RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01590-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01590-00

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01590-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor Carlos Julio Mesa Benítez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01590-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Trece (13) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01590-001
Accionante : Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Vinculados : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, sustitución pensión
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela
incoada por Carlos Julio Mesa Benítez contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 27 de febrero de 2026, el señor Carlos Julio Mesa Benítez, quien actúa por

medio de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente
vulnerado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

3. Por consiguiente, solicitó:

PRIMERO: Que se le tutele a mi prohijado [e]l derecho al debido proceso.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior se revoque la sentencia de fecha
veinte (20) de Noviembre de 2025, de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo
de Estado, con ponencia del doctor LUIS EDUARDO MESA NIEVES, Radicación:
76001233300220150137601 (3159-2024), dictando una nueva sentencia declarando el
recurso de apelación desierto por indebida motivación de los reparos a la sentencia del
29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. (sic).
[…]

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que, la señora Amanda Benítez Rodríguez falleció
el 6 de mayo de 1995 y, el 16 de octubre de 2007, el señor Carlos Julio Mesa Benítez
solicitó el reconocimiento de una pensión gracia post mortem, en calidad de
beneficiario. A través de Resolución UGM 017802 del 21 de noviembre de 2011,
Cajanal negó dicha solicitud.

5. Contra la anterior resolución, el señor Mesa Benítez instauró acción de tutela ante

el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Valle del Cauca, Despacho que, a
través de sentencia del 7 de mayo de 2012, concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados en protección y le ordenó a la entidad reconocer la
sustitución pensional a partir del fallecimiento de la causante (6 de mayo de 1995).

6. En cumplimiento de dicha orden, la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante
las Resoluciones RDP 012227 del 13 de marzo de 2013, RDP 021709 del 14 de
mayo de 2013 y RDP 029763 del 2 de julio de 2013, le reconoció una pensión gracia
post mortem al señor Carlos Julio Mesa Benítez en calidad de cónyuge o compañero
supérstite de la señora Amanda Benítez Rodríguez.

7. Posteriormente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho en la modalidad de lesividad, la UGPP presentó demanda con el fin de
obtener la nulidad de dichos actos administrativos y, a título de restablecimiento del
derecho, que se declarara que al señor Mesa Benítez no le asistía derecho al

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

reconocimiento pensional y condenarlo a reintegrar todas las sumas de dinero
pagadas, debidamente indexadas.

8. De ese asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3

que, mediante sentencia del 29 de febrero de 2024, negó las pretensiones al
concluir que, «[e]n el presente caso, por el hecho de que los esposos Amanda Benítez Rodríguez
y Carlos Julio Mesa Benítez, hubieran liquidado su sociedad conyugal el 26 de diciembre de 1990 y
la señora Benítez Rodríguez falleciera el 6 de mayo de 1995, no puede desconocerse que durante
más de diecisiete (17) años hicieron una vida en común llegando incluso a procrear dos hijos, en la
que sin duda se prestaron apoyo y socorro mutuo. En conclusión, si bien se acreditó la disolución de
la sociedad conyugal que existía entre la causante y el demandado casi cinco (5) años antes del
fallecimiento de aquella, dicha circunstancia no impide que se reconociese la sustitución pensional
fustigada, pues las pruebas arrimadas al proceso no dejan asomo de duda de que el demandante
acreditó con suficiencia el tiempo de convivencia exigido por la ley, esto es, más de cinco (5) años
antes del fallecimiento de la causante de la prestación de marras».

9. Inconforme con esa decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, desatado

el 20 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en el sentido de revocarla, para acceder parcialmente a lo pretendido
con fundamento en que «[e]n el presente asunto, se encuentra acreditado que el 26 de
diciembre de 1990 los señores Amanda Benítez Rodríguez y Carlos Julio Mesa Benítez cesaron los
efectos civiles de su matrimonio católico; por lo tanto, para la fecha del fallecimiento de la causante
(6 de mayo de 1995), el demandado ya no tenía la condición de cónyuge, ya que el vínculo
matrimonial había perdido su vigencia desde la primera de las referidas fechas […] En este orden
de ideas para suplir el requisito de la convivencia por haber procreado uno o más hijos, es necesario
que tal situación hubiera ocurrido dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del causante. No
obstante, el anterior presupuesto tampoco se encuentra acreditado en el sub lite, ya que los hijos de
la pareja nacieron en los años 1975 y 1979, es decir, mucho tiempo antes del deceso de la
causante.».

