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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01580-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01580-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Olga Marina Eraso de López. 2°) Déjase sin efectos la providencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso con radicación no. 520013333009-2018-00398- 01. 3º) Ordénase al Tribunal Administrativo de Nariño que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01580-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01580-00
Demandante: OLGA MARINA ERASO DE LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE ACCEDE AL AMPARO

Síntesis del caso: La actora alegó que la sentencia que declaró la caducidad de la acción incurrió
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. La Sala amparará los derechos
fundamentales de la demandante toda vez que se demostró la configuración de un defecto
sustantivo por la aplicación de la Ley 2381 de 2024, en cuanto no se tuvo en cuenta la suspensión
de la referida norma en virtud de una decisión de la Corte Constitucional.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Olga Marina Eraso de López,
por medio de apoderada judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, para la
protección de sus derechos fundamentales de la dignidad humana, igualdad, vida, debido
proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 13, 29, 48
y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia
de 14 de febrero de 2025 que declaró la caducidad del medio de control jurisdiccional.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 27 de febrero de 2026 (índice 02 de SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01580-00
Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

1) El señor Herman López Riascos (QEPD) laboró en la: 1) Cámara de Comercio de
Pasto, como cobrador, entre el 13 de septiembre de 1971 hasta el 23 de octubre de 1972;
2) el Colegio San Felipe Neri de Pasto, desde el 26 de octubre de 1988 hasta el 1 de julio
de 1990; y, 3) el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “en adelante IGAC” Seccional
Nariño, entre el 2 de julio de 1973 hasta el 30 de junio de 1993, por espacio de 20 años
como empleado público.

2) Mediante Resolución no. 01133 del 10 de junio de 1993, efectiva a partir del 1 de julio
de 1993, el director general del IGAC, suprimió varios cargos, entre ellos el del
demandante, por lo cual este fue indemnizado por despido injustificado; para la época, el
actor devengaba 1,62 salarios mínimos, más diversos factores salariales (subsidio de
alimentación, auxilio de transporte, bonificación de servicios, prima de servicios, prima de
diciembre y prima de vacaciones).

3) Para el 31 de julio de 2010, el demandante tenía más de 750 semanas cotizadas o
aportadas al Sistema Pensional, por lo cual es beneficiario del régimen de transición, de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, de ahí que le era aplicable las Leyes 33
de 1985 y 71 de 1988, ambas normas con el promedio del último año, más los factores
salariales; en subsidio, el Acuerdo no. 049 de 1990, con factores salariales y el IBL
promedio de los 10 últimos años.

4) A través de la Resolución no. PAP 037344 del 31 de enero de 2011, con radicación
no. 44430 de 2008, la Caja Nacional de Previsión Social EICE – en liquidación, le
reconoció al señor Herman López Riascos (QEPD) pensión de jubilación.

5) El 26 de julio de 2017, el causante presentó solicitud de reliquidación de su pensión,
la cual le fue negada mediante Resolución no. RDP 042190 del 09 de noviembre de 2017,
contra la que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, resuelto por la
Resolución no. RDP 004356 del 06 de febrero de 2018 que confirmó y negó la
reliquidación.

6) El 17 de octubre de 2018, el causante promovió una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), en la cual solicitó la nulidad
de las resoluciones y la reliquidación de su pensión

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01580-00
Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

7) En sentencia de 21 de febrero de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo de Pasto
accedió a las pretensiones del demandante, declaró la nulidad de las resoluciones y
condenó a la UGPP a reliquidar la pensión del causante y a pagar las diferencias
salariales desde el 19 de octubre de 20122.

8) La UGPP presentó recurso de apelación en el que argumentó que el actor no cumplía
con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues no
tenía 20 años de servicios, ya que, en lugar de tener 7200 días, solo acreditó 7107 días,
esto es, 19 años, 8 meses y 27 días; a su vez, sostuvo que mediante Resolución del 31
de enero de 2011, Cajanal reconoció la pensión de jubilación por aportes a favor del
demandante, conforme con la Ley 71 de 1988, con el 75% del promedio devengado en
los últimos 10 años, incluidos los factores salariales de asignación básica y bonificación
por servicios prestados.

