Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01581-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-00
Accionante: UNIÓN TEMPORAL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED –FE Y
ALEGRÍA–CARTAGENA DE INDIAS
Autoridad: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO UNIÓN TEMPORAL COLEGIO SAN
BARTOLOMÉ LA MERCED–FE Y ALEGRÍA–CARTAGENA VS. DISTRITO TUÍRSTICO
Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del trámite arbitral.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la Unión Temporal Colegio San
Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–Cartagena contra el Tribunal de Arbitramento Unión
Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–Cartagena vs. Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (en adelante, el Tribunal de Arbitramento),
que profirió el laudo arbitral del 28 de agosto de 2025 (ejecutoriado el 4 de septiembre
del mismo año), mediante el cual negó las pretensiones formuladas en el trámite arbitral
promovido por la accionante contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
La Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–Cartagena,
mediante apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección
de su derecho fundamental al debido proceso. Consideró vulnerado este derecho por el
Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y
Alegría–Cartagena vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (trámite 001-
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Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé
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2024), al haber proferido el laudo arbitral del 28 de agosto de 2025 (ejecutoriado el 4 de
septiembre del mismo año), dentro del trámite arbitral promovido contra el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena. El laudo controvertido negó las pretensiones
formuladas por la accionante relacionadas con la declaratoria de incumplimiento de un
contrato de concesión escolar.
En virtud de la acción de tutela, la accionante solicitó textualmente:
«1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso de la UNIÓN
TEMPORAL, vulnerado con ocasión de la expedición del laudo arbitral proferido el
28 de agosto de 2025 dentro del trámite arbitral promovido contra el DISTRITO DE
CARTAGENA.
2. Que, como consecuencia del amparo, se deje sin efectos el laudo arbitral
mencionado.
3. Que se declaren extintos los efectos de la cláusula compromisoria.
4. Que se ordenen las restituciones a que hubiere lugar.
5. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la UNIÓN TEMPORAL
podrá acudir a la justicia contencioso-administrativa para dirimir las controversias
existentes entre la UNIÓN TEMPORAL y el DISTRITO DE CARTAGENA a raíz de
la ejecución del CONTRATO DE CONCESIÓN.
6. Que se declare que la UNIÓN TEMPORAL dispondrá de un término de (3)
meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia de tutela, para presentar la
demanda correspondiente ante la justicia contencioso-administrativa».
2. Hechos relevantes
La Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–Cartagena señala
que, el 28 de diciembre de 2007, celebró un contrato de concesión de infraestructura
educativa con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, cuyo objeto consistía en la
organización, operación y prestación del servicio público de educación formal, en el
marco del cual el Distrito asumía, entre otras, la obligación de suministrar la matrícula
necesaria y efectuar los pagos correspondientes de los estudiantes.
Posteriormente, surgieron controversias entre las partes con ocasión de la ejecución del
referido contrato, particularmente en relación con la obligación de suministro de matrícula
a cargo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. La Unión Temporal sostuvo que
dicha obligación implicaba poner a disposición el número de alumnos previsto en el
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modelo contractual (1.440), mientras que el Distrito afirmó que su obligación no consistía
en asegurar un número fijo de alumnos, sino en procurar la consecución de estudiantes
para la utilización de la capacidad máxima de las instituciones educativas.
La accionante calificó dicha situación como un incumplimiento del contrato y, en virtud de
la cláusula compromisoria, el 14 de mayo de 2024 formuló demanda arbitral ante el
Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Pereira. La demanda pretendía la declaratoria de incumplimiento contractual por parte
del Distrito de Cartagena. El asunto se tramitó bajo el número de referencia 001-2024.