10. De otro lado, precisó que «[e]s pertinente anotar que la Ley 962 de 2005 habilitó la cesación

de los efectos civiles ante notario, por lo que podría pensarse que en este caso esa figura no tuvo
lugar, en tanto la escritura en la que liquidó la sociedad conyugal se suscribió con antelación a la
entrada en vigencia de dicha norma; sin embargo, la parte accionada no controvirtió el informe antes
transcrito y, de todas maneras, como se verá a continuación, el señor Mesa Benítez tampoco acreditó
la convivencia requerida para ser destinatario de la prestación que le fue reconocida».

3
Proceso núm. 76001-23-33-002-2015-01376-00/01.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

11. Sobre la precedente situación, el actor sostuvo que la providencia reprochada

incurre en defecto fáctico por cuanto se «[…] le dio un alcance inadecuado a la prueba
documental Escritura Pública N° 389 del 26 de diciembre de 1990 de la Notaría Única de Bolívar
Valle, que interpretó de forma descontextualizada, al dar por cierto sin serlo que mi prohijado en
dicho instrumento público realiz[ó] dos actos notariales tales como la liquidación de la sociedad
conyugal y la cesación de efetos civiles de matrimonio católico, este último que brilla por su ausencia
en la prueba documental […]».

12. De otra parte, en defecto sustantivo, al estimar que el artículo 47 de la Ley 100

de 1993, en su texto original fue aplicado de manera errada. Para ello, afirmó que
la causante falleció en 1995, cuando esa disposición se encontraba vigente, de
modo que el estudio del derecho reclamado debía efectuarse con fundamento en
ese marco normativo.

13. Aunado a ello, precisó que la referida norma lo eximía de acreditar la convivencia

con la causante por haber procreado dos hijos con ella. Bajo esa premisa, reprochó,
además, que la autoridad judicial hubiera incorporado exigencias no contempladas
por el legislador, al punto de «[…] [crear] alcances que la norma no tiene y requisitos sobre la
edad que debían tener los hijos a la fecha de fallecimiento de la causante […]» .

14. Finalmente, afirmó que la sentencia censurada también incurre en una
incongruencia, en tanto el juez de segunda instancia resolvió de fondo el recurso de
apelación, pese a que, en su criterio, la UGPP no sustentó en debida forma los
reparos contra la decisión de primer grado. En ese sentido, señaló que el ad quem
debía ceñirse a los argumentos expuestos por el apelante, conforme al artículo 328
del CGP, razón por la cual no le era dado extender el estudio a aspectos que no
integraban el objeto de la alzada. Por lo anterior, manifestó que el recurso debió
declararse desierto.

II. TRÁMITE PROCESAL

15. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 4 de

marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; y (ii) dispuso
vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2.1 Contestación de la acción

2.1.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social4

16. Manifestó que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto no satisface

los requisitos de procedencia contra providencias judiciales, en particular el de
subsidiariedad, pues el actor cuenta con otros mecanismos de defensa y no acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando continúa percibiendo
mesada pensional. En ese sentido, sostuvo que lo pretendido es reabrir una
controversia ya resuelta por el juez natural y convertir el amparo en una instancia
adicional del proceso ordinario. Finalmente, señaló que el mecanismo constitucional
no es el medio idóneo para reclamar prestaciones económicas.

2.1.2 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A5

17. Sostuvo que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez

que el accionante pretende utilizarla como una tercera instancia, al reiterar los
mismos argumentos planteados en el proceso ordinario. De otro lado, afirmó que la
providencia cuestionada se profirió con fundamento en la normatividad aplicable al
caso y en las pruebas obrantes en el expediente, con observancia de las garantías
procesales.

