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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01605-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01605-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01605-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01605-00
Accionante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
(DIAN)
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Tema: Relevancia constitucional - subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 4 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN),
actuando por medio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela en contra
de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Con la solicitud de amparo pretende que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y a la
igualdad, así como los principios de legalidad, confianza legitima, buena fe y
seguridad jurídica.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como accionado al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y se vinculó a la Contraloría General de la
República, al Banco BBVA, al Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.

1
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01605-00

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia del 15 de agosto de 2025, dictada por la autoridad judicial
accionada, en el marco de la acción de reparación directa3 adelantada por la
Contraloría General de la República contra la DIAN y el Banco BBVA. Mediante
dicho fallo se revocó la decisión dictada el 28 de febrero de 2024 por el Juzgado
63 Administrativo de Bogotá, en la que se negaron las pretensiones del medio de
control y, en su lugar, accedió a las súplicas de la demanda y declaró
administrativamente responsable a la entidad tutelante.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Que se tutele en favor de mi representada los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa e igualdad en congruencia con los principios de la buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, vulnerados con la sentencia proferida por
parte de la Corporación defecto material o sustantivo, violación directa de la
Constitución, decisión sin motivación, defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.

Que se deje sin efecto la sentencia del 15 de agosto de 2025 de la Sección Tercera
Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada en el
proceso de reparación directa 110013343063-2022-00157-01.

Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sección Tercera proferir un nuevo fallo en donde corrija los
defectos advertidos a la sentencia que se deja sin efecto4.

1.2. Hechos

4. El 15 de mayo de 2018, mediante el formulario 3501644636028, la
Contraloría General de la República presentó su declaración de retenciones en
la fuente para el período 4 del año gravable 2018. El pago fue realizado mediante
los cheques 95 y 394 y girados el 15 de mayo de 2018, por un valor de
$1’067.784. Sin embargo, con ocasión del proceso de canje de títulos valores,
dicho pago ingresó a la DIAN hasta el 17 del mismo mes y año.

5. El 13 de septiembre de 2019, mediante Oficio Persuasivo Penalizable
1312012442236, la DIAN le indicó a la Contraloría la necesidad de la
presentación de la declaración de retención en la fuente del período 4 del año
gravable 2018. A su vez, le indicó que, en caso de encontrarse la obligación
cancelada, diera cuenta del pago efectuado.

6. El 19 de septiembre de 2019, la Contraloría solicitó al Banco BBVA que le
informara sobre los motivos por los cuales los recibos oficiales de pago de la
declaración fueron remitidos a la DIAN hasta el 17 de mayo de 2018, pese a que
la fecha del giro fue del 15 del mismo mes y año.

3 Proceso identificado con el radicado 11001-33-43-063-2022-00157-00/01.
4Transcripción literal que puede contener errores.

2
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7. Mediante Oficio del 26 de septiembre de 2019, dicha entidad financiera
indicó que los cheques consignados el 15 de mayo de 2018, ingresaron en canje
y fueron liberados el 17 siguiente, fecha en la que se procesó el pago de los
impuestos.

8. Por su parte, una vez verificados los soportes de pago remitidos por la
Contraloría, la DIAN le indicó que la declaración de retención en la fuente para
dicho período resultaba ineficaz. Esto, en atención a que el pago ingresó a la
entidad recaudadora 2 días después del vencimiento de la declaración.

9. El 7 de noviembre de 2019, la Contraloría solicitó a la DIAN la liquidación
de los intereses moratorios de la declaración de retención en la fuente del período
en cuestión. Esta fue remitida el mismo día y el respectivo pago se ordenó
mediante Resolución 8653 del 8 de noviembre de 2019, efectuado el 14 siguiente.

10. Por lo anterior, la Contraloría General de la República presentó demanda
de reparación directa contra la DIAN y el Banco BBVA, con el fin de que fueran
declaradas responsables por el pago ordenado y ejecutado en favor de la
autoridad recaudadora.

11. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2024, el Juzgado 63
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que, a
pesar de que el pago efectuado podía ser catalogado como un daño, este no era
antijurídico ni imputable a las demandadas. Indicó que la Contraloría actuó de
conformidad con el requerimiento realizado por la DIAN sin oponerse a la
declaración de ineficacia de la declaración de retención en la fuente.

