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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01581-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01581-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de mayo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01581-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01581-01
Accionante: UNIÓN TEMPORAL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA
MERCED- FE Y ALEGRÍA- CARTAGENA
Accionado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO UNIÓN TEMPORAL Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra laudo arbitral. Improcedencia por no superar los exigentes
requisitos de procedibilidad de relevancia y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, la Unión Temporal Colegio San Bartolomé la
Merced -Fe y Alegría – Cartagena presentó acción de tutela contra el laudo proferido
el 28 de agosto de 2025 por el tribunal de arbitraje que conoció las controversias
contractuales surgidas entre la Unión temporal y el Distrito turístico y cultural de
Cartagena de Indias, con ocasión de la ejecución del contrato de concesión de
infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del
servicio público de educación formal del 28 de diciembre de 2007. Con el fin de
facilitar la exposición de los antecedentes se explican primero los que llevaron al
laudo arbitral censurado, y posteriormente, los del proceso de tutela.

Antecedentes procesales

2. El 14 de mayo de 2024, el apoderado de la Unión Temporal presentó demanda y
solicitó la convocatoria de Tribunal Arbitral ante el centro de arbitraje, conciliación y
amigable composición de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. El 10 de
septiembre de 2024, se instaló el tribunal arbitral. Se corrió traslado a la entidad
demandada, Distrito de Cartagena. El 24 de octubre de 2024, la entidad distrital
contestó la demanda “sin copiar o enviar a la Unión Temporal los documentos
correspondientes”.

3. El 6 de noviembre de 2024, se descorrió el traslado de las excepciones
formuladas en la contestación de la demanda.

4. Se surtió el procedimiento de conciliación, fijación de honorarios y gastos y el
trámite de la audiencia. Se decretaron varios medios de prueba, las cuales fueron
practicadas entre el 19 de marzo y el 10 de junio de 2025. Posteriormente se produjo
la audiencia de alegatos y el 28 de agosto de 2025 la audiencia de laudo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-01
Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

5. El actor sostiene que la mencionada providencia incurrió en vulneración al
derecho al debido proceso de la Unión Temporal al incurrir en defecto fáctico y
sustantivo pues, el tribunal desconoció hechos admitidos por el Distrito de
Cartagena en la contestación de la demanda arbitral; omitió valorar pruebas
trascendentes debidamente incorporadas al expediente y fundamentó su decisión
en normas que no guardan conexidad material con los supuestos fácticos
acreditados en el proceso.

Fundamentos del escrito de amparo

6. Respecto de las causales generales de procedencia, la parte actora sostiene que
las satisface, pues el asunto reviste relevancia constitucional, se satisface el
requisito de subsidiariedad, inmediatez, y los restantes indicados en la
jurisprudencia constitucional.

7. Frente a las causales específicas de procedencia, inició explicando el esquema
del contrato de concesión que produjo la controversia contractual y el posterior laudo
arbitral. Indicó que el contrato de concesión tenía como objeto “la organización,
operación y prestación del servicio público de educación formal en la I.E. JORGE
ARTEL fue estructurado a partir de un modelo de ejecución anual, en el cual las
obligaciones de las partes se cumplían de manera sucesiva y correlativa durante
cada año lectivo.”

8. El esquema contractual partió de una proyección de atención de 1440 alumnos
en la I.E. JORGE ARTEL. Este número fue incorporado como parámetro estructural
del proyecto de inversión (que se ejecutó mediante la celebración del CONTRATO
DE CONCESIÓN), de la autorización para la asunción de vigencias futuras
solicitada otorgada a la administración distrital por el Concejo y constituyó la base
sobre la cual se definió el equilibrio económico del CONTRATO DE CONCESIÓN.

9. Explicó la operatividad de las obligaciones contractuales de la siguiente manera.
En primer lugar, se encuentra la obligación de suministro de la matrícula de 1440
estudiantes a cargo del distrito de Cartagena, posteriormente viene la obligación de
prestación del servicio de educación a cargo de la unión temporal, y finalmente la
obligación de pago a cargo, nuevamente del Distrito.

