Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01611-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
17 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01611-00
Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – legitimación en la causa por activa. Sentido del
fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Albeiro Ibarbo Sinisterra, en su
calidad de concejal del municipio de Florida, Valle del Cauca, a nombre propio, en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del municipio de Florida,
Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 26 de febrero de 20262, Albeiro Ibarbo Sinisterra interpuso esta acción
constitucional en procura de la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, que considera vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
debido a que, en el marco de la solicitud de revisión por objeción de acuerdo
municipal, radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00, emitió los autos del i) 27 de
enero de 2026, que resolvió un recurso de súplica contra la providencia del 19 de
diciembre de 2025; y ii) 30 de enero siguiente, que admitió la solicitud de revisión
por objeción de inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo Municipal 697 del 6 de
diciembre de 2025.
Asimismo, considera vulnerado el mencionado derecho por el municipio de Florida,
Valle del Cauca.
1 Índice 2 de SAMAI, certificado EB397D33FAB640DC 4DF6862C3EB0FB8A 7C5F76CC655E3687
013445237DAD5277.
2 Índice 2 de SAMAI, certificado EB397D33FAB640DC 4DF6862C3EB0FB8A 7C5F76CC655E3687
013445237DAD5277.
2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01611-00
Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
2. Hechos
2.1. El municipio de Florida, Valle del Cauca, presentó escrito de objeciones3 por
motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad frente al Acuerdo municipal 697 del 6
de diciembre de 2025, “por medio del cual se expide el presupuesto general de
rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del municipio de Florida
– Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de
diciembre del año 2026”.
2.2. Afirma el interesado que el 22 de diciembre del 2025, a las 9:32 a.m., el Concejo
Municipal recibió en su correo oficial, proveniente de las direcciones
alcaldia@florida-valle.gov.co y samai@notificacionesrj.gov.co, el documento
denominado “COMUNICА ACTUACION PROCESAL RAD-2025-00882-00”, el cual
tenía como anexo el “Auto interlocutorio No. 560”, cuya decisión era “rechaza
solicitud”.
2.3. Se manifiesta por el actor que el alcalde del municipio de Florida, Valle del
Cauca interpuso recurso de súplica contra el auto del 19 de diciembre de 2025.
Aquel escrito “se tenía que haber notificado a la parte demandada y que el municipio
no lo hizo, como consta la certificación que expidió la secretaria general del Concejo
Municipal”.
2.4. De su lado, el alcalde del municipio de Florida, Valle del Cauca, expidió el
Decreto 093 del 29 de diciembre de 2025, “por el cual se adopta el presupuesto
general de rentas, recursos de capital y de gastos o apropiaciones del municipio de
Florida, Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2026, ante la ausencia de decisión judicial de fondo y en virtud
del procedimiento especial previsto en el artículo 109 del Decreto 111 de 1996”.
Dicho acto administrativo, afirma el accionante, no fue notificado al Concejo
Municipal de Florida.
2.5. El actor señala que “bajo el desconocimiento que el municipio estaba actuando
en el marco de la demanda iniciada el 16 de diciembre del 2025 cuyo radicado es
el No. 76001-23-33-000-2025-00882-00, realizó actuaciones administrativas
3 Archivo denominado “2025-12-16 Objeciones (1)”, visible a índice 3 de SAMAI del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, certificado 231836E3A407D64C 517901D1C151E0D6 90E79C94371195F4
913CCD779F13C868, radicado 76001233300020250088200.
3
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01611-00
Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
competentes al Concejo Municipal y el presidente sancionó el ‘Acuerdo Municipal
No. 697 del 6 de diciembre de 2025’”, lo publicó y remitió a la Oficina Jurídica de la
Gobernación del Valle del Cauca para su estudio de constitucionalidad y legalidad.
2.6. Mediante auto del 27 de enero de 20264, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca resolvió el recurso de súplica contra la providencia del 19 de diciembre de
2025, en el sentido de revocarla. Afirma el accionante que aquella decisión no fue
notificada al Concejo Municipal de Florida.
2.7. Posteriormente, manifiesta que el 30 de enero de 2026 le fue notificado al
Concejo Municipal de Florida el auto de esa misma fecha, a través del cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la solicitud de revisión por
objeción de inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo Municipal 697 del 6 de
diciembre de 2025, “por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas
y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del municipio de Florida – Valle
del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de
diciembre del año 2026”.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo:
3.1. El tribunal transgredió el derecho al debido proceso, pues la última actuación
que le fue notificada al Concejo Municipal de Florida, Valle del Cauca fue el auto del
19 de diciembre de 2025, mediante el cual rechazó la solicitud de revisión del
Acuerdo 697 del 6 de diciembre de 2025. Sin embargo, no le notificó a dicha
corporación la providencia del 27 de enero de 2026 ni el recurso de súplica contra
el auto del 19 de diciembre de 2025.
