Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01587-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
14 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia, mediante la
cual se revocó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y, en su lugar, las negó.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Gilberto Morales
Ocampo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 27 de febrero de 2026, Gilberto Morales Ocampo, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido
proceso, igualdad, seguridad social y dignidad humana con ocasión de la
Sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-009-2018-00361-02.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al Honorable Juez constitucional TUTELAR, en favor de
actor GILBERTO MORALES OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 71.798.880, de Medellín-Antioquia, los derechos iusfundamentales de
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso,
igualdad, seguridad social, dignidad humana y desconocimiento del
precedente judicial, en consecuencia,
ORDENAR A LA SALA Séptima DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA (MAGISTRADOS PONENTES, VER EN LA SENTENCIA), para que en el
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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término de cuarenta y ocho (48) o en el que el honorable juez de tutela estime
razonable, profiera una nueva sentencia dentro del proceso NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO- LABORAL; diferente a la Sentencia No 327 del
día 11 de diciembre de 2024, radicado No 05001333300920180036102 teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa
sobre la presente Litis, como garantía al derecho a la seguridad social del actor
(PENSIÓN DE INVALIDEZ), con base en la plurimencionada experticia de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
Declarar la nulidad del Acto administrativo Nro. TML18-1-392 MDNSG-TML-41.1
Registrado en el Folio No. 15 del Libro, del Tribunal Medico Laboral de Revisión
Militar y de Policía realizado el día 22 de mayo de 2018, en la ciudad de Bogotá
D.C., notificado por correo electrónico el día 26 mayo de 2018. Que RATIFICO
en segunda instancia, los resultados de la Junta Medico Laboral Militar Nro.
99745 del 14 de febrero de 2018, realizada en Medellín, por la Dirección de
Sanidad del Ejercito Nacional, al actor GILBERTO MORALES OCAMPO, que
otorgo un porcentaje de disminución de su capacidad laboral del 8.50%.
Que el DICTAMEN DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL, # 089788-2020 de fecha 02/09/2020, equivalente al 100,00%
estructurado el día 31 de julio de 2019, elaborado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, al actor GILBERTO MORALES OCAMPO,
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.798.880, de Medellín-Antioquia.
Es vinculante para que CREMIL (Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de
Colombia), realice reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez al
actor GILBERTO MORALES OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía
Nro. 71.798.880, de Medellín-Antioquia.
Toda vez que, esta fue la única prueba técnica que se practicó dentro del
proceso y sus conclusiones no fueron desvirtuadas por la entidad demandada
(TRIBUNAL MEDICO LABORAL DE REVISION MILITAR Y DE POLICIA Y EJERCITO
NACIONAL DE COLOMBIA) quien, habiendo tenido la oportunidad de
controvertirlo en los términos del Código General del Proceso, no lo hizo por
inconformidad con el dictamen equivalente al 100,00% estructurado el día 31
de julio de 2019, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
Conforme el artículo 2° del Decreto 1157 de 2014.
ORDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL que, a
título de restablecimiento del derecho, reconozca y pague en favor del actor
GILBERTO MORALES OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía Nro.
71.798.880, de Medellín-Antioquia. Una pensión de invalidez equivalente al 95%
de la asignación básica percibida por un Soldado Profesional.
Toda vez que el Soldado Profesional retirado, GILBERTO MORALES OCAMPO,
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.798.880 cuenta con una
pérdida de su capacidad laboral del 100.00% originada durante el vínculo
laboral en el Ejército Nacional de Colombia. y, en esa medida, le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez en los términos
del artículo 2° del Decreto 1157 de 2014, equivalente al 95% de la asignación
básica percibida por un Soldado Profesional.
