RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01614-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01614-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01614-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional del municipio de Yarumal. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente sentencia a las partes e intervinientes por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01614-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Tema: Improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional del asunto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la demanda de tutela instaurada por el municipio de Yarumal contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia y el departamento de Antioquia1.

ANTECEDENTES

Demanda

1. El 27 de febrero de 20262, el municipio de Yarumal instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el departamento de Antioquia, a fin
de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso3.

Hechos relevantes4

2. El 13 de enero de 2026, la directora de Asesoría Legal y de Control del
departamento de Antioquia, en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 10
del artículo 305 de la Constitución, que le fue delegada por el gobernador
correspondiente, remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia el Acuerdo 011 del
26 de noviembre de 2025, adoptado por el concejo de Yarumal (Antioquia),
mediante el cual se aprobó el presupuesto general de ese municipio para la vigencia
fiscal del presente año. De tal modo, se originó el proceso 05001-23-33-000-2026-
00079-00.

3. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sala Octava de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del mencionado acuerdo.

4. Para sustentar esa decisión, dicha sala expuso que, de conformidad con el
artículo 11 del Decreto Ley 111 de 1996 —por el cual se compilan la Ley 38 de

1 El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Anotación contenida en el índice 2 del expediente.
3 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «A6A1A033F912DCFF (…)».
4 Extraídos de la demanda de tutela y del expediente del 05001-23-33-000-2026-00079-00, en el que

se expidió la providencia respecto de la cual se alega la vulneración de derechos fundamentales.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto—, aplicable a las entidades territoriales en virtud de su artículo 109,
el presupuesto general de los municipios está conformado por el de rentas, por el
de gastos —que incluye funcionamiento, deuda pública e inversión— y por
disposiciones generales.

5. Expuesto lo anterior, señaló que en el presupuesto de gastos de Yarumal se
incluyó el concepto de «administración central», pero no se detalló el valor asignado
a cada una de las dependencias de la alcaldía, lo que impidió identificar el destino
de las apropiaciones presupuestales y posibilitó una utilización discrecional de
recursos públicos, con lo cual, a su vez, se desconoció el principio de especialidad
del gasto y se afectó la legalidad de la ejecución presupuestal.

6. También indicó que se contempló la categoría de «servicio de la deuda»,
abarcando el rubro genérico de «préstamos», sin siquiera señalar las entidades
acreedoras, lo cual impidió «un control más estricto de la destinación del monto
establecido».

7. Además, expuso que se incluyó el concepto de «inversión», que acogió la
categoría de «servicios a la comunidad, sociales y personales», sin identificar los
programas, subprogramas o proyectos del plan de desarrollo municipal
correspondientes. Añadió que, con ello, también se desconoció el principio de
especialidad del gasto, se impidió la verificación de la coherencia entre planeación
y presupuesto y se obstaculizó el seguimiento técnico, financiero y físico de la
inversión pública, así como del cumplimiento de las metas del mencionado plan.

8. Finalmente advirtió que, de acuerdo con la Sentencia C-629 de 1996, proferida
por la Corte Constitucional, el presupuesto de gastos debe incluir, como mínimo, el
señalamiento expreso de los programas y subprogramas asociados a los rubros de
inversión social, a fin de garantizar el control del gasto público y la adecuada
aplicación de los principios de planeación y de especialidad.

Pretensiones

9. El municipio demandante formuló las siguientes pretensiones (transcripción con
posibles errores incluidos)5:

“2.1. Solicitamos al Honorable Juez Constitucional – Consejo de Estado, tutelar
los Derechos Fundamentales del Municipio de Yarumal al Debido Proceso y
cualquier otro que se pruebe.

2.2. En consecuencia, anular todo lo actuado dentro del proceso con radicado
05001 2333 000 2026 00079 00, desde la emisión de la sentencia del 26 de
febrero de 2026.

2.3. Ordenar al honorable Tribunal Administrativo de Antioquia que emita una
nueva decisión que se apegue al entendimiento normativo, jurisprudencial y

5 Énfasis añadido.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

lógico relacionado con el literal b) del artículo 11 del Decreto 111 de 1996, que
proteja los derechos del Municipio de Yarumal y de todos los habitantes y
visitantes de esta municipalidad”.