3.2. Para el Concejo Municipal de Florida, Valle del Cauca, hasta el día 30 de enero
de 2026, el proceso había terminado con el auto interlocutorio del 19 de diciembre
de 2025, ya que no se le notificaron las actuaciones adelantadas por la Alcaldía
Municipal de Florida y el tribunal en el marco del radicado 76001-23-33-000-2025-
00882-00.
4 Archivo denominado “020 Auto que resuel […]”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado A9EDDF84D5381CE2
360162A41DA0721C 112368237BF5A5FA 608951F0CC60657A.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01611-00
Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
3.3. El Decreto 093 del 29 de diciembre de 2025 no fue notificado al Concejo
Municipal de Florida, Valle del Cauca, con lo cual le fue transgredido el derecho al
debido proceso.
3.4. Se solicita la nulidad de lo actuado desde el 19 de diciembre del 2025 hasta el
30 de enero del 2026, con ocasión de las actuaciones adelantadas por la Alcaldía
Municipal de Florida, Valle del Cauca y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, así como de los
artículos 72 del CPACA y 6 de la Ley 2213 de 2022.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“1. ANULAR TODO LO ACTUADO desde el día 19 de diciembre del 2025 hasta el día
30 de enero del 2026, en las actuaciones que no fueron NOTIFICADAS por parte del
demandante (alcaldía municipal de Florida) y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al demandado (concejo municipal de Florida Valle del Cauca) entre ellos:
1.1 "RECURSO DE SÚPLICA CONTRA EL AUTO INTERLOCUTORIO No. 560 DEL 19
DE DICIEMBRE DE 2025.", al radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00. Interpuesto
por el señor alcalde Municipal de Florida Valle del Cauca, ante el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
1.2 El Decreto No. 093 del 29 de diciembre del 2025 cuyo título es: "POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y
DE GASTOS O APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL
CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 2026, ANTE LA AUSENCIA DE DECISION JUDICIAL DE
FONDO Y EN VIRTUDDEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL
ARTICULO 109 DEL DECRETO 111 DE 1996", expedido por el señor alcalde Municipal
de Florida Valle del Cauca, en el marco del proceso iniciado el día 16 de diciembre del
2025 y cuyo radicado es 76001-23-33-000-2025-00882-00.
1.3. El Auto Interlocutorio No. 12 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca bajo el
expediente No. 76001-23-33-000-2025-00882-00 cuya decisión dice: "Admite" y el
artículo primero de la parte resolutiva dice:
"PRIMERO: ADMITIR la solicitud de revisión por objeción de inconstitucionalidad e
ilegalidad del Acuerdo Municipal No. 697 del 6 de diciembre de 2025 "por medio del cual
se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para
los gastos del municipio de Florida - Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida
entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2026".
1.4. Volver todo al AUTO INTERLOCUTOR 560 del 19 de diciembre del 2025 cuya
decisión dice: "Rechaza solicitud" y el artículo primero de la parte resolutiva dice:
"RECHAZAR la solicitud de revisión del Acuerdo No. 697 del 6 de diciembre de 2025,
expedido por el concejo municipal de Florida.". Con el objetivo que se garantice EL
DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA de la parte DEMANDA (Concejo
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01611-00
Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Municipal de Florida Valle del Cauca.).”5
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 4 de marzo de 20266, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Concejo Municipal de Florida, Valle del Cauca. Igualmente,
dispuso la notificación a las partes y al vinculado.
5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 sostuvo que la decisión que
resolvió el recurso de súplica, contenida en el auto del 27 de enero de 2026, no
debía ser notificada al Concejo Municipal de Florida, pues para ese momento la
solicitud de revisión del Acuerdo Municipal 697 de 2025 no había sido admitida, lo
cual solo se produjo a través de proveído del 30 de enero de 2026, este sí,
comunicado a la Presidencia del referido concejo para que interviniera en el trámite.
En otras palabras, el Concejo Municipal solo hizo parte de la actuación judicial al
momento de ser notificado del auto que la admitió, lo cual se surtió el 2 de febrero
de 2026, razón por la cual no se transgredió el derecho al debido proceso.
5.3. El Concejo Municipal de Florida, Valle del Cauca 8 aseveró que la no notificación
de las actuaciones por parte del municipio y del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, del 19 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026, en el marco del
radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00, conlleva una violación de los artículos
29 de la Constitución Política de Colombia, 72 de la Ley 1437 de 2011 y 6, inciso 5,
de la Ley 2213 de 2022. En consecuencia, solicitó declarar la nulidad de lo actuado
desde el 19 de diciembre de 2025.