10. Indicó que esta estructura contractual tiene incidencia en los supuestos errores
del laudo arbitral pues, el eje central de la obligación es la consecuencia del
suministro de las matrículas a cargo del Distrito. Afirmó: “ambos defectos derivaron
en que el TRIBUNAL desconociera la existencia de la obligación contractual en
cabeza del DISTRITO DE CARTAGENA de suministrar un número mínimo de
alumnos anualmente, como matrícula oficial a atender por parte de la UNIÓN
TEMPORAL, y, por lo tanto, la base misma de la responsabilidad contractual del
DISTRITO DE CARTAGENA.”. Este aspecto era principal del contrato, y no
meramente secundario. Agregó:

“En tal medida, el análisis de responsabilidad contractual del DISTRITO DE
CARTAGENA (tal como se pretendió mediante la demanda arbitral) debía

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-01
Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

comenzar por verificar, a partir de las normas aplicables y del acervo probatorio,
la existencia de esta obligación.”1

11. En relación con el defecto fáctico indicó que se presenta por dos razones: “el
TRIBUNAL (1.) decidió separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolvió a su arbitrio el asunto jurídico debatido; y (2.) omitió considerar
elementos probatorios trascendentes que constan en el proceso, pues no los
advirtió o simplemente no los tuvo en cuenta para efectos de fundamentar su
providencia.”2

12. En el primer asunto, afirmó que el Distrito de Cartagena, en la contestación de
la demanda admitió hechos que no fueron tenidos en cuenta por el laudo. Recordó
el contenido del artículo 96 del Código General del Proceso e insistió en que el
tribunal no atendió a que, en la contestación de la demanda, el distrito admitió
hechos que no fueron atendidos por el tribunal arbitral. Concretamente indica que,
en los hechos 18 y 19 de la demanda, relacionados con las cláusulas 24 y 25 del
contrato de concesión se indicó que el distrito tenía la obligación de poner a
disposición 1440 alumnos en cada uno de los dos establecimientos educativos
concesionados. Señaló que en la contestación de la demanda el distrito aceptó ese
hecho como cierto. Afirmó el tutelante la admisión de la existencia de la obligación
por parte del DISTRITO DE CARTAGENA no se hizo únicamente en el
pronunciamiento sobre los hechos, sino también en las excepciones.

13. Adujo que, “podría válidamente afirmarse que la diferencia entre las posiciones
de la UNIÓN TEMPORAL y el DISTRITO DE CARTAGENA se halla en que la parte
convocante sostuvo que la obligación de suministro de matrícula era una obligación
de resultado y la parte convocada, en cambio, sostuvo que se trataba de una
obligación de medio”3. Concluyó que el tribunal decidió separarse por completo de
los Hechos No. 18 y 19 de la demanda arbitral debidamente probados y resolvió a
su arbitrio el asunto jurídico debatido.

14. En relación del segundo defecto fáctico sostuvo que el laudo omitió considerar
elementos probatorios trascendentes que constan en el proceso, pues no los
advirtió o simplemente no los tuvo en cuenta para efectos de fundamentar su
providencia. Reprochó que, en la contestación de la demanda, el Distrito de
Cartagena no aportó el expediente del proceso contractual, y que solo a partir de
requerimientos de la Unión Temporal dentro del proceso arbitral, se allegó al tribunal
el desarrollo contractual. No obstante, el tribunal no tuvo en cuenta dicha realidad.
Para explicar la tesis del defecto fáctico, reiteró el contenido del memorial de
alegatos finales respecto a anexos y documentos contractuales. En esa medida,
indicó que era necesario que el tribunal tomara en cuenta la licitación pública 004-
2007- SED, el anexo D del pliego de condiciones y los antecedentes del contrato de
concesión.

15. Indicó que no se tuvo en cuenta la cláusula 12, 14, 21, 22, 24, 45 del contrato
de concesión, y el otrosí No. 6 del 10 de junio de 2011, el acuerdo No. 045 de 20 de

1 Folio 14 del escrito de amparo.
2 Ibidem.
3 Folio 18 del escrito de amparo.

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Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

noviembre de 2007, la ficha de estadísticas básicas de inversión, EBI, del proyecto
de inversión denominado entrega de concesión de dos establecimientos por parte
del distrito de Cartagena en el marco de los programas de inversión contemplados
en el plan nacional de desarrollo 2006-2010. El acta del consejo de gobierno, la
exposición de motivos del proyecto de acuerdo. El acta del consejo superior de
política fiscal, entre otros indicados en los alegatos finales. Concluyó que la omisión
del tribunal en la valoración probatoria es complementaria al defecto fáctico por
desconocimiento de hechos debidamente probados identificados. Manifestó que de
haberse valorado los documentos mencionados el asunto debatido habría cambiado
sustancialmente.