Causada desde el día 15 de enero de 2007. Fecha en la cual fue retirado el
actor del servicio activo del Ejército Nacional, mediante OAP Nro. 1014 por
voluntad propia. Omitiendo el área de personal del Ejército Nacional, hacerle
saber al actor GILBERTO MORALES OCAMPO, en la notificación, que contaba
con sesenta (60) días a partir de la presente notificación para realizarse los
exámenes médicos por la novedad de retiro de conformidad con lo estipulado
en el artículo 8° del Decreto 1796 de 2000. Concretamente que se conceda la
pensión de Invalidez teniendo como base el dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) Gilberto Morales Ocampo se desempeñó como soldado profesional
en el Ejército Nacional desde el 2000 hasta el 15 de enero de 2007, cuando,
mediante Orden Administrativa No. 1014, fue retirado por voluntad propia,
sin que, según indicó, la entidad le informara que contaba con 60 días
desde la notificación del acto – 30 de enero de 2007- para realizarse los
exámenes médicos de retiro.
5. 2) En 2016, el señor Morales Ocampo fue recluido en el Hospital Mental
de Bello, Antioquia y allí le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático2.
6. 3) El 3 de octubre de 2016, Gilberto Morales Ocampo solicitó ante la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que se convocara a la Junta
Médico Laboral Militar correspondiente, con el fin de que le fueran
realizados los exámenes médico-laborales y los tratamientos que se
derivaran del examen de capacidad psicofísica por novedad de retiro.
7. 4) La mencionada entidad negó la petición mediante el Oficio No.
20168451624621 de 28 de noviembre de 2016 porque Gilberto Morales se
había retirado del servicio hacía más de 9 años, sin que se hubiera realizado
los exámenes médicos. En consecuencia, de conformidad con literal b) del
artículo 47 del Decreto 1796 de 2000 señaló que había operado la
prescripción.
8. 5) En febrero de 2017, Gilberto Morales Ocampo interpuso acción de
tutela contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, petición,
salud, vida digna y debilidad manifiesta por no realizar los exámenes
mencionados. En consecuencia, mediante sentencia de 23 de febrero de
2017, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellin concedió el amparo
y le ordenó a la entidad accionada que realizará el examen médico de
retiro para establecer la capacidad psicofísica del señor Moraes Ocampo
y, de verse afectada, se convocará a la Junta Médico Laboral de Sanidad
Militar para que valorará el grado de disminución de su capacidad laboral.
9. 6) En cumplimiento de lo anterior, el 15 de marzo de 2017, la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional ordenó que se vinculara a Gilberto Morales
al servicio de sanidad, con el fin de dar trámite a lo correspondiente y definir
su situación médico laboral. Posteriormente, el 14 de febrero de 2018, la
Junta Médico Laboral Militar realizó el estudio por novedad de retiro y
expidió el Acta No. 99745, en la que concluyó que la disminución de la
2 Folios 33 a 45 del expediente digital visible a índice 21 del aplicativo SAMAI del proceso No. 05001-33-33-009-2018-
00361-02.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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capacidad laboral era de 8.50%. Dicha decisión fue apelada por Gilberto
Morales, quien solicitó se convocara al Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía para una segunda revisión, el cual, mediante Acta No.
TML18-1-392 de 22 de mayo de 2018, ratificó lo valorado por la junta.
10. 7) El 9 de noviembre de 2018, Gilberto Morales Ocampo presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación - Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y pretendió que: (1)
se declarará la nulidad del Acta No. TML18-1-392 de 22 de mayo de 2018,
(2) a título de restablecimiento del derecho, se realizará una recalificación
de las patologías originadas por el vínculo laboral, y (3) si superaba el 50%
de la disminución en la capacidad laboral, se ordenará a la entidad
demandada pagar la pensión de invalidez en favor del demandante.
11. 8) En audiencia de 27 de agosto de 2019, el Juzgado 9 Administrativo
de Medellín negó la práctica de la prueba solicitada por la parte
demandante en relación con una evaluación de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez para que se estableciera la disminución de la
capacidad laboral del actor. Dicha decisión fue objeto de recurso de
apelación y, mediante Auto de 23 de septiembre de 2019, el Tribunal
Administrativo de Antioquia la revocó y ordenó su decreto y práctica por
considerarla pertinente, conducente y útil para el proceso.
