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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01610-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01610-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 26 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01610-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y el ICBF
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 26 de marzo
de 2026 por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

SÍNTESIS1

La parte accionante cuestiona el auto del 29 de octubre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de La Guajira dentro del proceso de controversias contractuales con
radicado núm. 44001-33-40-002-2024-00117/00/01, mediante el cual: confirmó el auto
del 6 de febrero de 2025 que negó la medida cautelar de embargo y secuestro de los
recursos del ICBF, por su improcedencia en los procesos declarativos; y revocó el auto
del 17 de marzo de 2025 que decretó parcialmente otras medidas cautelares,
consistentes en: i) suspender el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado
por el ICBF contra el consorcio por el presunto incumplimiento del Contrato de
Interventoría núm. 01015272021; ii) prohibir el inicio de nuevas actuaciones
sancionatorias relacionadas con dicho contrato; iii) impedir su liquidación; y iv) suspender
los efectos de varias cláusulas contractuales. La Sala confirma la decisión de primera
instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

El 27 de febrero de 20262, la representante legal del Consorcio Interventor 001-21,
presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica. Según la accionante
esas garantías constitucionales fueron vulneradas por el auto del 29 de octubre de 2025

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Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / controversias contractuales /confirma la decisión de primera
instancia / improcedencia / subsidiariedad.
2
Índice 2 Samai.

Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia
proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en el proceso de controversias
contractuales con radicado núm. 44001-33 40-002-2024-00117/00/01 mediante el cual
dispuso confirmar el auto del 6 de febrero de 2025 que negó la medida cautelar de
embargo y secuestro de los recursos del ICBF, por su improcedencia en los procesos
declarativos y revocar el auto del 17 de marzo de 2025 que decretó parcialmente otras
medidas cautelares, consistentes en: i) suspender el procedimiento administrativo
sancionatorio adelantado por el ICBF contra el consorcio por el presunto incumplimiento
del Contrato de Interventoría núm. 01015272021; ii) prohibir el inicio de nuevas
actuaciones sancionatorias relacionadas con dicho contrato; iii) impedir su liquidación; y
iv) suspender los efectos de varias cláusulas contractuales, al concluir que el juez carece
de competencia para adoptar tales medidas frente a contratos estatales y que no se
acreditaron los requisitos para su procedencia.

1. El consorcio accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y SEGURIDAD
JURÍDICA, de mi representada, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que se
exponen en esta acción constitucional.
2. Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, a cargo de la Magistrada
Celis Yeleg Riveira Rodríguez, la revocatoria del auto proferido el 29 de octubre de 2025,
mediante el cual se revocaron las medidas cautelares ordenadas en el proceso judicial 44001-
33-40-002-2024-00117-00, en garantía de los derechos fundamentales invocados.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF la pérdida de cualquier tipo de competencia sancionatoria o de liquidación del contrato
o de cualquier naturaleza respecto del contrato 01015272021 del día 06 de agosto de 2021,
suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y el CONSORCIO
INTERVENTOR 001-2.
4. Se declare, improcedente la continuación de la Audiencia por presunto incumplimiento de
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 01015272021, suscrito entre el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Consorcio Interventor 001-21- fijada por
el despacho para el 26 de febrero de 2026 desde las 9:00 a.m., en virtud de la pérdida de
competencia de la Entidad, conforme con lo expuesto.
5. Se deje sin efectos la sanción impuesta mediante la Resolución No. 1988 proferida por la
Entidad el 14 de mayo del 2024, donde sancionó a mi representada por la suma de ciento
cuatro millones trescientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos
($104,367,544,00), en virtud de la pérdida de competencia de la Entidad, conforme con lo
indicado.
6. Acceder a las medidas provisionales solicitadas en esta acción constitucional.
7. Las demás decisiones que considere el Juez de Tutela, procedentes para amparar los
derechos fundamentales de la accionante y no hacerle más gravosa su situación3.