16. En relación con el defecto sustantivo afirmó que el tribunal aplicó las normas
correspondientes a la financiación de la prestación del servicio público de educación
con cargo al Sistema General de Participaciones (alumno efectivamente atendido)
como parámetro para determinar la existencia y alcance de la obligación de
suministro de matrícula a cargo del Distrito de Cartagena motivo por el cual, acudió
indebidamente a las normas que regulan la obligación de pago a la obligación de
suministro de matrícula. Aseveró que, el Tribunal utilizó esa regla como criterio
para negar la existencia y alcance de la obligación.

17. Reiteró desde la estructura contractual expuesta en la demanda arbitral y
reiterada durante el proceso, la obligación de suministro de matrícula a cargo del
DISTRITO DE CARTAGENA constituía el presupuesto fáctico inicial sobre el cual
se activaban las obligaciones subsiguientes: primero, la prestación del servicio por
parte de la UNIÓN TEMPORAL y, luego, la determinación o liquidación de la
obligación de pago conforme al número de alumnos efectivamente atendidos. La
regla de remuneración operaba, por tanto, sobre un factor previo: el número de
alumnos matriculados, como resultado del cumplimiento o incumplimiento de la
obligación de suministro. Finalizó: “Al tomar la regla de pago como fundamento para
descartar la existencia de la obligación de suministro, el TRIBUNAL alteró el orden
lógico y contractual del esquema obligacional y resolvió el problema jurídico a partir
de un parámetro normativo distinto del que correspondía a los hechos debatidos”.

18. Solicitó el amparo del derecho al debido proceso de la unión temporal colegio
san Bartolomé la merced – fe y alegría – Cartagena, vulnerado por el laudo arbitral
de 28 de agosto de 2025 por el tribunal de arbitramento. Consecuencia de lo
anterior, estima que se debe dejar sin efectos el laudo arbitral mencionado y que se
declare extintos los efectos de la cláusula compromisoria, que se ordenen las
restituciones a que hubiere lugar, se declare que la Unión Temporal puede acudir a
la justicia contencioso-administrativa para dirimir las controversias contractuales
entre las partes. Finalmente requirió que se declare que, “UNIÓN TEMPORAL
dispondrá de un término de (3) meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia de
tutela, para presentar la demanda correspondiente ante la justicia contencioso-
administrativa”.

Trámite del amparo

19. En sede de primera instancia, el mismo fue repartido a la Subsección C de la
Sección Tercera de la Corporación que, después de negar un impedimento

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Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

presentado por el consejero de Estado William Barrera Muñoz, en auto de 6 de abril
de 20264, admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la parte accionante,
los árbitros Blanca Lucia Burbano Ortiz, Felipe de Vivero Arciniegas y Camilo Hiroshi
Emura Álvarez, así como a la secretaria del Tribunal de Arbitramento Edith Cediel
Charris, al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pereira
y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, como terceros interesados.
Igualmente, se solicitó al Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición
de la Cámara de Comercio de Pereira allegar copia digital del trámite arbitral No.
001-2024.

20. La Secretaría de Educación Distrital intervino con el fin de solicitar que se
declare improcedente el amparo, pues se utiliza el medio constitucional para reabrir
una discusión procesal que se resolvió, con efectos de cosa juzgada, en el tribunal
de arbitraje. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, en atención a que carece de competencia para modificar el laudo arbitral.

21. El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara
de Comercio de Pereira solicitó su desvinculación pues cumple una labor
estrictamente administrativa en la integración de los tribunales arbitrales. Indicó que
la parte actora no ejerció el recurso de anulación de laudo arbitral.