10. Además, como medida provisional6, solicitó suspender los efectos de la
sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sala Octava de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Fundamentos de la demanda

11. Según el municipio de Yarumal, el concejo aprobó el presupuesto sin
desagregar los gastos de acuerdo con las dependencias de la alcaldía, porque no
existía un mandato legal en ese sentido, pues, de conformidad con una
«interpretación sistemática y armónica del régimen presupuestal», aquellos debían
clasificarse «por sectores, programas y fuentes de financiación», lo que no
implicaba equiparar las mencionadas dependencias a «secciones presupuestales
propias del orden nacional».

12. En línea con lo anterior, afirmó que la autoridad judicial demandada ignoró la
falta de autonomía administrativa y financiera de las dependencias de la alcaldía,
que «actúan bajo el principio de unidad administrativa y jerárquica» y, por ende, no
son equiparables a los ministerios ni a los demás órganos del orden nacional
mencionados en el literal b del artículo 11 del Estatuto Orgánico del Presupuesto,
los cuales ostentan una estructura independiente y gozan de autonomía en la
gestión y la ejecución de los recursos que se les asignan.

13. Agregó que, «si el legislador hubiera querido imponer un modelo de
desagregación presupuestal por dependencias internas, lo habría señalado de
manera expresa, incorporando dentro de la norma a los despachos
viceministeriales, direcciones o unidades administrativas, lo cual no ocurrió».

14. Por todo lo anterior, sostuvo que la aplicación del literal b del artículo 11 del
Decreto Ley 111 de 1996 en la revisión de su presupuesto supuso una «extensión
normativa indebida», debido a lo cual se configuró un defecto sustantivo por
indebida aplicación de dicho literal, así como por el apartamiento de su «sentido
normativo razonable».

15. Adicionalmente, señaló que la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia le impuso un modelo de estructuración del gasto que
«no se deriva de manera directa ni necesaria» del Decreto Ley 111 de 1996, con lo
cual, además de sustituir el criterio del concejo municipal y desconocer su «margen»
de configuración normativa en materia presupuestal, se entrometió en la autonomía
territorial y en la distribución de competencias entre esa corporación y el alcalde
frente a la formulación, la aprobación y la ejecución del presupuesto, incurriendo así
en «un exceso de control judicial».

6 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «5B6BD20D3DC4F1C8 (…)».

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

16. Añadió que en el Decreto 197 del 5 de diciembre de 2025, expedido por el
alcalde, se evidenció que los gastos se asignaron «al ente territorial como unidad
presupuestal» y que se distribuyeron internamente entre las secretarías bajo
«criterios de gestión y ejecución administrativa», mas no en atención «a la
existencia de secciones presupuestales dotadas de autonomía orgánica».

17. Finalmente, sostuvo que el asunto posee relevancia constitucional, en tanto la
decisión de la autoridad judicial demandada, además de sustentarse en una
indebida aplicación de la disposición pertinente, afectó «de forma real y concreta la
posibilidad del [E]jecutivo municipal de desarrollar sus funciones en beneficio de la
comunidad», con lo cual se desconoció la autonomía territorial y se vulneraron sus
derechos fundamentales y los de sus habitantes.

Trámite e intervenciones

18. Mediante auto del 4 de marzo de 20267, el magistrado sustanciador admitió la
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el departamento
de Antioquia. Además, negó la medida provisional solicitada por el municipio
accionante.

19. El magistrado Juan Gabriel Villamarín Martínez8, ponente de la providencia
cuestionada e integrante del Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional o, en su defecto,
negarla.

20. Al respecto, adujo que no se cumple el requisito de relevancia constitucional
del asunto, en tanto el municipio accionante no cumplió la carga argumentativa
requerida para ello, pues no expuso una violación de sus derechos fundamentales,
sino que se refirió, genéricamente, a la vulneración de los de sus habitantes.

21. Además, sostuvo que dicho municipio utilizó la demanda de tutela para plantear
inconformidades con la sentencia del 26 de febrero de 2026, es decir, para acceder
a una segunda instancia. Esto, pese a que intervino extemporáneamente en el
trámite de revisión del Acuerdo 011 del 26 de noviembre de 2025 y, de esa manera,
perdió la oportunidad de ejercer su defensa.

22. Por otro lado, señaló que no se configuró un defecto sustantivo, por cuanto el
Decreto Ley 111 de 1996 es aplicable a los municipios, en virtud de su artículo 109.
Adicionalmente, afirmó que los artículos 347, 352 y 353 de la Constitución Política
eran pertinentes para resolver el caso concreto y que la sentencia del 26 de febrero
de 2026 goza de congruencia interna.

23. Finalmente, indicó que debía observarse el principio de especialidad del gasto,
lo que, precisamente, fue desatendido por el municipio de Yarumal.