B. Hechos

2. El 6 de agosto de 2021, el Consorcio Interventor 001-21 suscribió el contrato núm
01015272021 con el ICBF, el cual tenía por objeto realizar la interventoría
administrativa, técnica, jurídica y financiera a los contratos de aporte para la atención a
la primera infancia vigentes durante el año 2021, específicamente para la verificación y
seguimiento de las obligaciones de las Entidades Administradoras del Servicio (EAS)
en la regional La Guajira, cuyo plazo de ejecución culminó el 31 de diciembre de 2021,
sin que la entidad procediera a su liquidación dentro de los términos legales
establecidos.

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Índice 2 Samai.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia

3. De conformidad con las obligaciones del contrato de interventoría núm.
01015272021, se evidencia que los informes de la ejecución del contrato debían ser
cargados en un aplicativo de la entidad, los cuales fueron objeto de observaciones por
el supervisor del contrato.

4. El ICBF, al evidenciar que el contratista no había subsanado lo requerido por el
supervisor, inició el procedimiento sancionatorio contractual, establecido en el artículo
86 de la Ley 1474 de 2011. Posteriormente, expidió la Resolución núm. 1988 del 14 de
mayo de 2024, mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato e hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria, decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de
reposición, el cual, a la fecha de presentación de la acción de tutela no había sido
resuelto.

5. Inconforme con las decisiones del ICBF en el desarrollo del proceso sancionatorio
contractual, el 26 de junio de 2024, el consorcio accionante presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el ICBF, la cual le
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha.

6.En el marco del proceso de controversias contractuales4, el consorcio solicitó como
medidas cautelares: i) que se decretara el embargo y retención de dineros del ICBF
para garantizar el pago de las sumas reclamadas; ii) que se suspendiera el proceso
administrativo sancionatorio y cualquier actuación de la entidad encaminada a imponer
sanciones o liquidar el contrato; igualmente; iii) pidió la suspensión de los efectos de la
Resolución núm. 1988 de 2024; iv) la declaratoria de pérdida de competencia del ICBF
desde la radicación de la demanda y vii) la suspensión de varias cláusulas
contractuales.

7. Mediante auto del 6 de febrero de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Mixto
del Circuito de Riohacha negó la medida cautelar consistente en el embargo y secuestro
de los recursos del ICBF, al considerar que dicha medida no resultaba procedente
dentro de un proceso declarativo. Contra esta decisión se interpuso recurso de
apelación.

8. El 17 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de
Riohacha decretó parcialmente las medidas cautelares consistentes en: i) suspender el
procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el ICBF contra el consorcio
por el presunto incumplimiento del Contrato de Interventoría núm. 01015272021; ii)
prohibir el inicio de nuevas actuaciones sancionatorias relacionadas con dicho contrato;
iii) impedir la liquidación del contrato; y iv) suspender los efectos de varias cláusulas
contractuales y negó la suspensión de la Resolución núm. 1988 de 2024 en la que el
ICBF declaró el incumplimiento del contrato e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria,
pese a haber sido solicitada, al concluir que el juez carece de competencia para adoptar

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Como fundamentos de la demanda de controversias contractuales argumentó que el ICBF no modificó las cláusulas
relativas al plazo y valor del contrato, en especial la séptima y novena del instrumento contractual, y tomó como base
para la imposición de la sanción el valor total proyectado, por lo que adujo que las cláusulas citadas se encontraban
viciadas de nulidad y por ende el acto administrativo de imposición de la sanción, por derivarse de una indebida
estructuración y ejecución del contrato atribuible a la administración y no al consorcio tutelante.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia
este tipo de medidas frente a contratos estatales y que no se acreditaron los requisitos
para su procedencia.