22. En el mismo sentido intervino el Distrito de Cartagena de Indias, quien
argumentó que, la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad y que, la tutela
no puede ser utilizada para reabrir una discusión resuelta en virtud de una cláusula
compromisoria.

Sentencia de primera instancia

23. En sentencia de 8 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera de
la corporación declaró improcedente la petición de amparo, pues estimó que no
satisfacía el requisito de relevancia constitucional. Indicó que la interpretación del
material probatorio del expediente contractual no fue caprichosa y arbitraria por
parte de la autoridad judicial accionada, el laudo fue adecuadamente motivado y
respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó correctamente el derecho
sustancial. Indicó que la parte actora pretende reabrir un asunto que ya fue resuelto
por el Tribunal de Arbitramento. Se evidencia que la acción de tutela se utiliza para
cuestionar la decisión adoptada por el juez competente, reflejando, en realidad, una
inconformidad con el sentido de la decisión y un intento de convertir el amparo
constitucional en una instancia adicional.

4 El 9 de marzo de 2026, el consejero William Barrera Muñoz manifestó impedimento para conocer

de la acción de tutela, al señalar que había coincidido en distintos espacios académicos con el árbitro
Felipe de Vivero Arciniegas y solicitó que se determinara si esa relación podía configurar alguna de
las causales previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Mediante auto del 18 de
marzo de 2026, la consejera Adriana Polidura Castillo declaró infundado el impedimento, al
considerar que no se identificó una causal específica y que la relación descrita era de carácter
profesional y académico, sin entidad suficiente para comprometer la imparcialidad; en consecuencia,
ordenó devolver el expediente al despacho del consejero Barrera Muñoz. Ver, SAMAI, índices 5 y
10.

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Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
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Recurso de impugnación5

24. El apoderado de la parte actora presentó el recurso de impugnación
reprochando que la providencia de primera instancia no resolvió los defectos
específicos planteados en el escrito de amparo. Indicó que la decisión del juez
constitucional tomó un pasaje del laudo arbitral para concluir que hubo una
adecuada interpretación del contrato y del expediente contractual. Insistió en que se
presentó una vulneración iusfundamental alegada adecuadamente en el escrito de
amparo, pues el laudo careció de los elementos determinantes exigidos por el
derecho al debido proceso.

25. Recordó el precedente judicial del Consejo de Estado respecto al criterio de
relevancia constitucional en materia de tutela contra providencias, y en su criterio,
sostiene que, “el estándar jurisprudencial expuesto exigía que la Sala verificará si
los defectos atribuidos al laudo arbitral planteaban una eventual vulneración del
debido proceso en su dimensión constitucional”. Indicó que su discrepancia no es
una simple diferencia con la decisión, sino que implicaba la denuncia de aspectos
que fueron dejados de lado por la autoridad judicial. Posteriormente reiteró el
contenido de los defectos específicos invocados, y señaló que no fueron
examinados por el juez constitucional.

CONSIDERACIONES
Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

27. En atención al estado del proceso en segunda instancia y a los argumentos de
la impugnación, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela satisface los
requisitos generales de procedencia contra laudos arbitrales y, en particular, si los
cargos por defecto fáctico y sustantivo plantean una cuestión de verdadera
relevancia constitucional o, por el contrario, buscan reabrir el debate contractual
decidido por el Tribunal Arbitral.

28. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, en primer lugar, se reiterará
el precedente sobre la procedencia de la acción de tutela para cuestionar laudos
arbitrales proferidos por tribunales; en segundo lugar, se estudiará los elementos de
procedibilidad de la acción de tutela.

5 Índice samai 32.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-01
Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Causales genéricas de procedencia de tutela contra laudos arbitrales.

29. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20056, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, incluidas laudos arbitrales, es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar7: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado o sentencias interpretativas proferidas por la Sección de
Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP; (iii) que se cumpla con el requisito de
inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se
identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o
afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos
hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional
y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la providencia judicial cuestionada.

