República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01606-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01606-00 (2418)
Accionantes: Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: subsidio familiar, soldados
profesionales. Subtema 3: defecto sustantivo.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por los señores Jhon Jairo Valencia Panameño e
Isauro Antonio Velasco Villany contra el Tribunal Administrativo de Putumayo.
1. Síntesis del caso
Los señores Isauro Antonio Velasco Villany y Jhon Jairo Valencia Panameño
presentaron escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y a la igualdad, que consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025
proferida en el expediente con radicado núm. 86001-33-31-002-2019-00093-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de amparo y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2.
Los señores Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany,
luego de que prestaron el servicio militar en el Ejército Nacional y de que ingresaron
como soldados voluntarios, se desempeñaron como soldados profesionales desde
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01606-00 (2418)
Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
el 1 de noviembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2017. Además, el primero
inició una unión marital de hecho desde el 14 de agosto de 2008 y, el segundo,
contrajo matrimonio civil el 7 de mayo de 2012.
3.
El señor Jhon Jairo Valencia Panameño reclamó el reconocimiento del
subsidio familiar el 17 de septiembre de 2014, que fue otorgado con orden
administrativa 2440 del 30 de diciembre siguiente, con novedad fiscal desde que se
efectuó la reclamación.
4.
Por su parte, el señor Isauro Antonio Velasco Villany solicitó el reconocimiento
de dicha prestación el 21 de julio de 2014, la cual fue concedida con orden
administrativa 2201 del 30 de diciembre siguiente, con novedad fiscal del momento
de la petición.
5.
Ahora bien, los señores Jhon Jairo Valencia Panameño, Isauro Antonio
Velasco Villany y Fredy de Jesús Vera Quirama pidieron al Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, el 14 de septiembre de 2018, el reconocimiento del
subsidio familiar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000; sin embargo, la entidad negó la solicitud con oficio 20183111804481 del 21
de septiembre de 2018.
6.
Por consiguiente, las mencionadas personas presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con las pretensiones de
que se declarara la nulidad del oficio 20183111804481 del 21 de septiembre de
2018 y, en consecuencia, que se ordenara el «reajuste, liquid[ación] y el pag[o]» de
la prestación en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, con efectos
fiscales desde que contrajeron matrimonio y unión marital del hecho.
7.
Entre otros argumentos, citaron la sentencia del Consejo de Estado del 8 de
junio de 20171 que declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del Decreto 3770 de 2009
que había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
8.
El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, mediante sentencia del 11 de
agosto de 20202, accedió a las pretensiones de la demanda frente a los señores
Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany. De esta manera,
declaró la nulidad parcial del acto administrativo cuestionado y, a título de
restablecimiento del derecho, le ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, lo siguiente:
SEGUNDO: […] que reajuste, liquide y pague el subsidio familiar a los señores Jhon
Jairo Valencia Panameño [e] Isauro Antonio Velasco Villany, en la forma prevista en
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, en el 4% de su salario básico
mensual más la prima de antigüedad, por haber conformado unión marital el 14 de
agosto de 2008 y haber contraído matrimonio el 7 de mayo de 2012 respectivamente
y con efectos fiscales a partir de esas mismas fechas.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
2 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01606-00 índice 2, certificado 404095EAE3640748
7B4F815CF96A16FA DFE63E513DD9BA55 19583D1C2F33DC3E, páginas 125 a 146.
2
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Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
La entidad deberá descontar los valores que por concepto de subsidio familiar previsto
en el Decreto 1161 de 2014 le haya pagado a los hoy demandantes, por ser
incompatibles con el derecho aquí reconocido3.
9.
Las partes, inconformes con la anterior decisión, presentaron recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Putumayo, a través de sentencia del 28 de
agosto de 20254, revocó la providencia de primera instancia al considerar que los
demandantes no tenían derecho al reconocimiento del subsidio familiar conforme a
lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, debido a que su situación
quedó definida y consolidada en vigencia del Decreto 1161 de 2014.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10.
La parte accionante solicitó en el escrito de tutela5 al juez constitucional que
ampare los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad; que deje sin efecto
la sentencia del 28 de agosto de 2025 y, en consecuencia, que ordene al Tribunal
Administrativo del Putumayo lo siguiente:
[P]rofiera la sentencia de segunda instancia, respetando nuestros derechos
constitucionales […], en los términos expuestos en el presente líbelo6.
11.
