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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01575-01

Fecha
30 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01575-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente, por no superar el requisito de inmediatez, la solicitud de tutela presentada por la Clínica Los Rosales S.A. en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01575-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandante: Clínica Los Rosales S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por falla en
el servicio médico / Inmediatez
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Clínica Los Rosales S.A., en contra
de la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. La Clínica Los Rosales S.A. promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 23 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C en el medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 66001-23-33-000-2016-00016-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Martha Cecilia Cruz Villada y otros en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentaron demanda en contra de la ESE Hospital San Jorge de
Pereira, Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del
Régimen Subsidiado S.A., Salud Total EPS-S, Clínica Los Rosales S.A., Clínica
Comfamiliar Risaralda y a la Unidad Pediátrica Especializada Unikids SAS, con la

1Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «22ED_ACCIONDETUTELA(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

finalidad de que se les declarara responsables de los perjuicios ocasionados por la
muerte de Jhonnyer Estiven Montes Cruz por la falla en la prestación de los servicios
medico asistenciales.

2.2. Por lo anterior, la Clínica Los Rosales S.A. y Salud Total EPS-S llamaron en
garantía a Allianz Seguros S.A. con fundamento en la póliza de responsabilidad civil
extracontractual suscrita.

2.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia del 23 de agosto de 2019
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que se
configuró una falla en la prestación del servicio médico imputable a la Clínica Los
Rosales y a Salud Total EPS-S, consistente en la omisión del diagnóstico oportuno
de la patología abdominal que padecía el paciente, pues de haberse realizado dicho
diagnóstico de manera temprana, se habría evitado el agravamiento de su estado de
salud, la infección abdominal de compromiso sistémico y el desenlace fatal.
Asimismo, condenó a Allianz Seguros S.A. a asumir frente a las entidades
condenadas por las obligaciones impuestas a ésta. En contra de esta decisión ambas
partes interpusieron recurso de apelación.

2.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 23
de septiembre de 2024 modificó la decisión del a quo, frente a la condena y la cuantía
señalada por perjuicios morales, pero mantuvo la declaratoria de responsabilidad y
condena impuesta a SALUD TOTAL EPS-S y a la IPS Clínica Los Rosales S.A., al
considerar que se acreditó la existencia de un error de diagnóstico y de tratamiento
del paciente Jhonnyer Estiven Montes Cruz, y, el vínculo causal entre la culpa médica
y la muerte.

2.5. Asimismo, precisó que no había lugar a condenar a Allianz a reintegrar a la
EPS la suma que pagara por motivo de esta condena, por cuanto «el amparo sólo
cubre errores en la práctica médica, es decir, en desarrollo de la prestación directa de
servicios de salud por parte de la EPS (como aquél que se presta en sus unidades propias
de atención), y no aspectos del sistema de seguridad social en salud -sustento de la
solidaridad en este caso- (EPS como garante y administradora)».

2.6. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por cuanto omitió valorar de manera integral y sistemática
las condiciones generales y particulares de la póliza allegada al proceso. En lugar de
examinar el clausulado que regulaba la relación contractual entre la Clínica y la
aseguradora, sustentó su decisión en supuestos y exclusiones ajenas al contenido
del contrato, lo que condujo a una apreciación probatoria ostensiblemente errónea.
Ese yerro, por su carácter evidente, manifiesto y trascendente, incidió de forma
directa en la decisión de absolver a la aseguradora.

2.7. En defecto sustantivo porque interpretó de manera errónea la normativa que
regula la cobertura, las exclusiones y la ocurrencia del siniestro, al desconocer que
las condiciones de la póliza constituyen ley para las partes y delimitan el alcance de
las obligaciones asumidas por la aseguradora. Esa indebida aplicación del régimen

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

del contrato de seguro lo condujo a exonerar a esta última de asumir las
consecuencias económicas derivadas del fallecimiento.

2.8. Asimismo, sostuvo que, aunque entre la notificación de la sentencia
cuestionada y la presentación de la solicitud de amparo transcurrió un término
superior a seis (6) meses, dicho lapso debía flexibilizarse, en atención a que la
vulneración alegada es permanente, actual y con incidencia en el interés general del
sistema de salud. Lo anterior, por cuanto la decisión cuestionada pone en riesgo su
sostenibilidad y la garantía del derecho fundamental a la salud de miles de usuarios
del departamento de Risaralda, con afectación de los derechos de terceros.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la salud de la colectividad de la Clínica Los Rosales S.A., los
cuales han sido vulnerados por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado, mediante la providencia proferida el 23 de
septiembre de 2024, notificada el 29 de octubre de 2024, dentro del proceso de reparación
directa radicado bajo el número 66001-23-33-000-2016-00016-01 (66353).