12. 9) El 2 de septiembre de 2020, la Junta Regional de Invalidez de
Antioquia realizó la valoración a Gilberto Morales y lo diagnosticó con
esquizofrenia como enfermedad de origen común, perdida de la
capacidad laboral del 100% y como fecha de estructuración estableció el
31 de julio de 2019.
13. 10) Mediante Sentencia de 5 de agosto de 2022, el Juzgado 9
Administrativo de Medellin accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Indicó que el dictamen realizado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia demostraba la pérdida de la
capacidad laboral de Gilberto Morales en un 100% y, en ese sentido, se
desvirtuaba la presunción de legalidad del acto administrativo demandado
que lo calificaba solo con un 8.50% de disminución en la capacidad laboral.
14. No obstante, señaló que como la Junta Regional de Invalidez
determinó como fecha de estructuración el 31 de julio de 2019, es decir,
cuando Gilberto Morales se encontraba desvinculado del servicio, y no se
logró demostrar que las lesiones hubieran sido producto del servicio o
tuvieran una incidencia directa con este, no era posible reconocer la
pensión de invalidez. Por lo anterior, declaró la nulidad del acto demandado
y negó las demás pretensiones de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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15. 11) Contra la decisión anterior, las partes interpusieron recurso de
apelación. La parte demandante indicó que el dictamen realizado por la
Junta Regional de Invalidez tenía la misma validez que el dictamen médico-
militar para demostrar su estado de salud, y que, aunque la fecha de
estructuración hubiera sido posterior a la prestación del servicio, debía
considerarse la naturaleza progresiva de las patologías, las cuales podían
agravarse con el tiempo. Razón por la cual debía accederse a todas las
pretensiones de la demanda y reconocerse la pensión de invalidez.
16. Por otro lado, la parte demandada adujo que el juez de primera
instancia accedió a la nulidad del acto demandado con base en un
dictamen pericial externo sin tener en cuenta que solo las autoridades
médico-militares y el Tribunal Médico Laboral Militar tenían la competencia
para determinar la pérdida de capacidad laboral en el régimen especial
de la fuerza pública. En consecuencia, consideró que el dictamen rendido
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia carecía de
competencia y, por lo tanto, debían negarse todas las pretensiones de la
demanda.
17. 12) Mediante Sentencia de 11 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda. Señaló que el dictamen rendido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia no tenía la fuerza
probatoria para invalidar el acto administrativo proferido por el Tribunal
Médico Laboral Militar y de Policía, toda vez que este último se expidió en
ejercicio de sus funciones y en el marco del régimen especial de la fuerza
pública.
18. Estimó que, si bien era posible acudir a las juntas regionales como
peritos expertos en la materia, dicho dictamen tenía naturaleza probatoria
y no decisoria y que, en todo caso, la fecha de estructuración fijada en el
dictamen de la junta regional era de 31 de julio de 2019, es decir, 12 años
después de que el demandante se desvinculará voluntariamente del
servicio. Por lo tanto, no era posible deducir que su invalidez era producto
del servicio, pues esta se había consolidado con posterioridad al retiro.
Igualmente, señaló que no era posible acceder a la pensión de invalidez
porque esta no se configuró durante la prestación del servicio o como
consecuencia directa de este.
19. Como fundamento de la vulneración, el accionante indicó que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.
20. Señaló que el tribunal realizó una valoración incompleta e irrazonable
de las pruebas obrantes en el expediente, toda vez que el dictamen
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realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia,
mediante el cual se estableció una pérdida de la capacidad laboral del
100%, fue la única prueba técnica especializada dentro del proceso sin que
esta hubiera sido controvertida por la entidad demandada y, en ese
sentido, al haber sido omitida por el juez natural, se produjo una conclusión
errada que desconoció el carácter progresivo de las patologías, además,
manifestó que se desconoció la historia clínica del accionante que
demostraba sus afecciones adquiridas durante el servicio.