9. El 21 de marzo de 2025, el ICBF interpuso recurso de apelación contra el auto del 17
de marzo de 2025, en el que sostuvo que no se cumplían los requisitos para decretar
las medidas cautelares, esto es, la apariencia de buen derecho y el riesgo de perjuicio
por la demora y que estas resultaban improcedentes, en tanto afectaban sus
competencias contractuales y sancionatorias, además de que no se acreditaba una
violación normativa ni un perjuicio irremediable que justificara su adopción.

10. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante auto del 29 de octubre de 20255,
decidió: confirmar el auto del 6 de febrero de 2025 que negó la medida cautelar de
embargo y secuestro de los recursos del ICBF, por su improcedencia en los procesos
declarativos y revocar el auto del 17 de marzo de 2025 que decretó parcialmente otras
medidas cautelares, consistentes en: i) suspender el procedimiento administrativo
sancionatorio adelantado por el ICBF contra el consorcio por el presunto incumplimiento
del Contrato de Interventoría núm. 01015272021; ii) prohibir el inicio de nuevas
actuaciones sancionatorias relacionadas con dicho contrato; iii) impedir su liquidación;
y iv) suspender los efectos de varias cláusulas contractuales. Finalmente, la parte actora
presentó una solicitud de aclaración y adición6 al auto interlocutorio citado, el cual aún
no ha sido resuelto por la autoridad judicial accionada.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La parte accionante considera transgredidos sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad jurídica, con ocasión del auto del 29 de octubre de 2025
proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, mediante el cual se
revocaron las medidas cautelares decretadas en primera instancia.

12. El consorcio reprochó que dicha providencia incurrió en un defecto fáctico, al valorar
indebidamente el acervo probatorio, pues en su sentir, desconoció pruebas
determinantes que acreditarían la alteración del plazo contractual, la constitución
inadecuada de la base económica para la imposición de sanciones y la ilegalidad de las
cláusulas contractuales aplicadas.

13. Afirmó además que el Tribunal supuestamente desconoció los requisitos para el
decreto de medidas cautelares previstos en los artículos 229 y 231 del CPACA, al no
considerar la acreditación de la apariencia de buen derecho y el riesgo de un perjuicio
irremediable, pese a encontrarse, en su sentir, debidamente sustentados en la demanda
y sus anexos.

14. En ese mismo sentido, sostuvo que la intervención del juez constitucional resultaba
urgente, en atención a la inminencia de una audiencia a realizarse el 26 de febrero de
2026, dentro del trámite administrativo sancionatorio adelantado por la entidad
demandada, circunstancia que, desde su punto de vista, configuraba un perjuicio

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Índice 4 Samai, proceso de reparación directa radicado núm. 44001-33-40-002-2024-00117-01.
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Índice 8 Samai, proceso de reparación directa radicado núm. 44001-33-40-002-2024-00117-01.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia
irremediable que hacía necesaria la adopción inmediata de una medida provisional para
evitar la consolidación de decisiones adversas en su contra.

15. Adicionalmente, sostuvo que el ICBF perdió competencia para liquidar el contrato y
en su sentir, para adelantar actuaciones sancionatorias desde la radicación de su
demanda en el medio de control de controversias contractuales, por lo que, en
consecuencia, adujo que solo una autoridad judicial podía efectuar la liquidación del
instrumento contractual y por tanto debía dejar sin efectos la sanción y adicionalmente
declarar improcedente la continuación de la audiencia prevista en el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

D. Trámite procesal

16. Mediante auto del 2 de marzo de 20267 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar como
accionados al Tribunal Administrativo de La Guajira y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF, y como terceros interesados en el resultado del proceso al
Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, al Ministerio Público,
al Grupo IS Colombia S.A.S. y a Mckhern International S.A.S., estos últimos integrantes
del consorcio.

17. En la misma providencia, se negó la medida cautelar solicitada en la demanda de
tutela, toda vez que no existían elementos probatorios suficientes que permitieran
advertir, siquiera de manera preliminar, una vulneración de los derechos fundamentales
invocados, lo cual impide adoptar decisiones anticipadas que alteren el curso normal de
otras actuaciones administrativas o judiciales.