31. Respecto a la procedencia de la tutela contra laudos arbitrales, el precedente
constitucional ha indicado las condiciones excepcionales y estrictas de examen 10.
Se ha señalado que, esta posibilidad debe partir de la premisa que, las partes de
una controversia, en un primer momento, decidieron, en virtud de una cláusula
compromisoria, remitir la solución de cualquier controversia a particulares investidos
de competencias judiciales, motivo por el cual, no debe ser competencia de los
jueces ordinario. Por ello, se ha indicado que el examen de procedencia general de
la tutela es aún más estricto que el de providencias proferidas por jueces y tribunales
de la república. Por ello se ha señalado, además, que hay reglas especiales de
procedencia a las que debe sujetarse el juez constitucional. En la sentencia T-354
de 2019, reiterando el contenido de la SU- 174 de 2007 se señaló:

6 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
7 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
8 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-354 de 2019, SU-500 de 2015, SU-033 de 2018.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-01
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

“(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha
de ser invadido por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo
del asunto sometido a arbitramento;
(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya
configurado, en la decisión que se ataca, una vulneración directa de derechos
fundamentales;
(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los
laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos
propios de la naturaleza del arbitraje, los cual implica que su procedencia se
circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y
(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial
claridad en estos casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de los
recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a
pesar de ello persiste la vía de mediante la cual se configura la vulneración de
un derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el
recurso de anulación contra el laudo.”

32. En la misma sentencia T-354 de 2019 se reiteró la SU-033 de 2018, en punto al
examen del requisito de relevancia constitucional y se indicó que, respecto de las
reglas 1 y 2 de la SU-174 de 2007, se debe “realizar una especial valoración del
requisito de relevancia constitucional; la incluida en el numeral 4 deriva en un
estudio más atento del requisito de subsidiariedad; y la fijada en el numeral 3
condiciona la aplicación de los requisitos específicos de procedibilidad.” Se ha
indicado que, el juez debe verificar si el reparo o reproche constitucional va dirigido
a “una violación directa de un derecho fundamental, o por el contrario está orientada
a revivir una instancia o a plantear asuntos que merecen un estudio de fondo”.

33. En punto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia ha
distinguido entre errores in procedendo e in iudicando. Respecto de estos últimos,
el control constitucional es especialmente restringido y no procede para corregir
simples discrepancias jurídicas, contractuales o probatorias; únicamente puede
habilitarse cuando se acredite una arbitrariedad manifiesta e inequívoca del tribunal
arbitral que comporte una vulneración directa de derechos fundamentales.

34. A su vez, la Sentencia SU-103 de 2022 resumió los escenarios en los que un
asunto reviste relevancia constitucional en materia de laudos arbitrales, así: (i) se
desconoce, a priori, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso en su faceta constitucional11; (ii) no se emplea como una
tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver
aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de
cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la
falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del
patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, en

11 En la Sentencia T-244 de 2007, recogido por la Sentencia SU-103 de 2022, la faceta constitucional

del debido proceso se relaciona con el desconocimiento de sus elementos esenciales, tales como el
derecho al juez natural, el derecho a presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la decisión judicial, el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o el derecho de defensa. Por su parte, la faceta del derecho
fundamental a la administración de justicia se concreta en la infracción de las siguientes garantías:
i) el acceso de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal desarrollo
del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se adopta dentro del proceso y su
capacidad de ser ejecutada.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-01
Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

las sentencias SU-500 de 2015 y SU-033 de 2018, la Sala Plena precisó que el
análisis de este requisito es más estricto en los laudos arbitrales.

35. En relación con el requisito de subsidiariedad, referido a la regla 4 de la
sentencia de unificación 174 de 2007, el precedente posterior, fijado por ejemplo,
en la SU-500 de 2015, SU-033 de 2018 o T- 354 de 2019, ha indicado que, “el
recurso extraordinario de anulación es el medio idóneo para que el juez verifique la
adecuación del laudo a los parámetros constitucionales respecto a las causales que
están enfocadas en la valoración del derecho al debido proceso por posibles
errores in procedendo” y, en esa medida, la regla general para estimar cumplido el
requisito de subsidiariedad implica agotar el recurso de anulación.” Tal regla, no
obstante, admite una excepción debido a que el Legislador restringió el recurso de
anulación a unas causales taxativas y “por ello, es posible que en el trámite arbitral
se presenten afectaciones a derechos fundamentales que no estén comprendidas
en tales causales y, en consecuencia, no puedan ser controvertidas por vía del
referido recurso de anulación”.