7 Índice 5 del expediente.
8 Índice 11 del expediente, archivo identificado con el certificado «9310ADF3489117E5 (…)».

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

24. El departamento de Antioquia guardó silencio, pese a que se le notificó9 el
auto admisorio de la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

26. La Sala establecerá si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en caso
afirmativo, también determinará si la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo al declarar la invalidez del Acuerdo 011 del 26 de noviembre de
2025, vulnerando así los derechos fundamentales del municipio de Yarumal.

27. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, posteriormente,
se pronunciará sobre el caso concreto.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales

28. De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, reiterada de manera consistente
por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional y se encuentra sujeta a que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa, encaminada a demostrar el cumplimiento de los
requisitos generales para tal efecto, así como la configuración de al menos una
causal específica.

29. También de manera consistente, la Corte ha establecido que, para considerar
cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el juez constitucional debe verificar10: (i) que se acredite la
legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto Ley 2591 de 1991); (ii) que la
providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela11, ni una decisión proferida
con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte

9 De acuerdo con los documentos obrantes en el índice 8 del expediente, esa autoridad fue notificada

en la dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co, registrada en su sitio
web.
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-218 de 2012 y T-
373 de 2014.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

Constitucional, ni aquella mediante la cual se resuelva una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el
requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable;
(iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que
amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la
posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con
el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que agotó todos
los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la
consumación de un perjuicio irremediable12 o que los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

30. Debido a las particularidades del caso concreto, esta Subsección resalta que,
de conformidad con lo expuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia del 5 de agosto de 201413, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional requiere lo siguiente:

31. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique
con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Dicho de otro
modo, no basta simplemente con invocar tales derechos, sino que es necesario que
se ofrezcan serias y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez
de tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que
han sido invocadas y debidamente sustentadas.

32. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso
mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para
proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

33. Finalmente, se advierte que la mencionada sentencia de la Sala Plena se ajusta
al precedente de la Corte Constitucional, la cual, de manera consistente y
consolidada14, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir
aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los
jueces naturales. Además, ha explicado que aquella es inidónea si lo pretendido es
que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de
interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.

12 Ver, entre otras, la sentencia de unificación 659 de 2015.
13 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de

2022, así como la sentencia T-131 de 2021.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

Improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional
del asunto

34. En síntesis, el municipio de Yarumal sostuvo que, al exigir la desagregación de
su presupuesto de gastos entre las dependencias de la alcaldía, equiparándolas a
las autoridades del orden nacional señaladas en el literal b del artículo 11 del
Decreto Ley 111 de 1996, la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un defecto sustantivo por aplicación indebida de dicho literal,
así como en «un exceso de control judicial» por desconocimiento de la autonomía
territorial, del «margen» de configuración del concejo municipal y de la distribución
de competencias presupuestales entre este y el alcalde.

35. A efectos de pronunciarse al respecto, la Sala debe indicar que, para declarar
la invalidez del Acuerdo 011 del 26 de noviembre de 2025, mediante el cual se
aprobó el presupuesto general de Yarumal para la vigencia fiscal de 2026, la
autoridad judicial demandada advirtió que el Decreto Ley 111 de 1996 es aplicable
a las entidades territoriales en virtud del artículo 109 ejusdem y expuso lo siguiente
(transcripción con posibles errores incluidos)15:

“(…) [E]l artículo 11 del Decreto 111 de 1996 dispone que el Presupuesto
General de la Nación se compone de los siguientes bloques: i) presupuesto de
rentas, ii) el presupuesto de gastos, el cual se clasifica en gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión y iii) las
disposiciones generales, las cuales tienen como finalidad asegurar la correcta
ejecución presupuestal y rigen únicamente durante la respectiva vigencia fiscal.
(…)

(…) [E]n virtud del principio presupuestal de especialización, el Decreto 111 de
1996 prescribió que cada uno de [dichos] gastos deberá presentarse clasificado
en diferentes secciones que corresponden a: la Rama Judicial, la Rama
Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional
Electoral. La [R]ama [E]jecutiva tendrá una sección por cada [m]inisterio,
[d]epartamento [a]dministrativo y [e]stablecimiento [p]úblico. Igualmente, se
establece una sección para la Policía Nacional, y otra para el servicio de la
deuda pública.
(…)

Conforme con lo anterior[,] corresponde a la Sala determinar si el acto
administrativo cuestionado[,] al integrar específicamente el presupuesto del
gasto, incluyó apropiaciones para las diferentes entidades del orden municipal,
mediante la distinción a) [de] los gastos de funcionamiento; b) [d]el servicio de
la deuda pública; y c) de los gastos de inversión.