12. Agregó que, por el contrario, solicitó la liquidación de la obligación, a pesar
de que se probó que el pago se realizó el 15 de mayo de 2018, motivo por el cual
consideró que lo procedente era el no reconocimiento de la deuda. Lo anterior,
al señalar que, pese a que el pago se realizara con cheque de gerencia, debía
entenderse que este fue presentado en tiempo, con independencia de que el
canje del título valor se surtiera dos días después.

13. En tal sentido, consideró que el daño causado no era antijurídico, puesto
que la DIAN actuó en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y deberes
constitucionales y legales. Agregó que el oficio persuasivo y la liquidación de
intereses remitidos por dicha autoridad fueron sugeridos y resaltó la obligación
de la Contraloría de verificar sus propios actos con el fin de salvaguardar los
recursos públicos.

14. Finalmente, indicó que el Banco BBVA actuó de conformidad con sus
responsabilidades legales en relación con el recaudo y cobro de impuestos, en
la medida en que los actos desarrollados están relacionados con la actividad
financiera y el pago entre bancos.

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15. Inconforme con la decisión, la Contraloría interpuso recurso de apelación.
Señaló que el objeto del litigio correspondía al pago injustificado realizado en
favor de la DIAN, lo que representaba un daño antijurídico. Agregó que esta
autoridad recaudadora abusó de su posición dominante al remitir el cobro del
oficio persuasivo penalizable, motivo por el cual se le habría coaccionado para
lograr el reconocimiento y pago de obligaciones inexistentes. Aseguró que el
pago se llevó a cabo con el fin de evitar responsabilidades de tipo penal y un
mayor pago de intereses.

16. Argumentó que se realizó una indebida valoración probatoria puesto que
se omitieron las comunicaciones oficiales entre entidades, las cuales, a su juicio,
acreditaban que la declaración presentada por la Contraloría se hizo dentro del
término estipulado.

17. Mediante fallo del 15 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declaró administrativamente responsable a la DIAN por
el pago realizado por la Contraloría el 14 de noviembre de 2019, por constituirse
como un pago de lo no debido.

18. Como sustento de su decisión, citó los artículos 2313 del Código Civil, 882
del Código de Comercio y 1.6.1.13.2.45 del Decreto Único Reglamentario 1625
de 2016, y referenció la sentencia del 10 de septiembre de 2010 (expediente
16.576) de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. De tal forma, sostuvo que,
de conformidad con ello, se debía entender que el 15 de mayo de 2018 se efectuó
la presentación de la declaración de la retención en la fuente. Agregó que este
criterio se reforzaba con el testimonio rendido por un empleado del Banco BBVA,
quien precisó que el pago se entiende realizado al momento en el que ha sido
recibido por la entidad financiera, motivo por el cual la obligación tributaria se
surtió en tiempo.

19. Puso de presente que, por tanto, el pago realizado el 14 de noviembre de
2019 se efectuó con fundamento en una obligación inexistente, motivo por el cual
se presentó un pago de lo no debido y una correspondiente lesión al patrimonio
de la Contraloría que no estaba en el deber jurídico de soportar. En dicho sentido,
dio por acreditado el daño antijurídico.

20. Aseguró que la relación de causalidad entre la DIAN y dicho daño estaba
probada, puesto que fue dicha autoridad, en su calidad de autoridad tributaria, la
que determinó que el pago realizado había sido ineficaz, razón por la cual ordenó
a realizar un nuevo desembolso por el pago de sanciones e intereses. Agregó
que, con fundamento en el artículo 2316 del Código Civil relacionado con el pago
de lo no debido, se encontraba comprobada la imputación contra la DIAN, puesto
que el pago se presumía como «indebido», lo que habilitaba a la Contraloría a
efectuar la respectiva repetición sobre lo pagado por error.

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1.3. Sustento de la vulneración

21. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos.

22. Señaló que la controversia es de evidente relevancia constitucional,
puesto que no está relacionada con un aspecto eminentemente legal y
económico. Aseguró que todos los aspectos relacionados con la eficacia de la
administración tributaria impactan la estructura y fines del Estado y su capacidad
de gestión. Sostuvo que en la C-102 de 2015, la Corte Constitucional determinó
que la retención en la fuente es relevante a nivel constitucional, puesto que trata
sobre la recaudación de dineros públicos para el cumplimiento de la eficiencia
tributaria y, en consecuencia, la garantía de los derechos de los ciudadanos.