2.1.3 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

18. Guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto. No obstante, remitió el

expediente ordinario.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

19. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

4
Visible a índice 10 de SAMAI.
5
Visible a índice 12 de SAMAI.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

3.2 La acción

20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

21. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 20
de noviembre de 2025, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, revocó la providencia del 29 de febrero de 2024, en la que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones formuladas en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
contra el tutelante (expediente 76001-23-33-002-2015-01376-00/01); y, en caso
afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocado en la
solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

22. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado7, es posible acudir a
la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se
han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse
plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al

6 Sentencia C-590 de 2005.
7 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García

González.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la
actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

23. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

24. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

3.5 Caso concreto

25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor por una indebida
valoración probatoria y aplicación normativa, lo cual, de comprobarse, conllevaría a
la configuración de un defecto fáctico y sustantivo; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 28 de enero de 20268 y la solicitud de amparo se presentó el 27 de
febrero de 2026, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de
tutela.

26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y defecto
sustantivo, invocadas por el accionante.

3.5.1 Defecto fáctico

27. Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por el

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »9.

28. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos

o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en

8
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 21 de enero de 2026, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 23 del mismo mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra10.

3.5.2 Defecto sustantivo

29. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

30. La jurisprudencia constitucional11 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 12.

3.6 Análisis del caso concreto

31. En el asunto sub examine, el accionante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto fáctico por cuanto se «[…] le dio un alcance inadecuado a la prueba
documental Escritura Pública N° 389 del 26 de diciembre de 1990 de la Notaría Única de Bolívar
Valle, que interpretó de forma descontextualizada, al dar por cierto sin serlo que mi prohijado en
dicho instrumento público realizo dos actos notariales tales como la liquidación de la sociedad
conyugal y la cesación de efetos civiles de matrimonio católico, este último que brilla por su ausencia
en la prueba documental […]».

32. Asimismo, en defecto sustantivo al estimar que el artículo 47 de la Ley 100 de

1993, en su texto original fue aplicado de manera errada. Para ello, afirmó que la
causante falleció en 1995, cuando esa disposición se encontraba vigente, de modo

10
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
12
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

que el estudio del derecho reclamado debía efectuarse con fundamento en ese
marco normativo.

33. Aunado a ello, sostuvo que la referida norma lo eximía de acreditar la convivencia

con la causante por haber procreado dos hijos con ella. Bajo esa premisa, reprochó,
además, que la autoridad judicial hubiera incorporado exigencias no contempladas
por el legislador, al punto de «[…] [crear] alcances que la norma no tiene y requisitos sobre la
edad que debían tener los hijos a la fecha de fallecimiento de la causante […]» .

34. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,

concluyó:

25. De acuerdo con el contexto antes descrito, procede la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la pensión gracia post
mortem debe analizarse conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión
original.

26. De acuerdo con la referida disposición, para que el cónyuge o compañero
permanente acceda a la pensión de sobrevivientes debe acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos
de 2 años continuos con anterioridad a su deceso, salvo que haya procreado uno o más
hijos con el finado pensionado.

[…]

27. En este caso, la causante para el momento de su fallecimiento había cumplido los
20 años de servicios requeridos para acceder a la pensión gracia y, por tal motivo, el
juez constitucional le reconoció al demandado dicha prestación post mortem y así lo
cumplió la UGPP, mediante los actos acusados, es decir, que a la causante se le dio el
tratamiento de pensionada al momento de su fallecimiento y la pensión se comenzó a
pagar a partir del día siguiente.

28. Así, el reparo de la entidad accionante radica en que habían cesado los efectos
civiles del matrimonio celebrado entre los señores Amanda Benítez Rodríguez y Carlos
Julio Mesa Benítez y que el accionado no demostró la convivencia con la causante, por
lo que no había lugar a sustituir el derecho pensional.

29. Ahora bien, el demandado no cumplía con los presupuestos para ser beneficiario
de la sustitución pensional, ya que habían cesado los efectos civiles del matrimonio
católico, es decir, que no tenía la condición de cónyuge y tampoco acreditó la
convivencia a que alude la norma.