18. Asimismo, reconoció personería a la apoderada de la parte accionante y ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su
competencia.

E. Oposiciones e intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de La Guajira8, remitió el vínculo de acceso al expediente,
pero no realizó ningún pronunciamiento adicional.

20. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar9 sostuvo que la acción de tutela era
improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, en tanto el consorcio contaba
con mecanismos ordinarios idóneos y actualmente en curso, como el proceso de
controversias contractuales y el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. 1988 de 2024 que a la fecha no había sido decidido por la entidad.

21. Señaló que la acción pretendía sustituir indebidamente al juez natural del contrato,
pues la controversia planteada se encuentra sometida a su conocimiento, por lo cual es

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Índice 5 Samai.
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Índice 12 Samai.
9
Índice 13 Samai.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia
el competente para resolver de fondo las discusiones relativas a la ejecución del
instrumento contractual y a la legalidad de los actos administrativos expedidos en ese
escenario.

22. Indicó
igualmente que la entidad actuó dentro de sus competencias legales y
temporales, afirmó que el proceso sancionatorio se inició oportunamente y que la
potestad sancionatoria puede ejercerse incluso después de terminado el contrato,
siempre que no haya sido liquidado, razón por la cual, la resolución sancionatoria fue
expedida válidamente y no ha adquirido firmeza.

23. Finalmente, argumentó que no existió una vulneración del debido proceso, toda vez
que se ha garantizado el derecho de defensa del Consorcio mediante la posibilidad de
intervenir en audiencias, aportar pruebas e interponer recursos, y que la audiencia
programada constituía un acto de trámite que materializaba el derecho de contradicción,
por lo que solicitó declarar improcedente la tutela o, en subsidio, negar el amparo.

F. Sentencia impugnada

24. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A10 concluyó que la acción era
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, porque el consorcio
Interventor 001-21 contaba con mecanismos judiciales idóneos y eficaces en curso, en
particular, el proceso de controversias contractuales en el que se discuten los mismos
hechos, dentro del cual incluso está pendiente de resolución una solicitud de adición y
aclaración contra el auto del 29 de octubre de 2025, lo que demuestra que la
controversia sigue bajo control del juez natural.

25. Señaló que la Resolución sancionatoria núm. 1988 de 2024 del ICBF no se encuentra
en firme y que el proceso administrativo sancionatorio tampoco ha concluido; en
consecuencia, no existe una afectación definitiva. Agregó que las consecuencias
alegadas corresponden a escenarios ordinarios propios del debate judicial y
administrativo, sin que se hubiera acreditado un perjuicio irremediable con
características de inminencia, gravedad y urgencia. Por ello, la acción de tutela no
puede emplearse como mecanismo alternativo ni para desplazar los procedimientos
ordinarios, pues debe respetarse la competencia del juez natural.

G. Impugnación

26. El consorcio en su escrito de impugnación11 sostiene que el juez de tutela se equivocó
al negar el amparo, pues en el caso concreto sí se cumplen los requisitos
jurisprudenciales, en particular la relevancia constitucional y la existencia de un riesgo
inminente de perjuicio irremediable derivado de la continuación del proceso
sancionatorio por parte del ICBF.

27. Afirma que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, ya que no
pretende sustituir los medios ordinarios de defensa, sino evitar la consumación de un

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Índice 20 Samai.
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Índice 24 Samai.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia
perjuicio grave; en esa medida, señala que los procesos contenciosos en curso no
ofrecen una protección eficaz ni oportuna frente a la situación de la accionante.

28. Expone que el ICBF ha incurrido en actuaciones arbitrarias, al continuar el
procedimiento administrativo sancionatorio sin competencia y con fundamento en una
decisión judicial que no se encuentra en firme, debido a que está pendiente de
resolución una solicitud de aclaración contra el auto que revocó las medidas cautelares.