21. Finalmente, indicó que se le dio una aplicación restrictiva al régimen
especial de la fuerza pública, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado3
y de la Corte Constitucional4 permitían utilizar los dictámenes de las juntas
regionales como prueba pericial idónea, incluso, a su juicio, para desvirtuar
calificaciones médico-militares. Razón por la cual, estimó que se vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva,
igualdad, dignidad humana y acceso a la administración de justicia, así
como los principios de favorabilidad, primacía de la realidad y protección
reforzada del derecho a la seguridad social.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 indicó que la acción de tutela
resultaba improcedente, ya que el asunto carecía de relevancia
constitucional, pues el accionante no desplegó la carga argumentativa
suficiente para demostrar la vulneración de sus derechos fundamentales.
23. Señaló que la providencia cuestionada estaba debidamente
motivada de conformidad con el marco jurisprudencial y legal aplicable al
caso concreto, y que la decisión objeto de reproche fue el producto de una
responsable valoración del material probatorio. Razón por la cual, estimó
que se pretendía usar el amparo constitucional para reabrir un debate
jurídico y probatorio que ya había sido resuelto por el juez natural de la
causa.
24. Finalmente, indicó que se había valorado adecuadamente el
dictamen expedido por la junta regional. No obstante, se concluyó que no
tenía entidad suficiente para desvirtuar la legalidad del dictamen expedido
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en el marco de
sus competencias. Además, manifestó que el precedente judicial establecía
3 Indicó como desconocida la Sentencia de 30 de enero de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado. No obstante, no indicó cual era el radicado de dicha jurisprudencia.
4 Sentencias T-654 de 2006, C-470 de 1997, T-874 de 1999, SU-879 de 2000, T-1101 de 2001, T -629 de 2002 y C-038 de
2004 de la Corte Constitucional.
5 Mediante Auto de 5 de marzo de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, y (2)
tener como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y, (3) vincular al Juzgado 9 Administrativo de
Medellin, al Ministerio de Defensa-Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la Junta Médico Laboral
Militar y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
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la intervención de la junta regional como un perito experto sin darle un
carácter decisorio ni vinculante que fuera capaz de desplazar la
competencia del régimen especial de la fuerza pública.
25. El Juzgado 9 Administrativo de Medellin7 remitió el enlace del
expediente digital, pero no rindió informe.
26. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia8 solicitó
ser desvinculada de la presente acción de tutela, al considerar que carecía
de legitimación pasiva en la causa, toda vez que las pretensiones se dirigían
contra una decisión adoptada por una autoridad judicial, y que dicha
entidad, únicamente, dio cumplimiento al proceso de calificación de
pérdida de capacidad laboral del accionante.
27. La Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional9 indicó que la
autoridad accionada realizó una valoración integral del acervo probatorio
y que, en el caso concreto, se pretendía usar la acción de tutela como un
mecanismo para reabrir un debate probatorio ya resuelto y, de este modo,
convertirla en una tercera instancia. En ese sentido, señaló que la acción de
tutela resultaba improcedente, pues no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional para desvirtuar una providencia judicial.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
28. En relación con la solicitud de desvinculación de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, la Sala la negará, debido a que su
vinculación se realizó en calidad de tercero interesado en el proceso y la
eventual decisión de amparo de los derechos fundamentales que reclama
la parte actora podría llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el
que fungió como perito experto.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
30. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
7 Índice 12 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 15 del aplicativo SAMAI.
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especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.
31. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202311,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
32. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario13 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad14.
33. Bajo este entendido, la Sala considera que, aunque la parte actora
hizo referencia a que existía una vulneración de sus garantías
constitucionales, ello, por sí solo, no justifica ni explica por qué esta
controversia tiene una marcada trascendencia constitucional que amerite
la intervención del juez de tutela. Es más, se considera que pretendió revivir
un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente argumentos similares a los planteados en el recurso de
apelación presentado en el proceso ordinario, esto es, reabrir el debate
jurídico y probatorio relativo a la procedencia de la pensión de invalidez por
10 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
11 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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la pérdida de capacidad dictaminada por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia el 2 de septiembre de 2020.