36. Adicionalmente, sentencias unificadas de la Sala Plena de la Corte 12 han
señalado que carecen de relevancia constitucional los escritos de amparo que: (i)
no tienen el alcance para desarrollar la constitución política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

37. Descendiendo al caso concreto, se verifica que la acción de tutela es
improcedente por carecer de relevancia constitucional, pues, tal como lo indicó el
juez del amparo de primera instancia, el escrito busca reabrir una discusión procesal
que, en virtud de la voluntad contractual de las partes, se surtió ante el tribunal
arbitral. En efecto, el examen del requisito de relevancia en escritos de tutela
dirigidos contra laudos arbitrales es, en términos de la Corte Constitucional, más
exigente que el de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por
las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativo. Esto en virtud de la
voluntad de las partes de sustraer el conocimiento del asunto de la jurisdicción
estatal. Además, la legislación arbitral prevé el recurso de anulación de laudos, el
cual, conforme la jurisprudencia indicada, por regla general, satisface el requisito de
idoneidad para tramitar los reparos de validez.

38. En punto al riguroso examen del requisito de relevancia constitucional, se ha
indicado que, resultan improcedentes aquellas peticiones de amparo en la que la
parte actora presenta como causales específicas de procedencia de tutela, los
reparos y discusiones que se presentaron y resolvieron ante el tribunal arbitral, y
que versan, directamente, sobre asuntos legales, contractuales o infra
constitucionales, tales como la interpretación de cláusulas de negocios jurídicos,
esto pues la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismos para obtener

12 Corte Constitucional, SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y la SU-215 de 2022

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01581-01
Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
Accionado: Tribunal de Arbitramento Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced y otros
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

una instancia adicional al trámite arbitral, o un medio para reabrir discusiones que
fueron resueltas por el órgano competente.

39. El requisito de relevancia constitucional, en caso de laudos arbitrales, no se
satisface, simplemente por invocar la vulneración del derecho al debido proceso o
cualquier otra norma superior, sino que, exige que en el caso concreto se avizore
una vulneración a un derecho fundamental que exceda el simple debate legal
referido a la interpretación de normas infra constitucionales o contractuales, y que
permita desarrollar de manera concreta un mandato constitucional, descartando
que, el escrito de amparo se presente como un medio para presentar discrepancias
de criterio con el contenido del laudo que fue adverso a una parte.

40. El escrito promovido por la Unión Temporal, a juicio de esta sala, desde la
perspectiva del examen estricto y excepcional de la tutela contra laudos arbitrales,
carece de relevancia constitucional pues, se utiliza para obtener una instancia
adicional respecto de una providencia que fue adversa a las pretensiones de la parte
actora. A criterio de esta Corporación, en sede de juez de tutela, el escrito de
amparo presenta razones de interpretaciones alternativas o discrepancia de criterio,
en relación con una decisión que fue adversa, todo desde la perspectiva de la
interpretación de un contrato suscrito entre las partes, y la valoración de los
documentos contractuales. Se trata de una apreciación que cuestiona la corrección
de la decisión arbitral, pero no presenta un yerro de validez que de manera concreta
haga contraria a la Constitución de 1991, la providencia cuestionada. El centro del
reclamo constitucional se relaciona con la adecuada interpretación del contrato de
concesión suscrito por las partes, y el alcance de las obligaciones del distrito de
Cartagena de Indias, respecto del supuesto deber de garantizar que se contaría con
un número determinado de estudiantes. El debate propuesto por el escrito de
amparo es propio del juez del contrato, en este caso, del tribunal arbitral, pues
implica interpretar un negocio jurídico suscrito entre las partes, los documentos
contractuales, el clausulado del mismo, y el desarrollo de una estructura del negocio
que escapa al juez constitucional.

41. No basta invocar la vulneración del artículo 29 superior, o presentar las razones
dentro de los términos de la jurisprudencia de tutela contra providencia, es decir,
como causales específicas de procedencia, pues, como se indicó, el examen de la
procedibilidad es más exigente en casos de tutelas contra laudos y exige que no se
acuda al juez constitucional para que reemplace al juez del contrato. Para esta
corporación, como juez de amparo en sede de segunda instancia, la petición de
protección constitucional, de manera concreta y directa, no logra mostrar la
contradicción entre el laudo y la norma superior, por el contrario, muestra una
discrepancia valorativa de la parte actora respecto de la interpretación del material
probatorio y la aplicación de normas relacionadas con la interpretación del contrato
de concesión.