30. En cuanto al vínculo matrimonial, en el plenario obra el Informe 167 del 1 de julio de
2008, suscrito por el Grupo Especial de Seguridad y Asuntos Penales del Ministerio de
Protección Social, en el cual se indica:

Los señores AMANDA BENÍTEZ y CARLOS JULIO MESA BENÍTEZ solicitaron a la
Notaría Única del Círculo de Bolívar – Valle del Cauca, la Disolución y Liquidación
de la Sociedad Conyugal, separándose de bienes, solicitud que se encuentra
registrada por medio de Escritura Pública N° 389 del 26 de diciembre de 1990 en la
Notaría antes mencionada.

De lo antes expuesto, se determina que el señor CARLOS JULIO MESA BENÍTEZ,
se encuentra solicitando una pensión sustitución a la cual no tiene derecho, debido
a que se disolvió y liquidó la Sociedad Conyugal del matrimonio católico sobre el

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

cual se decretó Cesación de los efectos civiles, protocolizado en la Notaría Única del
Circuito de Bolívar – Valle de Cauca, protocolizada por medio de Escritura Pública
N° 389 del 26 de diciembre en la misma Notaría.

31. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado 13 han explicado
que la liquidación de la sociedad conyugal no culmina el vínculo matrimonial, pues ello
solo ocurre cuando media también el divorcio o la cesación de los efectos civiles del
matrimonio católico y, en estos últimos casos, se pierde el derecho a acceder a la
pensión de sobrevivientes.14

32.En el presente asunto, se encuentra acreditado que el 26 de diciembre de 1990 los
señores Amanda Benítez Rodríguez y Carlos Julio Mesa Benítez cesaron los efectos
civiles de su matrimonio católico; por lo tanto, para la fecha del fallecimiento de la
causante (6 de mayo de 1995), el demandado ya no tenía la condición de cónyuge, ya
que el vínculo matrimonial había perdido su vigencia desde la primera de las referidas
fechas.

33.Es pertinente anotar que la Ley 962 de 2005 habilitó la cesación de los efectos civiles
ante notario, por lo que podría pensarse que en este caso esa figura no tuvo lugar, en
tanto la escritura en la que liquidó la sociedad conyugal se suscribió con antelación a la
entrada en vigencia de dicha norma; sin embargo, la parte accionada no controvirtió el
informe antes transcrito y, de todas maneras, como se verá a continuación, el señor
Mesa Benítez tampoco acreditó la convivencia requerida para ser destinatario de la
prestación que le fue reconocida.

34. En efecto, en lo que atañe a la convivencia, la Corte Constitucional, mediante
sentencia SU-461 de 2020,15 aclaró que: i) los lazos familiares deben apreciarse en su
materialidad, como fundamento de la igualdad entre las distintas conformaciones
familiares y entre quienes detentan la calidad de cónyuges y compañeros permanentes;
ii) la acreditación de la convivencia efectiva para la cónyuge o la compañera permanente
del causante era una exigencia derivada de la versión original del artículo 47 de la Ley
100 de 1993; y iii) aquel reclamante que hubiere procreado con el causante durante los
dos años anteriores a su muerte queda eximido de acreditar la cohabitación.

35.En este orden de ideas para suplir el requisito de la convivencia por haber procreado
uno o más hijos, es necesario que tal situación hubiera ocurrido dentro de los dos años
anteriores al fallecimiento del causante.

36.No obstante, el anterior presupuesto tampoco se encuentra acreditado en el sub lite,
ya que los hijos de la pareja nacieron en los años 1975 y 1979, es decir, mucho tiempo
antes del deceso de la causante.

