde ya LOS COMPRADORES exoneran a EL VENDEDOR por
eventuales reclamaciones y/o procesos jurídicos de los ocupantes relacionados con la posesión
de este inmueble”.

Con base en lo anterior, para la Sala es claro que el inmueble que origina la presente
controversia estaba ocupado incluso desde antes de que la parte actora lo comparar y
que esa situación debió conocerla, ya que desde el acta de recibo del inurbe en liquidación
a CISA-el 15 de marzo de 2012- se dejó constancia de que el lote estaba “invadido” por
la Policía y la institución educativa Olga Emiliani, en lo que la administración distitral
denominada como un “Polígono Normativo institucional EBI”.

La ocupación referida en este caso tuvo el carácter de permanente desde mucho antes
de la construcción de la estación de bomberos. La entidad demandada ejerció la posesión
material del inmueble de menor extensión, comprendido dentro de la manzana
institucional, muchos años antes de que iniciara la construcción del inmueble que, según
la demanda, origina esta controversia. En este punto, no comparte la Sala las
apreciaciones del tribunal respecto de las decisiones policivas, pues de la lectura de ese
expediente se concluye, sin duda alguna, que el Distrito había ejercido la posesión del
bien durante años y de allí que procediera su amparo, sin que en esa sede se hubiera
tomado determinación alguna respecto de la propiedad. Tanto así, que contrario a la
versión que la parte actora pretendió hacer valer, la administración realizó la demolición
del inmueble e inició la obra sin que hubiera presencia de los demandantes y, solo al
hacerlo, estos intentaron interrumpir los trabajos públicos a través de la designación de
vigilantes16. En este punto, la decisión policiva de segunda instancia indicó (se transcibe):

“(E)l querellante DISTRIRO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA ha
venido ejerciendo dicha posesión, tal como se demuestra con la construcción del Megacolegio
Olga Emiliani y el asentamiento de la Estación de Policía metropolitana de la Ciudadela 20 de
julio y la construcción de la estación Metropolitana de bomberos tantas veces encunciada”.

De este modo, está acreditado que, al menos desde el 15 de marzo de 2012 —fecha en
la que CISA recibió el bien de menor extensión por parte del Inurbe en liquidación— toda
la manzana ya estaba ocupada de forma permanente por el Distrito. En consecuencia,
la situación ya existía al momento de la compra que hicieron los demandantes y
debió ser conocida por ellos como parte de una diligencia mínima para realizar el
negocio, con mayor razón cuando, además, fueron advertidos sobre la ocupación
de terceros. Por tanto, para la fecha de presentación de la demanda, el 2 de
noviembre de 2018, de acuerdo con el criterio unificado de la Sala Plena de la
Sección Tercera23 y el numeral 8 del artículo 136 del CCA, el plazo de dos años había
expirado24.

Conviene aclarar que las gestiones que, con posterioridad, hubiera realizado la parte
actora para demostrar el ánimo de señor y dueño en nada alteran la anterior circunstancia,
ya que el término para demandar es de orden público y no está sujeto a la voluntad de las
partes. Tampoco tiene incidencia alguna la transferencia del dominio […]

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 9 de

febrero de 2011, exp. 38271.
24 Por tratarse de un término que inició a correr en vigencia del CCA, el plazo aplicable es el previsto

en ese código y no en el CPACA, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

Finalmente, tampoco es relevante el hecho de que, con posterioridad a la ocupación del
bien, que, como quedó indicado, tuvo carácter permanente desde mucho tiempo atrás, la
entidad demandada realizara nuevas obras. En un caso similar, la Sala precisó (se
trascribe):

“De acuerdo con lo planteado en la demanda, el IDU ocupó dos lotes de propiedad de
la parte actora con la construcción de la Avenida Tabor. Sin embargo, está acreditado
que, al menos desde 1998, los terrenos ya eran utilizados como vía pública. Por tanto,
no puede contarse el término de caducidad desde la finalización de esa obra, en los
términos de la Sentencia de Unificación de 9 de febrero de 2011, ya que, como se verá,
desde mucho antes las franjas por las que se reclama eran parte del espacio público
(…) el hecho de que con posterioridad la administración hubiera decidido realizar una
ampliación o modificación de una vía existente no implica que el término de caducidad
vuelva a iniciar y, por tanto, el daño alegado, consistente en la ocupación, se concretó
mucho antes de la construcción de las obras invocadas en la demanda como causa.
En estos términos la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declarará la caducidad de la acción de reparación directa”25 […]» [sic]. [Resaltado por
la sala]

