Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01621-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01621-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01621-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL
REQUISITO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA POR EL
PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 7 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. – ANTECEDENTES
1
En adelante SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
I.1.- La Solicitud
El señor JADER ALBERTO AGUIRRE, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio
pro homine, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2 al haber proferido la
sentencia de 27 de agosto de 2025, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de 05837-33-33-003-2023-00264-01.
I.2.- Hechos
Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN3 y el 3 de mayo de 2021, presentó solicitud de
cesantías parciales a través de la plataforma Sistema de Atención al
Ciudadano de dicho ente territorial, la cual fue resuelta
favorablemente mediante Resolución núm. 2021060073972 de 31 de
mayo de 2021.
2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante DEPARTAMENTO.
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3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
Señaló que el 5 de septiembre de 2022, formuló reclamación de
sanción moratoria ante la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL4 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO (FOMAG)5 y el DEPARTAMENTO, sin obtener
respuesta alguna, lo que dio lugar a la configuración del silencio
administrativo negativo y, con ello, la existencia del acto ficto contra
el cual presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Manifestó que el mencionado proceso fue identificado con el número
único de radicación 2023-00264-00 y le correspondió en primera
instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TURBO6 que, mediante sentencia de 12 de mayo de
2025, accedió a las súplicas de la demanda.
Adujo que, inconforme con la anterior decisión, la parte demandada
interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el
TRIBUNAL que, mediante providencia de 27 de agosto de 2025,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda, por considerar que las entidades demandadas
cumplieron con los términos legales previstos para el reconocimiento
y pago de las cesantías reclamadas por el actor.
4
En adelante MINISTERIO.
5
En adelante FOMAG.
6
En adelante JUZGADO.
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, por cuanto, en su criterio, no valoró de manera adecuada y
suficiente el acervo probatorio obrante en el plenario, porque restó
valor a la constancia que acreditaba la radicación de la petición de
cesantías el 3 de mayo de 2021 y privilegió el contenido del acto
administrativo que resolvió su reclamación, en el que se consignó
que la misma había sido allegada solo hasta el 26 de ese mes y año.
Resaltó que la autoridad judicial accionada desestimó un medio de
prueba idóneo para acreditar los hechos objeto del litigio sin que
sustentara de manera suficiente la exclusión del análisis del caso,
apartándose de manera injustificada de lo debidamente acreditado
en el proceso ordinario cuestionado.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende que:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA en sentencia del 27 de agosto de 2025 proferida dentro
del medio de control identificado con No. 05837-33-33-003-2023-
00264-01 transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de
señor JADER ALBERTO AGUIRRE, al haber adoptado una decisión
que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2.Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva
decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios
de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la
situación fáctica de la parte demandante y, (ii) aplicando en debida
forma la normatividad que reglamenta las competencias en el
procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los
docentes del Fomag. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO se limitó a realizar un recuento de todas las
actuaciones surtidas dentro del medio de control objeto de estudio,
indicando que se respetaron las garantías procesales y remitió el link
del expediente ordinario.
I.5.2.- El MINISTERIO - FOMAG solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo y ser desvinculado por falta de legitimación en
la causa por pasiva, pues no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
I.5.3.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones de la
presente acción de tutela, para lo cual afirmó que se remite a lo
expuesto en los fundamentos de la sentencia cuestionada.
I.5.4.- El DEPARTAMENTO pese a ser notificado en debida forma
del presente trámite, guardó silencio.
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 7 de abril de 2026,
denegó la petición de desvinculación presentada por el MINISTERIO
• FOMAG y declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer
del requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la
controversia se circunscribe a un asunto de legalidad relacionado con
el reconocimiento de una sanción moratoria y el actor pretende
utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional
para replantear una discusión ya resuelta en sede ordinaria.
Advirtió que los argumentos expuestos en sede constitucional,
aunque se presentan bajo la denominación de un defecto fáctico,
reproducen en lo sustancial la controversia que fue planteada y
resuelta por el juez natural, relativa a la determinación de la fecha
de radicación relevante y a sus efectos sobre el cómputo de términos
para el reconocimiento de la sanción moratoria.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque, por cuanto, a su juicio, contrario a lo considerado por el a
quo, el presente asuntó sí reviste relevancia constitucional en la
medida en que la decisión censurada desconoció el valor probatorio
de un documento que constituía un medio idóneo y directo para la
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
acreditación de un hecho relevante del litigio, sin siquiera ofrecer una
fundamentación suficiente que justificara por qué la información allí
consignada carecía de credibilidad respecto de lo que se pretendía
demostrar en el proceso ordinario cuestionado.
Insistió en que se configuró un defecto fáctico en el asunto ante la
errada interpretación de las pruebas allegadas al plenario, de las
cuales se acreditó el momento en que fue radicada la solicitud de
cesantías en la plataforma digital dispuesta para tal fin.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 27 de agosto de 2025, proferida
por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2023-00264-01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales, toda vez que, a su juicio, incurrió en
defecto fáctico al realizar una valoración indebida del acervo
probatorio obrante en el plenario, porque restó valor a la constancia
que acreditaba la radicación de la petición de cesantías el 3 de mayo
de 2021 y privilegió el contenido del acto administrativo que resolvió
su reclamación, en el que se consignó que la misma había sido
allegada solo hasta el 26 de ese mes y año.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 7 de abril de 2026,
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el
requisito general de la relevancia constitucional.
