Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01596-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01596-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01596-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01596-011
Accionantes : Yolima y Gladis María Moncada; Nicole Vanessa Medina
Moncada, Ramiro Alberto Navoyan Cortés, Jorge Enrique
Hurtado Moncada, Karen Natali Hurtado Moncada, Andrea
Lorena Viveros Moncada, Gennys Enilsa Muñoz Castro y
David Fernando Anacona Muñoz
Accionados : Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Décimo (10°)
Administrativo de Popayán
Vinculada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa, muerte
de conscripto
Decisión : Sentencia de segunda instancia
|
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el
fallo de Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Los accionantes, quienes actúan a través de apoderada judicial, interpusieron el
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01596-01
Accionantes: Yolima y Gladis María Moncada y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Popayán
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado
Décimo (10°) Administrativo de Popayán.
3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos las sentencias del (i) Ocho (8) de
julio de Dos Mil Veintidós (2022), por medio de la cual, el Juzgado Décimo (10°)
Administrativo de Popayán negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional (expedientes acumulados 19001-33-33-007-2016-00005-01 y
19001-33-33-007-2016-00188-01); y (ii) del Veintisiete (27) de noviembre de Dos
Mil Veinticinco (2025), con la que, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó esa
decisión. En su lugar, pidieron que se ordene a las autoridades accionadas emitir
un nuevo pronunciamiento «[…] atendiendo los lineamientos constitucionales, legales y
jurisprudenciales vigentes, y efectuando una valoración integral, completa y razonable de todas las
pruebas aportadas».
1.3 Hechos3.
4. El Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Catorce (2014) el señor Andrés Esteban
Medina Moncada (q. e. p. d.) ingresó al Ejército Nacional para prestar su servicio
militar obligatorio en la modalidad de soldado campesino y falleció al recibir
impactos de arma de fuego el Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Quince (2015),
mientras se encontraba en servicio de centinela de seguridad en el peaje La
Depresión, ubicado en el municipio de La Sierra (Cauca).
5. Por lo anterior, el Catorce (14) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016) los actores
radicaron una demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional (expedientes acumulados 19001-33-33-007-
2016-00005-01 y 19001-33-33-007-2016-00188-01), con el propósito que se le
declarara administrativamente responsable de los agravios causados por el deceso
del señor Medina Moncada (q. e. p. d.) y se ordenara la reparación económica.
6. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Décimo (10.°) Administrativo de
Popayán que, el Ocho (8) de julio de Dos Mil Veintidós (2022) negó las súplicas, en
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01596-01
Accionantes: Yolima y Gladis María Moncada y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Popayán
tanto consideró que, «[…] no obra en el plenario prueba que demuestre que la lamentable
muerte del soldado campesino fuese atribuible al estado en cabeza de la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, pues únicamente obra la Inspección Técnica al Cadáver hecha por la
SIJIN el 17 de febrero de 2015 y el Informe Pericial de Necropsia No. 2015010119001000041
elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses […], en el que se indicó, como
hipótesis de muerte “Violenta - suicidio”».
7. Inconformes con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación4, desatado el Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el sentido de confirmarla, al estimar
que, «[…] ninguna prueba se aportó tendiente a […] edificar el homicidio alegado. No existe, ni a
manera de indicio, que el arma hubiese sido manipulada por terceros o que otra persona se
encontrara en el lugar cuando se produjo el hecho».
8. Sobre la precedente situación, los tutelantes adujeron que las providencias
objeto de censura incurrieron en defecto fáctico, por indebida valoración
probatoria, porque, «[…] d[ieron] un alcance inadecuado a algunas pruebas que interpretó de
forma aislada y descontextualizada, adoptando una decisión NO basada en la realidad y en
suposiciones, actividad que no es propia de nuestras cortes o tribunales » y, no tuvieron en
cuenta que «[…] si existían tendencias suicidas o el joven tenía problemas a tal punto de
quererse quitar la vida, no debieron admitirlo ni muchos menos entregarle un arma », máxime,
cuando ya había antecedentes al respecto, por lo que, « […] aun si el deceso hubiese
sido autoinfligido, mediaron fallas en el servicio por omisión de controles en un contexto de
especial sujeción (conscriptos), lo que impide la exoneración plena por culpa exclusiva [de la
víctima] […]».