Revisada la Segunda [P]arte del Acuerdo Nro. 011 del 26 de noviembre de
2025, denominada “[P]resupuesto de gastos o ley de apropiaciones”, la Sala
evidencia lo
siguiente:

15 Archivo «022Sentencia» del expediente del proceso 05001-23-33-000-2026-00079-00,
almacenado en OneDrive y visualizable a través del enlace señalado en el archivo identificado con
el certificado «C31394788B141860 (…)», ubicado en el índice 12 del expediente del presente
proceso.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

(…) [S]e evidencia la existencia de una sección contentiva del presupuesto de
la administración central, el cual se dividió en gastos de personal, adquisición
de bienes y servicios, transferencias corrientes, disminución de pasivos y gastos
por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora.

Sin embargo, tal como lo indicó la [d]irectora de Asesoría Legal y de Control del
Departamento de Antioquia, dentro del acuerdo cuestionado se omitió detallar
los gastos asignados a cada una de las dependencias que forman parte del
municipio.

Tal omisión desconoce el principio de especialidad del gasto, toda vez que
impide identificar de manera precisa el destino específico de las apropiaciones
presupuestales.

Esta indeterminación impide que las dependencias del ente territorial no
cuenten con una asignación clara y expresa de los recursos que pueden
comprometer y ejecutar, lo que afecta la legalidad de la ejecución presupuestal
y abre la posibilidad de una utilización discrecional de los recursos públicos.
(…)

De otra parte, se observa que el presupuesto de gastos incorporó una sección
denominada servicio de la deuda, así:

A juicio de la Sala[,] dentro de esta sección[,] [en] el rubro denominado
genéricamente préstamos, se [debieron] identificar por lo menos las entidades
acreedoras, lo que permitiría efectuar un control más estricto de la destinación
del monto establecido.

Dentro del presupuesto del gasto del municipio se incorporó una sección
referente a los gastos de inversión, como pasa a plasmarse:

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

(…) [L]os gastos de inversión son aquellas apropiaciones destinadas a la
ejecución de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico,
social y territorial, que permiten crear, mejorar o mantener bienes y servicios
públicos y generan un beneficio directo y medible para la comunidad.

Las apropiaciones presupuestales[,] en atención al principio de especialidad[,]
deben ser claras, específicas y determinadas, por tal motivo[,] cada erogación
pública debe tener un destino concreto previamente definido, de allí que no
resulte jurídicamente admisible la aprobación de rubros genéricos,
indeterminados o globalizados.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

En virtud de lo anterior, los gastos de inversión solo pueden incorporarse dentro
del presupuesto municipal cuando correspondan a programas, subprogramas o
proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, de tal manera
que se garantice coherencia entre la planeación y [el] presupuesto.

Dentro del presupuesto de gasto contenido en el Acuerdo Nro. 011 del 26 de
noviembre de 2025, sección de gastos de inversión[,] se destinó un monto para
“servicios [para] la comunidad, sociales y personales”, pero no se discriminaron
los programas, subprogramas o proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo
Municipal vigente.

Esta omisión impide realizar un análisis de congruencia entre el presupuesto y
los instrumentos de planeación y a su vez dificulta efectuar un seguimiento
técnico, financiero y físico de la inversión pública, así como, la verificación del
cumplimiento de las metas y resultados contenidos en el Plan de Desarrollo
Municipal.

Conforme con lo anterior, resulta jurídicamente necesario que las apropiaciones
de inversión se encuentren asociadas a subprogramas o proyectos concretos,
de manera que se garantice la trazabilidad del gasto, la evaluación de su
impacto y efectivo control fiscal, en observancia de los principios de planeación,
especialidad y transparencia del gasto público.
(…)

La Corte Constitucional [Sentencia C-629 de 1996] ha señalado que el propio
Estatuto Orgánico del Presupuesto habilita que, a través de reglamentos, se
desarrollen aspectos relacionados con la clasificación y el detalle del gasto; sin
embargo, el presupuesto de gastos debe, como mínimo, identificar de manera
expresa los programas y subprogramas asociados a los rubros de inversión
social, a fin de garantizar la adecuada aplicación de los principios de planeación
[y de] especialidad y [el] control del gasto público.

En consecuencia, la Sala encuentra fundadas las observaciones presentadas
por la [d]irectora de Asesoría Legal y de Control del Departamento de Antioquia,
contra el Acuerdo Nro. 011 del 26 de noviembre de 2025”16.