25. A partir de una lectura de la totalidad de la sentencia, la Sala encuentra que la
decisión se encuentra debidamente motivada y sustentada en los elementos
probatorios obrantes en el expediente. En efecto, la autoridad judicial demandada
analizó diferentes medios de prueba, entre ellos, el acta de entrega del inmueble, la
promesa de compraventa, la escritura pública, el contrato de venta y las actuaciones
surtidas dentro del proceso policivo. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la
ocupación del inmueble existía con anterioridad a su adquisición por parte de los
compradores y que dicha circunstancia era conocida, razón por la cual consideró
configurada la caducidad del medio de control de reparación directa.

26. Por otro lado, la parte demandante sostiene que algunas pruebas26 obrantes
en el expediente fueron omitidas, las cuales permitían interpretar que la controversia
sobre el inmueble únicamente surgió en el año 2016, cuando el distrito adelantó las
gestiones correspondientes a la construcción de la estación de bomberos,
circunstancia que, a su juicio, resultaría relevante para determinar desde qué
momento debía contabilizarse el término de caducidad del medio de control.

27. Respecto de estos elementos cuya omisión se alega, la Sala debe precisar
que, si bien estaban dirigidos a demostrar que la controversia respecto del inmueble
surgió con las actuaciones adelantadas por el distrito para la construcción de la
estación de bomberos en el año 2016, ello no permite concluir, por sí solo, que la
autoridad judicial demandada hubiera incurrido en un defecto fáctico, pues la
providencia enjuiciada expuso las razones por las cuales, a partir de la valoración
conjunta del material probatorio llegó a una conclusión distinta. Así, la sentencia
cuestionada resolvió declarar la caducidad con fundamento en otros elementos de
prueba, como los ya señalados, a partir de los cuales consideró acreditado que la

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia de 10 de diciembre de 2024, exp. 68784.
26 Al respecto indicó las actuaciones surtidas dentro del trámite policivo, la declaración rendida por

Salege Bello, los dictámenes periciales practicados por Carlos Arturo Arroyave Salas y Pedro Manuel
Guzmán de la Rosa, el certificado de tradición y libertad del inmueble, los certificados catastrales, los
soportes de pago del impuesto predial, la documentación relacionada con la prestación de servicios
públicos y la corrección cartográfica del predio.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

situación de ocupación del inmueble existía con anterioridad a su adquisición y era
conocida o podía conocerse diligentemente por los compradores.

28. En ese sentido, la Sala advierte que la providencia cuestionada no fundamentó
su decisión exclusivamente en el acta de entrega de 15 de marzo de 2012, en la cual
el Inurbe en liquidación entregó el inmueble a CISA y dejó constancia que el lote
estaba invadido por la Policía Nacional y la institución educativa denominada Olga
Emiliani, tal cual se afirma en el escrito de tutela. Por el contrario, realizó una
valoración conjunta del material probatorio y expuso las razones por las cuales
concluyó que la ocupación del inmueble era anterior a su adquisición. En particular,
la autoridad judicial demandada examinó el contrato de compraventa y la escritura
pública no. 99 de 2012 en los cuales se consignó expresamente que el vendedor no
ostentaba la posesión ni la tenencia material sobre el inmueble.

29. De igual forma, analizó el formulario único de oferta para compra que presentó
Farid Ester Pabón Charris ante CISA el 13 de junio de 2012, en donde la entidad
afirmó que el bien se encontraba en posesión de terceros. Finalmente, estudió el acta
de entrega no.18 del 6 de diciembre de 2011, mediante la cual el Par Inurbe en
liquidación entregó a título gratuito el inmueble a CISA, en donde se dejó constancia
que el predio se encontraba invadido por la Policía Nacional y el colegio Olga Emiliani.