Mediante Laudo arbitral del 28 de agosto de 2025, el Tribunal de Arbitramento constituido
denegó el incumplimiento contractual alegado por la Unión Temporal. A partir del análisis
del contrato de concesión, sus cláusulas y la distribución de riesgos, consideró que no
existía una obligación a cargo del Distrito de garantizar la puesta a disposición de un
número fijo de 1.440 alumnos, sino que la remuneración se estructuraba con base en los
estudiantes efectivamente atendidos. En ese sentido, determinó que la disminución en el
número de alumnos no constituía, por sí misma, un incumplimiento, ni daba lugar a la
configuración de un desequilibrio económico del contrato, y que no se acreditaban los
presupuestos para declarar la responsabilidad contractual del Distrito ni para imponer la
cláusula penal o reconocer perjuicios.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que el laudo arbitral incurrió en defecto fáctico, al haber
prescindido de hechos admitidos por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
y omitido la valoración de pruebas relevantes y debidamente incorporadas al expediente,
en particular aquellas relacionadas con la existencia y alcance de la obligación de
suministro de matrícula, lo que condujo a una apreciación probatoria arbitraria y contraria
a las reglas de la sana crítica, al desconocer elementos determinantes para establecer el
incumplimiento contractual alegado.
Asimismo, afirmó que el Tribunal de Arbitramento incurrió en un defecto sustantivo, en la
medida que basó su decisión en normas que no guardaban conexidad material con los
supuestos fácticos acreditados en el proceso, en especial al aplicar disposiciones propias
del Sistema General de Participaciones para analizar la obligación de suministro de
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matrícula, lo que derivó en una interpretación errada del marco jurídico aplicable y en una
decisión que desconoce el debido proceso en su dimensión constitucional.
4. Trámite procesal
El 9 de marzo de 2026, el consejero ponente manifestó impedimento para conocer del
asunto, en atención a que conoce uno de los árbitros integrantes del Tribunal en el marco
de múltiples eventos académicos 1. El 18 de marzo siguiente, la consejera siguiente en
turno declaró infundado el impedimento 2.
El 6 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela 3 y se ordenó su notificación a la parte
accionante y a los árbitros Blanca Lucia Burbano Ortiz, Felipe de Vivero Arciniegas y
Camilo Hiroshi Emura Álvarez, así como a la secretaria del Tribunal de Arbitramento Edith
Cediel Charris, autoridad accionada, y al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Pereira y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, como terceros
interesados. Igualmente, se solicitó al Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Pereira allegar copia digital del trámite arbitral
No. 001-2024.
La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena contestó la acción de tutela 4 y señaló
que, al momento de suscribir el contrato de concesión, la Unión Temporal tenía
conocimiento de que cualquier controversia debía ser resuelta al tenor de la cláusula
compromisoria, como en efecto ocurrió. Expresó que la controversia ya cuenta con una
decisión definitiva contenida en el laudo arbitral, el cual produce efectos de cosa juzgada
y mérito ejecutivo, siendo equivalente a una sentencia judicial firme, por lo que no puede
volver a debatirse en otro proceso. Asimismo, sostuvo que la Secretaría no tiene
competencia para modificar o adoptar decisiones respecto del laudo arbitral, razón por la
cual solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por su parte, el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara
de Comercio de Pereira 5 solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional,
1 SAMAI, índice 5.
2 SAMAI, índice 10.
3 SAMAI, índice 16.
4 SAMAI, índice 21.
5 SAMAI, índice 22.
5
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al señalar que su función es de carácter eminentemente administrativo y de apoyo
logístico, sin intervención en la adopción de decisiones de fondo dentro de los procesos
arbitrales, las cuales corresponden exclusivamente al Tribunal de Arbitramento. Precisó
que la solicitante no instauró recurso de anulación contra el laudo arbitral dentro de los
términos de ley, existiendo otros medios idóneos para controvertir dicha decisión.
Asimismo, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 6 solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se cumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto la parte accionante no acudió a los mecanismos judiciales
previstos –en particular, el recurso de anulación–. Agregó que la acción de tutela no
puede ser utilizada como una instancia adicional para reabrir el debate decidido en el
laudo arbitral. Además de lo anterior, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto la presunta afectación no proviene de una actuación del Distrito.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el laudo arbitral
del 28 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal de Arbitramento, mediante el cual
negó las pretensiones formuladas por la accionante relacionadas con la declaratoria de
incumplimiento de un contrato de concesión de infraestructura educativa.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
6 SAMAI, índice 24.
6
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derecho constitucional fundamental 7 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela8.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Carácter excepcionalísimo de la tutela contra laudo arbitral
La jurisprudencia constitucional ha establecido que, por regla general, la acción de tutela
no es procedente en contra de laudos arbitrales, procedimientos arbitrales o decisiones
judiciales que resuelven el recurso de anulación en contra de un laudo arbitral. Lo
anterior, salvo que en dichas actuaciones se incurra en una clara vía de hecho que
vulnere o afecte de manera directa un derecho fundamental.