23. Señaló que el objeto de la discusión está relacionado con el cumplimiento
de obligaciones tributarias por parte de la Contraloría General de la República en
su calidad de agente retenedor, lo que implica el ejercicio de una función
encomendada por la ley a dicha autoridad. Agregó que lo pretendido es la
defensa del patrimonio público y la preserva de la disponibilidad de recursos
destinados al bienestar colectivo, lo que implica que la controversia es de
naturaleza constitucional. En tal sentido, citó la sentencia SU-017 de 2024, en la
que se también se estableció que la afectación al patrimonio público tiene
relevancia constitucional.

24. Afirmó que se incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución, por desconocimiento del artículo 90 constitucional pues, a su juicio,
se estableció la responsabilidad en cabeza de la DIAN, sin acreditarse el título
de imputación, la antijuridicidad del daño ni el nexo causal. Indicó que, con ello,
se desconoció el deber de dar aplicación de elementos estructurales exigidos por
dicha norma para atribuir la responsabilidad patrimonial del Estado. Indicó que
en el fallo cuestionado no se expuso, ni siquiera de forma sumaria, cuál fue el
título de imputación que permitiera atribuir responsabilidad a la entidad
accionante, lo que a su vez implicó que se profiriera una decisión sin la motivación
requerida.

25. Añadió que el Tribunal accionado no estudió la normatividad tributaria que
regula la actividad de la DIAN ni los procedimientos reglados para ejercerla y, por
tanto, se incurrió en una deficiente motivación. Argumentó que la entidad actuó
de conformidad con los parámetros legales establecidos y en cumplimiento de
sus funciones, al evidenciar la ineficacia de la declaración de retención en la
fuente presentada por el agente retenedor y teniendo en cuenta que el Banco
BBVA certificó el pago con fecha del 17 de mayo de 2018, esto es, en fecha
posterior al vencimiento del plazo para la declaración.

26. Sostuvo que el pago efectuado por la Contraloría el 14 de noviembre de
2019 y que se reclamó como perjuicio en el proceso de reparación directa no se

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originó en ninguna acción, omisión, hecho u operación administrativa de la
administración tributaria, por lo que no era posible atribuir responsabilidad a dicha
autoridad. Expuso que se probó que aquel pago fue voluntario y derivó del
reconocimiento que hizo el propio agente retenedor de su incumplimiento de las
obligaciones tributarias.

27. Enfatizó en que el daño no fue antijurídico, pues el pago respondía a un
deber tributario, congruente con la declaración de la retención en la fuente
presentada y la correspondiente sanción por extemporaneidad. Agregó que, en
tal sentido, el daño patrimonial tiene una fuente legal, como lo es el cumplimiento
voluntario de deberes tributarios reconocidos en su declaración privada del 14 de
noviembre de 2019.

28. Señaló que, en todo caso, si la Contraloría consideraba que el pago
efectuado carecía de causa, estaba obligada a acudir al trámite previsto por los
artículos 850 y siguientes del Estatuto Tributario, el cual era el mecanismo
específico e idóneo establecido para la solicitar la devolución de pago de lo no
debido. Afirmó que, al omitir ello, aceptó la validez del desembolso efectuado y
consolidó la firmeza de la declaración, lo que implicó la renuncia a solicitar su
devolución.

29. Argumentó que no se sustentó el título de imputación jurídica ni se
desarrolló su sustento fáctico. Sostuvo que, en tal sentido, no se probó la
supuesta falla del servicio ni una relación de causalidad ente el daño y actuación
de la DIAN, o algún hecho u operación administrativa que constituyera un título
de imputación de responsabilidad patrimonial. Como sustento de sus
afirmaciones al respecto, hizo referencia a generalidades sobre la imputación
jurídica en el ámbito de la responsabilidad del Estado y citó apartados de la
sentencia del primero de febrero de 2012 de la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado5.