5.4. El accionante, mediante memorial9, dio respuesta al requerimiento efectuado
por el despacho ponente a través del auto del 4 de marzo de 2026 y, en ese sentido,
allegó el documento denominado “COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD-
5
Índice 2 de SAMAI, certificado EB397D33FAB640DC 4DF6862C3EB0FB8A 7C5F76CC655E3687
013445237DAD5277, folios 7 y 8.
6 Índice 4 de SAMAI, certificado 8EBA55FCFEEABCD0 E685FEC2EEB33EA2 FD9B89944C7B1C33
341435BC9AC94716.
7 Índice 11 de SAMAI, certificado 26712DDE0DCE6523 78606C9A08FF8859 7E8F38B0F668FFB3
5BD7AE4906C7C476.
8 Índice 13 de SAMAI, certificado 0FC80A96EE12B97B 56E20AC4FF51B5F1 28BC4220238D7752
FDE65F4A7E8E90E9.
9 Índice 14 de SAMAI, certificado 410DC54D9D8FAFE9 D76EFF542DBDC6C9 C4A3A85195BA6DF3
022D16738C6FEB45.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01611-00
Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
2025-00882-00" el cual tiene como anexo el "Auto interlocutorio No. 560" proferido
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca”.
5.5. La Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca10 afirmó que se configura una
falta de legitimación en la causa por activa, porque los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados en el proceso 76001-23-33-000-2025-00882-00 son
prerrogativas del Concejo Municipal como corporación, “no de ninguno de sus
miembros individualmente considerados”. El Consejo de Estado, en la providencia
del 4 de octubre de 2018, radicado 11001-03-15-000-2018-02045-00, y la Corte
Constitucional, en la sentencia T-289 de 2003, sostuvieron que los integrantes de
órganos colegiados no pueden reclamar en sede de tutela los derechos procesales
de la corporación de la que forman parte.
Además, señaló que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito
de subsidiariedad, pues el proceso ordinario está en curso, de manera que la
corporación tiene la posibilidad de intervenir a través de la presentación de
memoriales, aportar pruebas, formular alegatos y ejercer todos los medios de
defensa que el CPACA le otorga. Igualmente, no se acredita un perjuicio irremediable.
Aseveró que la actuación del tribunal observó el artículo 246-C del CPACA, de
manera que no existe ninguna omisión ilegal atribuible al municipio ni al tribunal.
Finalmente, manifestó que la expedición del Decreto 093 de 2025 era consecuencia
directa del artículo 109 del Decreto 111 de 1996, según el cual, “[m]ientras el tribunal
decide, regirá el proyecto de presupuesto presentado oportunamente por el alcalde,
bajo su directa responsabilidad”, de manera que no es un acto que requiera
notificación previa para producir efectos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Albeiro
Ibarbo Sinisterra en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del
municipio de Florida, Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los
10Índices 15 y 16 de SAMAI, certificado 6F40A3B1CFD3A786 28871A8D5022779D 3292D85F18645E54
39F987C579EDE75E.
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Sentencia de primera instancia
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Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Verificación del requisito de legitimación en la causa en el caso concreto
2.1. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho
o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen
y, de otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas.
Así estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.
En materia de tutela, la legitimación en la causa tiene fundamento en el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, que dispone que toda persona amenazada o vulnerada
en sus derechos fundamentales podrá ejercer la aludida acción, por sí misma o a
través de un representante judicial, o mediante un agente oficioso cuando el titular
de las prerrogativas no esté en condiciones de promover su propia defensa. Así
también, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo señala que el mecanismo
constitucional se debe dirigir en contra de la autoridad pública que presuntamente
hubiere amenazado o vulnerado el derecho fundamental invocado.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa es
un requisito sine qua non para que el juez constitucional pueda pronunciarse de
fondo sobre el asunto puesto en su conocimiento11, y ha hecho énfasis en la
titularidad de los derechos fundamentales reclamados.12
2.2. En el caso concreto, el señor Albeiro Ibarbo Sinisterra, en su calidad de concejal
del municipio de Florida, Valle del Cauca, a nombre propio, manifiesta que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca transgredió el derecho al debido
proceso, pues la última actuación que le fue notificada al Concejo Municipal de
Florida, Valle del Cauca fue el auto del 19 de diciembre de 2025, mediante el cual
rechazó la solicitud de revisión del Acuerdo 697 del 6 de diciembre de 2025. Sin
embargo, no notificó a dicha corporación la providencia del 27 de enero de 2026 ni
el recurso de súplica contra el auto del 19 de diciembre de 2025.
11 Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997.
12 Corte Constitucional, sentencias T-086 de 2010, T-176 de 2011 y T-511 de 2017.
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Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
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Aduce que el Decreto 093 del 29 de diciembre del 2025 no fue notificado al Concejo
municipal de Florida, Valle del Cauca.
En consecuencia, solicita la nulidad de lo actuado desde el 19 de diciembre del 2025
hasta el 30 de enero del 2026, con ocasión de las actuaciones adelantadas por la
Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, así como de
los artículos 72 del CPACA y 6 de la Ley 2213 de 2022.