34. La Sala advirtió que el accionante reiteró argumentos similares a los
que había expuesto en el proceso ordinario, en particular, en el recurso de
apelación15. En efecto, sostuvo que el examen realizado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante el cual se
diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral del 100%, demostraba su
estado de salud actual y prevalecía sobre los dictámenes realizados por las
autoridades médico-laborales de las fuerzas militares que calificaron la
perdida de la capacidad laboral en un 8.50%.
35. En ese sentido, estimó que se cumplían los requisitos para que se
accediera a la pensión de invalidez. Además, señaló que al ser la única
prueba técnica practicada en el proceso y que esta no hubiera sido
desvirtuada por la entidad demandada, tenía los mismos efectos que los
dictámenes expedidos por las autoridades médico-laborales de las fuerzas
militares de policía. Igualmente, manifestó que, aunque la fecha de
estructuración fue posterior a la prestación del servicio, ello obedeció a la
desmejora progresiva de las patologías. Debe precisarse que tales
argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en los siguientes términos (se trascribe):
“Ahora bien, obra en el expediente el dictamen emitido por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Antioquia el 2 de septiembre de 2020, en el que
se determinó una pérdida de capacidad laboral del 100%, con fecha de
estructuración del 31 de julio de 2019 y origen común. Si bien dicho dictamen
indica que se elaboró con base en el manual de las Fuerzas Militares, ello no le
otorga competencia para sustituir ni invalidar el pronunciamiento del Tribunal
Médico Laboral, pues la competencia para calificar la capacidad psicofísica
de los miembros de la Fuerza Pública está definida por norma especial y no
puede ser desplazada por órganos del Sistema General de Seguridad Social,
aun cuando estos apliquen criterios técnicos similares; esto, teniendo en cuenta
que el artículo 21 del Decreto 094 de 1989 y los artículos 14 a 22 del Decreto
1796 de 2000 disponen que dicha función corresponde exclusivamente a las
Juntas Médico Laborales y, en segunda instancia, al Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, cuyas decisiones son irrevocables y obligatorias,
salvo control judicial, conforme al artículo 22 del Decreto 1796 de 2000. En esa
15 índice 51 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-009-
2018-00361-00 (se trascribe):
Ahora bien, al plenario se allegó el DICTAMEN DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y/O PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL, 089788-2020 del 02/09/2020, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en el cual
se estimó la pérdida de la capacidad laboral del demandante en el equivalente a un porcentaje del 100,00%.
(…)
Es por ello que no cabe duda que los dictámenes o valoraciones que efectúan las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez además de que se pueden tener en cuenta, tienen los mismos efectos a las expedidas
por las autoridades médico laborales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, siempre y cuando los ordene
la autoridad judicial competente y sean sometidos a la correspondiente contradicción de que trata el artículo 238
del Código de Procedimiento Civil, se insiste, como ocurrió en el sub-lite.
(…)
Por lo tanto, al acreditarse mediante prueba pericial que la pérdida de la capacidad laboral del demandante es
del 100%, y no del 8,50% como lo estableció el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, se desvirtúa la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, esto es, ACTA DE TRIBUNAL MEDICO LABORAL DE
REVISION MILITAR Y DE POLICIA No. TML 18 1-392 MDNSG-TML 41.1, del 22 de mayo de 2018, y en consecuencia
debe declararse su nulidad. Conocida la merma de capacidad laboral de 100%, dictaminada por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez, sería del caso reconocer al señor Morales Ocampo el derecho a la pensión”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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medida, el uso del manual militar no convierte el dictamen regional en
vinculante ni le confiere autoridad decisoria en el régimen especial.
