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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01612-00

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01612-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Luz Marina Hernández de Azcona contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01612-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01612-00
Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01612-00
Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela-carácter subsidiario del amparo. Mora judicial - Niega el amparo. Petición-El
artículo 23 de la Constitución Política prevé el derecho de presentar peticiones ante las autoridades y a
obtener una respuesta oportuna de estas. Petición en actuaciones judiciales-Se regula por los códigos
procesales y no por la primera parte del CPACA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Luz Marina Hernández de Azcona contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Luz Marina Hernández de Azcona, en nombre propio1, interpuso acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, al plazo razonable y al derecho de petición, los cuales estima
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la presunta
mora judicial en la que habría incurrido al no proferir sentencia de segunda instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 25899-33-34-003-2016-00204-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. El Conjunto Residencial Solaz de Río Frío, ubicado en el municipio de Chía,
Cundinamarca, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Chía, con el fin de obtener la nulidad

1Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 79EBEFE51153DFBE 6198FB492AA2902A
867DA84DD70DE763 8A08BF22E3E08144
2 Ibídem

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

de los actos administrativos contenidos en la Resolución 633 de 2015 -por medio de la
cual se impone una sanción por infracción urbanística- y la Resolución 2136 de 2015 -
por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución 633 de
2015-.

2.2 El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá,
autoridad que, mediante sentencia de primera instancia del 21 de mayo de 2018, accedió
a las pretensiones de la demanda.

2.3 Inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación;
por tanto, el 6 de agosto de 2018 el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Posteriormente, el 7 de octubre de 2019, se admitió el recurso y, desde del 28 de enero
de 2020, el expediente se encuentra en estado de “al despacho para sentencia”, según
consta en aplicativo SAMAI.

2.4 Asimismo, indicó que, al momento de presentación de la solicitud de amparo, el
superior funcional no había proferido sentencia de segunda instancia, pese a la
presentación de seis escritos de petición y solicitudes de impulso procesal3.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela4

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la justicia, al plazo razonable y al derecho de petición y,
como consecuencia de ello: ii) ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
profiera decisión de fondo respecto del recurso de apelación interpuesto por el municipio
de Chía, dentro del término que el juez de tutela considere razonable.

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora manifestó que la mora
judicial en la que ha incurrido la autoridad accionada vulnera sus derechos
fundamentales, en la medida en que le ha impedido enajenar el inmueble de su
propiedad, lo cual afecta su estabilidad económica y el goce efectivo del derecho de
propiedad.

3.3. De otra parte, sostuvo que los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, no se agotan en la existencia formal de un trámite judicial, sino que exigen que
este se adelante sin dilaciones injustificadas, circunstancia que, a su juicio, no se
presenta en el caso concreto. En la misma línea, indicó que, si bien la Constitución
Política no establece términos específicos para proferir sentencia, esta debe adoptarse
dentro de un plazo razonable.

3 Las solicitudes se presentaron el 20 de junio, 10 de agosto, 5 de octubre y 14 de diciembre de 2021; 4 de febrero de

2022 y 13 de noviembre de 2024.
4 Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 79EBEFE51153DFBE 6198FB492AA2902A
867DA84DD70DE763 8A08BF22E3E08144.
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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

Adicionalmente, afirmó que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho
fundamental de petición se vulnera cuando no se emite respuesta, esta es evasiva o no
es de fondo, hipótesis que, en su criterio, se configura en el presente caso, dado que el
tribunal accionado no ha atendido las solicitudes formuladas.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela procede contra providencias o actuaciones
judiciales cuando se configura una mora injustificada en el trámite, esto es, cuando la
dilación es prolongada, carece de justificación objetiva y genera una afectación real a
derechos fundamentales. En ese contexto, señaló que, acreditada la mora judicial, el juez
constitucional está facultado para fijar un término perentorio al despacho judicial para
proferir la decisión correspondiente.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 10 de marzo de 20265, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, al Conjunto Residencial Solaz de
Río Frío y al municipio de Chía; y se ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, para que remitiera al trámite constitucional el expediente
identificado con el radicado número 25899-33-34-003-2016-00204-00/01.

4.2. La magistrada ponente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca6, rindió
informe en el que expuso las razones por las cuales no se ha proferido sentencia de
segunda instancia dentro del proceso adelantado por el Conjunto Residencial Solaz de
Río Frío contra el municipio de Chía.

En tal sentido, indicó que, una vez concedido el recurso de apelación interpuesto por el
municipio de Chía, el proceso fue repartido al Despacho 003 de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, con ocasión
de la creación de nuevos despachos en dicha Sección, se dispuso la redistribución de
procesos, en virtud de la cual el expediente fue asignado al Despacho 009.

