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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01592-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01592-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Aleyda Echeverry Luque contra el Tribunal
Administrativo del Quindío.

1. Síntesis del caso

La señora Aleyda Echeverry Luque, a través de apoderada, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como el
principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del
28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 63001-33-33-007-2024-00167-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01592-00, índice 2, certificado 3D1805CF489317D8 EFD73BEA92B5F0A3
172C98B16778FBFA 3FEAB721E8BE1903.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

2. La señora Aleyda Echeverry Luque es educadora oficial ubicada en la categoría
2 B del escalafón docente, conforme el régimen establecido en el Decreto Ley 1278
de 2002.

3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación de Armenia y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para los años 2008
y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de la categoría 2 A» en detrimento de
quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2 B.

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
ARM2024EE3680 del 27 de febrero de 2024 y 2024-EE-060243 del 28 de febrero
de 2024, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5. La señora Aleyda Echeverry Luque presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación de Armenia y la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se inaplicara por ilegal
el Decreto 284 de 2024, que definió el ajuste salarial del año 2024, ii) se dejaran sin
efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a su
favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno nacional durante los años 2008 y 2009, conforme el valor reconocido para
los docentes pertenecientes al escalafón 2 A, dado que el aplicado al nivel 2 B, al
que pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones
sociales desde el 2008 en adelante.

6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, mediante sentencia del 29 de
noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el
porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el
escalafón 2 A se justificó en los niveles académicos y demás criterios de
preparación, mérito y experiencia que tenían dichos educadores, lo cual no era
similar a las condiciones del demandante. Contra dicha decisión, la parte actora
presentó recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Quindío, a través de providencia del 28 de agosto
de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en la sentencia
proferida el día 28 de agosto 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-33-
33-007-2024-00167-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ALEYDA
ECHEVERRY LUQUE, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y,
el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente ALEYDA ECHEVERRY LUQUE a la luz de los argumentos planteados en
la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.

10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de forma
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, en tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 2 B y 2 A3, que se realizó en los años 2008 y
2009, cuya diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2 B.

11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los
años 2008 y 2009 entre las categorías 2 B y 2 A respondían a criterios razonables
previstos en la normativa, tales como la formación académica, la experiencia y la
ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta los principios de
igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.

12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad
matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin
fundamento técnico o normativo.

13.
Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2 B y 2
A.

2
Se transcribe incluso con errores.
3
En el año 2008 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 14.11% para el grado 2 A y de 5.69% para el grado
2 B. En el año 2009 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 15.61 para el grado 2 A y 7.67% para el grado
2 B.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 5 de diciembre de 20254, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Quindío, y
puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Séptimo Administrativo de
Armenia, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Armenia,
en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia 5 solicitó que se niegue la tutela
porque la providencia cuestionada garantizó los derechos al debido proceso y
defensa de la accionante, toda vez que fue proferida luego de un análisis razonable
de los hechos, las pruebas y la jurisprudencia aplicable.

16. Afirmó que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia en un proceso que ya fue finalizado, sin tener en cuenta que estas
actuaciones desconocen los principios de seguridad jurídica, la buena fe y la cosa
juzgada, como lo ha advertido la Corte Constitucional en la sentencia T-075 de
2023.

17.El Tribunal Administrativo del Quindío, la Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Armenia guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Aleyda Echeverry Luque contra el
Tribunal Administrativo del Quindío.

3.2. Legitimación en la causa

19. La legitimación en la causa por activa de la señora Aleyda Echeverry Luque está
acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconocido sus derechos fundamentales.

20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Quindío, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de tutela.

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01592-00, índice 5, certificado 7866A756834B286F 4825533A5E91792B
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5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01592-00 índice 12, certificado 8C33985227A410A7 95853701C894198A
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4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.

22.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

23. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

24. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

25. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
5

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Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

26. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»13;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

27. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
28. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

29. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío
fue notificada el 26 de mayo siguiente14, y la demanda de tutela se presentó el 26
de noviembre de 202515, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.

30.En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no

11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Samai, exp. 20001-33-33-002-2024-00232-01, índice 13.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07498-00 índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6

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Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

31. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

32. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia de la señora Aleyda Echeverry Luque.

34. En particular, deberá establecer ¿si incurrió en los defectos sustantivo y fáctico
al proferir la sentencia del 28 de agosto de 2025, que confirmó la providencia de
primera instancia18, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda
promovida por la accionante en contra de la Nación, Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Armenia, relacionadas con el ajuste de la diferencia
salarial entre su escalafón 2 B con respecto al grado 2 A?.

35. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

36. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

37. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

18
Sentencia del 29 de noviembre de 2024, expedida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
7

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38. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 20.

39. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

40. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.4.2. El defecto fáctico

41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de

20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
8

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oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 26.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

45.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
9

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3.5. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, Aleyda Echeverry Luque presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación de
Armenia, y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se dejaran
sin efectos los oficios ARM2024EE3680 del 27 de febrero de 2024 y 2024-EE-
060243 del 28 de febrero de 2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la
diferencia salarial existente entre el grado que ostenta como educadora ubicada en
el nivel 2 B y el 2 A del escalafón nacional docente.

47.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, mediante
providencia del 29 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Quindío emitió fallo el 28
de agosto de 2025, en el que confirmó la providencia de primera instancia.

48. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 28 de agosto de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de
los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto
se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.

49. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes
ubicados en los niveles 2 A y 2 B, que se realizó en los años 2008 y 2009, cuando
la diferencia carecía de fundamento objetivo y produjo una afectación permanente
en la base salarial de los docentes de la categoría 2 B.

50. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, en el cual se establece que los tratos diferenciados en materia
salarial se deben soportar en una justificación objetiva y suficiente, por lo que la
igualdad en el trabajo no se reduce a un aspecto matemático ni permite incrementos
que generen brechas desproporcionadas sin fundamento técnico o normativo.

51. Agregó que la decisión cuestionada contiene un defecto fáctico porque pasó por
alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no se
aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2 A y 2 B.

52.
Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Quindío, en atención
a la pretensión de la demandante, efectúo un análisis del asunto a partir del
contenido del Decreto Ley 1278 de 2002, en el cual se establece el Estatuto de
Profesionalización Docente, que regula aspectos como el acceso, la permanencia,
los nombramientos y los ascensos dentro de la carrera docente oficial.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

53.
Así pues, expuso que el decreto plantea una estructura del escalafón docente
con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro niveles salariales (A, B, C
y D), que dependen de la formación académica del educador. De este modo, el
ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se hace conforme el título
académico y los ascensos o reubicaciones requieren una evaluación de
competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de permanencia o
experiencia.

54. Se observa que el Tribunal efectuó un análisis del Decreto 624 de 2008,
modificado por el Decreto 714 de 2008 y el Decreto 702 de 2009, modificado por el
Decreto 1238 de 2009, con el fin de comparar los incrementos salariales asignados
a los docentes ubicados en los niveles 2 A y 2 B en los años 2008 y 2009, lo cual le
permitió concluir que las referidas normas materializaron los criterios establecidos
en la Ley 4 de 1992, especialmente en el literal j) del artículo 2.

55. Adicionalmente, aclaró que, si bien porcentajes aplicados de incrementos no
fueron uniformes para los diferentes grados y niveles del escalafón docente, lo cierto
es que, durante los períodos mencionados, la normativa intentó reducir o acortar las
diferencias salariales existentes entre los grados, con el fin de que existiese
progresividad e igualdad material en el poder adquisitivo salarial del docente, según
el grado en que se encontraba.

56. Lo anterior, a juicio del Tribunal significaba que al docente que su salario o
remuneración de base era ya por derecho más alta, se le aumentó en un porcentaje
menor en contraste al que tenía la remuneración más baja, en especial, al que recién
ingresaba como profesional docente grado A.

57. Además, la providencia cuestionada puso de presente que los decretos que
fijaron el salario de los docentes en los años 2008 y 2009 no solo garantizaron «el
mantenimiento del poder adquisitivo en todos los salarios del personal, sino que con
ello se incorporó un criterio o parámetro adicional, esto es, el de progresividad
teniendo en cuenta el monto del salario que a ese momento recibía cada docente,
lo cual, es ajustado a lo delineado por la Corte Constitucional cuando advierte que
se pueden introducir otros criterios de justicia material adicionales al de mantener el
poder adquisitivo del salario. Y, evidentemente, dicho parámetro introducido, por lo
menos desde un estudio prima facie, no riñe de manera manifiesta o palmaria en
contravía de las normas superiores».

