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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01613-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01613-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora Claudia María Clavijo Campo y el señor Pedro Alejo Rodríguez Páez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01613-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de junio de 2026

Demandantes: Claudia María Clavijo Campo y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01613-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01613-00
Demandantes: CLAUDIA MARÍA CLAVIJO CAMPO Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala
Plena de la corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Claudia María Clavijo Campo y el señor Pedro Alejo Rodríguez
Páez, a través de apoderado judicial1, presentaron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C para que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de reparación integral y de
acceso a la administración de justicia, así como las garantías convencionales
descritas en la demanda, los cuales consideraron vulnerados por la sentencia
del 11 de agosto de 2025, emitida en el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado 05001-23-33-
000-2015-01114-02 (70025).

Con dicha providencia se modificó la decisión de primera instancia del 3 de
mayo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta

1
Con acta de reparto del 2 de marzo de 2026.

1
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Demandantes: Claudia María Clavijo Campo y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01613-00

de Oralidad para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por
activa de unos demandantes y, a su vez, declarar la caducidad del medio de
control.

Con todo, la parte actora solicitó como medida cautelar la «suspensión
temporal de la sanción (sic), hasta tanto se resuelva de fondo la acción de
tutela, en la medida en que está cumplida la apariencia de buen derecho».

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó que se amparen sus derechos
fundamentales y se deje sin efectos la providencia demandada o en su lugar
expedir sentencia de reemplazo, en la que reconozca los derechos de las
víctimas parte del grupo actor.

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que el 20 de abril de 2006, en zona rural del
municipio de Hacarí, Norte de Santander, una comisión oficial conjunta
integrada por miembros del Ejército Nacional y detectives del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adelantaba un operativo
táctico orientado a la captura de Víctor Ramón Navarro, alias «Megateo»,
cabecilla del grupo insurgente EPL.

Señaló que, durante el desplazamiento, la comisión fue objeto de una
emboscada mediante el uso de cargas explosivas de alto poder (armas de
naturaleza indiscriminada) y posterior remate de sobrevivientes en estado de
indefensión. Este ataque resultó en la masacre de dieciocho (18) personas:
siete (7) militares de la Brigada 30 del Ejército, diez (10) detectives del DAS
y un (1) civil informante.

Refirió que las investigaciones judiciales posteriores determinaron que la
operación militar y policial fue frustrada, y en su lugar ocurrió una masacre
debido a la filtración de información oficial reservada, la cual fue
suministrada por el entonces funcionario activo del DAS, Carlos Alberto
Suárez Reyes, quien, a cambio de prebendas económicas, entregó datos
privilegiados a la estructura criminal, permitiendo la ejecución del acto
terrorista2.

Afirmó que el 23 de febrero de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta (Rad. 54-001-31-007-001-2010-00052), dictó

2
Expuso que la conducta del funcionario Suárez Reyes constituye una participación
determinante de un agente del Estado en la violación de los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario (Crímenes de Guerra), configurando una falla palmaria en la
custodia de la información estatal.

2
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sentencia condenatoria contra Carlos Alberto Suárez Reyes por los delitos
de homicidio agravado y utilización indebida de información oficial
privilegiada, entre otros. El fallo estableció su responsabilidad directa en la
entrega de información que facilitó el asesinato de los 17 uniformados y el
civil.

Señaló que el 3 de julio de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia (proceso 39.522, acta 208), mediante auto interlocutorio
inadmitió la demanda presentada por la defensa del condenado, quedando
en firme la responsabilidad penal del exdetective del DAS.

Indicó que tras ser recluido en el Complejo Carcelario «La Picota», el señor
Suárez Reyes se postuló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En
dicho escenario, el exfuncionario reconoció abiertamente haber entregado la
información privilegiada a alias «Megateo» para la comisión de los crímenes
ocurridos en Hacarí.

Mencionó que, como consecuencia de su sometimiento y aportes a la
verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en el año
2024, le concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y
anticipada, lo cual reafirmó el vínculo causal entre su cargo oficial y el daño
antijurídico causado a las víctimas.

Expuso que junto a otras personas promovieron el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado
05001-23-33-000-2015-01114-00 y que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad con providencia del 3 de mayo de 2023
declaró probada la excepción de caducidad del referido medio, declaró
terminado el proceso y se abstuvo de condenar en costas.