37. Es pertinente anotar que en el expediente administrativo reposa una declaración
extrajuicio en la cual los señores Susana Guevara Torres y Héctor Ernesto Bedoya
Márquez manifestaron lo siguiente:

[…] SEGUNDO: Bajo la gravedad del juramento manifestamos que conocimos de
vista, trato y comunicación a la señora AMANDA BENÍTEZ RODRÍGUEZ, desde
hacía 30 años y veinte años respectivamente, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 29.769.644 expedida en Roldanillo, de cuarenta y seis 46 años hasta
el día de su fallecimiento (06-05-1995) Chock Séptico. TERCERO: Ante usted señor
Notario declaramos que por el conocimiento que de la señora antes mencionada
tenemos, nos consta que contrajo Matrimonio Católico el dos de Junio del año mil
novecientos setenta y tres (02-06-1973), con el señor CARLOS JULIO MESA
BENÍTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.960.755 expedida en Cali,

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2016, radicado
250002342000201401905 01 (2650-2015).
14
«En efecto, la Corte Suprema negó el derecho a una pensión de sobrevivientes en razón a que «para la fecha de su
fallecimiento, era una realidad que el vínculo matrimonial no estaba vigente, por cuanto dos meses antes de aquel
acontecimiento, el demandante y la causante acordaron la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico y liquidación
de la sociedad conyugal» (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL1476-2024 del 14 de mayo de
2024, Radicación n.° 98915)».
15
«Ver también la Sentencia SU-297 de 2021».

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Valle, de cincuenta y ocho 58 años de edad actualmente. Conviviendo como marido
y mujer bajo un mismo techo por espacio de 22 años hasta el día del fallecimiento.
De cuya unión procrearon dos 2 hijos ya mayores de edad de nombres: CARLOS
EDUARDO y ERIKA VIVIANA MESA BENÍTEZ. Esta declaración la rendimos con el
fin de aportar datos para la reclamación de PENSIÓN GRACIA.

38. En relación con el anterior elemento probatorio es pertinente anotar que los
declarantes coincidieron en afirmar que los señores Amanda Benítez Rodríguez y
Carlos Julio Mesa Benítez convivieron hasta la fecha del fallecimiento de la primera; sin
embargo, un análisis detenido del documento evidencia que solo expone apreciaciones
genéricas, que impiden concluir con certeza sobre la verosimilitud de su dicho y no dan
cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitó la presunta
convivencia.

39. Es más, el accionado no fundó su defensa en el hecho de haber convivido con la
causante hasta la fecha de su fallecimiento, sino en que había procreado dos hijos con
ella y que por tal motivo se encontraba eximido de demostrar el requisito de la
convivencia.

35. De lo expuesto se colige que, la autoridad judicial accionada determinó que el

señor Carlos Julio Mesa Benítez no cumplía con los presupuestos para ser
beneficiario de la sustitución pensional, porque no acreditó la convivencia exigida
por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original16, norma aplicable para
la fecha del fallecimiento de la señora Amanda Benítez Rodríquez.

36. Ahora bien, el reproche del actor se dirige a cuestionar el alcance que la
Subsección A le otorgó a la Escritura Pública núm. 389 del 26 de diciembre de 1990,
pues, en su criterio, dicho instrumento solo daba cuenta de la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, pero no de la cesación de los efectos civiles
del matrimonio católico.

37. Al respecto, se tiene que, aunque en la sentencia cuestionada se señaló,
equivocadamente, que, el 26 de diciembre de 1990 los señores Amanda Benítez
Rodríguez y Carlos Julio Mesa Benítez cesaron los efectos civiles del matrimonio; a
renglón seguido, la misma Sala precisó que, esta figura únicamente fue introducida
en el ordenamiento jurídico a través de la Ley 962 de 2005, por lo que, podría

16
«ARTÍCULO 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión
de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad
a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante
si dependían económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste».

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

pensarse que esta no le era aplicable. Y, en todo caso, señaló que, el señor Mesa
Benítez no demostró la convivencia con la causante, elemento que, de acuerdo con
lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 461 de 2020 y otras
providencias de la Corte Suprema de Justicia, es indispensable a efectos de
reconocer la sustitución pensional.

38. En efecto, la Subsección accionada acogió la postura de la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Laboral17, revisada por la Corte Constitucional mediante
la sentencia SU-461 de 2020, conforme a la cual, la procreación de hijos solo releva
acreditar la convivencia cuando ello hubiera ocurrido dentro de los dos años
anteriores al fallecimiento del causante.