1.2 Contestaciones de la acción
9. 1.2.1 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional5 solicitó
negar el amparo deprecado, toda vez que, «[…] se demostró que la[s] decisi[ones] de
primera y segunda instancia adoptadas en el proceso ordinario de reparación directa se encuentran
conformes con los lineamientos constitucionales, legales, jurisprudenciales y doctrinales, sin que de
dicha actuación se vislumbre vulneración alguna a Derechos Fundamentales, en especial los
esgrimidos por la parte actora».
4
Con fundamento en que la muerte del conscripto no obedeció a un suicidio como se concluyó, sino que, conforme a las
pruebas aportadas, se trató de un homicidio.
5
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01596-01
Accionantes: Yolima y Gladis María Moncada y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Popayán
10. 1.2.2 El Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Popayán6 adujo que, «[…] los
argumentos expuestos por los [accionantes] no están llamados a prosperar, […] porque la acción de
tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales, sino un mecanismo
excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, de suerte
que se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional
invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial».
11. 1.2.3 El Tribunal Administrativo del Cauca7 aportó el enlace digital del proceso
ordinario con radicado 19001-33-33-007-2016-00005-01, acumulado con el 19001-
33-33-007-2016-00188-01, pero, no emitió pronunciamiento alguno frente a los
hechos y pretensiones expuestos por los actores en este trámite constitucional.
1.3 Providencia impugnada8
12. Mediante sentencia del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el Consejo
de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
al considerar que, no satisfizo el requisito de relevancia constitucional, puesto que,
«[…] da continuidad al debate superado en el curso del trámite judicial relacionado con el hecho de
que se declarara probada la excepción de culpa exclusiva y determinante de la víctima por
evidenciarse de las pruebas que el deceso del señor Andrés Esteban Medina Moncada obedeció a
un suicidio y no a un homicidio».
13. Por otra parte, respecto al cargo relacionado con la omisión de los antecedentes
suicidas de la víctima, advirtió que, «[…] esto solo fue propuesto en el recurso de apelación,
para lo cual los demandantes aportaron un recorte de una noticia del portal periodicovirtual.com, sin
embargo, se observa que, el Tribunal Administrativo del Cauca no hizo mención alguna a ese
elemento y que esto obedeció a que, en el auto de 1 de diciembre de 2022, por medio del cual se
admitió el recurso de apelación, no se resolvió sobre la admisión de dicha prueba en esta etapa
procesal, razón por la cual los accionantes debieron interponer el recurso de reposición con el fin
[…] que [se] estudiara su admisión o, en su defecto, […] para tenerla en cuenta en la segunda
instancia. Es decir, […] contaron con otro mecanismo de defensa para obtener la inclusión del
mencionado elemento probatorio en el curso de la segunda instancia, el que no agotaron en su
momento […], lo que desconoce el requisito de la subsidiariedad».
1.4 La impugnación9.
6
Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00025 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00028 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00036 del expediente de Samai de primera instancia.
4
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Accionantes: Yolima y Gladis María Moncada y otros
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14. Inconformes con esa determinación, los accionantes la impugnaron, para cuyo
propósito reiteraron los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
15. En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)13 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción.
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión previa.
17. En el asunto sub examine los demandantes piden dejar sin efectos las sentencias
de (i) Ocho (8) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), por medio de la cual, el Juzgado
Décimo (10.°) Administrativo de Popayán negó las pretensiones formuladas en la
demanda de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional (expedientes acumulados 19001-33-33-007-2016-
00005-01 y 19001-33-33-007-2016-00188-01); y (ii) del Veintisiete (27) de
noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), con la que, el Tribunal Administrativo del
Cauca confirmó esa decisión.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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18. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por ser la que, al
desatar el recurso de apelación interpuesto contra la de Ocho (8) de julio de Dos Mil
Veintidós (2022), decidió de manera definitiva el mencionado asunto contencioso-
administrativo.