Mencionó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en su
sentencia del 11 de agosto de 2025, resolvió modificar la decisión de primera
instancia, para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por
activa de unos demandantes y, a su vez, declarar la caducidad del medio de
control. Además, condenó en costas a la parte demandante. En esta
decisión se determinó que el plazo de dos años para demandar comenzó a
contar, a más tardar, el 15 de marzo de 2012, cuando se notificó la condena
penal contra el exfuncionario del DAS, y no en 2013 como pretendían las
víctimas.

La anterior decisión se notificó vía electrónica el 28 de agosto de 2025 y por
estado fijado el 1° de septiembre del mismo año.

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1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la decisión acusada se incurrió en lo
siguiente:

1.4.1. Violación directa de la Constitución

Indicó que la autoridad judicial demandada aplicó de manera rígida y
exclusivamente la caducidad del medio de control de reparación de grupo,
sin integrar el bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 93 superior
y sin realizar el correspondiente control de convencionalidad.

Expuso que la decisión impugnada partió de un cómputo formal del término
desde la ocurrencia material de los hechos en 2006, sin ponderar que el
asunto versaba sobre una masacre constitutiva de grave violación a
derechos humanos, ni considerar que la certeza jurídica de la participación
estatal se consolidó con la condena penal en firme en 2013 y fue
posteriormente reafirmada por la JEP, acción en la cual Carlos Alberto
Suárez Reyes admitió responsabilidad luego de acogerse a dicha
jurisdicción.

Mencionó que la vulneración analizada surgió directamente de la conducta
del agente estatal, quien, haciendo uso de información oficial a la que había
accedido por su cargo, actuó de forma contraria a derecho y abusando de su
investidura.

Añadió que dicha conducta no solo es atribuible al Estado, sino que,
conforme a la sentencia C-484 de 2002 de la Corte Constitucional requiere
un análisis más exigente de la imputación y de las posibles consecuentes
acciones de repetición, dado que adquiere una cualificación que refuerza la
responsabilidad estatal.

Indicó que en materia de derechos humanos el acceso a la justicia y a la
reparación integral debe garantizarse de manera plena, y las normas
procesales se interpretan de modo que no vacíen el contenido esencial de
tales derechos, conforme a los artículos 2, 29, 229 y 93 de la Constitución
(bloque de constitucionalidad).

Refirió que no se realizó un análisis conforme al bloque de constitucionalidad
ni del estándar reforzado aplicable a graves violaciones a derechos
humanos, con lo que se cerró definitivamente el proceso sin entrar al estudio
de fondo sobre la responsabilidad estatal, mediante una interpretación
estrictamente formal de la caducidad.

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Recordó que en la sentencia SU-254 de 2013 se establece que,
particularmente en casos relacionados con graves violaciones a derechos
humanos, el juez ordinario tiene el deber reforzado de integrar el bloque de
constitucionalidad y realizar control de convencionalidad, y que la omisión de
tales obligaciones puede configurar un defecto con trascendencia
constitucional.

Afirmó que, en el presente caso, la aplicación estrictamente formal de la
caducidad produjo el cierre definitivo del proceso sin estudio de fondo sobre
la responsabilidad estatal en un contexto de graves violaciones a derechos
humanos, lo cual demuestra el yerro procesal de la violación directa a la
constitución, el desconocimiento del precedente judicial y la falta al deber
reforzado de protección en esos casos.

Adujo que el caso Hacarí no corresponde a un daño administrativo ordinario,
sino a una masacre ocurrida en contexto del conflicto armado interno, con
participación de un agente estatal que suministró información oficial
privilegiada, hecho reconocido por el perpetuador. Por ello, estimó que cerrar
el acceso a la reparación integral mediante una interpretación rígida de la
caducidad implica desconocer la obligación constitucional e internacional del
Estado de garantizar verdad, justicia y reparación.

Indicó que se desconoce el principio «Estoppel» y se equiparó al postulado
non venirem contra factum, bajo la consideración de que «el Estado queda
‘estopped’ (sic) (impedido) de alegar caducidad porque su propia conducta
(mantener la jurisdicción penal actuando frente al caso o reconocer el
crimen) es incompatible con la idea de que el derecho de la víctima ha
expirado.»3

1.5. Trámite

Una vez repartido el expediente, con escrito del 4 de marzo de 2026, el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para
conocer de la acción de tutela de la referencia bajo la causal prevista en el
numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en atención a
que su cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita a
una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que
también integró la parte demandada del proceso ordinario antes
mencionado. Este impedimento se declaró infundado con providencia del 12
de marzo del mismo año.