30. Indicó que se incurrió en decisión sin motivación pues, a su juicio, el
Tribunal omitió el análisis de la culpa exclusiva de la víctima, a pesar de que este
cargo fue planteado por la DIAN en la contestación de la demanda, reiterado en
los alegatos de conclusión y expuesto, a su vez, por el Banco BBVA. Aseguró
que este estudio era fundamental, puesto que el pago de lo no debido que originó
la controversia ordinaria se debió exclusivamente a actuaciones y omisiones de
la Contraloría tales como:

• Inobservar el procedimiento previsto en el artículo 580 del Estatuto
Tributario con el fin de subsanar la ineficacia dentro de los dos meses
siguientes al vencimiento del plazo para pagar.
• Omitir la verificación y corrección de la fecha del recibo del banco, a pesar
de que esta determinaba la ineficacia de la declaración.

5 Radicado 73001-23-31-000-1999-00539-01(22464).

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• No ejercer los mecanismos de defensa en el trámite administrativo previsto
por la regulación tributaria, en la medida en que omitió controvertir el oficio
persuasivo y no se siguió el procedimiento establecido en los artículos 716
y 717 del Estatuto Tributario.
• Solicitar a la DIAN la liquidación para el pago del 14 de noviembre de 2019,
de manera voluntaria.
• Presentar la nueva declaración tributaria de retención en la fuente en la
que se autoliquidó los valores debidos y expedir la resolución en la que
ordenó el pago respectivo.

31. Indicó que dicho análisis omitido hubiera permitido concluir que esta era
una causal eximente de responsabilidad propuesta. Agregó que, a pesar de que
el juez de primera instancia reconoció la necesidad de llevar a cabo el estudio de
la culpa exclusiva de la víctima, el Tribunal no profirió pronunciamiento alguno al
respecto, lo que a su juicio «constituye una grave falta de motivación respecto de
un asunto que hacía parte relevante de la litis planteada» y que contaba con la
virtualidad de modificar sustancialmente el sentido del fallo.

32. Insistió en que la falta de estudio del asunto a la luz de la normatividad
tributaria –referenciada en el cargo por defecto fáctico– implicaba también que el
tribunal profiriera una decisión sin motivación. Sostuvo que esto significó una
desatención del deber constitucional y legal de la autoridad judicial de exponer
los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión.

33. Añadió que dicha falta de motivación implicó una absoluta desatención de
los siguientes artículos del Estatuto Tributario: 746, que establece la presunción
de veracidad de la declaración tributaria; 714, que consagra el término para que
opere la firmeza de la declaración tributaria; 580-1, que regula la ineficacia de
pleno derecho de las declaraciones tributarias; 368, 369, y 371 a 377, que regula
las obligaciones, deberes, cargas y consecuencias jurídicas derivadas de la
condición de agente retenedor de la Contraloría.

34. En tal sentido, la actora aseguró que la omisión de este marco normativo
como fundamento de la decisión cuestionada «constituye un déficit estructural de
motivación» y, con ello «privó de contenido la valoración jurídica del caso».
Añadió que lo anterior se traduce en una decisión que se profirió sin la motivación
jurídica adecuada.

35. Señaló que, a su vez, la autoridad judicial no dio cuenta de forma alguna
de las razones por las cuales el régimen especial del agente retenedor «debía
ceder ante una interpretación civilista del error en el pago». En tal sentido,
argumentó que se profirió una decisión sin motivación al no fundamentar en
debida forma la aplicación de las normas del Código Civil, en lugar de estudiar
los argumentos de la defensa y analizar el caso a la luz de la normativa tributaria,
«que prima por mandato del principio de especialidad».

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36. Aseguró que se incurrió en defecto fáctico por «ausencia absoluta de
valoración probatoria», ante la omisión de estudiar las pruebas relevantes para
decidir el asunto. Afirmó que se desconocieron las siguientes circunstancias
fundamentales del caso en concreto:

• Que, según el recibo oficial de pago de impuestos nacionales emitido por
el Banco BBVA, el pago se realizó el 17 de mayo de 2018, hecho que no
podía ser desvirtuado al no haberse solicitado la rectificación de dicho
documento.
• Que el agente retenedor podía requerir a la entidad bancaria para que
efectuara dicha corrección y, de tal forma, defenderse del cobro
persuasivo.
• Que dicha entidad solicitó voluntariamente la liquidación para el pago que
efectuó el 14 de noviembre de 2019 con previa expedición de la respectiva
resolución que ordenara el desembolso, la cual quedó en firme y goza de
presunción de legalidad.
• Que la Contraloría no solicitó la devolución de un pago en exceso o de lo
no debido ante la DIAN, de conformidad con la normatividad tributaria.