2.4 Problema Jurídico
19. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio del cual, el
Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la sentencia de Ocho (8) de julio de Dos
Mil Veintidós (2022), en la que, el Juzgado Décimo (10.°) Administrativo de Popayán
negó las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida
por los tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional (expedientes acumulados 19001-33-33-007-2016-00005-01 y 19001-33-
33-007-2016-00188-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
20. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
14 Sentencia C-590 de 2005.
15 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
6
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21. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
22. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
23. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado,
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contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, en
la medida en que recae, a juicio de los actores, en una indebida valoración
probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta
que la providencia atacada quedó ejecutoriada el Catorce (14) de enero de Dos Mil
Veintiséis (2026)16 y la solicitud de amparo se presentó el Veintisiete (27) de febrero
siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
24. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por los
demandantes.
2.5.1 Defecto fáctico
25. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »17.
26. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra18.
2.6 Análisis del caso concreto
27. En el asunto sub examine, los accionantes aducen que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración probatoria,
porque, «[…] d[io] un alcance inadecuado a algunas pruebas que interpretó de forma aislada y
16
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
8
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descontextualizada, adoptando una decisión NO basada en la realidad y en suposiciones,
actividad que no es propia de nuestras cortes o tribunales » y, no tuvo en cuenta que « […] si
existían tendencias suicidas o el joven tenía problemas a tal punto de quererse quitar la vida, no
debieron admitirlo ni muchos menos entregarle un arma », máxime, cuando ya habían
antecedentes al respecto, por lo que, « […] aun si el deceso hubiese sido autoinfligido,
mediaron fallas en el servicio por omisión de controles en un contexto de especial sujeción
(conscriptos), lo que impide la exoneración plena por culpa exclusiva [de la víctima] […]».
28. Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo, resulta oportuno
anotar que, resulta oportuno indicar que el artículo 9019 de la Constitución Política
se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues,
es su «cláusula general»20, toda vez que, prevé los elementos que deben concurrir
para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio
que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los
servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
29. En virtud de dichos presupuestos, es acertado afirmar que hay lugar a declarar
la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento
de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no
debe resistirlo.
30. Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se
comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable que esta haya
causado el daño21.
31. Por otra parte, cuando se discute la responsabilidad patrimonial de la Nación por
lesiones o muertes de miembros de la fuerza pública, el alto tribunal contencioso-
administrativo ha determinado dos escenarios: en el primero, se encuentran quienes
ingresan a las instituciones con el fin de prestar el servicio militar obligatorio; y en el
segundo, están los que se vinculan a la milicia de manera voluntaria.
19
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
20
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente
25000-23-26-000-2004-02010-01.
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32. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado ha indicado que cuando quien
fallece o sufre una lesión es alguien vinculado a la fuerza pública para cumplir el
mandato constitucional de «[…] tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas »22, la responsabilidad del
Estado se compromete en atención al título de imputación de riesgo excepcional,
dado que la obligación de resarcir los perjuicios se origina en el hecho de ponerlo
en una situación de vulnerabilidad que quebranta el principio de igualdad frente a
las cargas públicas23.
33. No obstante, esta Corporación24 también ha sostenido que en esos casos opera
el daño especial, en los siguientes términos:
[…] cuando se trata de conscriptos o personas que obligatoriamente prestan el servicio
militar o policial, [es dable] estudia[r] la responsabilidad del Estado desde la óptica de la
responsabilidad objetiva, bien sea por daño especial o riesgo excepcional,
principalmente por tratarse de eventos en los que subyace una ruptura del principio de
igualdad de las cargas públicas 25, teniendo en cuenta que el sometimiento de aquéllos
a los riesgos de tales actividades no se realiza voluntariamente, sino que obedece al
cumplimiento de los deberes derivados de los principios fundamentales de solidaridad y
reciprocidad social26, para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución Política.