42. En cuanto al primer reproche fáctico, relacionado con el supuesto
desconocimiento de hechos admitidos por el Distrito de Cartagena, la Sala advierte
que la controversia no recae sobre la pretermisión de un hecho pacífico e
incontrovertido, sino sobre el alcance jurídico que debía atribuirse a las
manifestaciones efectuadas por la entidad convocada en la contestación de la

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Accionante: Unión Temporal Colegio San Bartolomé la Merced-Fe y Alegría-Cartagena
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demanda arbitral. En efecto, aunque el Distrito reconoció que, conforme a las
cláusulas contractuales, debía realizar gestiones orientadas a procurar la utilización
máxima de la infraestructura educativa y remitir estudiantes para matrícula,
simultáneamente negó que hubiera asumido una obligación de resultado
consistente en garantizar, en cada año lectivo, la matrícula efectiva de 1.440
alumnos. Por ello, la discusión planteada por la accionante exige definir si aquellas
manifestaciones comportaban una admisión sobre la existencia de una obligación
contractual de resultado o si, por el contrario, reconocían únicamente un deber de
gestión o de mejores esfuerzos. Tal cuestión corresponde a la interpretación del
contrato y de las posiciones procesales asumidas por las partes, y no evidencia, por
sí misma, un desconocimiento manifiesto de un hecho debidamente probado que
habilite el control constitucional del laudo.

43. Algo semejante ocurre con el reparo relacionado con la supuesta omisión de
pruebas determinantes. La accionante sostiene que el Tribunal Arbitral dejó de
valorar antecedentes programáticos, financieros, precontractuales y de ejecución
que, a su juicio, permitían establecer que la atención de 1.440 estudiantes constituía
un elemento estructural del contrato de concesión. Sin embargo, del laudo se
desprende que el Tribunal examinó el pliego de condiciones y sus anexos, las
cláusulas relativas a las obligaciones del concesionario y del concedente, las reglas
sobre remuneración y forma de pago, la distribución de riesgos y diversos otrosíes
celebrados durante la ejecución contractual. También analizó expresamente la
cláusula 24, según la cual el Distrito debía procurar que la capacidad máxima de las
infraestructuras fuera utilizada, así como las disposiciones contractuales que
vinculaban la remuneración con los alumnos efectivamente atendidos. Así, el
reproche no muestra prima facie una ausencia total o manifiesta de valoración del
material probatorio, sino una inconformidad con el mérito que el Tribunal otorgó a
esos elementos y con la conclusión jurídica que extrajo de ellos.

44. En ese contexto, la acción de tutela pretende que el juez constitucional efectúe
una nueva ponderación del mismo material documental para atribuirle un alcance
distinto al acogido por los árbitros. En particular, busca que, de los documentos
precontractuales, de las cláusulas contractuales y de las actuaciones de ejecución
se concluya que el Distrito asumió una obligación jurídicamente exigible de
suministrar anualmente 1.440 alumnos y que el incumplimiento de ese deber
generaba responsabilidad contractual. Tal ejercicio implicaría determinar
nuevamente cuáles documentos debían prevalecer, qué fuerza probatoria tenían y
cuál era la interpretación correcta del negocio jurídico, asuntos propios de la
autoridad arbitral. La tutela contra laudos no está concebida para sustituir esa
valoración por otra posible, salvo que se evidencie una apreciación manifiestamente
arbitraria, caprichosa o carente de todo apoyo en el expediente, circunstancia que
no se advierte a partir de los cargos formulados.