58. La providencia acusada explicó que el objetivo perseguido por las normas de
incremento salarial de los docentes «es la realización de la igualdad material en
nuestro Estado Social de Derecho y no meramente formal, con mayor rigor en
materia salarial que propende proteger al trabajador menos favorecido […]. Es por
ello que, según la jurisprudencia constitucional, los análisis de igualdad matemática
entre remuneraciones no tienen cabida, dado que, es relevante tener en cuenta las
diferencias fácticas de cada servidor que en el caso sí son apreciables (distinta
evaluación para ser reubicado y experiencia)».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

59.
De este modo, el Tribunal Administrativo del Quindío advirtió que «El principio
de «a trabajo igual, salario igual», contrario a lo afirmado en el recurso de apelación
promovido por la demandante, «no plantea una igualdad matemática, sino una
igualdad real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas
mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran
bajo distintas condiciones»»30.

60. Aunado a lo expuesto, la autoridad judicial accionada afirmó que los decretos
reglamentarios expedidos por el Gobierno nacional materializaron el objetivo del
Decreto 1278 de 2002, cuya finalidad es garantizar que la docencia sea ejercida por
personal idóneo, bajo el reconocimiento de su formación y experiencia. Sobre el
particular, la decisión objeto de tutela, expresó lo siguiente:

[…] Al respecto, puede observarse verbi gratia, un normalista o tecnólogo, según el
régimen salarial y de prestaciones existente hasta el momento de la reglamentación en
estudio, percibía casi el doble que un profesional licenciado o no licenciado que apenas
quisiera ingresar al servicio docente, razón por cual, puede colegirse que se quiso
incentivar el ingreso a la carrera docente y a su profesionalización 31.

Ahora bien, la parte recurrente insiste en que esa reglamentación, en especial, la base
salarial decretada a los docentes situados en el grado 2B fue contraria al derecho de
igualdad y principio de proporcionalidad en relación con la que se encuentran en el 2A,
habida cuenta que el grado 2B requiere mayores exigencias (formación, evaluación,
experiencia). Al respecto, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional 32 ha
expresado que el examen de validez constitucional de un trato diferenciado entre dos
sujetos o situaciones (tertium comparationis), consiste en determinar si el criterio de
diferenciación utilizado observó el principio de igualdad (artículo 13 C.P), por ende:
“Esta concepción supone que el establecimiento de algunos tratos diversos es posible.
El análisis constitucional de la situación desigual reprochada exige la identificación de
los siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es decir, las personas,
elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables; y, ii) respecto
a los cuales se establece un trato desigual”33.

Así entonces, es claro que la situación reprochada como desigual, no colma las
primeras exigencias de comparación, dado que, se identifica un trato disímil, pero a
sujetos distintos y en condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales
(son servidores a los que se les exige distinta cualificación – evaluación y experiencia),
lo que, desde ya, supone la validez de la existencia de tratos diversos a diferentes
sujetos34. Además, la parte demandante pretende equiparar el grado A con el grado B
profesional, sin tener en cuenta que uno y otro reciben una remuneración de asiento al
momento de la reglamentación distinta; el profesional docente que apenas ingresa al
escalafón docente grado A tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor
trayectoria y que ha venido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no
son dos situaciones comparables de uno y otro servidor

30
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-018/99 del 21 de enero de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
31
Norma en cita: “ARTÍCULO 3. Profesionales de la Educación. Son profesionales de la educación las personas que poseen
título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título
diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas
superiores.”
32
Sentencia C-539 de 2010.
33
Sentencia C-084 de 2020.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad: 25000-23-42-000-2013-01319-
01 (2828-2018), del 25 de agosto de 2022. “Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la
estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos;
y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que
responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos».”
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

[…]

De acuerdo con lo anterior, aun en el evento en que se examinara si la medida
reglamentaria implementó un criterio sospechoso de diferenciación, porque se decidió
establecer un aumento porcentual en el grado docente A o inicial mayor en contraste
con el determinado para el de mayor trayectoria grado B; de las normas generales, sí
es posible prima facie apreciar la introducción de un medio efectivo para lograr la
igualdad material, porque en primer lugar, el incremento no afectó el poder adquisitivo
de los salarios del personal escalafonado hasta ese momento, y preponderantemente,
la herramienta no es desproporcionada e irrazonable, porque con ella se acortarían las
brechas salariales existentes entre los diversos grados del escalafón docente,
sentando una base salarial más cercana entre los grados y niveles e incentivando la
profesionalización que es el propósito principal del Estatuto de Profesionalización -
Decreto Ley 1278 de 2002- en desarrollo de la Ley 715 de 2001, con ello se
materializan principios constitucionales como el de la solidaridad y progresividad,
porque al docente con menor remuneración se le quiso propender porque la misma
respondiera a que efectivamente se trata de un servidor que obtuvo un título
profesional, así apenas ingrese al escalafón docente.