30. En vista de lo anterior, resulta ajustado a derecho que la autoridad judicial
demandada, declarara la caducidad del medio de control, pues «[p]ara el momento en
el que los demandantes adquirieron el bien, la totalidad de la manzana era ocupada por el
Distrito. Como compradores fueron advertidos de tal situación sin que la suscripción del
negocio jurídico que les transfirió el dominio, ni la construcción de otra edificación distrital —
en este caso la estación de bomberos— puedan modificar en manera alguna los términos de
caducidad».

31. Por lo anterior, la Sala concluye que, en el caso concreto, no se configuró el
defecto alegado, pues la interpretación adoptada por la autoridad judicial demandada
no resultó contraevidente, irrazonable o desproporcionada, ni carente de sustento
probatorio. Por el contrario, se sustentó en los elementos fácticos del expediente.
Ahora bien, que la demandante considere que otros medios permitían llegar a una
conclusión diferente respecto del momento en que surgió la controversia sobre el
inmueble o comenzó a correr el término de caducidad, no permite concluir, por sí
solo, que se haya incurrido en una omisión probatoria de tal entidad que
comprometiera los derechos fundamentales alegados o que tuviera una incidencia
determinante en la decisión adoptada. Así, lo que se evidencia es una discrepancia
frente a las interpretaciones probatorias efectuadas por el juez natural.

32. Por otra parte, en lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente
judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado27, conforme al cual el término

27 Al respecto citó: sentencia del 9 de febrero de 2011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

con expediente no. 25000232600020130140501 (51791); ii) sentencia del 5 de junio de 2018 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado con rad. 43.916: y iii) sentencia del 11 de octubre de 2023 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado con rad. 130012333000201700009601 (67229).

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

de caducidad en aquellos casos de ocupación jurídica de inmuebles debe
contabilizarse desde el momento en que el afectado conoce la limitación de su
derecho de dominio o la imposibilidad de destinar el bien, la Sala tampoco encuentra
acreditada una separación arbitraria o injustificada de los criterios jurisprudenciales
aplicables, razón por la cual no se configura el defecto invocado.

33. En efecto, se observa que la sentencia cuestionada no desconoció los
precedentes de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por el contrario, a partir
de la interpretación y valoración de las pruebas obrantes en el proceso concluyó que
la ocupación del inmueble existía con anterioridad a la adquisición del bien y que
dicha circunstancia era conocida por los compradores o, al menos, podía conocerse
diligentemente al momento de celebrar el negocio jurídico. A partir de ese
fundamento, determinó que para la fecha de presentación de la demanda el término
de caducidad ya había expirado.

34. En ese contexto, la Sala analiza que los precedentes invocados no establecen
una regla distinta a la aplicada en el caso concreto. En cambio, lo que señalan es que
la contabilización del término de caducidad depende del momento en que el afectado
conoce la limitación de su derecho o la ocupación que lo limita a usar o disponer del
bien. Precisamente, ese fue el criterio empleado por la autoridad judicial demandada
para resolver el asunto.

35. Así, la inconformidad planteada no se dirige contra la falta de aplicación de
regla jurídica contenida en los precedentes judiciales citados, sino contra la
conclusión a la que llegó la providencia cuestionada respecto del momento a partir
del cual se encontraba acreditado el conocimiento de la situación de ocupación del
inmueble. En efecto, la discrepancia radica en que la demandante considera que
dicho conocimiento surgió con ocasión de las actuaciones adelantadas para la
construcción de la estación de bomberos en el año 2016 mientras que la autoridad
judicial demandada concluyó, con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente, que esa circunstancia era conocida o, al menos, podía conocerse
diligentemente desde la adquisición del inmueble en el 2012.

36. Por consiguiente, el desacuerdo no recae sobre la regla jurisprudencial
aplicada para determinar la caducidad, sino sobre la valoración de los hechos y
pruebas obrantes en el caso concreto, aspecto que corresponde exclusivamente al
ámbito de apreciación propio del juez natural.

37. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01570-01
Demandante: Mayolys Esther Pabón Charris

38. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma en que la Sala revocará la
decisión del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
de Mayolys Esther Pabón Charris, en la solicitud de tutela presentada contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

40. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de marzo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Mayolys Esther Pabón Charris en la solicitud de tutela presentada
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.