Asimismo, precisó que tomó posesión del cargo en propiedad el 4 de diciembre de 2023,
por lo que solo a partir de esa fecha asumió el conocimiento del asunto. De igual manera,
señaló que el despacho ha impulsado un número significativo de procesos en los últimos
dos años y que el expediente objeto de controversia ocupa actualmente el turno séptimo
para fallo dentro de la lista de segunda instancia.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar
que no ha incurrido en mora judicial.

5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. AC033304CB9A8698 C76C9ED6733A07F6
4A284108B00705A0 A189A5B37F655554.
6 Índice 00016 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 39ACE83C0E2D12E3 AA6C5CF31A068009
4881B5CD6062EE75 30894326A9D90FE1
3

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

4.3. El municipio de Chía7 en calidad de parte demandada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, manifestó que coadyuva las pretensiones de la parte
actora en la presente acción de tutela.

Luego de exponer un resumen de los hechos relevantes, coincidente con el planteado en
la solicitud de amparo, indicó que el problema jurídico consiste en determinar si la mora
judicial en la que habría incurrido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, al no proferir sentencia de segunda instancia, vulnera los
derechos fundamentales de la accionante.

En consecuencia, solicitó que se amparen los derechos invocados y que se ordene al
tribunal accionado proferir la decisión de segunda instancia dentro del término que el juez
de tutela estime razonable.

4.4 El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá y el Conjunto
Residencial Solaz de Río Frío guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luz Marina
Hernández de Azcona al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado
que propietaria de un inmueble ubicado en el Conjunto Residencial Solaz de Río Frío,
que actúa como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25899-33-34-003-2016-
00204-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado y la
parte accionante le atribuye la vulneración de sus derechos por la presunta mora para
expedir la respectiva sentencia.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la mora judicial
alegada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

7 Índice 00017 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 8C0536A74C143A24 12922E3E7E5C9C97
327A8C475CE0ED18 6169C115C8E622F6

4

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley8.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4.1. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que
“[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables”9 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara
que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de
diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del
proceso sea irrazonable”10. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios
judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es
injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no

8 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete

autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
10 Ibidem.

5

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia11.

Adicional, la jurisprudencia constitucional12 ha identificado unos supuestos en los cuales
puede presentarse mora judicial aun cuando el funcionario haya actuado con diligencia.
Entre estos se encuentran: i) cuando la complejidad del asunto impide observar
estrictamente los términos previstos por el legislador; ii) cuando concurren problemas
estructurales que generan congestión judicial y una excesiva carga laboral; y iii) cuando
se acreditan circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las
actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora13. Lo anterior implica que, aun
cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,
dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una
decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se
advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, conforme al concepto
jurisprudencial de “mora judicial justificada” 14.

4.2. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el Titulo
II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo15, y de acuerdo con el artículo 1316 de dicho cuerpo normativo, las
personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general
o particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.

11 Ibidem.
12 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
13 SU-179 de 2021.
14 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones

injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo
de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para ello ha
acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se
debaten en el trámite.”
15 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
16 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado,
o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.
6

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

La Corte Constitucional17 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del
término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real
de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este derecho se adscriben
tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii)
la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al
peticionario”.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito,y
proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo18.

Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondoy
de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera que es
necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga competencia,
explicando las razones de su decisión; dentro de los términos previstos en la ley.

Con relación a los derechos de petición que se formulan en actuaciones judiciales, se
han considerado improcedentes, toda vez que los mismos deben resolverse dentro de la
misma actuación judicial conforme a las normas procesales, salvo que se trate de
actuaciones administrativas del juez.

Al respecto el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

Así, si la petición está relacionada con actuaciones administrativas del juez el
trámite estará regulado por las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo; y si está relacionada con actuaciones judiciales estará sometida a
las reglas propias del proceso en que se tramita. Lo anterior, por cuanto el juez o
Magistrado, las partes y los intervinientes y las peticiones que se realizan en el
trámite de un proceso judicial y con el fin de impulsar una actuación de la misma
naturaleza deben ajustarse, de conformidad con el artículo 29 constitucional, a las
reglas propias del juicio19.

Por su parte la Corte Constitucional ha sostenido:

En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición
encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a
autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes,
las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente
judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada
juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido
mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad

17 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-718

de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de
2017, entre otras.
18 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
19 Consejo de Estado. Radicación 13001-23-31-000-2012-00167-01(AC). Consejero Ponente Mauricio Torres Cuervo

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015”20

5. Caso concreto

La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la parte actora sostiene que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una mora judicial injustificada, con
la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales, al no haber proferido
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pese a que, desde el 28 de enero de 2020, el expediente se encuentra en estado
de “al despacho para sentencia”, según consta en el aplicativo SAMAI21.