Como fundamento de sus pretensiones, los señores Jhon Jairo Valencia
Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany explicaron los decretos 1794 de 2000,
artículo 11, que creó el subsidio familiar; 3770 de 2009, que derogó la anterior
norma; y 1161 de 2014 que nuevamente creó la prestación. También, expusieron
las fechas de las vinculaciones a la entidad demandada y cuando ocurrió el
matrimonio y la unión marital de hecho, respectivamente, así como las sentencias
ordinarias.
12.
Afirmaron que el Tribunal desconoció los efectos ex tunc de la sentencia del 8
de junio de 20177, que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 que derogó el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues no pudieron acceder al beneficio
prestacional contenido en esta última norma debido a que no estaba vigente cuando
contrajeron matrimonio y la unión marital de hecho.
13.
Destacaron que el cambio en el estado civil se produjo antes de la entrada en
vigor del Decreto 1161 de 2014, motivo por el que no contaron con la oportunidad
de solicitar el reconocimiento del subsidio familiar hasta la sentencia del Consejo de
Estado del 8 de junio de 20178, cuando tuvieron certeza de que podían reclamar el
pago de la prestación. De esta forma, concluyeron que:
3 Se transcribe incluso con errores de texto.
4 Samai, expediente núm. 86001-33-31-002-2019-00093-01 índice 14, certificado A31107B4CB07B0F3
E19852A72BC06A0F B0B7E646AE8AAF37 DBD34DEC57436F69.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01606-00 índice 2, certificado 94E7628DCE4D7056
753AE086BB32AD43 28782FC5CC380647 ADBAC6594D3F9410.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
3
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Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Putumayo mediante Sentencia de
Segunda Instancia fechada 28 de agosto de 2025, incurrió en una incorrecta
interpretación de los efectos ex tunc de la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y la
reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues, como se expuso la
situación de los accionantes no se encontraba consolidada, y por ende, el subsidio
familiar era susceptible de reajuste de conformidad con la norma jurídica aplicable
para el momento en el que se cambió el estado civil9.
14.
Por las anteriores razones, consideraron que el Tribunal Administrativo del
Putumayo incurrió en un defecto sustantivo.
2.3. Trámite procesal
15.
El despacho ponente profirió auto, el 5 de marzo de 202610, en el que admitió
la demanda; vinculó al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al señor Fredy de Jesús Vera
Quirama; requirió el expediente ordinario; tuvo como pruebas los documentos
aportados; y suspendió los términos del trámite constitucional.
2.4. Intervenciones
16.
El Tribunal Administrativo de Putumayo11 citó las sentencias dictadas en el
proceso ordinario, reiteró los argumentos de su decisión y sostuvo que el amparo
resulta improcedente porque no incurrió en algún defecto. Solicitó que se negaran
las pretensiones de la tutela.
17.
El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional sintetizó las actuaciones
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y afirmó que los demandantes
ya tenían una situación jurídica consolidada. Manifestó que el fallo objeto de reparos
debía mantenerse incólume, pues no se configuró una causal específica de
procedencia. Pidió que se nieguen las pretensiones de amparo12.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
18.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por los señores Jhon Jairo Valencia
Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany contra el Tribunal Administrativo del
Putumayo.
9
Se transcribe incluso con errores de texto.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01606-00 índice 5, certificado 0CA3CE7BFA1EC5CD
3F8C92502F948E41 CC6221F17353F078 0E1E3C7260BFFF1E.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01606-00 índice 10, certificado 4F1F9404357F5A10
33FC7C22C5C72139 FFDC955F57C6513D 286E7A9A7FEC839E.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01606-00 índice 13, certificado 71E8DAE6D3E79C07
FA6685D6289C7926 B5B131C845EF8EA5 2485219BE9EEB05B.
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3.2. Legitimación en la causa
19.
La legitimación en la causa por activa de los señores Jhon Jairo Valencia
Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany está acreditada porque fueron
demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue
expedida la providencia que, a juicio de estos, desconoció sus derechos
fundamentales.
20.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Putumayo, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
21.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional14.
22.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
23.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
24.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
25.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional 17
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia18.
26.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
27.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
28.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Putumayo, fue notificada el 29 de agosto siguiente19, y la demanda de tutela se
presentó el 27 de febrero de 202620, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como razonable.
29.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
16 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
19 Samai, exp. 86001-33-33-001-2022-00295-01, índice 14.
20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06769-00, índice 1.
21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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30.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación al defecto sustantivo, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
31.
La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y a la igualdad de los tutelantes?
32.