Además, por cuanto la finalidad y el contexto de ambos dictámenes son
distintos: el del Tribunal Militar evalúa la situación del actor en relación con el
servicio y al momento del egreso, mientras que el de la Junta Regional se refiere
a una condición sobrevenida y progresiva, estructurada el 31 de julio de 2019,
esto es, doce años después de la desvinculación voluntaria, aspecto que resulta
determinante porque confirma que la invalidez se consolidó con posterioridad
al retiro, lo que evidencia que el dictamen de la junta regional evalúa una
condición sobrevenida y progresiva en la vida civil, no la situación vigente
durante el vínculo castrense. Por tanto, no puede invalidar el dictamen del
Tribunal Médico Laboral, que se expidió para calificar la aptitud y la merma
laboral en relación con el servicio militar y al momento del egreso, conforme a
la normativa especial.
En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad del acta del Tribunal
Médico Laboral Militar y de Policía demandada, razón por la que se revocará
dicha decisión.
Finalmente, en relación con la pretensión encaminada al reconocimiento de la
pensión de invalidez, esta resulta improcedente, por cuanto es consecuencial
a la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, cuya
legalidad se determinó permanece incólume. Y aun si, en gracia de discusión,
se analizara su procedencia con fundamento en el dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, tampoco podría imponerse
condena alguna al Ejército Nacional, toda vez que el reconocimiento de la
pensión de invalidez en el régimen especial de la Fuerza Pública exige que la
pérdida de capacidad laboral se estructure durante la prestación del servicio o
como consecuencia directa de este, requisito que no se cumple en el caso
concreto, pues la estructuración se fijó en 2019, cuando el actor se encontraba
desvinculado y sin relación laboral con la entidad, lo cual excluye la posibilidad
de imputar la contingencia al servicio militar y, en consecuencia, impide
generar obligación pensional a cargo de la demandada.
Concluye esta Sala de Decisión que la sentencia de primera instancia debe ser
revocada y, en su lugar, negarse la totalidad de las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, por cuanto se determinó que el dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez no tiene la entidad suficiente para
invalidar el acto administrativo proferido por el Tribunal Médico Laboral Militar y
de Policía, toda vez que este último se expidió en ejercicio de la competencia
exclusiva que le confiere el régimen especial de la Fuerza Pública, conforme a
los artículos 21 del Decreto 094 de 1989 y 14 a 22 del Decreto 1796 de 2000, y
cuya decisión es irrevocable y obligatoria, salvo control judicial.”
36. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
revocar la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente
a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, negar las pretensiones.
37. Asimismo, si bien el accionante citó un amplio precedente judicial16
que, a su juicio, fue desconocido, lo cierto es que no se desplegó la carga
16
Indicó como desconocidas la Sentencia de 30 de enero de 2017 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado. No obstante, no indicó cual era el radicado de dicha jurisprudencia. Asimismo, señaló
las Sentencias T-654 de 2006, C-470 de 1997, T-874 de 1999, SU-879 de 2000, T-1101 de 2001, T -629 de 2002 y C-038
de 2004 proferidas por la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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argumentativa suficiente respecto de estas para poder dar por superado el
requisito de relevancia constitucional. En todo caso, se evidencia que aquel
fue invocado para respaldar su tesis de que el dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia sí debía sustentar la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado (Acta No.
TML18-1-392 de 22 de mayo de 2018 del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía) y, con ello, el consecuente reconocimiento de la pensión
de invalidez solicitada.
38. En consecuencia, se advierte que la inconformidad del accionante se
origina en la interpretación normativa y probatoria efectuada por el juez
natural, circunstancia que, por sí sola, no reviste relevancia constitucional ni
habilita la intervención del juez de tutela. Máxime, cuando se observa que
la autoridad judicial expuso las razones jurídicas que sustentaron su decisión.
39. Aunado a lo anterior, se precisa que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional17.
2.3. Conclusión
40. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Gilberto Morales Ocampo por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01587-00
Demandante: Gilberto Morales Ocampo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello18.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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