37. Finalmente, consideró que se desconoció el precedente de la sentencia
del 16 de febrero de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado 6,
relacionada con «el principio de buena fe que exige a las autoridades y a los
administrados respetar sus actos propios y decisiones y no contradecirse». Como
sustento del cargo, citó un extracto de dicho fallo y manifestó que en el asunto se
configuraron las condiciones para que el agente retenedor debiera actuar con el
deber de respeto al acto propio.

1.4. Intervenciones

38. El Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá pidió que se
negara el amparo solicitado al considerar que no se incurrió en las vulneraciones
alegada por la parte actora. Agregó que lo pretendido mediante la acción de
tutela era manifestar una inconformidad con respecto a la valoración probatoria
y el análisis normativo efectuado en el proceso, motivo por el cual pretende usar
este mecanismo constitucional como una tercera instancia.

39. La Contraloría General de la República solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, al considerar que no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional. Argumentó que la actora pretende usar la acción de
tutela como una tercera instancia, puesto que se limitó a cuestionar la valoración
probatoria y la interpretación normativa efectuada por el Tribunal. A su vez,
agregó que en caso de que la sala considerara que el mecanismo cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, negara lo pretendido por la DIAN
pues, a su juicio, no se acreditó la configuración de los defectos formulados.

6 Radicado 25000-23-37-000-2018-00094-01.

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II. CONSIDERACIONES

40. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la parte actora. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los
requisitos generales de subsidiariedad ni de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

41. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

42. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

43. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

44. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

45. La Sala advierte que la DIAN está legitimada en la causa por activa, en la
medida en que fue la demandada en el proceso de reparación directa. A su vez,

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01605-00

se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
subsección B está legitimada en la causa por pasiva al haber proferido la
providencia controvertida en este proceso.

46. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales11: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo12 y eficaz13; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.

47. Para la Sala, este requisito no se advierte cumplido en relación con los
defectos sustantivo y decisión sin motivación, toda vez que la parte actora cuenta
con el recurso extraordinario de revisión para la defensa de sus derechos con
respecto a los argumentos planteados en estos cargos.

48. A pesar de la distinción de cargos establecida por la parte actora en su
escrito inicial, se concluye que las razones planteadas se fundamentan en una
supuesta ausencia de motivación dado que, a su juicio, el Tribunal accionado
desconoció plenamente la normativa tributaria que rige el asunto sometido a su
conocimiento, lo que significó haber proferido una decisión con ausencia del
sustento jurídico requerido para la solución del caso en concreto.

49. De tal modo, la DIAN insistió en la plena omisión en brindar una motivación
en relación con el título de imputación, la antijuridicidad del daño y el nexo causal
entre este y la acción u omisión de la autoridad demandada en el proceso de
reparación directa. En tal medida, sus razones se centraron en afirmar que la
sentencia se dictó sin establecer sustento alguno en relación con los elementos
estructurales de la responsabilidad del Estado contemplados por el ordenamiento
en estos asuntos.

50. A su vez, la DIAN manifestó que la autoridad judicial accionada dictó una
decisión sin motivación ante la omisión de estudio de la culpa exclusiva de la
víctima, a pesar de que este cargo fue planteado por la DIAN en la contestación
de la demanda y reiterado en los alegatos de conclusión. Por tanto, aseguró que
este análisis era fundamental, puesto que el pago de lo no debido que originó la
controversia del proceso de reparación directa se debió exclusivamente a
actuaciones y omisiones de la Contraloría General de la República.

51. En virtud de lo expuesto, se advierte que el sustento de la vulneración de

11 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
12 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
13 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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Sección Tercera, Subsección B
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los derechos invocados, en relación con los cargos referenciados con antelación,
se enmarca en una de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario
de revisión, contemplada en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, a saber, «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación».

52. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado14 ha defendido la
posibilidad de que se interponga recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal referida e indicó que uno de los requisitos para la
configuración de la nulidad originada en sentencia como causal de revisión es
la existencia de un «vicio grave o insaneable que afecte su validez»15.

53. A su vez, el órgano de cierre en la materia16 señaló que la decisión sin
motivación da lugar a la nulidad originada en la sentencia, la cual es una de las
causales que permite la procedencia del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo señalado previamente.

54. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad de los
argumentos planteados por la parte actora, esta Sala, en su calidad de juez
constitucional, no tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía
tutela fue dictado sin la debida motivación normativa que regula el asunto en
cuestión, pues dicho estudio corresponde a la autoridad judicial que conoce sobre
este recurso extraordinario.

55. En efecto, a pesar de que en el escrito de tutela se identifican las normas
que, a juicio de la parte actora, fueron plenamente desatendidas, no es
procedente que en sede constitucional este juez profiera algún pronunciamiento
con respecto a ello. Lo anterior, en la medida en que el sustento del cargo por
defecto sustantivo se enmarca en la presunta decisión sin motivación alegada
por la tutelante, motivo por el cual no es posible llevar a cabo un estudio
independiente de estos argumentos. Esto implicaría trascender la órbita de
competencia del juez de tutela.

56. Por tanto, se concluye que la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad en lo que respecta a los defectos sustantivo y decisión
sin motivación, toda vez que, frente al reproche expuesto en el escrito de tutela,
procede el recurso extraordinario de revisión como mecanismo judicial idóneo y
eficaz para la protección de los derechos invocados.

57. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-
2008-00320-00.
15 Ibidem.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión. Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-
2015-02342-00(REV).

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Corte Constitucional17, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

58. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que los cargos por
desconocimiento del precedente y defecto fáctico no cumplen con el requisito de
relevancia constitucional puesto que la acción carece de carga argumentativa
requerida por la jurisprudencia constitucional en clave de derechos
fundamentales.

59. En primer lugar, los reproches que sustentan el defecto fáctico formulado
están dirigidos a manifestar una simple inconformidad con respecto a la
valoración probatoria efectuada por el tribunal accionado. Esto, pues el actor se
limitó a establecer lo que, desde su criterio, se encontraba acreditado con el
material probatorio obrante en el expediente, sin exponer ninguna razón que
permita entrever algún tipo de arbitrariedad o capricho por parte del juez natural
de la causa al momento de valorar las pruebas.

60. En efecto, la parte actora se limitó a exponer los hechos que, a su juicio,
se debieron tomar como fundamento de la decisión adoptada, sin que mediara
algún análisis en relación con la valoración probatoria efectuada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En dicha medida, en el escrito de tutela simplemente se
relacionaron las conclusiones que, según la DIAN, la autoridad judicial accionada
debió establecer, sin identificar en qué medida se habría llevado a cabo un
estudio arbitrario de las pruebas estudiadas en la sentencia cuestionada.

61. En tal medida, la tutelante simplemente hizo referencia al recibo oficial de
pago de impuestos nacionales emitido por el Banco BBVA, según el cual el pago
se realizó el 17 de mayo de 2018 y afirmó que este hecho no fue desvirtuado. Sin
embargo, en consonancia con lo expuesto, este argumento obedece a una
inconformidad con el análisis efectuado por el juez de segunda instancia del
proceso de reparación directa, puesto que omitió hacer referencia a los motivos
normativos y probatorios que fundamentaron la conclusión adoptada por el
Tribunal, según la cual, el pago debió entenderse efectuado el 15 de mayo de
2018, tal como fue desarrollado en los antecedentes de este fallo.

17 Sentencia SU-215 de 2022.

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62. Al respecto, es pertinente precisar que el tribunal concluyó que el pago
correspondiente a la retención en la fuente para el período 4 del año gravable
2018, fue realizado por la Contraloría General de la República el 15 de mayo de
2015, de conformidad con los cheques 95 y 394 y girados al Banco BBVA en
dicha fecha. A su vez, sostuvo que en atención a los artículos 313 del Código
Civil, 882 del Código de Comercio y 1.6.1.13.2.45 del Decreto Único
Reglamentario 1625 de 2016 y la sentencia del 10 de septiembre de 2010 de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, debía entenderse que el 15 de mayo de
2018 se efectuó la presentación de la declaración en la retención en la fuente y
el respectivo pago.

63. Dado que, con respecto a dicho análisis, la DIAN no expuso argumento
alguno en la formulación del defecto fáctico que diera cuenta de un proceder
arbitrario ni caprichoso por parte del tribunal, se evidencia que las razones
otorgadas en el escrito inicial obedecen a una simple inconformidad con la
decisión adoptada, lo que implica una pretensión de utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario.