2. Como consecuencia del amparo concedido, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
mencionada en el numeral anterior, exclusivamente en lo que respecta a la decisión de
absolver a la compañía de seguros Allianz Seguros S.A. llamada en garantía. En su lugar,
ORDENAR a la misma autoridad judicial accionada que, en un término perentorio y
razonable, profiera una nueva decisión de reemplazo que se ajuste a la Constitución y a
la correcta valoración probatoria.

3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, al momento de emitir la nueva
providencia, proceda a:

A. Corregir el defecto sustantivo advertido, aplicando de manera correcta y fundada las
normas que rigen el contrato de seguro de responsabilidad civil en su modalidad "claims
made", conforme a la Ley 389 de 1997.

B. Subsanar el defecto fáctico, realizando una valoración adecuada, racional e integral de
las pruebas obrantes en el expediente, en especial del contrato de seguro y sus cláusulas,
para determinar el alcance real de la cobertura pactada.

C. Con base en lo anterior, resolver sobre la responsabilidad contractual de la aseguradora
llamada en garantía, de conformidad con el amparo de la póliza y el acervo probatorio.

4. DISPONER cualquier otra medida que el Despacho estime necesaria para restablecer
íntegra y eficazmente los derechos fundamentales vulnerados, en ejercicio de las
facultades ultra y extra petita que le asisten al juez constitucional.[…]» [sic].

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Risaralda2 si bien allegó copia del expediente
digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. Salud Total E.P.S.-S S.A.3 pretendió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es la llamada a responder
por las pretensiones invocadas por la parte demandante.

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C4 solicitó que se
declarara improcedente la petición de amparo por no acreditar los requisitos
generales de inmediatez y de relevancia constitucional. El primero, por cuanto la
sentencia enjuiciada fue proferida el 23 de septiembre de 2024, notificada el 9 de
octubre; y cobró ejecutoria el 17 siguiente, mientras que la tutela se radicó hasta el
26 de febrero de 2026. El segundo, por cuanto la verdadera intención es convertir el
amparo en una tercera instancia del proceso de reparación directa que ya concluyó,
sobre todo, en cómo el juez ordinario realizó la valoración probatoria al estudiar el
llamamiento en garantía de una de las entidades condenadas.

6.1. No se incurrió en el defecto fáctico en la valoración de las condiciones del
contrato de seguro, por cuanto se concluyó la improcedencia de extender la condena
a la aseguradora no obedeció a la cláusula claims made ni a la fecha de ocurrencia
de los hechos, sino a la ausencia de una reclamación escrita presentada dentro de
la vigencia de la póliza.

7. COMFAMILIAR5 requirió que se declarara improcedente la petición de amparo
por no acreditar el requisito general de la inmediatez por cuanto la demandante
acudió al juez constitucional pasados más de diecisiete (17) meses desde la fecha
de ejecución de sentencia reprochada.

8. La demandante6 reiteró que la vulneración actual y permanente del derecho
fundamental justifica la procedencia del amparo por inmediatez. Asimismo, los
argumentos de la autoridad judicial demandada no desvirtuaron la vulneración de sus
derechos fundamentales.

2 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«28RECIBEPRUEBAS_Memorial_66001233300020160001(.zip) NroActua 13».
3 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado
«30RECIBEMEMORIAL_CONTESTACIONACCIONDE(.pdf) NroActua 14».
4 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «32CONTESTACIONDE_Respuestatutela20260(.pdf)

NroActua 15».
5 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «35RECIBEMEMORIAL_Informeacciondetutel(.pdf)

NroActua 17».
6 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado «35_MemorialWeb_Otro-PronunciamientoRespu(.pdf)

NroActua 18».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

9. La Sociedad Unidad Pediátrica Especializada S.A.S.7 pretendió que se
declarara improcedente la solicitud de tutela por no acreditar el requisito general de
la inmediatez, ya que la sentencia enjuiciada quedó ejecutoriada el 17 de octubre de
2024 y la parte demandante acudió al mecanismo constitucional pasados 17 meses
desde esa fecha.

10. Lisseth Johana Montoya Sánchez8 si bien allegó los poderes conferidos por
los terceros vinculados, correspondientes a la parte demandante en el medio de
control en cuestión, guardó silencio frente a la petición de amparo.

11. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia9

12. El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 30 de abril del 2026
declaró improcedente la solicitud de amparo al no acreditar el requisito general de la
inmediatez por cuanto la sentencia del 23 de septiembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, fue notificada a las partes por
estado el 11 de octubre de 2024, mientras que la solicitud de amparo fue promovida
el 27 de febrero de 2026, esto es, transcurrido un (1) año 4 meses (4) y dieciséis (16)
días.