2.3. Pues bien, la Sala advierte que la parte accionante carece de legitimación en la
causa por activa, porque, a pesar de que sostiene que actúa a nombre propio en su
calidad de concejal del municipio de Florida, Valle del Cauca, lo cierto es que, de
conformidad con el artículo 45 del Acuerdo 619 del 31 de agosto de 2020 13,
expedido por el Concejo Municipal de Florida, son funciones del presidente de esa
corporación “[l]levar la debida representación de la corporación, y fomentar las
buenas relaciones interinstitucionales”14. En ese orden, la representación judicial y
extrajudicial del Concejo Municipal radica en cabeza de su presidente, por lo que el
actor no se encuentra facultado para promover la presente acción en defensa de los
intereses de dicha corporación.
Ahora bien, la Sala observa que en la contestación suscrita por el presidente del
Concejo Municipal de Florida, Carlos Andrés Shaik Ospina, se expusieron
argumentos sustancialmente coincidentes con los planteados en la acción de tutela,
al afirmar que la no notificación de las actuaciones por parte del municipio y del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entre el 19 de diciembre de 2025 y el
30 de enero de 2026, en el marco del radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00,
conllevó la vulneración de los artículos 29 de la Constitución Política de Colombia,
72 de la Ley 1437 de 2011 y 6, inciso 5, de la Ley 2213 de 2022. En consecuencia,
solicitó declarar la nulidad de lo actuado desde el 19 de diciembre de 2025.
En este punto, la Sala no encuentra justificación para que el presidente de la
corporación, pese a coincidir sustancialmente con los fundamentos de la acción de
tutela en su escrito de intervención, no hubiera promovido directamente dicho
13 “Por medio del cual se derogan los acuerdos número 366 de 2007, 408 de 2009, el 414 de 2010, 522 de 2016
y se determina el nuevo reglamento interno del Concejo municipal de Florida Valle de conformidad con los
parámetros normativos contenidos en la ley 974 de 2005”.
14 Archivo denominado “Acuerdo No 619 Reglamento interno”, contenido en el documento “030 Recibe memorial
[…]”, carpeta “cuaderno principal”, visible a índice 9 de SAMAI, certificado A9EDDF84D5381CE2
360162A41DA0721C 112368237BF5A5FA 608951F0CC60657A, folio 30.
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mecanismo en defensa de los intereses del Concejo Municipal, como correspondía
en virtud de su calidad de representante de la entidad.
2.4. De otro lado, aunque el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 permite agenciar
derechos fundamentales cuando su titular no esté en condiciones de ejercer su
propia defensa, y si bien se podría inferir la intención del accionante de actuar como
agente oficioso, en el sub lite no se acredita el cumplimiento de los presupuestos
exigidos para ello. En particular, no está demostrada la imposibilidad del presidente
del Concejo Municipal de Florida para acudir directamente a la administración de
justicia, ni dicha circunstancia fue alegada en el escrito de tutela. Por el contrario,
obra en el expediente la actuación directa de dicho representante, lo que descarta
la procedencia de la agencia oficiosa en el presente caso.
2.5. Además de lo precedente, la Sala resalta que no se evidencia la vulneración de
un derecho fundamental de carácter personal y directo en cabeza del accionante.
En efecto, los derechos invocados, en especial el debido proceso, no se predican
de su esfera jurídica individual, sino que corresponden a garantías cuya titularidad
radica en el Concejo Municipal de Florida, Valle del Cauca, en el marco de las
actuaciones surtidas dentro del proceso identificado con el radicado 76001-23-33-
000-2025-00882-00.
En ese sentido, la presunta afectación alegada no recae sobre un derecho
fundamental propio del actor, sino sobre intereses institucionales de la referida
corporación. Por consiguiente, no se configura una vulneración directa y personal
de sus derechos fundamentales, razón por la cual tampoco se encuentra legitimado.
3. En suma, la Sala advierte que no se configuran los presupuestos de la
legitimación en la causa por activa en materia de tutela, por cuanto el accionante no
se encuentra facultado para actuar en nombre del Concejo Municipal de Florida,
Valle del Cauca, cuya representación judicial y extrajudicial radica en cabeza de su
presidente; además, en caso de entenderse que obra como agente oficioso de dicha
corporación, no se acreditó la imposibilidad de aquel para ejercer directamente la
defensa de sus intereses y, finalmente, no demostró la vulneración o amenaza de
un derecho fundamental propio, lo que conduce a la improcedencia de la acción
constitucional.
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Sentencia de primera instancia
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Accionante: Albeiro Ibarbo Sinisterra
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
4. En consecuencia, en el sub lite se impone la improcedencia del amparo por falta
de legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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