En particular, deberá establecer si ¿la sentencia del 28 de agosto de 2025
incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc del fallo
del 8 de junio de 201723, al revocar la providencia del 11 de agosto de 2020, que
accedió a las pretensiones de los aquí accionantes, y, su lugar, negar el
reconocimiento y pago del subsidio familiar?
33.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; ii) el
subsidio familiar de los soldados profesionales y iii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
34.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado24.
35.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
36.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]25.
37.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
38.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).26
3.4.2. El subsidio familiar en las fuerzas militares
39.
El Gobierno nacional creó con el artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 200027 el subsidio familiar para los soldados profesionales que
estuvieran casados o con unión marital de hecho, equivalente al 4% del salario
básico, más la prima de antigüedad, con el requisito de que reportaran el cambio en
el estado civil:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.
40.
El anterior artículo fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
200928; sin embargo, el beneficio permaneció para aquellos uniformados que ya lo
devengaban. Luego, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201429 creó de nuevo el
subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueran favorecidos con la
prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en unión marital o
viudos con hijos a cargo, en cuantía del 20% de la asignación básica más un
porcentaje por cada hijo30. También para los que tuvieran hijos, en los porcentajes
definidos.
25 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
27
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares».
28 «Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
29 «Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones».
30 «ARTÍCULO 1.º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales. Créase,
a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
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41.
Finalmente, en sentencia del 8 de junio de 201731, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc32, la nulidad
del Decreto 3770 de 2009, por cuanto encontró que fue regresivo y carente de
legalidad, que contravino los principios y normas en que debía fundarse y que no
era compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección, a la
seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no
estuvo dirigido a promover el bienestar general de los soldados profesionales.
42.
Posteriormente, con ocasión de solicitudes de adición y aclaración de la
sentencia del 8 de junio de 201733 en relación con los efectos ex tunc de la nulidad
declarada del Decreto 3770 de 2009, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado emitió auto, el 8 de septiembre de 2017, en el que negó lo
reclamado. No obstante, indicó sobre el asunto:
[…] la Sala considera prudente reiterar que conforme con su inveterada y pacífica
jurisprudencia, es claro que la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex
tunc, es decir, se retrotrae la actuación desde el momento en que se profirió el acto
administrativo anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en
que se encontraban antes de la expedición de dicho acto. Por lo tanto, si se declara
la nulidad de un acto administrativo que había derogado o revocado otro acto
administrativo, la consecuencia es que el acto revocado o derogado cobra
nuevamente vigencia, incluida su presunción de legalidad.
Sobre los efectos de los fallos de nulidad, también ha sido abundante la
jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que, en relación con las situaciones
jurídicas no consolidadas, son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al
momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven
al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las
situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la
sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se
tome. Es así que respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, se reitera,
las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es
decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta
jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de manera inmediata.
Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000
y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica,
así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital de hecho
vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por
la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme
al literal c. de este artículo.
[…]
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir
subsidio familiar por este concepto calculado sobre su asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento
(3%), por el segundo hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el
soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá percibir más del seis por ciento
(6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá sobrepasar el
veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
32 Desde el principio.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01606-00 (2418)
Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
[…]
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de
las vías legalmente establecidas.
43.
De acuerdo con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 201734 implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado con el Decreto 3770 de 2009, hasta que fue
proferido el Decreto 1161 de 2014 que sigue vigente.
44.
En ese orden, los soldados profesionales que desde el 30 de septiembre de
200935 hasta el 23 de junio de 201436 cumplieron los requisitos para ser beneficiarios
del subsidio familiar, como contraer matrimonio, y que no pudieron percibirlo en ese
periodo ante la derogatoria del mencionado artículo 11, tuvieron la posibilidad de
reclamar la liquidación de la prestación con la sentencia del 8 de junio de 2017.
45.
Finalmente, se advierte que la sentencia del 8 de junio de 201737 fue objeto de
una acción de tutela38 interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, sin embargo, fue declarada improcedente en primera instancia, decisión
modificada en segunda instancia, en el sentido de negar la solicitud de amparo.
3.5. Caso concreto
46.
Los señores Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany
acudieron a la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y a la igualdad. En consecuencia, solicitaron que se deje sin
efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025 y que se ordene al Tribunal
Administrativo del Putumayo que expida una nueva providencia que disponga el
reconocimiento y pago del subsidio familiar al que tienen derecho en los términos
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
47.