13. Aunque la parte demandante reconoció que la solicitud de tutela fue
presentada por fuera del término razonable, sostuvo que el requisito de inmediatez
debía flexibilizarse debido a la existencia de una vulneración actual y continua, ya
que los efectos de la sentencia cuestionada se proyectaban en el tiempo, al
comprometer su patrimonio y, con ello, la continuidad en la prestación del servicio
público de salud y los derechos de terceros.

14. Sin embargo, dichos argumentos no justificaban la flexibilización del requisito
de inmediatez, pues la vulneración alegada proviene de una providencia judicial
ejecutoriada hace más de un año y sus efectos corresponden a las consecuencias
propias de una decisión en firme, mas no a una afectación actual y continua de
derechos fundamentales.

15. Asimismo, el deterioro financiero de la Clínica y el eventual impacto en la
prestación del servicio de salud constituyen escenarios hipotéticos de naturaleza
económica, insuficientes para relevar el cumplimiento de dicho requisito.

7 Ver índice 26 de Samai. Archivo denominado
«53RECIBEMEMORIAL_Memorial_RESPUESTAACTUACIONPR(.pdf) NroActua 26».
8
Ver índice 27 de Samai. Archivo denominado «53_MemorialWeb_Poder-Oficiopoderesvincu(.pdf)
NroActua 27».
9 Ver índice 33 de Samai. Archivo denominado «57Sentencia_7FLML20260157500CLIN(.pdf)

NroActua 33».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

1.4. Escrito de impugnación10

16. La Clínica Los Rosales S.A. impugnó la decisión de a quo, para lo cual,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que sí se
acreditó el requisito general de la inmediatez, caso distinto es que el a quo
desconociera que la vulneración era permanente y actual, no un hecho instantáneo y
consumado, pues la misma no se agotó con la expedición de la sentencia. Por el
contrario, sus efectos configuran una amenaza que es continua y actual ante la
posibilidad de que la condena sea ejecutada directamente contra su patrimonio
constituye una situación desfavorable que se renueva día a día.

2. Consideraciones

17. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y; iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

19. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia

10 Ver índice 39 de Samai. Actuación denominada «60_MemorialWeb_Recurso-
1ImpugnacionTutela(.pdf) NroActua 39».
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

20. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

21. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

22. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

23. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.

24. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

2.3. Problema jurídico

25. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la
solicitud de tutela presentada por Clínica Los Rosales S.A. satisface el requisito de
procedencia general de la inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

26. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez,
como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»19.

27. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de
2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de
la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de
esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que
la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por
resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso»20

28. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, respecto al término razonable
para presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]»

19 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

2.4.2. Sobre el caso concreto

29. La Clínica Los Rosales S.A. acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 23 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, mediante la cual se accedió a las pretensiones
indemnizatorias propuestas con ocasión de la falla en el servicio médico, en el medio
de control de reparación directa identificado con el radicado 66001-23-33-000-2016-
00016-01.

30. Una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al expediente, se tiene
que la providencia acusada del 23 de septiembre de 2024, que puso fin al proceso,
fue notificada mediante correo electrónico del 9 de octubre del mismo año21 y la
solicitud de tutela fue radicada el 27 de febrero de 202622, lo cual permite concluir,
que la parte demandante acudió ante el juez constitucional después de haber
transcurrido más de un (1°) año de encontrarse ejecutoriada la providencia que
considera vulneradora de sus derechos fundamentales.

31. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.

32. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar
cada caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío de la demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto
bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza
acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que permita
desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera
excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»23.

33. En concordancia con lo anterior, si bien la demandante en el escrito de
impugnación insistió en que la vulneración es permanente y actual ante la posibilidad
de ejecutoriarse la condena, lo cierto es que dichos argumentos no tienen la entidad
suficiente para flexibilizar el término de inmediatez por cuanto no explican la demora
en la interposición de tutela. Asimismo, la vulneración alegada proviene de una
sentencia ejecutoria hace más de un año y los efectos de su eventual ejecución
corresponden a las consecuencias propias de una decisión en firme, más no a una
afectación permanente.

21
Ver índice 62 del proceso de reparación directa identificado con el radicado
66001233300020160001601. Archivo denominado «Soporte notificación Sentencia de fecha 2(.pdf)
NroActua 62».
22 Visible en índice 1 del expediente de tutela
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01575-01
Demandantes: Clínica Los Rosales S.A.

3. Conclusión

34. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente, por no superar el requisito de la inmediatez, la solicitud de amparo
presentada por la Clínica Los Rosales S.A. en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.

35. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente, por no superar el
requisito de inmediatez, la solicitud de tutela presentada por la Clínica Los Rosales
S.A. en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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