3
Al respecto, agregó: Estoppel por Venire Contra Factum Proprium
En el ámbito del Derecho Internacional Público y los Derechos Humanos, cuando un Estado
intenta "nadar en dos aguas" —argumentando que el delito sigue vivo para perseguir o
beneficiar al reo, pero que está muerto para indemnizar a las víctimas— incurre en una
contradicción que el derecho internacional prohíbe.

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Mediante auto del 13 de abril de 2026, se inadmitió la demanda
constitucional para que la parte actora aportara los poderes especiales para
ejercer la acción de tutela, con la especificación y precisión en cuanto a la
decisión judicial que se pretende demandar. Este proveído se notificó vía
electrónica el 14 del mismo mes y año y, con memoriales del 16 y 20 de abril
de 2026, la parte accionante aportó los poderes especiales requeridos en el
auto inadmisorio de la demanda.

Por lo que, mediante auto del 29 de abril de 2026, se admitió la acción de
tutela presentada por la señora Claudia María Clavijo Campo y el señor
Pedro Alejo Rodríguez Páez, a través de apoderado judicial, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Por consiguiente, se ordenó la notificación de los magistrados que integran
dicha corporación y se vinculó en calidad de terceros a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad, así
como a los representantes de la Nación – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, del Departamento Administrativo de Dirección Nacional de
Inteligencia, a la Fiduprevisora S.A., a la Unidad Nacional de Protección, a la
fiscal General de la Nación, al ministro de Defensa Nacional y al comandante
del Ejército Nacional.

De igual manera, se dispuso la vinculación de los señores Irinis Rincón
Chaverra, Flor Marina Cordero Ochoa, Luis Orlando Cordero Ochoa, María
Nubia Cordero Ochoa, Myriam Cordero Ochoa, Fredy Cordero Ochoa,
Francisco Javier Cordero Ochoa, José Delio Cordero Ochoa, Graciano
Cordero Velandia y María Antonia Ochoa de Cordero; María Elpidia
González de Rodríguez (o su causante), Beatriz González y a los familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad que integraron la
parte demandante en el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo objeto de demanda.

Adicionalmente, se ordenó comunicar por el medio más expedito y eficaz la
iniciación del presente trámite procesal a los demás integrantes del grupo
demandante en dicho proceso, de conformidad con lo señalado en la
sentencia de segunda instancia demandada4, así:

Sara Rodríguez González (sobrina del fallecido Jesús Antonio Rodríguez
González), quien actúa en nombre de su hija Sara Vanessa Vargas
Rodríguez; Diana Astrid González Rodríguez (sobrina), Gloria Esperanza
Urrego González (sobrina), Leydi Marcela Quistial Rodríguez (sobrina),
Jeana Rodríguez Pérez (sobrina), María Lucila Laguna Rodríguez
(sobrina), Luis Gerardo Laguna Rodríguez (sobrino), Pedro José

4
Folios 6 a 8 de la providencia en cita.

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Rodríguez Pérez (sobrino), María Alejandra Rodríguez Pérez (sobrina),
Daniel Felipe González Rodríguez (sobrino), Fredy Jeovanni Quistial
Rodríguez (sobrino), Luis Hernando Quistial Rodríguez (sobrino), Jeisson
Fabián Quistial Rodríguez (sobrino), Javier Orlando Urrego González
(sobrino), Jeimy Paola Urrego González (sobrina), John Jairo Urrego
González (sobrino), Luz Stella Urrego González (sobrina), Jorge Andrés
Urrego González (sobrino), Viviana Rubiela Urrego González (sobrina),
Janeth Audelia Urrego González (sobrina), Claudia Patricia Urrego
González (sobrina), Óscar Leonidas Laguna Rodríguez (sobrino), Sandra
Milena Laguna Rodríguez (sobrina), Susan Yusely Laguna Rodríguez
(sobrina) y Angie Carolina Urrego González (sobrina),

Midler Janeth Murillo Balcázar quien compareció en nombre de su hijo
Sebastián Cordero Murillo (hijo del fallecido Carlos Augusto Cordero
Ochoa).
Rosalba Bastida Pérez de Tinoco (abuela del fallecido Edwin Edmundo
Ramírez Castro).