29. Sostiene que el juez de tutela efectuó un análisis abstracto de la subsidiariedad, sin
atender las circunstancias concretas del caso, especialmente la ineficacia de los medios
ordinarios para brindar una protección inmediata a los derechos fundamentales
comprometidos.

30. Aduce que el perjuicio irremediable está acreditado, pues el ICBF ha programado
audiencias y continúa el trámite sancionatorio, lo que evidencia un riesgo cierto, grave
e inminente que exige la intervención urgente del juez constitucional; agrega que dichas
actuaciones son irrazonables y contrarias a los principios constitucionales, con
vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y la buena fe.

31. Señala, además, que existe una irregularidad procesal, en tanto el auto de 29 de
octubre de 2025 no está ejecutoriado por encontrarse pendiente una solicitud de
aclaración; pese a ello, las autoridades judiciales y el ICBF han actuado como si
estuviera en firme, desconociendo las reglas sobre ejecutoria y violando el debido
proceso.

32. Indicaque la continuidad del proceso sancionatorio tiene efectos económicos
concretos, al buscar la ejecución de la sanción impuesta mediante la Resolución núm.
1988 de 2024 por más de ciento cuatro millones de pesos, así como la afectación de la
póliza de seguro, lo que agrava el perjuicio irremediable.

33. Afirma igualmente que el ICBF perdió competencia para continuar el proceso, debido
a la existencia de una demanda de controversias contractuales en curso, por lo que no
podía seguir adelantando actuaciones administrativas sobre el mismo asunto.

34. Finalmente, solicita que el asunto sea revisado en segunda instancia mediante un
análisis integral, fáctico y probatorio, al considerar que el fallo impugnado no valoró
adecuadamente las circunstancias ni las pruebas, lo que condujo a una decisión
equivocada.
II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

35. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver en segunda instancia la demanda de acción de tutela interpuesta por el
Consorcio Interventor 001-21 contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia

I. Sentido de la decisión

36. La Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda
– Subsección A del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la demanda
de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En esa medida, no se
hará referencia a los demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.

J. El requisito de subsidiariedad

37. El artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela establece que esta acción es excepcional y residual
a los demás medios de defensa judicial.

38. En virtud del requisito de subsidiariedad, la demanda de acción de tutela sólo procede
en dos supuestos excepcionales: i) cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de
protección definitivo; y ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar
un perjuicio irremediable, evento en el que procede como mecanismo transitorio.

39. La valoración de este requisito debe ser más rigurosa cuando se trata de una acción
de tutela contra providencia judicial, ya que, en virtud de la naturaleza autónoma,
subsidiaria y residual del mecanismo constitucional, la demanda de amparo sólo es
procedente cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial. De tal
modo que, es imperativo para la parte interesada agotar todos los medios judiciales
ordinarios que tenga a su alcance para pretender la defensa de sus derechos
fundamentales, como requisito previo para acudir al mecanismo constitucional.

40. En ese contexto, la Corte Constitucional12 ha sido enfática y reiterativa respecto a
que el juez constitucional debe verificar de forma exhaustiva que el accionante
efectivamente haya agotado los medios de defensa judicial a su alcance, pues de lo
contrario, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales y de utilizar la solicitud de amparo como una instancia adicional en el trámite
jurisdiccional.

41. El principio de subsidiariedad permite reconocer la validez, la prevalencia y la
viabilidad de los recursos ordinarios y extraordinarios para la protección de los intereses
fundamentales, ya que de esta manera se impide el uso indebido de la acción
constitucional como una vía preferente.

42. En este sentido, de acuerdo con el marco normativo mencionado y con lo establecido
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional13, si el ordenamiento jurídico ofrece
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir
a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional.