45. En relación con el defecto sustantivo, la accionante sostiene que el Tribunal
Arbitral aplicó indebidamente las disposiciones relativas al Sistema General de
Participaciones y a la remuneración por alumno efectivamente atendido para
descartar la existencia de una obligación distinta, consistente en el suministro de
matrícula a cargo del Distrito. No obstante, la Sala observa que la conclusión
cuestionada no tuvo como único fundamento esas normas legales. El Tribunal

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acudió también al contenido de las cláusulas contractuales, a la forma de
remuneración pactada, a las modificaciones introducidas mediante otrosíes y a la
distribución contractual de riesgos para concluir que los 1.440 estudiantes
correspondían a la capacidad máxima de atención y no a un número mínimo
garantizado por el concedente. De esta manera, el reproche planteado exige
determinar si la interpretación sistemática efectuada por los árbitros era la
jurídicamente más acertada o si debía acogerse la propuesta por la Unión Temporal,
cuestión que pertenece al ámbito de corrección del laudo y no, en principio, a su
validez constitucional.

46. Incluso la propia estructura contractual evidencia que existían elementos
susceptibles de interpretaciones distintas. Por una parte, la cláusula 24 contemplaba
que el concedente presentaría estudiantes para procurar que la capacidad máxima
de las infraestructuras fuera utilizada; por otra, las cláusulas sobre remuneración y
valor contractual vinculaban el pago al número de alumnos efectivamente atendidos.
La determinación de cómo debían armonizarse esas estipulaciones y cuál era el
alcance exacto de la obligación del Distrito constituía precisamente uno de los
asuntos sometidos a decisión arbitral. Por ello, que la accionante considere más
adecuada una interpretación distinta no convierte automáticamente la controversia
en un problema constitucional.

47. De acuerdo con lo anterior, la Sala no desconoce que la accionante buscó
estructurar formalmente sus reparos bajo las categorías de defecto fáctico y
sustantivo. Sin embargo, al examinar su contenido material se advierte que todos
confluyen en una misma pretensión: que el juez de tutela reinterprete el contrato de
concesión, reasigne valor a los documentos incorporados al proceso y determine
nuevamente si el Distrito asumió una obligación de suministrar un número específico
de estudiantes y si la incumplió. Esa discusión fue precisamente sometida al
Tribunal Arbitral y resuelta mediante el laudo cuestionado. Por ello, el amparo no
plantea un verdadero juicio de validez constitucional del laudo, sino un juicio de
corrección jurídica y probatoria que desborda la función excepcional del juez de
tutela.

48. Tampoco se advierte que los reparos formulados comprometan alguna de las
garantías que integran la dimensión constitucional del derecho fundamental al
debido proceso. Como se indicó previamente, esta faceta se relaciona con la
afectación de elementos esenciales como el derecho al juez natural, la posibilidad
de presentar y controvertir pruebas, el derecho de defensa, el principio de legalidad,
la publicidad de las actuaciones y decisiones, así como la independencia e
imparcialidad del juzgador. En el presente asunto, la Unión Temporal accedió al
tribunal arbitral pactado por las partes, intervino durante el trámite, presentó sus
argumentos, solicitó y aportó pruebas, controvirtió las allegadas al proceso y formuló
alegatos de conclusión, tras lo cual obtuvo una decisión motivada adoptada por el
juez arbitral competente. Los cuestionamientos planteados en la tutela no se dirigen
a demostrar que se le hubiera privado de alguna de esas garantías esenciales, sino
a controvertir el contenido de la decisión finalmente adoptada, en particular la
interpretación de las obligaciones contractuales, el alcance atribuido a determinados
documentos y la valoración del material probatorio. En esas condiciones, la
invocación del debido proceso se circunscribe a su dimensión legal o contractual y

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no demuestra una afectación iusfundamental autónoma que permita superar el
requisito de relevancia constitucional.

49. Sumado a lo anterior, debe indicarse que, tampoco se satisface el requisito de
subsidiariedad, pues, en el caso concreto, la parte actora se limitó a indicar que
estima que el recurso de anulación contra el laudo arbitral no es idóneo en el caso
concreto, pero no ofreció razones concretas que expliquen los motivos por los
cuales, sus reparos constitucionales no se pueden tramitar a través, por ejemplo,
de las causales séptima o novena, de las previstas en el artículo 41 de la Ley 1563
de 2012. El actor no ofreció argumentos específicos de por qué, en el caso concreto,
el recurso resulta inidóneo para plantear los reparos propuestos en el escrito de
amparo.

50. Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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