34. Asimismo, el Consejo de Estado27 ha determinado que en los asuntos en los que
se debate la responsabilidad de la Administración por daños antijurídicos sufridos
por conscriptos, es dable utilizar el título de imputación de falla del servicio, siempre
que se acredite que la acción u omisión administrativa tuvo incidencia en la
ocurrencia del daño antijurídico.
35. Cabe advertir que para que al Estado le asista el deber de reparar
pecuniariamente los daños causados a quienes prestan el servicio militar
obligatorio, resulta indispensable que no se configure algún eximente de
responsabilidad, pues, de ser así, se releva a la Administración de ese compromiso
por la ruptura del nexo causal, tal como lo aclaró esta Corporación28:
22
Artículo 216 de la Constitución Política.
23
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Becerra, expediente 68001-23-15-000-1998-00468-01.
24
Sección tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2021, C. P. Nicolás Yepes Corrales, expediente 05001-23-31-000-2010-
02181-01.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de septiembre de 2013, Rad.: 31499.
26
Corte Constitucional. Sentencia T - 250 de 1993.
27
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 1.º de julio de 2015, C. P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, expediente: 52001-23-31-000-1998-00182-01.
28
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de febrero de 2015, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
73001-23-31-000-2007-00675-01.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01596-01
Accionantes: Yolima y Gladis María Moncada y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Popayán
Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha
aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha
decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño
se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas
públicas; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el
de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la
utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha
considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido
por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un
tercero, por rompimiento del nexo causal [se destaca].
36. Ahora bien, el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la
víctima se configura cuando el daño antijurídico se produjo por un hecho
impredecible e irresistible para el Estado29, derivado de un actuar imprudente de
aquella. Por su parte, el hecho de un tercero acontece en el evento en que el
siniestro haya sido causado por el actuar de una persona en su fuero interno y sin
relación con el servicio público; sin embargo, este no aplica, por regla general, en
los casos en los que se discute la responsabilidad extracontractual de la
Administración por lesiones o muertes de conscriptos; así lo precisó esta
Corporación30:
[…] debe precisarse que, en tratándose de las lesiones o el homicidio de que puedan
ser víctimas los soldados que presten servicio militar obligatorio por razón de la acción
ejecutada por sujetos ajenos a la Fuerza Pública o por el mismo Estado, en principio no
tendrá cabida la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de
un tercero, habida consideración del carácter particular de la relación de especial
sujeción, la cual implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la vida e
integridad del soldado obligado a prestar servicio militar respecto de los daños que
pudieren producir, precisamente, terceros particulares o incluso del propio personal
oficial.
37. Por otro lado, es probable que en la ocurrencia de un hecho dañoso concurran
causas adecuadas31 atribuibles tanto a la Administración como a la víctima, lo que
deriva en una concurrencia de culpas que impone calcular el monto de la
indemnización a reconocer, en atención a la incidencia que tuvo el Estado en el
siniestro32.
29
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera, expediente 68001-23-15-000-1998-00468-01.
30
Sección tercera, subsección A, sentencia de 18 de julio de 2012, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 2001-23-31-
000-2001-00559-01.
31
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, C. P. Enrique Gil Botero, expediente 54001-23-31-
000-1994-08714-01: «Para la Sala es importante resaltar que no todas las acciones u omisiones que anteceden a la
producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones; es
un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la producción del daño, lo relevante es identificar cuál acción
fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia
o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito, propio de la teoría de la equivalencia de
las condiciones».
32
Consejo de Estado, sentencia de 12 de febrero de 2015, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 73001-23-31-
000-2007-00675-01.