Claudia María Clavijo Campo (cónyuge de Dunis Adolfo Catalán Meza),
Yurlenys Quintero Clavijo (hija de crianza), Walter Catalán Meza
(hermano), en representación de su fallecida madre Carmen Meza Acuña
y su abuela Olga María Acuña de Morales, Yaneth Esther Grau Meza
(hermana), Yenny Lorena Meza Acuña (hermana), Edinson de la Cruz
Catalán Meza (hermano), María del Rosario Catalán Meza (hermana),
Jhon Jairo Catalán Meza (hermano), Wilson José Catalán Meza
(hermano).

Jenny Paola Padilla Pinto, concurrió actuando en nombre propio y en el
de su hijo Luis Antonio Gutiérrez Padilla (compañera permanente e hijo
del fallecido Luis Antonio Gutiérrez Camacho).

Mercedes Murillo de López (hermana del fallecido Óscar Fernando
Murillo Marín), Carolina Laura Victoria Murillo (hija), quien obra en
nombre propio y en el de los derechos de su fallecidos abuelo Rafael
Murillo y su hermana Fabiola Beatriz Murillo García, Isabella Montaño
Murillo (nieta), María Nivia García de Murillo (cónyuge), Gustavo Adolfo
Montaño Murillo (nieto), Catalina Andrea Montaño Murillo (nieta).

Finalmente, se denegó la medida cautelar solicitada por la parte actora.

En relación con el trámite surtido para efectos de la notificación de las
partes, se observa que la Secretaría General de esta corporación fijó un
aviso dirigido «[a] los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o
de afinidad que integraron la parte demandante en el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado
05001-23-33-000- 2015-01114-02 (70025) y a los demás integrantes del
grupo».

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1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado ponente de la sentencia acusada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la parte accionante
no demostró una afectación de los derechos fundamentales alegados,
situación que, por demás, no se produjo con la sentencia reprochada.

Mencionó que la petición de amparo se usa como una oportunidad para
reabrir el debate propio de las instancias ordinarias y como un instrumento
para insistir en el objeto del litigio del proceso primigenio.

Refirió que la demanda no plantea una controversia constitucional relevante,
sino un intento por emplear la tutela como una instancia adicional del
proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo que ya concluyó,
en orden a rebatir la forma en que se computó el término de caducidad para
su interposición.

Precisó que la sentencia del 11 de agosto de 2025 se profirió con estricto
apego al ordenamiento jurídico, las reglas jurisprudenciales aplicables y a las
pruebas aportadas al proceso, a cuyas consideraciones se remite.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y
que se considere su falta de legitimación en la causa por pasiva, por los
siguientes motivos:

Hizo referencia a los hechos que dieron origen al medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, objeto de demanda.

Expuso que no existe relación de causalidad entre las actuaciones de la
entidad y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados
por la parte accionante.

1.6.3. Dirección Nacional de Inteligencia

Esta entidad solicitó que se declare improcedente la presente acción de
tutela, pues este trámite constitucional no va dirigido a reabrir debates ya
decididos por autoridades competentes, adicional a que no cumple con los
requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para su estudio.

Refirió los hechos que dieron origen a esta acción de tutela para, destacar
que los demandantes tenían hasta el 23 de febrero de 2014 para presentar

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la demanda, siendo radicada en fecha 28 de mayo de 2015, lo que significa
que el medio de control se encontraba caducado.

Indicó que la controversia planteada por la parte actora no trasciende el
ámbito de la legalidad ordinaria, sino que se limitó a expresar una
inconformidad con la interpretación judicial del fenómeno de la caducidad del
medio de control, cuestión que es propia de la jurisdicción contencioso-
administrativa y que fue resuelta en primera y segunda instancia dentro del
marco de su autonomía e independencia judicial.

1.6.4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Esta entidad manifestó que no fue parte del proceso identificado por la
accionante, de igual forma no tiene competencia para revocar o contradecir
las decisiones judiciales debido a la estructura y administración de la Rama
Ejecutiva del Poder Público.

Recordó que los jueces de la República poseen independencia y autonomía
al momento de proferir sus decisiones en el marco de un proceso que narró
la parte accionante.

Solicitó su desvinculación ante la falta de legitimación en la causa por
pasiva, se declare improcedente la acción de tutela o en su defecto se
deniegue lo pretendido.

1.6.5. Ministerio de Defensa Nacional

Esta entidad solicitó que se denieguen las pretensiones del accionante al
resultar esta acción «improcedente».