Para la parte actora, el Tribunal desconoció los efectos ex tunc de la sentencia
del 8 de junio de 2017 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 que, a su
vez, derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Argumentaron que el cambio
en el estado civil se produjo antes de la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014,
motivo por el que no solicitaron el reconocimiento del subsidio, pero que, con la
decisión del Consejo de Estado, tuvieron certeza de que podían reclamar el pago
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
35 Fecha de entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009.
36 Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
38 Radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00859-01.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01606-00 (2418)
Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
de la prestación.
3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
48.
Revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Putumayo, en el fallo del 25 de agosto de 2025, revocó
la sentencia del 11 de agosto de 2020 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Mocoa que accedió a las pretensiones de los aquí tutelantes y, en
su lugar, negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar pretendido por los
demandantes con base en lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000;
por las siguientes razones:
Al respecto, el Tribunal ciertamente, observa que, una vez los demandantes
realizaron la reclamación del subsidio familiar, la entidad demandada reconoció la
prestación, aplicando el Decreto No. 1161 de 2014, comoquiera que, esa era la norma
que para el momento se encontraba vigente dentro del ordenamiento jurídico.
[…]
Se destaca que, aunque dos de los demandantes modificaron su estado civil con
anterioridad a la expedición del Decreto 1161 de 2014 – en efecto, Jhon Jairo valencia
Panameño suscribió su unión marital de hecho el 14 de agosto de 2008 e Isauro
Antonio Velasco Villany contrajo matrimonio el 7 de mayo de 2012, ambos en vigencia
del Decreto 1794 de 2000 – lo cierto es que tanto las solicitudes como el
reconocimiento del subsidio se tramitaron con fundamento en el Decreto 1161 de
2014, a través de órdenes administrativas N° 2440 de 30 de diciembre de 2014, N°
1619 del 15 de mayo de 2017 y N° 2201 de 30 de octubre de 2014, pues era el decreto
que para ese entonces se encontraba vigente. Decisiones que, a su vez, no fueron
objeto de controversia por parte de los demandantes, pese a que pudieron hacerlo
con las mismas razones que ahora exponen en la demanda; esto es, que el régimen
jurídico aplicable era el vigente para la fecha en que se produjo el cambio de estado
civil.
Razón por la cual, tal y como lo señaló la entidad demandada, la situación jurídica de
los demandantes al encontrarse consolidada, no les eran extensivos los efectos de la
sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009.
[…]
En suma, no es procedente acceder al derecho reclamado, es decir, reconocer y
pagar a los demandantes el subsidio familiar, equivalente al 4% de su salario básico
mensual devengado en el servicio activo, más el porcentaje total de la prima de
antigüedad mensual que percibían en servicio activo, desde la fecha en la cual
contrajeron matrimonio o unión marital de hecho de conformidad con lo previsto en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; dado que su situación se definió y consolidó en
vigencia del tantas veces aludido Decreto 1161 de 2014.
49.
En concreto, para el Tribunal Administrativo del Putumayo, como los señores
Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany solicitaron el
reconocimiento del subsidio familiar el 17 de septiembre y el 21 de julio de 2014,
respectivamente, y la entidad demandada les reconoció la prestación en actos
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01606-00 (2418)
Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
administrativos 2440 y 2201 del 30 de diciembre de 2014, en su orden, con
fundamento en el Decreto 1161 de 2014 que estaba vigente para ese momento, la
situación de estos se encontraba consolidada y no tenían derecho a la prestación
en los términos del Decreto 1794 de 2000.
3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por el actor
50.
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió
en el defecto expuesto por los accionantes en el escrito de tutela, la Sala debe
precisar que no está en discusión que el señor Jhon Jairo Valencia Panameño
acreditó una unión marital de hecho desde el 14 de agosto de 2008 y que el señor
Isauro Antonio Velasco Villany contrajo matrimonio civil el 7 de mayo de 2012.
51.
Ahora, respecto al subsidio familiar para el cuerpo profesional de las Fuerzas
Militares, cabe recordar que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 reguló dicha
prestación; norma que fue derogada por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
200939. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201440 creó de nuevo el
subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueron favorecidos con la
prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en unión marital o
viudos con hijos a cargo.
52.
Bajo este contexto, se advierte que para el momento en que el señor Isauro
Antonio Velasco Villany contrajo matrimonio no se encontraba en vigor el artículo
11 del Decreto 1794 de 200041, por lo que, en principio, no existía un fundamento
jurídico que le permitiera acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar en
los términos descritos en la mencionada norma. Dicha circunstancia se mantuvo
hasta la expedición del Decreto 1161 de 2014, que creó la prestación en condiciones
menos favorables para el caso concreto.