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38. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
Como se vio, quedó acreditado que el soldado campesino Andrés Esteban Medina
Moncada, el 17 de febrero de 2015 prestaba guardia en el sector de La Depresión,
municipio de La Sierra. Aproximadamente a las 3:30 pm, luego de no responder el
llamado del radio, su superior envió a uno de sus compañeros a entregarle una batería
pues se pensaba que tenía problemas con el radio, cuando este lo encontró sin vida.
Del levantamiento de cadáver se destaca que el occiso fue encontrado con el fusil en
su mano izquierda, a la altura de la trompetilla, y el cartucho de seguridad o de vida, de
color, estaba en el bolsillo del pantalón.
En el informe de necropsia se determinó que presentaba orificio de entrada con
ahumamiento externo sin tatuaje externo con residuos de pólvora dentro del tracto de
la herida, y como opinión pericial estableció que la causa de la muerte se produjo por
una herida de proyectil de arma de fuego.
Por su parte, el informe de balística determinó que el arma de dotación oficial asignada
al soldado, percutió la vainilla incriminada.
De los testimonios de sus compañeros se desprende que la víctima era alegre y sociable
y no tenía problemas de maltrato físico o verbal.
Únicamente el padre de la víctima afirmó que tenía problemas con uno de los superiores
y que, según le informó el médico legista, no se trató de un suicidio sino de un homicidio.
Así las cosas, se tiene que de manera mayoritaria el acervo probatorio respalda la
hipótesis de suicidio como decisión autónoma y repentina, pues lo cierto es que, como
se vio, se encontró que el disparo fue realizado con su arma de dotación, a una distancia
cero, el arma se halló en su mano izquierda, sin el cartucho de vida.
Entonces, aunque en materia de conscriptos, de manera general se ha establecido un
régimen objetivo de responsabilidad, donde al extremo activo le concierne acreditar el
daño y el nexo con el servicio, relevándose de probar la falla; no es menos cierto que
resultan aplicables los distintos eximentes de responsabilidad.
[…]
En concordancia, pueden demostrarse como eximentes de responsabilidad frente al
régimen objetivo de daño especial la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o
de la víctima. No obstante, para que se entiendan configurados deben acreditarse
plenamente los elementos que constituye cada una de las causales de exclusión de
responsabilidad.
El Consejo de Estado ha comprendido que en los casos de suicidio debe acreditarse
que la decisión fue libre, voluntaria, imprevisible e irresistible para la entidad
demandada, bajo los siguientes términos:
“(…) En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño
causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por
el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa
decisión, o bien que la persona sufría un trastorno psíquico o emocional que hacía
previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las
autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica
especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las
situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro.
En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido
sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que
su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias
del caso, no hubiera sido conocida por las autoridades encargadas de su protección,
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el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la
administración"33.
[…]
Por lo tanto, tal y como lo concluyó la instancia, si la muerte fue un suicidio, se estructura
el eximente de responsabilidad por hecho de la víctima, porque tal y como lo reflejan
los distintos testimonios de los compañeros de servicio, no existían circunstancias
previas que permitieran entrever intención del soldado de suicidarse, ya que por el
contrario, tenía una actitud era alegre y cordial, y no se tenía conocimiento de
alteraciones que dieran lugar a sospechar de ello.
Ahora bien, el apelante reprocha que la a quo haya concluido que la muerte del
conscripto obedeció a un suicidio, afirmando que con las pruebas obrantes en el
plenario se podía concluir que se trató de un homicidio. Hipótesis que no encuentra
respaldo probatorio alguno, más allá de las conjeturas que se plasmaron en la alzada
que no tienen la virtualidad de concretar la responsabilidad estatal; máxime cuando el
médico legista indicó que era físicamente posible propinarse el disparo en la forma en
la que lo hizo el occiso.
Es decir, ninguna prueba se aportó tendiente a demostrar las alegadas inconsistencias
que permitieran tan siquiera, a manera de duda, edificar el homicidio alegado. No existe,
ni a manera de indicio, que el arma hubiese sido manipulada por terceros o que otra
persona se encontrara en el lugar cuando se produjo el hecho.