39. En ese orden de ideas, la Subsección A, con base en la interpretación normativa

referida en la SU-461 de 2020, estimó que, el señor Mesa Benítez no se encontraba
eximido de demostrar la cohabitación, pues, los hijos procreados con la causante
nacieron en los años 1975 y 1979, esto es, mucho antes del deceso de la señora
Amanda Benítez Rodríguez, el cual, ocurrió el 6 de mayo de 1995.

40. Aunado a ello, la autoridad accionada valoró las declaraciones extrajuicio
rendidas por los señores Susana Guevara Torres y Héctor Ernesto Bedoya
Márquez, en las que se afirmó que el actor convivió con la causante hasta la fecha
de su fallecimiento. No obstante, estimó que estas pruebas no eran suficientes para
acreditar dicho requisito, porque contenían afirmaciones genéricas y no precisaron
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría desarrollado la vida en
común. Además, resaltó que el tutelante no sustentó su defensa en la demostración
de una convivencia efectiva hasta la muerte de la causante, sino en la tesis según
la cual, la sola procreación de dos hijos lo eximía de probar ese presupuesto.

41. Así las cosas, la Sala considera que la providencia censurada no desconoció la

diferencia jurídica entre la liquidación de la sociedad conyugal y la cesación de los
efectos civiles del matrimonio católico, y menos aún que, con base en dicha
circunstancia, hubiera accedido a las pretensiones de la demanda de lesividad

17
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 22 de marzo de 2017. SL4099-2017 radicado núm
34785 y sentencia del 30 de junio de 2020. SL2476-2020 radicado núm 70932, en las cuales se ha sostenido, «[…] la
procreación de hijos no suple el requisito de la convivencia efectiva en el momento de la muerte, sino que excusa el término
mínimo de dos años continuos con anterioridad a ese suceso, si se da dentro del mismo lapso y no en cualquier tiempo» por
lo tanto, solo «[…] libera de la prueba de la cohabitación entre cónyuges, en los dos años anteriores al deceso del que
estuviera pensionado, (…) siempre y cuando la concepción de la descendencia, hubiera ocurrido dentro de los dos años a
que se refiere el precepto».

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

formulada por la UGPP. Por el contrario, señaló que, el hoy demandante no acreditó
el requisito de convivencia necesario para ser beneficiario de la sustitución
pensional, razonamiento que, por estar sustentado de manera suficiente, debe ser
respetado en virtud de los principios de independencia y autonomía judicial.

42. En ese orden de ideas, para la Sala, es evidente que la única intención del

tutelante es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural con el fin de
obtener una nueva valoración integral del material probatorio allegado al
proceso para pronunciamiento favorable a sus intereses, como si la acción de
tutela comportara una instancia adicional.

43. En consecuencia, no se configuran los defectos fáctico y sustantivo alegados por

el accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
suficientemente fundamentada en la normatividad aplicable al caso, en el criterio
contemplado en la sentencia SU-461 de 2020 y en el análisis probatorio realizado
bajo las reglas de la sana crítica.

44. En ese sentido, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

45. Finalmente, en cuanto al argumento del accionante según el cual, la providencia

censurada incurrió en una supuesta incongruencia, porque el juez de segunda
instancia resolvió de fondo el recurso de apelación pese a que, en su criterio, la
UGPP no sustentó en debida forma los reparos contra la sentencia de primer grado,
la Sala advierte que dicho reproche no resulta susceptible de examinarse en esta
sede constitucional.

46. En efecto, si la inconformidad del tutelante radica en que la autoridad judicial

accionada no declaró desierto el recurso de apelación y, por el contrario, extendió
su estudio a aspectos que, a su juicio, no integraban el objeto de la alzada, tendría
a su alcance el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, mecanismo judicial que resultaría idóneo para controvertir tal
cuestionamiento.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01590-00
Accionante: Carlos Julio Mesa Benítez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

IV. DECISIÓN

47. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor

no acreditó que la providencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, hubiere incurrido en defectos
sustantivo y fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado
por el señor Carlos Julio Mesa Benítez, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.