64. Aunado a lo anterior, la parte actora no identificó ninguna prueba adicional
cuya valoración hubiera sido omitida o que hubiera sido estudiada
indebidamente. Por tanto, no se expuso de forma mínima argumento alguno que
permita entrever que la autoridad judicial accionada hubiera llevado a cabo un
análisis con arbitraria desatención de las reglas de la lógica y la sana crítica.

65. Al respecto, esta sección, en la sentencia del 12 de noviembre de 201518,
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse
la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial. Allí se estableció
que la parte actora debe, mínimamente, precisar e identificar lo siguiente: i) cuál
o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración o de omisión por
parte del juez; ii) la razón por las que en cada caso, la consideración del operador
se alejó de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica y, iii) la incidencia
de las pruebas desconocidas o valoradas erróneamente en el resultado del fallo.

66. En este orden de ideas, la parte actora no sustentó debidamente el defecto
fáctico alegado, pues no formuló las razones mínimas que permitan al juez
constitucional llevar a cabo un análisis del litigio propuesto. Por el contrario, los
reproches que sustentan el cargo por desconocimiento del precedente carecen
de la carga argumentativa requerida.

67. No obstante, tal exigencia no se acreditó, puesto que la actora se limitó a
referenciar una sentencia del Consejo de Estado y a extraer una cita textual de
dicha providencia, sin identificar alguna regla o subregla de derecho aplicable a
su caso y que hubiera sido desconocida por la Sección demandada, en

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12

de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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consideración a las particularidades del caso concreto. A su vez, tampoco se
expuso mínimamente en qué sentido los asuntos tratados en tales providencias
guardan similitud fáctica con el litigio objeto de esta acción, con lo que no cumplió
con la carga mínima requerida para que exista un pronunciamiento de fondo por
parte de la sala.

68. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii)
la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión
final que adopte el fallador de instancia. Estos criterios no fueron desarrollados
por la parte demandante, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima
que permita superar la relevancia constitucional.

69. Finalmente, la parte actora señaló que la controversia propuesta es de
naturaleza constitucional, al ser un litigio relacionado con la eficacia de la
administración tributaria y que, por tanto, impacta la estructura y fines del Estado
y su capacidad de gestión. Agregó que el asunto estudiado compromete la
recaudación de dineros públicos y versa sobre la defensa del patrimonio público
y la preservación de la disponibilidad de recursos destinados al bienestar
colectivo.

70. Con respecto a este punto, es necesario advertir que dicha situación, en
sí misma, no otorga relevancia constitucional a las acciones de tutela dirigidas
contra decisiones que comprometan recursos públicos ni que estén relacionado
con la administración tributaria. Aceptar ello, implicaría que todo litigio propuesto
contra una providencia judicial dictada en el marco de un proceso adelantado
contra una entidad pública tendría relevancia constitucional.

71. Como se expuso con antelación, la Corte Constitucional ha establecido
que, para el cumplimiento de este requisito, la parte actora tiene la carga de
sustentar los motivos por los cuales la decisión judicial cuestionada está
relacionada con una grave afectación de derechos fundamentales en el marco de
un proceso judicial. Por tanto, es deber del interesado brindar un sustento
suficiente que permita al juez de tutela establecer, prima facie, que el litigio
sometido a su conocimiento trasciende una órbita eminentemente legal, cuya
finalidad no sea simplemente reabrir debates probatorios y normativos ya
zanjados por el juez natural de la causa.

72. En virtud de lo anterior, se concluye que las razones otorgadas en relación
con los defectos formulados no cuentan con la relevancia constitucional que le
permita al juez de tutela llevar a cabo un estudio de fondo del litigio propuesto,
en la medida en que lo pretendido es que se efectúe un análisis de corrección
sobre el ejercicio hermenéutico del operador judicial, a fin de que se concluya
cuál interpretación de las normas aplicadas era la más adecuada. En tal medida,

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se evidencia que la formulación de este litigio constitucional se sustenta en una
inconformidad con la decisión adoptada por el tribunal accionado, finalidad para
la cual no fue prevista la acción de tutela contra providencias judiciales.

73. Finalmente, se enfatiza en que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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