[…]
Así las cosas, la conducta estable de la víctima le hizo imposible a la entidad
demandada prever y evitar las consecuencias del hecho, pues […] tomó la decisión de
quitarse la vida de manera libre, voluntaria, súbita y sorpresiva.
39. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada, después de efectuar el
correspondiente estudio probatorio, determinó que, no era dable acceder a las
pretensiones de la demanda de reparación directa con radicado 19001-33-33-007-
2016-00005-01, acumulado con el 19001-33-33-007-2016-00188-01, porque, los
medios de convicción aportados al expediente acreditaban que la muerte del señor
Andrés Esteban Medina Moncada (q. e. p. d.), se originó de manera libre y voluntaria
por él mismo, es decir, correspondió a un suicidio y no a un homicidio como lo
afirmaron los tutelantes, sin que, fuera dable endilgarle una falla del servicio a la
Administración, dado que, «[…] la conducta estable de la víctima le hizo imposible a la entidad
demandada prever y evitar las consecuencias del hecho».
40. Así las cosas, para la Sala la conclusión de la autoridad accionada, según la cual
no era factible acceder a las pretensiones ordinarias, porque no se acreditó el nexo
causal entre el daño y la conducta omisiva del Ejército Nacional y, por el contrario,
se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, no
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 5 de diciembre
de 2016, Radicado 42336. También ver, Subsección A, Sentencia de 16 de septiembre de 2013, Radicado 31499.
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comporta una deducción probatoria arbitraria o caprichosa, en consecuencia, no se
configuró el defecto fáctico alegado.
41. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los
demandantes, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el
expediente, así como, la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.
42. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional34 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
43. Por otro lado, en cuanto al argumento relacionado con los antecedentes suicidas
del señor Andrés Esteban Medina Moncada (q. e. p. d.), cabe precisar que, en la
providencia reprochada se expuso que, por el contrario, los testimonios practicados
a varios de sus familiares fueron reiterativos en manifestar que tenía un vínculo muy
cercano con ellos, que era una persona alegre y extrovertida, que tenía una hija a
34
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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la que adoraba y que, de hecho, unas semanas antes de su fallecimiento, se
encontraba muy feliz porque se enteró que estaba esperando un segundo hijo.
Asimismo, sus compañeros del Ejército indicaron que « […] era alegre y sociable y no
tenía problemas de maltrato físico o verbal».
44. Ahora bien, cabe advertir que, el aludido reproche se basó únicamente en una
noticia de periódico sobre un intento suicida del soldado en 2013 que se aportó con
el recurso de apelación como prueba; sin embargo, tal como se anotó en primera
instancia, el tribunal accionado, en el auto de Primero (1°) de Diciembre de Dos Mil
Veintidós (2022), por medio del cual admitió la alzada, no resolvió nada frente a esa
prueba, por lo que, los accionantes pudieron interponer recurso de reposición o, una
vez notificada la sentencia de segunda instancia, haber presentado solicitud de
adición, conforme al artículo 287 del Código General del Proceso (CGP); no
obstante, no lo hicieron, pero alegan esa inconformidad en esta acción de tutela,
como si se tratara de una instancia adicional para revivir oportunidades no
aprovechadas, lo cual, a todas luces, no resulta procedente.
45. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
46. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado
en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; sin embargo, la parte actora no acreditó que la providencia
de Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca hubiere incurrido en defecto fáctico, se revocará
el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01596-01
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FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Siete (7) de mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia invocados por los señores Yolima y Gladis María
Moncada, Nicole Vanessa Medina Moncada, Ramiro Alberto Navoyan Cortés, Jorge
Enrique Hurtado Moncada, Karen Natali Hurtado Moncada, Andrea Lorena Viveros
Moncada, Gennys Enilsa Muñoz Castro y David Fernando Anacona Muñoz, por las
razones consignadas en la parte considerativa.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
16
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