En tal medida, la procedencia de la acción de tutela en contra de las actuaciones
mencionadas es excepcionalísima y, en caso de presentarse, debe cumplir los mismos
requisitos exigidos para la procedencia de acciones de tutela contra providencias
judiciales. Por ende, se exige la configuración de una vía de hecho (v.gr. una actuación
por fuera del derecho) que vulnera en forma directa derechos fundamentales 9. Dicha
premisa, en procura por el respeto a i) la estabilidad jurídica de los laudos arbitrales, pues
7 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Ibidem.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-174 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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fueron las partes las que eligieron someterse a este mecanismo y no pueden desconocer
dicha decisión, ii) el arbitraje como mecanismo de naturaleza excepcional de resolución
de conflictos, iii) el respeto a la voluntad de las partes, quienes optaron por no acudir a la
justicia ordinaria y aceptar que sea la justicia arbitral la que dirima su disputa, iv) la
existencia de mecanismos judiciales, como el recurso extraordinario de anulación, para
impugnar laudos arbitrales, lo que en ese escenario hace subsidiaria la acción de tutela.
No obstante, se ha considerado que la acción de tutela en contra de laudos arbitrales es
procedente mientras se acredite el cumplimiento de uno o algunos de los defectos que
ha determinado la Corte Constitucional.
La sentencia C-590 de 2005 estableció seis causales genéricas de procedibilidad de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales, también aplicables a laudos
arbitrales. Estas causales deben ser acreditadas, en todos los casos, para que el fondo
del asunto pueda ser examinado por el juez constitucional. Con relación a las casuales
genéricas de procedencia, se dijo10:
(i) Que se cumpla con el carácter subsidiario de la acción de tutela, a través del
agotamiento de todos los medios de defensa judicial. En todo caso, este criterio puede
flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable.
(ii) Que la tutela se interponga en un plazo razonable de acuerdo con el principio de
inmediatez. Si bien es cierto que esta acción no está sometida a un término de caducidad,
sí debe ser interpuesta en un plazo prudente y proporcionado a partir del hecho generador
de la vulneración; en el caso de las providencias judiciales, desde que quedan en firme.
En razón a ello, esta corporación judicial ha considerado que, bajo ciertas hipótesis, “un
plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y
en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer
la acción de tutela”.
(iii) Que exista legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva.
(iv) Que la providencia judicial controvertida no sea una sentencia de acción de tutela ni,
en principio, la que resuelva el control abstracto de constitucionalidad por parte de l a
10 Corte Constitucional, sentencia SU-103 del 2022. M.P. Alejandro Linares.
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Corte Constitucional, ni la acción de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo
de Estado.
(v) Que el accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al
identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la
vulneración. No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir
una actuación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos
fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia
judicial. Es fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda con el fin de
evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar
la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia y el rol constitucional de la
acción de tutela.
(vi) Que se concluya que el asunto reviste relevancia constitucional. Esto se explica
debido a su carácter subsidiario, para lograr así establecer objetivamente qué asuntos
competen al fallador del amparo, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios,
ya que el primero solamente conocerá procesos de dimensión constitucional; de lo
contrario, podría estar arrebatando competencias que no le corresponden. Es a raíz del
correcto entendimiento de los hechos y de la problemática planteada, que se puede
identificar la importancia del asunto predicada a la luz de la interpretación y vigencia de
la Constitución Política.