Indicó que se debe conservar la providencia de segunda instancia intacta,
pues las decisiones contenidas en el fallo atacado no han vulnerado derecho
fundamental alguno, y por demás, lo que se pretende es reabrir un debate
que ya fue finiquitado, donde se hace evidente que estuvo mediado por la
ponderada y debida valoración probatoria, que en derecho soporta cualquier
análisis legal y constitucional.

1.6.6. Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora SA, defensa jurídica
del extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio cuyo
vocero es Fiduprevisora SA

Esta entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
promovida por la parte accionante, por no configurarse ninguno de los
requisitos excepcionales de procedencia contra providencias judiciales.

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Indicó que en su defecto se denieguen las pretensiones elevadas en la
solicitud de amparo constitucional, por inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales.

Señaló que la providencia cuestionada contiene un análisis razonado sobre
la configuración de la caducidad del medio de control, sustentado en la
valoración de los hechos, las pruebas y el marco jurídico aplicable.

Refirió que, sin embargo, la parte accionante pretende presentar su
inconformidad interpretativa como una supuesta vulneración constitucional,
pese a que no se evidencia arbitrariedad, capricho judicial ni configuración
de una vía de hecho.

1.6.7. Unidad Nacional de Protección

Esta entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela toda
vez que las pretensiones esbozadas por la parte accionante no van dirigidas
a la UNP y porque esta entidad no ha vulnerado sus derechos
fundamentales.

Solicitó su desvinculación porque que existe falta de legitimación por pasiva
ya que no son hechos donde se encuentra implícita la actuación de esta
entidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela,
según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 5, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.

2.2. Cuestiones previas

La Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección solicitaron
su desvinculación de este trámite constitucional pues consideran que
carecen de legitimación en la causa por pasiva.

La sala denegará tales peticiones puesto que dichas entidades integraron la
parte demandada en el medio de control objeto de cuestionamiento y por
tanto, les asiste interés en la causa como terceros vinculados.

5
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
6
Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte accionante con ocasión de la sentencia del 11 de agosto de 2025,
emitida en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo identificado con el radicado 05001-23-33-000-2015-01114-02 (70025),
con la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C modificó la
decisión de primera instancia del 3 de mayo de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad para, en su lugar,
declarar la falta de legitimación en la causa por activa de unos demandantes
y, a su vez, declarar la caducidad.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y
concluyó:

… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la
decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos

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fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los
cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no
puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por
ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias
que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que,
dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «… el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta

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que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto
tri unal constitucional consideró ue la tutela implica un juicio de alide no
una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben
tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el caso concreto, la parte actora sostuvo que con la sentencia de
segunda instancia acusada se incurrió en una violación directa de la
Constitución porque desconoció las garantías judiciales supranacionales que
impiden aplicar rígidamente la caducidad. Asimismo, alegó una vulneración
del principio que denominó «Estoppel».

A su vez, consideró que la autoridad judicial debía fijar criterios unificadores
y vinculantes, además de que sacrificó el derecho sustancial de las víctimas
transgrediendo el acceso a la administración de justicia pues dio prevalencia
a los formalismos ante casos de masacres y de violación de derechos
humanos.

Adicionalmente, los demandantes estimaron que, al computar la caducidad
desde la ocurrencia material del daño, sin tener en cuenta que la certeza
jurídica de la participación estatal solo se consolidó con la condena penal en
firme en 2013 y fue posteriormente reafirmada en el marco de la Jurisdicción
Especial para la Paz, se desconoció el bloque de constitucionalidad.

La parte accionante también expuso que el caso Hacarí no corresponde a un
daño administrativo ordinario, sino a una masacre ocurrida en contexto de
conflicto armado interno, con participación de un agente estatal que
suministró información oficial privilegiada, hecho reconocido por el
perpetuador. Por lo que, cerrar el acceso a la reparación integral mediante
una interpretación rígida de la caducidad implica desconocer la obligación

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constitucional e internacional del Estado de garantizar verdad, justicia y
reparación.

En lo particular, se encuentra que los reproches que plantea la parte actora
fueron objeto de análisis en la sentencia de segunda instancia acusada,
pues en esta se tuvo presente que, por tratarse de crímenes de guerra, lesa
humanidad y violación a derechos humanos debía observarse la prevalencia
de los instrumentos internacionales en materia de reparación de daños a las
víctimas frente a las normas internas sobre la caducidad.