9) Mediante sentencia de 14 de febrero de 20253, el Tribunal Administrativo de Nariño
revocó la sentencia de primera instancia, declaró de oficio la caducidad de la acción y,
en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda con base en el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, el cual dispone que la caducidad de las pensiones reconocidas es de
cinco (5) años y opera desde el reconocimiento de las pensiones otorgadas, por lo que
como el reconocimiento de la pensión ocurrió el 31 de enero de 2011 el demandante
tenía hasta el 31 de enero de 2016 para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, no obstante, la demanda fue presentada el 17 de octubre
de 2018.

Fundamento de la vulneración

La parte actora consideró que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño incurrió
en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Frente al defecto sustantivo alegó que la sentencia se fundamentó en la Ley 2381 de
2024, la cual se encuentra suspendida por el Auto 841 de 2025 de 17 de junio de 2025
de la Corte Constitucional, de tal forma la caducidad de 5 años introducida en el artículo
86 de la citada norma resultaba inaplicable al caso concreto.

2 Proceso con radicación no. 52001-33-33-009-2018-00398-00/01

3 Notificada el 16 de diciembre de 2025.

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Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

De igual forma, se desconocieron las sentencias SU-023 de 2015, C-789/02, C-663/07,
SU-041 de 2022, SU-210 de 2017 y SU-406 de 2016 de la Corte Constitucional referentes
a los derechos adquiridos de los pensionados; cuando una norma genera una grave
afectación a los derechos fundamentales se puede inaplicar por inconstitucional sin que
se haya hecho.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la equidad, a la tutela judicial efectiva y recta administración de justicia, a la
buena fe y a la lealtad procesal, Seguridad Social, Derecho Reforzado de las
Personas de la Tercera Edad- Acceso a la Administración de Justicia – Derecho
Adquirido y otros derechos que el Juez Constitucional encuentre conculcados
y, en consecuencia:

2. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Sala Segunda de
Decisión. Que REVOQUE y deje sin efectos la Sentencia del 14 de febrero del
2025. Notificada El 16 de diciembre de 2025. Dentro del Proceso de la
REFERENCIA. Que REVOCO la sentencia de primera instancia del 21 de
febrero de 2022, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Pasto y Declaro probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con base en la Artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, ignorando que, mediante el Auto 841 de junio 17 de 2025,
la Corte Constitucional ordenó la suspensión de dicha ley

3. Que profiera una nueva sentencia en el término de 10 días en la que estudie
de fondo la SENTENCIA APELADA, y profiera una NUEVA SENTENCIA y, en
su lugar, se ordene dictar una nueva providencia donde se aplique de forma
preferente el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, inaplicando por inconstitucional
(Excepción de Inconstitucionalidad Artículo 4 constitucional) el Art. 86 de la Ley
2381 de 2024, por ser violatorio del principio de progresividad y no regresividad
de los derechos sociales De mi prohijada, además de estar SUSPENDIDA
ESTA LEY a la fecha de notificación de la Sentencia del Tribunal Administrativo
de Nariño.

4. SUBSIDIARIAMENTE Confirme la Sentencia de Primera Instancia del 21 de
febrero de 2022, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Pasto.”. (Índice 2 SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 3 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Nariño, y, como tercero con interés, se vinculó al titular del Juzgado Noveno

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Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y al director o quien haga sus veces de la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05 de SAMAI).

Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto manifestó que no ha vulnerado
de ninguna forma los derechos fundamentales de la actora, pues ha adelantado todas las
actuaciones correspondientes y profirió sentencia de primera instancia, accediendo a las
pretensiones del demandante (Índice 10 SAMAI).

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP precisó que no se incurrió en ninguno de los defectos
endilgados, en tanto la sentencia del 26 de septiembre de 2024 se ajustó al ordenamiento
legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema.

Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en cuanto el interés
de la parte actora es utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario, pese a que la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para
desconocer la firmeza de las decisiones judiciales (índice 12 SAMAI).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, y 3) cuestión
previa.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01580-00
Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Nariño, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes enunciados, presuntamente vulnerados por dicha autoridad, debido
a que, mediante providencia del 14 de febrero de 2025, se declaró probada de oficio la
caducidad de la acción de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Cuestión previa

Previamente a abordar el estudio de fondo, se advierte desde ya que en la medida en
que, como se explicará a continuación, el defecto sustantivo efectivamente se configuró
y ello resulta suficiente para amparar los derechos invocados y ordenar que se dicte un
fallo en reemplazo, la Sala se relevará de analizar los defectos restantes referentes.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala concederá el amparo
pretendido por el demandante por las razones que procederán a exponerse:

A. Análisis de los requisitos generales de procedencia

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se indicó que la autoridad judicial accionada omitió por
completo el análisis de la norma vigente aplicable al caso, además, dicho debate tiene
importantes repercusiones para los derechos fundamentales del debido proceso,
seguridad social y mínimo vital de la demandante y no constituye una simple reiteración
de lo discutido en el proceso, si se considera que la decisión del tribunal de primera
instancia inclusive había sido favorable a sus intereses; ii) se agotaron todos los medios
de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad
procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia y afectar los

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01580-00
Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela; y vi) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia cuestionada4.