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia y señaló que el presente asunto sí reviste
verdadera relevancia constitucional pues se configuró un defecto
fáctico en el asunto ante la errada interpretación de las pruebas
allegadas al plenario, de las cuales se acreditó el momento en que
fue radicada la solicitud de cesantías en la plataforma digital
dispuesta para tal fin.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
Sea lo primero advertir que la finalidad del actor con la solicitud de
amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2023-
00264-01.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
27 de noviembre de 20197, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
7
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no acreditan vulneración de derecho fundamental alguno,
sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad, que
versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela.
Dicha posición fue reiterada por la Sala que, mediante sentencia de
15 de julio de 20218, declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito general de la relevancia constitucional,
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: Bolivia Mercedes Pacheco
González. M.P. Oswaldo Giraldo López
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas
providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una
sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».10
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01621-01
Actor: JADER ALBERTO AGUIRRE
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
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que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
La Sala advierte que el núcleo del reproche formulado por el
accionante se circunscribe a una mera discrepancia con la valoración
probatoria realizada por la autoridad judicial demandada, en relación
con la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías que afirma fue presentada el 3 de mayo de 2021, no
obstante, el TRIBUNAL concluyó, con base en lo consignado en el
acto administrativo cuestionado, que se materializó el 26 de ese mes
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y año y, con fundamento en esta última fecha, al efectuar los
cómputos legales, encontró que no se configuró la mora alegada.
En efecto, en la providencia de 27 de agosto de 2025, aquí
cuestionada, el TRIBUNAL consideró lo siguiente:
“[…] Así las cosas, le asiste razón al Departamento de Antioquia,
cuando afirma que en el caso concreto no se configuró mora
alguna, por cuanto las entidades demandadas, dieron cabal
cumplimiento a los términos legales para el reconocimiento y
pago de las cesantías reclamadas por el demandante, pues como
se observa, i) debiéndose proferir por la entidad territorial el acto
administrativo de reconocimiento a más tardar el día 18 de junio
de 2021, la Resolución N° 2021060073972 data del 31 de mayo
de 2021 y; ii) mientras el plazo para el pago por parte del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales vencía el día 08 de septiembre
de 2021, el pago de la prestación se realizó el día 27 de agosto
de 2021.
En estos términos, contrario a lo determinado por la A quo, la Sala
llega a la conclusión de que las entidades demandadas no
incurrieron en mora dentro del procedimiento de reconocimiento
y pago de las cesantías parciales reclamadas por la parte actora.
Por el contrario, las entidades accionadas dieron pleno
cumplimiento a los términos fijados por el legislador para el
efecto, teniendo en cuenta que, como se precisó, al inicio del
análisis del caso concreto, no es factible contabilizar el término de
quince (15) días para expedir el acto de reconocimiento de las
cesantías, hasta tanto la parte solicitante haya presentado de
manera completa la información y documentación necesaria para
dar trámite a lo pedido, lo cual como consta en el acto
administrativo, solo sucedió hasta el 26 de mayo de 2021. […]”.
Lo anterior pone de manifiesto que la valoración probatoria se
construyó a partir de los elementos de juicio obrantes en el
expediente y se expresó de manera razonada en la providencia
cuestionada, por lo que, en ejercicio de su independencia y con
fundamento en el principio de autonomía judicial, el juez natural del
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proceso adoptó una interpretación jurídica que, aunque pueda ser
controvertida por el actor, no por ello deviene en inconstitucional,
pues el rol del juez de tutela no puede confundirse con el de una
instancia revisora de las decisiones adoptadas por jueces ordinarios
en el marco de su competencia.
Así las cosas, cuando la providencia judicial cuestionada se encuentra
debidamente motivada en el acervo probatorio disponible y no
desconoce de manera flagrante derechos fundamentales, debe
prevalecer el respeto por la autonomía judicial como garantía
esencial de la imparcialidad y estabilidad del orden jurisdiccional.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.
Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela
interviene cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de
tal magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la
que cuentan las partes y, que, por demás, tiene una incidencia
directa en la decisión, situación que aquí no se demostró́, pues, muy
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por el contrario, se observa que en el proceso ordinario, origen de la
presente controversia, se surtieron todas las etapas garantizando los
derechos al debido proceso y a la defensa de las partes e
intervinientes, sin que se avizore la vulneración de derecho
fundamental alguno.
Cabe señalar que, esta Sección19 ha venido reiterando, de manera
pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados a
controversias de índole meramente legal y económica, por lo que no
cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.
Asimismo, para la Sala la interpretación normativa y probatoria que
desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía
interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos
establecidos en el ordenamiento jurídico ni con el análisis del
problema jurídico planteado en el proceso ordinario.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
19
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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