53.
Cuestión distinta ocurre con el señor Jhon Jairo Valencia Panameño, pues
cuando protocolizó la unión marital de hecho el 14 de agosto de 2008, aún se
encontraba vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, por lo tanto, pudo
solicitar el reconocimiento de la prestación una vez cumplió los requisitos exigidos
para tal fin, asunto que deberá ser analizado por el Tribunal.
54.
Al margen de lo anterior, lo cierto es que a partir del Decreto 3770 de 2009 el
señor Jhon Jairo Valencia Panameño quedó sin fundamento legal para acceder al
reconocimiento del subsidio familiar porque esta última norma solo conservó el
derecho para quienes al momento de su entrada en vigor ya percibían la prestación.
55.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 201742,
declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del Decreto 3770 de 2009. Posteriormente,
39
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
40 «Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones
41 «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares»
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
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Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
la corporación, mediante auto del 8 de septiembre de 2017, negó las solicitudes de
adición y aclaración de la citada sentencia con relación a los efectos ex tunc de la
nulidad declarada del Decreto 3770 de 2009; sin embargo, expuso lo siguiente:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de
las vías legalmente establecidas.
56.
Conforme con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 201743 implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado por el Decreto 3770 de 2009 para todos aquellos
que contrajeron matrimonio o unión marital de hecho con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 1161 de 2014, pues esta última norma resulta aplicable para
quienes cumplieron con el mencionado presupuesto con posterioridad a su
promulgación.
57.
De esta manera, los soldados e infantes de marina profesional que al 23 de
junio de 201444 ya habían cumplido los requisitos para ser beneficiarios del subsidio
familiar, como contraer matrimonio o tener una unión marital de hecho, y que no
pudieron percibir la prestación antes de la derogatoria del mencionado artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, tenían la posibilidad de reclamar la liquidación de la
prestación con la sentencia del 8 de junio de 201745.
58.
Por lo anterior, es claro que los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 2017, contrario a lo considerado por el Tribunal demandado, tenía impacto en las
situaciones particulares de los señores Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro
Antonio Velasco Villany de cara al reconocimiento y pago del subsidio familiar
pretendido conforme con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
toda vez que demostraron que contrajeron unión marital de hecho y vínculo
matrimonial, respectivamente, con anterioridad a la promulgación del Decreto 1161
de 2014.
59.
Ello, sin perjuicio del análisis que sobre el particular pudiera hacerse en
relación con el señor Jhon Jairo Valencia Panameño, frente al periodo corrido desde
que formalizó su unión marital de hecho hasta que entró en vigor el Decreto 3770
de 2009.
60.
Así pues, es pertinente aclarar que, si bien el Ejército Nacional reconoció y
ordenó el pago del subsidio familiar a favor de los señores Isauro Antonio Velasco
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
44 Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
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Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Villany y Jhon Jairo Valencia Panameño con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 1 del Decreto 1161 de 2014; lo cierto es que ello obedeció al vació jurídico
que ocasionó el Decreto 3770 de 2009 y que el Decreto 1161 de 2014 pretendía
subsanar.
61.
En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo, según la
jurisprudencia constitucional, se configura ante «[…] la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del
juez»46.
62.
Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de los tutelantes, en la medida en que no realizó una adecuada interpretación de
las normas que regulan el subsidio de familiar a favor de los soldados profesionales
del Ejército Nacional, de cara a los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de
201747.
4. Conclusión
63.
En virtud de lo anterior, la Subsección amparará el derecho fundamental al
debido proceso de los señores Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio
Velasco Villany; y dejará sin efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Putumayo, únicamente en lo que a estos respecta.
64.
En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, emita
una nueva decisión en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia dentro del expediente con radicado núm. 86001-33-
31-002-2019-00093-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta
providencia, exclusivamente en lo atinente a los señores Jhon Jairo Valencia
Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso de los
señores Jhon Jairo Valencia Panameño e Isauro Antonio Velasco Villany, por los
motivos expuestos en esta decisión.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01606-00 (2418)
Accionantes: Isauro Antonio Velasco Villany y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Putumayo dentro del expediente con radicado núm.
86001-33-31-002-2019-00093-01, únicamente en lo relacionado con los señores
Isauro Antonio Velasco Villany y Jhon Jairo Valencia Panameño, en atención a las
razones expresadas en esta decisión.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Putumayo que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa
de esta providencia.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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