Cumplidos los anteriores requisitos, la acción de tutela resulta procedente en contra de
una decisión judicial ante el cumplimiento de, por lo menos, alguna de las siguientes
causales específicas de procedibilidad:
(i) defecto sustantivo, que se configura cuando el laudo arbitral se fundamenta en una
norma inaplicable o inconstitucional. Es necesario, en este punto, que se acredite que la
sentencia que resuelve el recurso de anulación en contra del laudo que se reprocha, no
haya enmendado el error sustantivo de esta característica o que una vez proferida dicha
decisión, el yerro persista;
(ii) defecto orgánico, el cual tiene lugar cuando el tribunal arbitral se pronuncia sin
competencia, o profiere decisiones sobre asuntos que no le correspondía resolver;
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(iii) defecto procedimental, que ocurre cuando el laudo se profiere sin el respeto por el
procedimiento legal o convencionalmente establecido. Se requiere que la parte
interesada acredite que, de no haber incurrido en dicha falencia, la decisión arbitral
hubiera sido distinta; y
(iv) defecto fáctico, que acaece cuando el tribunal arbitral valora pruebas de manera
arbitraria o no tiene en consideración medios probatorios determinantes para el proceso.
Debe ser un error de tal flagrancia que altere el sentido del laudo.
La Corte Constitucional estima indispensable que las partes hayan usado, en el marco
del proceso arbitral, los recursos que dispone el ordenamiento para controlar la actuación
del tribunal arbitral en este sentido, además de haber recurrido de forma oportuna a las
distintas instancias, solicitudes y recursos que se tengan a disposición. Ello permitirá al
juez constitucional concluir que, previo a la presentación de la acción constitucional de
protección de derechos fundamentales, el accionante no cuenta con otro mecanismo o
forma de defensa –subsidiariedad–11.
Caso concreto
La Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–Cartagena promovió
acción de tutela contra el laudo arbitral del 28 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal
de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–
Cartagena vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (trámite 001-2024), al
considerar que dicha providencia vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
Fundó su desacuerdo en la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, en tanto el
Tribunal (i) desconoció hechos admitidos por el Distrito de Cartagena al contestar la
demanda, (ii) omitió valorar pruebas trascendentes, en especial las relativas a la fase
precontractual, que acreditaban la infracción de la obligación contractual de suministro, y
(iii) fundó su decisión en normas inaplicables a los supuestos fácticos demostrados.
De la revisión del expediente, se observa que el Tribunal de Arbitramento, en el laudo
accionado, efectuó el siguiente análisis:
11 Idem.
10
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Acción de tutela–Primera instancia
«Para este Tribunal Arbitral resulta claro que el espíritu del contrato, en cuanto a
remuneración y pago se refería, fue reconocer un valor frente al servicio educativo
efectivamente prestado por el concesionario. En otros términos, a pesar de la mala
redacción de ciertas cláusulas contractuales, el esquema del contrato de
concesión era claro: no existía un ingreso mínimo garantizado, por lo cual los 1440
estudiantes era el número máximo que podían llegar a ser atendidos, sin perjuicio
de que fueran menos; y que, el pago que el DISTRITO DE CARTAGENA haría a
la UNIÓN TEMPORAL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED – FE Y
ALEGRÍA–CARTAGENA sería sobre alumno efectivamente atendido. A esta
conclusión se arriba del análisis de las cláusulas contractuales que a continuación
se señalan, así como lo establecido por las partes en varios de los otrosíes.
Debe advertirse que, desde la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones,
los interesados pudieron conocer que la remuneración y forma de pago se
realizaría sobre el número de alumnos a quienes efectivamente prestara el servicio
el concesionario. Esto quedó consignado en el Anexo C del prepliego, más
exactamente en la minuta del contrato, en las cláusulas 23 y 68. No obstante tener
conocimiento de ello y ante las posibles contradicciones del proyecto de texto
contractual ninguno de los interesados presentó observación al respecto.
Frente al contrato suscrito el 28 de diciembre de 2007, encuentra el Tribunal, como
primera medida, que la cláusula segunda del contrato estableció una regla de
interpretación clara respecto a que el contrato debe ser interpretado como un todo
y no es posible analizar cada una de sus disposiciones de manera aislada o
independiente de su contexto general. En consonancia con lo anterior, la cláusula
tercera fue clara en señalar los documentos que hacen parte del contrato, eso sí,
enfatizando en que entre ellos prevalecía lo establecido en el contrato.