5.2. No obstante, la Sala observa que, a partir de la revisión de las actuaciones
procesales surtidas en el asunto de la referencia, conforme a lo registrado en el aplicativo
SAMAI, si bien el expediente ingresó al despacho para fallo el 28 de enero de 2020, con
posterioridad se han presentado diversas circunstancias ajenas al despacho accionado
que han incidido en el normal desarrollo del proceso.

En esa medida, la autoridad judicial rindió un informe sobre el trámite impartido al asunto,
el cual será reseñado a continuación, con el propósito de evidenciar las novedades que
han tenido lugar con posterioridad a la admisión del recurso de apelación22:

Fecha Tipo de actuación desarrollada
El Juzgado Tercero del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera
21 de mayo de 2018
instancia.
12 de julio de 2018 Se concedió el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Chía.
El proceso se repartió al Despacho 003 de la Subsección A de la Sección
6 de agosto de 2018
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
25 de septiembre de Se admitió recurso de apelación interpuesto por el municipio de Chía.
2019
La Secretaría ingresó el expediente al Despacho para que se profiera
28 de junio de 2020
sentencia de segunda instancia.
El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-12026
15 de diciembre de del 15 de diciembre de 2022, mediante el cual se crean tres despachos
2022 en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre
ellos el Despacho 009.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá expidió el Acuerdo No.
5 de mayo de 2023 CSJBTA23-44 de 2023, en el que ordenó la redistribución de procesos
de los Despachos 001 y 003, al Despacho 009.
En cumplimiento del Acuerdo recién nombrado, el Despacho 001 remitió
16 de mayo de 2023
el proceso al Despacho 009.

20 Corte Constitucional. T 394 de 2018. Magistrada Diana Fajardo
21
Índice 00018 del aplicativo SAMAI de la segunda instancia del proceso ordinario

22 Índice 00016 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 39ACE83C0E2D12E3 AA6C5CF31A068009
4881B5CD6062EE75 30894326A9D90FE1
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01612-00
Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

19 de mayo de 2023 El proceso ingresó al Despacho 009.
14 de junio de 2023 Se profirió auto a través del cual se asumió conocimiento del proceso.
4 de diciembre de La magistrada Luz Marina Hernández De Azcona tomó posesión del
2023 cargo.

Asimismo, la magistrada ponente del asunto23 advirtió, en su contestación, que el proceso
identificado con el radicado núm. 25899-33-34-003-2016-00204-01 se encuentra en el
turno 7 para fallo de la lista de expedientes pendientes de decisión de segunda instancia.

Igualmente, con el propósito de demostrar que ha actuado de manera diligente desde su
posesionó en el cargo, la magistrada expuso que:

“(E)n 2024 el Despacho impulsó los cerca de 500 procesos que recibió, de primera
y segunda instancia, y el reparto de acciones constitucionales, que, en Sección
Primera son el 50% de la carga laboral y cuentan con prelación por los derechos
en conflicto.

En 2025 se impulsaron 531 procesos. Además, se emitió sentencia en los
expedientes 11001-33-34-002-2015-00127-02;11001-33-34-005-2016-00131-02;
25307-33-33-001-2015-00507-01 y 25307-33-33-001-2018-00154-01, que se
encontraban en turno para fallo de segunda instancia por fecha de ingreso al
despacho.

Los impulsos de procesos ordinarios de primera y segunda instancia se hacen
teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión (en primer lugar, las demandas
electorales), la antigüedad de la demanda y la etapa procesal, comenzando con
la admisión

En ese contexto, para el presente caso se tuvo en cuenta que el recurso ya fue
admitido y se proyectará el fallo en el turno que le corresponde, pues existen
procesos que ingresaron al tribunal para sentencia de segunda instancia desde
2019”.

Lo anterior permite evidenciar el alto nivel de congestión judicial en el que se ha
encontrado el Despacho 009 desde la redistribución de procesos efectuada en el año
2023, así como los esfuerzos desplegados para impartirles impulso, respetando el turno
correspondiente a cada uno, el cual depende directamente de la fecha de ingreso del
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En ese sentido, la magistrada indicó que, en la actualidad, el despacho continúa
conociendo procesos que ingresaron al tribunal para proferir sentencia de segunda
instancia desde el año 2019, lo cual explica la posición en la que se encuentra el proceso
promovido por el Conjunto Residencial Solaz de Río Frío dentro de la lista de turnos.

Así las cosas, en atención a la elevada carga laboral, la congestión judicial, la prelación
legal de las acciones constitucionales y la complejidad de los asuntos sometidos a
conocimiento de la jurisdicción, resulta razonable que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no haya proferido aún la sentencia dentro del proceso de la referencia. No

23 Ibidem

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

obstante, una vez el expediente alcance el turno que le corresponde, deberá procederse
a la expedición y notificación de la respectiva providencia.

