Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01599-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01599-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa y Luis Fernando Quintero Mesa
Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro.
Temas: Derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
Tutela contra fallo de la misma naturaleza. DECLARA
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa y Luis Fernando Quintero Mesa, en nombre propio, en contra del Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Manizales.
ANTECEDENTES
El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad, presuntamente vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Del confuso escrito presentado por los actores, en el cual se refiere de manera
injuriosa a la Juez Sexta Administrativa del Circuito de Manizales, y del auto de
remisión por competencia del expediente a esta Corporación, se logra entender que
lo pretendido es cuestionar la actuación del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Manizales dentro de una acción de tutela. Indica el actor que «la juez
inadmite una tutela que fue ganada desde el 2008 ante el Juzgado Décio (sic) Civil
Municipal de Santiago de Cali».
El proceso referido es una acción de tutela con fecha del 04 de julio de 2025, en
donde los señores Oscar Fernando Quintero Mesa y Luis Fernando Quintero Mesa
demandan a la Universidad del Valle, al Rector de la Universidad del Valle,
Admisiones del Doctorado en Ciencias y Biología, y al Director de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, Edgardo Londoño Cruz; y como vinculados se
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encuentran la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente
de Cali, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cali, el Ministerio de Educación
Nacional, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Pereira y la Universidad de Caldas.
En dicho proceso, que fue conocido en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Caldas, se buscaba que se le ordenara a la Secretaría de
Educación Municipal de Cali la inclusión del accionante en la lista de convocados
para la entrevista del concurso de méritos y que en el término de 48 horas tenía que
ser contratado por la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali y la
Autónoma de Occidente.
La parte accionante considera que las decisiones judiciales tomadas por el Juzgado
Sexto Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas
desconocen fallos anteriores proferidos por distintos juzgados, tribunales y por la
Corte Constitucional en sentencia T-871 del 2013.
PRETENSIONES
Solicita que se le amparen los derechos invocados dejando sin efecto las
providencias del Juzgado Sexto Administrativo de Manizales y del Tribunal
Administrativo de Caldas; además, de que «se ordene a la Jueza Bibiana María
Londoño a que pague indemnización por el daño antijuridico equivalente a
250.000.000»
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue admitida el 23 de marzo de 2026 y se ordenó la notificación
a las autoridades judiciales accionadas y a los vinculados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Caldas, dijo que la presente acción de tutela no
supera los requisitos generales de procedencia, ya que la inconformidad está
referida a una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza. Además,
manifestó que el escrito de tutela contiene expresiones irrespetuosas contra la
Jueza Sexta Administrativa del Circuito de Manizales, y considera que se deben
activar los poderes correccionales del Juez Constitucional.
Por último, insistió que la presente acción tiene como propósito debatir nuevamente
aspectos que tuvieron lugar en el trámite judicial anterior.
El Juzgado Sexto Administrativo de Manizales remitió el vínculo del proceso
solicitado, y guardó silencio respecto del presente trámite.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Universidad del Valle y el rector de esta, así como el director de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas y Admisiones del Doctorado en Ciencias y
Biología fueron debidamente notificados de la acción de tutela; sin embargo,
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guardaron silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...]
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
[...]
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...] ». (negrilla fuera de texto
original)
Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela3, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales4.
Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra fallos de tutela, veamos:
«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
Así las cosas, por regla general, no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, existe la excepción de la cosa juzgada fraudulenta, la cual, por
tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es preciso que
el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud de amparo,
satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, alega la parte accionante que el Tribunal Administrativo de Caldas y el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales le trasgreden sus derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, con ocasión del
fallo del 15 de agosto de 2025 proferido dentro de la acción de tutela con radicado
17-001-33-39-006-2025-00239-00 [01].
Procede la Sala a verificar los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y encuentra que, en este caso, no se satisface
el requisito de inmediatez, exigencia que ha sido establecida jurisprudencialmente
por la Corte Constitucional, con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones
de las autoridades judiciales.
3 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y
T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
4 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.
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Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una eventual determinación en sede
de tutela podría dejar sin efectos un proveído, y, segundo, está de por medio la
protección de un derecho fundamental; situaciones que exigen una actividad pronta
por parte de quien considera que se le ha transgredido o amenazado un derecho
con ocasión de la emisión de cierta providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un
término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado.
Así, esta corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida para controvertir decisiones judiciales seis meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia5.
Al respecto, encuentra la Sala que la sentencia 15 de agosto de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas fue notificada el 19 de agosto de 2025 y
adquirió ejecutoria el 25 del mismo mes y año, por lo cual la accionante tenía hasta
el 25 de febrero de 2026 para instaurar la acción de tutela; sin embargo, radicó este
mecanismo el 27 de febrero de 2026, esto es, transcurridos más de 6 meses desde
que quedó ejecutoriada la decisión controvertida en esta sede, lo que evidencia el
incumplimiento del requisito de inmediatez.
Ahora, en gracia de discusión, en caso de revisar la procedencia de la tutela contra
fallo de la misma naturaleza, evidencia la Sala lo siguiente:
La tutela anterior fue interpuesta en contra de la Universidad del Valle, el rector de
la Universidad del Valle, Admisiones Doctorado en Ciencias y Biología, y el director
de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Edgardo Londoño Cruz; y la
presente acción es en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado
Sexto Administrativo de Manizales.
El objeto de la acción es diferente, pues en la tutela anterior pretendía el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la eficiencia, a la
imparcialidad, a la transparencia, a la celeridad, al mérito y oportunidad para el
acceso como servidor público, mientras que en la presente busca que se protejan
los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad dejando sin efectos
la sentencia del 15 de agosto de 2025.
Finalmente, se tiene que la causa petendi tampoco es igual, porque el argumento
para solicitar el amparo en la acción anterior consistió en que se le ordenara a la
Secretaría de Educación Municipal de Cali la inclusión del accionante a la lista de
convocados para la entrevista del concurso de méritos y que en el término de 48
horas debía ser contratado por la universidad del Valle, la Universidad Santiago de
Cali y Universidad Autónoma de Occidente; y el fundamento ahora expuesto es que
para el accionante se desconocieron fallos anteriores proferidos por distintos
juzgados, tribunales y por la Corte Constitucional en sentencia T-871 del 2013.
Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el requisito que la decisión adoptada sea producto de
fraude, este no se encuentra superado; pues el actor atribuye a la Juez conductas
5 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
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delictuosas, pero no establece una relación de estas aseveraciones con lo resuelto
en la acción de tutela, y mucho menos logra demostrar que la decisión cuestionada
sea producto de fraude.
Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, en contra del
Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Sexto Administrativo de Manizales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por los
señores Óscar Fernando Quintero Mesa y Luis Fernando Quintero Mesa en contra
del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Sexto Administrativo de
Manizales, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: EXHORTAR a los señores Óscar Quintero Mesa y Luis Fernando
Quintero Mesa para que se abstengan de presentar escritos con fundamento en
hechos y pretensiones confusos, reiterativos e injuriosos contra los funcionarios
judiciales.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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