Ahora bien, dentro de las obligaciones del concedente se estableció que este debía
reconocer y pagar al concesionario la remuneración de conformidad con lo pactado
en el contrato.
No se encuentra que un deber suyo hubiese sido el de garantizar que los 1440
cupos de estudiantes fueran efectivamente ocupados. En otros términos, no se
estableció en el contrato que fuera deber de la ALCALDÍA DE CARTAGENA llenar
los 1440 cupos para que el concesionario prestara el servicio de educación.
Por su lado, frente a las obligaciones del concesionario, señaladas en la cláusula
12 del contrato si quedó claro que los 1440 alumnos por año era el número máximo
de niños, niñas y jóvenes a los que podría llegarse a prestar el servicio. De esta
manera, se estableció un tope, más no se indicó que tuvieran que ser 1440
alumnos matriculados durante la vigencia del contrato.
(...)
El concesionario al suscribir el contrato, dada la forma de remuneración,
obligaciones de las partes, y distribución de riesgos, asumió las consecuencias
derivadas del riesgo de no contar con la totalidad de alumnos que podían
inscribirse (1440); la unión temporal, aquí convocante asumió, de libre y voluntaria,
dicho riesgo, al aceptar lo establecido en la cláusula 53 del contrato de concesión»
(se destaca).
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La Merced–Fe y Alegría–Cartagena
Acción de tutela–Primera instancia
A partir del análisis integral del contrato de concesión, sus cláusulas y la distribución de
riesgos, el Tribunal de Arbitramento determinó que no se configuró el incumplimiento
alegado por la Unión Temporal. Ello en tanto no existía una obligación a cargo del Distrito
de garantizar la ocupación de los 1.440 cupos, sino que estos correspondían al n úmero
máximo de estudiantes que podían ser atendidos, y que la remuneración se estructuraba
con base en los alumnos efectivamente atendidos, a partir de lo cual el concesionario
asume el riesgo de no contar con la totalidad de estudiantes. En consecuencia, concluyó
que no se acreditaban los presupuestos para declarar la responsabilidad contractual.
Así las cosas, esta Sala no advierte una omisión en la valoración de pruebas relevantes
y debidamente incorporadas al expediente, como lo sostiene la parte accionante, ni una
apreciación arbitraria o caprichosa del material probatorio. Por el contrario, el Tribunal
efectuó un análisis conjunto de las cláusulas contractuales, los documentos que integran
el contrato y los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, en armonía con las
reglas de la sana crítica.
Asimismo, tampoco se observa vulneración del derecho al debido proceso, en tanto la
decisión cuestionada se encuentra debidamente motivada y sustentada en el estudio de
los elementos probatorios y jurídicos del caso.
En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia de la accionante con el adecuado
examen realizado por el juez competente, quien ya resolvió de fondo la situación jurídica
debatida. En ese sentido, el análisis que realiza el juez constitucional en sede de tutela
se orienta a verificar la validez de la decisión y no su corrección, lo cual impide que este
mecanismo sea utilizado como una instancia adicional para reabrir el debate sobre la
valoración probatoria o la interpretación jurídica ya definidas dentro del proceso arbitral.
Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez competente del asunto. La Sala concluye que
la sentencia del Tribunal estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites
de la autonomía judicial y aplicó correctamente el derecho sustancial. La acción de tutela
no es una instancia adicional, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.
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Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé
La Merced–Fe y Alegría–Cartagena
Acción de tutela–Primera instancia
Por lo anterior, la controversia planteada carece de relevancia constitucional, en la
medida en que la accionante pretende reabrir un asunto que ya fue resuelto por el
Tribunal de Arbitramento. Se evidencia que la acción de tutela se utiliza para cuestionar
la decisión adoptada por el juez competente, reflejando, en realidad, una inconformidad
con el sentido de la decisión y un intento de convertir el amparo constitucional en una
instancia adicional. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de de la Unión Temporal
Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–Cartagena contra el Tribunal de
Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé La Merced–Fe y Alegría–
Cartagena vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (trámite 001-2024), por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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