Por tanto, la reglamentación objeto de censura, permite identificar una base salarial
acorde con la categoría que regula a cada servidor docente, a fin de que los aumentos
salariales que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no generaran una brecha
notable en las remuneraciones de los docentes, sin que se desconozca que el docente
con mayor grado y nivel seguirá percibiendo una mejor remuneración salarial.

Así entonces, de las disposiciones en estudio, se detecta una interpretación
constitucional plausible o que resguarda un argumento constitucional válido, lo que
descarta la afirmación de la demanda según la cual a partir de la forma en que se
decretaron dichos incrementos en las anualidades descritas, es posible identificar una
manifiesta, palmaria y flagrante contradicción con las normas superiores invocadas en
la demanda. En efecto, no se colma la exigencia jurisprudencial para que se aplique la
figura de inaplicación normativa, porque no se aprecia un antagonismo ostensible entre
la norma inferior reprochada con las de rango constitucional, o por lo menos, surgen
interpretaciones jurídicas sólidas que impiden la operatividad de la figura en mención,
de este modo el cimiento de derecho que sustenta los demás actos acusados al no ser
resquebrajado o permanecer intacto, no es factible derivar la prosperidad de las demás
pretensiones.

61. Del aparte transcrito, la Sala observa que la providencia cuestionada explicó
que la decisión del Gobierno nacional de aumentar las asignaciones salariales de
los docentes oficiales de forma diferenciada, en consideración a los grados y los
niveles salariales para los años 2008 y 2009, se hizo conforme con lo previsto por
las normas que rigen la materia, dada la potestad de configuración normativa que
fue otorgada por la misma Constitución Política.

62. En este sentido, el Tribunal destacó que, si bien el incremento de quienes se
encuentran en el escalafón 2 A fue mayor a los miembros del escalafón 2 B, lo cierto
es que estos corresponden a niveles salariales diferentes y no podría predicarse de
ellos una igualdad porque no lo son conforme con la estructura de la población
docente.

63. Así las cosas, la providencia cuestionada efectuó una valoración del contenido
y alcance de los decretos emitidos por el Gobierno nacional para constatar que se
evidenciaba una diferencia en el porcentaje de aumento entre los niveles 2 A y 2 B.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

De modo, que al nivel 2 A le correspondió una asignación salarial superior a quienes
se encontraban en el nivel 2 B, por lo que norma acató los criterios y objetivos del
artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

64. El Tribunal argumentó que no existe discriminación por aplicar incrementos
salariales desiguales entre los docentes, ya que la clasificación en el escalafón
depende de la formación académica y del cumplimiento de requisitos establecidos
en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002. Por lo anterior, consideró que no se
vulneraba el principio de «a trabajo igual salario igual», pues los grupos 2 A y 2 B
del escalafón docente tienen requisitos distintos para el acceso y permanencia en
el cargo, y por ello no son iguales.

65.
Para la autoridad judicial accionada la diferencia porcentual en el aumento
salarial entre los dos grupos de docentes es legal, ya que el Gobierno nacional tiene
la potestad para fijar los incrementos conforme a la Ley 4 de 1992, sin estar obligado
a aplicar el mismo porcentaje cada año.

66. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 28 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, realizó un análisis razonable y
adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y los documentos
aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la diferencia salarial existente
entre los docentes ubicados en los niveles 2 A y 2 B del escalafón nacional docente
se justificaba en criterios objetivos definidos por el legislador (Decreto Ley 1278 de
2002), relacionados con la capacitación y el nivel educativo del docente.

67. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del Decreto Ley 1278
de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y1238 de
2009 para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó los
incrementos salariales durante dichas anualidades para los grados 2 A y 2 B y las
condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.

68. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 2 A y 2 B, además tener una justificación válida, tampoco es contraria al
principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se
demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el grado 2 B.

69. Cabe aclarar que el porcentaje que la tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 2 B, en los años 2008 y 2009, no fue inferior al IPC
certificado por el DANE en la anualidad anterior, por lo que no se puede advertir que
el valor otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a sus derechos
salariales.

70. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 2 A y 2 B
tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, el
14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores
en los siguientes términos:

«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan». [subrayado fuera de texto].

71. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Quindío de ninguna manera realizó una interpretación sesgada
de la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso
sometido a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos
desarrollados en la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas
por el legislador sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

72. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

73.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»35.

74. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

75. En consecuencia, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

35
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

4. Conclusión

76. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los
defectos sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Aleyda Echeverry
Luque en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

Ausente con excusa
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01592-00 (2403)
Accionante: Aleyda Echeverry Luque
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

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