5.3. Asimismo, la Sala estima pertinente considerar las apreciaciones contenidas en el
Acuerdo No. CSJBTA23-44, expedido el 5 de mayo de 2023 por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá, en el que se expone el nivel de congestión judicial existente en
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la fecha de su
expedición.

En particular, el citado acuerdo señala que, con fundamento en las estadísticas
reportadas en el sistema SIERJU, con corte al 31 de marzo de 2023, el promedio de
procesos ordinarios, acciones populares y acciones de grupo a cargo de los despachos
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ascendía a 532
procesos. Con el propósito de ilustrar dicho nivel de congestión, se incorporó el siguiente
gráfico:

Así, resulta evidente que el Despacho 003, con anterioridad a la redistribución de
procesos derivada del citado Acuerdo, presentaba un alto nivel de congestión,
circunstancia que, razonablemente, incide en la celeridad con la que pueden adoptarse
las decisiones judiciales.

Ahora bien, si bien la redistribución de procesos generó una afectación en la continuidad
del conocimiento del asunto, en tanto se evidenció un lapso entre la fecha de ingreso del
expediente al Despacho 009 y la posesión de la magistrada a cargo, lo cierto es que dicha
medida se proyecta como un mecanismo orientado a mejorar la eficiencia en la
administración de justicia y, en particular, a agilizar la expedición de sentencias. En
efecto, de acuerdo con las consideraciones del Acuerdo en mención, la creación de tres
despachos adicionales permitió reducir el promedio de carga procesal de la Sección
Primera, que pasó de 532 a 355 procesos.

Con todo, pese a la creación de dichos despachos, cada uno de ellos asumió un volumen
significativo de procesos, en la medida en que se redistribuyeron 1050 expedientes entre
los tres nuevos despachos. En consecuencia, resulta razonable el tiempo que ha
requerido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para proferir la sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de la referencia.

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

5.4. A partir de lo expuesto, la Subsección concluye que no se encuentra acreditada una
mora judicial injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
emisión de la sentencia de segunda instancia. En efecto, la ausencia de decisión no
obedece a una conducta negligente, sino a factores objetivos debidamente demostrados,
tales como la carga excesiva de trabajo, la congestión judicial y la consecuente
redistribución de procesos que se debió realizar por este motivo, así como el turno que
ocupa el proceso dentro del Despacho.

De igual forma, no se advierte que la parte actora haya expuesto o acreditado
circunstancias que justifiquen otorgar prelación o trámite preferente al proceso de la
referencia. En particular, no se señalaron razones que permitan exceptuar el respeto al
turno, ni se demostró la existencia de una situación de debilidad manifiesta que habilite
alterar el orden de decisión. Asimismo, el demandante no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable ni la necesidad de modificar el turno.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el expediente ingresó al Despacho del
magistrado sustanciador el 28 de enero de 2020 para la adopción de la decisión de fondo,
que el 16 de mayo de 2023 se debió remitir este proceso a un nuevo Despacho como
consecuencia de la alta congestión judicial y que hasta el 4 de diciembre de 2023 la
magistrada a cargo del Despacho 009 se posesionó en su cargo, la sala considera que
el término transcurrido hasta la fecha no puede calificarse como irrazonable.

5.5. En todo caso, el lapso transcurrido desde el ingreso del proceso al Despacho para
fallo no resulta contrario a los postulados constitucionales, particularmente si se
considera la carga laboral que afrontan las autoridades judiciales de la jurisdicción
contencioso-administrativa a nivel nacional y los efectos que ello generó en la distribución
de procesos. Asimismo, la sola inobservancia de los términos judiciales no configura, por
sí misma, una vulneración del debido proceso, salvo que se acredite la existencia de un
perjuicio irremediable24, circunstancia que no se presenta en el sub examine.

5.6. Por otra parte, la accionante alega que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección C vulneró su derecho fundamental de petición, en la medida
en que no dio respuesta a las solicitudes de información relacionadas con el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, la Sala advierte que, conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional,
las solicitudes que se elevan ante las autoridades judiciales en el marco de su función
jurisdiccional no se rigen por las disposiciones previstas en el Título II, Capítulo I del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sino por las
normas propias de los respectivos códigos procesales.

En ese orden de ideas, dichas solicitudes no se enmarcan en el ámbito de protección del
derecho fundamental de petición consagrado en el previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política 25, razón por la cual no resulta procedente la acción de tutela para
su amparo en este contexto.

24 Sentencias T- 1154 de 2001 y T-1249 de 2004.
25 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-394 de 2018 [fundamento jurídico 5].

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Accionante: Luz Marina Hernández de Azcona

Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por el accionante como
constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está acreditada,
en consecuencia, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Luz Marina Hernández de
Azcona contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección
C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

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