36. Lo anterior evidencia que, si bien el tribunal demandado se refirió al literal b del
artículo 11 del Decreto Ley 111 de 1996, su decisión se sustentó,
fundamentalmente, en el principio de especialización presupuestal. Este se
encuentra consagrado en el artículo 345 de la Constitución, como se expone a
continuación17:

“En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure
en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se
halle incluida en el de gastos.

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por
el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos
distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en
el respectivo presupuesto”18.

16 Subrayado añadido.
17 En relación con el carácter constitucional del principio de especialización presupuestal, se pueden

consultar las sentencias C-685 de 1996 y C-562 de 1998, proferidas por la Corte Constitucional.
18 Énfasis añadido.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

37. La disposición superior citada fue desarrollada en el artículo 18 del Decreto Ley
111 de 1996, según el cual «[l]as operaciones deben referirse en cada órgano de
la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente
conforme al fin para el cual fueron programadas»19.

38. Ahora, al tener raigambre constitucional, el principio de especialización
presupuestal debe ser observado tanto a nivel nacional como territorial. Ello,
precisamente, fue tenido en cuenta por la autoridad judicial demandada para
declarar la invalidez del Acuerdo 011 del 26 de noviembre de 2025, mediante el cual
se aprobó el presupuesto general de Yarumal para la vigencia fiscal de 2026.

39. En vista de lo anterior, el reproche relativo a la equiparación de las dependencias
de la alcaldía a autoridades del orden nacional, no solo ignora el sustento
constitucional de la decisión de la autoridad judicial demandada, sino que es
insuficiente para demostrar que esta haya sido arbitraria o caprichosa.

40. Por otro lado, el municipio de Yarumal señaló que en el Decreto 197 del 5 de
diciembre de 2025, expedido por su alcalde, se evidenció que los gastos se
asignaron «al ente territorial como unidad presupuestal» y se distribuyeron
internamente entre las secretarías bajo «criterios de gestión y ejecución
administrativa», mas no en atención «a la existencia de secciones presupuestales
dotadas de autonomía orgánica».

41. Para pronunciarse al respecto, vale la pena señalar que, en la Sentencia C-629
de 1996, citada en la providencia cuestionada, la Corte Constitucional advirtió lo
siguiente:

“(…) [E]l decreto de liquidación del presupuesto cumple una función de
trascendental importancia pues en él habrán de quedar consignados, en forma
definitiva, todos los ingresos y gastos con las correspondientes partidas tal y
como fueron aprobados por el Congreso, sin que pueda el Gobierno
aumentar o disminuir su cuantía ni introducir cambios en cuanto a su
asignación o destino”.

42. De lo anterior se desprende que el órgano responsable de la aprobación del
presupuesto debe establecer el objeto de los ingresos y los gastos de la vigencia
fiscal correspondiente, en observancia del principio constitucional de
especialización presupuestal, delimitando así la liquidación respectiva.

43. De ese modo, en ninguna circunstancia la liquidación del presupuesto exime al
mencionado órgano del deber de fijar el objeto de los ingresos y los gastos, como
lo sugirió el municipio demandante al referirse al Decreto 197 del 5 de diciembre de
2025.

19 Énfasis añadido.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

44. Así las cosas, la existencia de ese decreto, de ninguna manera, permite
considerar que la autoridad judicial demandada haya incurrido en algún defecto al
declarar la invalidez del Acuerdo 011 del 26 de noviembre de 2025 por la
inobservancia del principio de especialización presupuestal.

45. Debido a todo lo anterior, los alegatos del municipio de Yarumal, lejos de dar
cuenta de una decisión arbitraria o caprichosa que demande la intervención del juez
de tutela, únicamente evidencian que su propósito es ventilar una inconformidad
con la decisión de la autoridad judicial accionada, originada en el desconocimiento
del principio constitucional ya aludido.

46. En ese sentido, dicho municipio utilizó la solicitud de amparo para acceder a una
segunda instancia que, valga advertir, no fue prevista por el legislador en el trámite
de revisión de acuerdos municipales20. Así, no se encuentra cumplido el requisito
de relevancia constitucional del asunto, motivo por el cual la demanda de tutela será
declarada improcedente.

47. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional del
municipio de Yarumal.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente sentencia a las partes e intervinientes por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de
1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

20 Según el artículo 151 del CPACA, a los tribunales administrativos les corresponde tramitar en

única instancia, entre otros procesos, los originados en «las observaciones que formulen los
gobernadores de los departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos
municipales».

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01614-00
Accionante: Municipio de Yarumal
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.