De modo que, se observa que en la providencia cuestionada se analizó la
jurisprudencia sobre la aplicación de la mencionada figura, inclusive en
casos de discusión de violación a derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad, y además se partió de la distinción entre los efectos del cómputo
de la prescripción de la acción penal.

A su vez, se precisa que en la sentencia acusada se explicó que con
independencia de que se trate de un crimen de guerra o un delito de lesa
humanidad o no, el cómputo de la caducidad establecida en el literal h) del
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 opera desde el momento
en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, mientras que no fueran observadas situaciones
que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción.

A partir de lo anterior, la autoridad judicial demandada concluyó que, pese a
demostrarse que la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso
penal se declaró la responsabilidad del agente del DAS, el conteo de la
caducidad en el medio de control objeto de esta acción de tutela procedía de
la siguiente manera:

48.- Así pues, la Sala considera que, para la fecha en que fue notificada por
edicto la providencia de segunda instancia –hecho que ocurrió el 15 de marzo
de 2012115, los demandantes contaban con plenos y suficientes elementos de
juicio para intuir la participación de un agente estatal en la causación del daño
e imputar responsabilidad al extinto DAS, como en efecto lo hicieron, por
haber facilitado a través de sus funcionarios la comisión del atentado producto
del cual murieron sus familiares.

49.- A la luz de los postulados de la sentencia de unificación, no resulta
jurídicamente admisible pretender extender el cómputo inicial de la caducidad
del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo al
momento en ue la pro idencia de segunda instancia co rara ejecutoria…
…
50.- En síntesis, la Sala considera que a más tardar el 15 de marzo de 2012 -
fecha en que quedó notificada por edicto la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito de

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Cúcuta del 23 de febrero de 2012, dictada dentro del expediente rad. 45-001-
31-07-001-2010-00052-01, en la que se declaró la responsabilidad penal del
ex agente de DAS Carlos Alberto Suárez Reyes, inició el cómputo de los dos
años para impetrar el medio de control de reparación de perjuicios causados al
grupo de la referencia, sin que se hubiera acreditado alguna situación que
imposibilitara el ejercicio de la acción para los demandantes, por lo que los
dos años vencían el 15 de marzo de 2014. En ese orden, al haberse
interpuesto el 28 de mayo de 2015 se concluye que su formulación fue
extemporánea.

La antedicha conclusión no variaría si, incluso de acudirse a un término más
flexible, se ampliara inicial su cómputo hasta el 27 de mayo de 2012, fecha en
que se publicó la noticia alusiva a la sentencia penal en contra del ex agente
del DAS, pues incluso de así considerarlo, igualmente habría de concluirse
que la demanda se presentó fuera del plazo legal.

De manera que, lo que pretende la parte actora es reabrir una instancia
adicional con el fin de insistir en que lo que fue decidido tanto por el a quo
como por el ad quem debe ser revocado para, en su lugar, acceder a las
aspiraciones de la demanda, lo cual denota su inconformidad con la
interpretación normativa y jurisprudencial efectuada en la sentencia
cuestionada.

Adicionalmente, la parte actora no logró explicar de qué manera puntual la
decisión acusada incurrió en una arbitrariedad que amerite la intervención
del juez constitucional, pues se limitó a expresar su desacuerdo con la
interpretación legal de la caducidad.

A su vez, tampoco resulta relevante constitucionalmente el reproche relativo
al presunto desconocimiento del precedente puesto que el actor no cumplió
con la carga argumentativa necesaria de identificar la regla o subregla
contenida en las sentencias invocadas.

En el mismo sentido, no se encuentra acreditado el mencionado presupuesto
general de procedencia respecto del presunto desconocimiento del principio
denominado «Estoppel» puesto que el hecho de que el Estado persiga
penalmente a un agente no le impide declarar la caducidad de una acción
patrimonial, pues son jurisdicciones con finalidades y términos distintos.

En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para
traer a colación el análisis de la sentencia acusada, máxime cuando esta se
dirige contra una providencia de una alta corte -como lo es la autoridad
demandada-, sino que es un medio residual a través del cual se revalúan las
decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sopesar los principios rectores
de la autoridad judicial.

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Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante pretende reabrir el debate y
no desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que su
caso amerita algún pronunciamiento de orden constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación de la Fiscalía General
de la Nación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y la Unidad Nacional de Protección.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por
la señora Claudia María Clavijo Campo y el señor Pedro Alejo Rodríguez
Páez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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