12
Corte Constitucional. Sentencia T-106 del 9 de abril de 2024 y sentencia T-103 del 26 de febrero de 2014.
13
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia

L. El caso concreto

43. El Consorcio accionante cuestiona el auto del 29 de octubre de 2025, proferido por
el Tribunal Administrativo de La Guajira dentro del proceso de controversias
contractuales con radicado núm. 44001-33-40-002-2024-00117/00/01, mediante el cual
confirmó el auto del 6 de febrero de 2025 que negó la medida cautelar de embargo y
secuestro de los recursos del ICBF, por su improcedencia en los procesos declarativos;
y revocó el auto del 17 de marzo de 2025 que decretó parcialmente otras medidas
cautelares, consistentes en: i) suspender el procedimiento administrativo sancionatorio
adelantado por el ICBF contra el consorcio por el presunto incumplimiento del Contrato
de Interventoría núm. 01015272021; ii) prohibir el inicio de nuevas actuaciones
sancionatorias relacionadas con dicho contrato; iii) impedir su liquidación; y iv)
suspender los efectos de varias cláusulas contractuales., al considerar que incurrió en
un defecto fáctico.

44. En esa medida, la Sala precisa que el reproche constitucional del accionante se dirige
contra el auto del 29 de octubre de 2025 y no, en términos genéricos, contra el medio
de control de controversias contractuales con radicado núm. 44001-33-40-002-2024-
00117/00/01.

45. Ahora bien, el accionante sostiene que el tribunal dejó de valorar pruebas relevantes
que demostrarían el cumplimiento de sus obligaciones, en especial aquellas
relacionadas con el cargue de informes en el aplicativo del ICBF, situación que, a su
juicio, constituye la configuración de un defecto fáctico.

46. La Sala advierte que el defecto fáctico presentado por el accionante y, en general, su
reproche constitucional, no es susceptible de ser analizado en este caso, en tanto que
la demanda de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que frente
al auto del 29 de octubre de 2025 el accionante presentó aclaración y adición, solicitudes
que, a la fecha, según se advierte en la plataforma SAMAI, no han sido resueltas por el
Tribunal Administrativo de La Guajira. Es decir, actualmente la discusión frente al auto
cuestionado en la demanda de tutela no ha finiquitado.

47. De modo tal que no puede el juez de tutela estudiar los reproches constitucionales
esgrimidos contra la providencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, pues ello
constituiría, como se explicó en precedencia, vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales y utilizar la solicitud de amparo como una instancia adicional en
el trámite jurisdiccional.

48. La Sala no desconoce que el accionante formuló otras pretensiones en el escrito de
tutela, tales como ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— la
pérdida de cualquier competencia sancionatoria o de liquidación del contrato, así como
dejar sin efectos la sanción impuesta mediante la Resolución No. 1988 del 14 de mayo
de 2024, entre otras. Sin embargo, dichas solicitudes dependen necesariamente de la
suerte del auto del 29 de octubre de 2025, que constituye el objeto principal del presente
análisis. En consecuencia, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, la Sala no
emitirá un pronunciamiento autónomo sobre aquellas.

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Radicado:11001-03-15-000-2026-01610-01
Accionante: Consorcio Interventor 001-21
Se confirma la decisión de primera instancia
49. Finalmente, la Sala no encuentra acreditado un perjuicio irremediable que amerite
analizar los reproches del accionante como mecanismo transitorio. En efecto, aunque
la parte accionante sostuvo que dicho perjuicio se derivaba de la continuación del
procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el ICBF y, particularmente,
de la realización de una audiencia dentro de ese trámite, tales circunstancias no
permiten acreditar una afectación urgente, grave e inminente que justifique la
intervención del juez constitucional. Por el contrario, se trata de actuaciones que hacen
parte de un procedimiento administrativo aún en curso, respecto del cual la accionante
ha podido ejercer sus derechos de defensa y contradicción, sin que se advierta la
inminencia de un daño que torne necesaria la adopción de medidas transitorias por vía
de tutela.

50. Por estas razones, se confirmará la decisión de la Sección Segunda – Subsección A
del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela al no haberse
superado el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 26 de marzo de
2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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