B. Caracterización del defecto sustantivo

i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas
luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”5.

ii) La Corte Constitucional estableció6 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso7.”.

C. El análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

4 La providencia fue notificada el 16 de diciembre de 2025 y el proceso de acción de tutela se presentó el

27 de febrero del presente año.
5 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

7 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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Acción de tutela

1) En el asunto sub examine, la demandante alegó que el Tribunal Administrativo de
Nariño aplicó la Ley 2381 de 2024, norma procesal que se encuentra actualmente
suspendida en virtud del auto 841 de 17 de junio de 2025 proferido por la Corte
Constitucional, por lo que la regla de la caducidad de cinco (5) años contemplada en el
artículo 86 de esa ley resultaba inaplicable al caso concreto.

2) Frente a los aludidos cargos, es importante señalar que la sentencia cuestionada del
14 de febrero de 2025, notificada el 16 de diciembre de 2025, limitó su análisis a
determinar la caducidad de la acción de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

3) No obstante, la Sala observa que le asiste razón a la parte actora en cuanto a que para
la fecha de notificación de la providencia, la cual, se recuerda, ocurrió el 16 de diciembre
de 2025, la Ley 2381 de 2024 ya había sido suspendida por la Corte Constitucional en el
auto 841 de 17 de junio de 2025, en virtud de la suspensión de los efectos que se
adoptaron en esa decisión.

4) En ese sentido, para la Sala es preciso poner de presente que el tribunal no tuvo en
cuenta que, a través de auto 841 del 17 de junio del presente año, la Corte Constitucional
devolvió el proyecto de reforma pensional al Congreso de la República porque encontró
vicios de trámite durante su aprobación, por lo cual, la Cámara de Representantes repuso
la discusión y votación del texto aprobado por el Senado de la República y envió
nuevamente el proyecto para su análisis de constitucionalidad, situación que implicó que
se suspendiera su entrada en vigor.

5) A su vez, aunque podría entenderse que la norma era aplicable a partir de la fecha de
su “entrada en vigencia”, lo cierto es que la suspensión de la Ley 2381 de 2024 decretada
mediante el auto 841 de 17 de junio de 2025 impide su aplicación en el caso en concreto,
en tanto que, se reitera, fue notificada con posterioridad a esa decisión, tal como consta
en el aplicativo SAMAI, de la siguiente manera:

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6) Por consiguiente, para esa fecha es evidente que ya no tenía efectos la ley y no podía
aplicarse, más allá de que para la fecha en que se expidió la providencia la circunstancia
era distinta, situación que no puede reprochársele a la parte actora porque fue el propio
tribunal el que tardó en notificarla y cuando lo hizo ya la norma no tenía efecto alguno, en
virtud de lo cual se concederá el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia,
se dejará sin efectos la providencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en el proceso con radicación no. 520013333009-2018-00398-
01, y se le ordenará que, en el término de 10 días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte una decisión de reemplazo, en la cual tenga en cuenta dicha
suspensión y el precedente en la materia.

7) No sobra recordar que el amparo aquí decretado, desde luego, no significa en modo
alguno que la autoridad judicial accionada deba acceder automáticamente a las
pretensiones de la demanda, pues, por el contrario, la orden se dirige puntual y
específicamente a que analice expresamente el auto 841 de 17 de junio de 2025 de la
Corte Constitucional que suspendió la Ley 2381 de 2024 y, en el marco de su
competencia y de conformidad con los principios de autonomía e independencia judicial
que le son propios, expida una nueva providencia de reemplazo en la cual tenga en
cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01580-00
Actora (a): Olga Marina Eraso de López
Acción de tutela

FALLA:

1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Olga Marina
Eraso de López.

2°) Déjase sin efectos la providencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en el proceso con radicación no. 520013333009-2018-00398-
01.

3º) Ordénase al Tribunal Administrativo de Nariño que en el término de diez (10) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión que
se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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