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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01624-01

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01624-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01624-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

7 de julio de 2026

/CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01624-01
Accionante: JAIME ALFONSO MOJICA SEPÚLVEDA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ Modifica y declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se modificará la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por la Sección
Cuarta de esta Corporación, que negó la solicitud de amparo. En su lugar, se
declarará improcedente por falta de relevancia constitucional, el accionante usa el
mecanismo de protección de derechos fundamentales como un instrumento para
proponer una discusión en torno a la valoración probatoria del fallo que se
cuestiona.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 2 de marzo de 2026, el señor Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda interpuso
demanda de tutela en nombre propio, para proteger sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al trabajo, vulnerados
por la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que revocó la sentencia proferida en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 54001-23-33-000-2019-00103-00 y en su
lugar negó las pretensiones.

Hechos relevantes

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
el señor Mojica Sepúlveda demandó el oficio 2-2017-008095 del 8 de agosto de
2018 por el que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA negó la existencia de
una relación laboral encubierta y el pago de emolumentos y prestaciones sociales
dejadas de percibir.

4. Como sustento de sus pretensiones, el demandante manifestó que desde el
30 de enero de 1996 hasta el 21 de noviembre de 2016 prestó sus servicios
mediante la celebración de 43 contratos de prestación de servicios, desempeñando
funciones propias de instructor en distintas áreas.

5. Realizó labores de carácter permanente, en condiciones similares a las de
los instructores de planta, cumpliendo horarios, recibiendo órdenes y utilizando los
recursos de la entidad, lo que a su juicio configuró una verdadera relación laboral
encubierta bajo figuras contractuales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01624-01
Accionante: Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda

6. En el proceso contencioso administrativo el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander acogió las pretensiones, no obstante, el Consejo de Estado, al
resolver el recurso de apelación que interpuso las partes, revocó dicha decisión y
negó la existencia de subordinación.

Pretensiones

7. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y que se ordene
dictar una providencia de reemplazo en la que se valoren adecuadamente las
pruebas.

Fundamentos

8. Alega que la sentencia que resolvió la segunda instancia adolece de defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, pues el fallo se construyó sobre una
apreciación fragmentada de las pruebas, a las cuales se les otorgó un valor aislado
o se desestimaron sin justificación suficiente. Ello condujo a una decisión contraria
a la realidad procesal y transformó hechos relevantes, como el cumplimiento de
horarios y la subordinación funcional, en simples actos de “coordinación
contractual”.

Trámite impartido

9. El 10 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y vinculó a los terceros
con interés.

10. Solicitó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 54001-2333-000-2019-00103-
00/01.

Intervenciones

11. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicitó declarar improcedente
la acción constitucional por no configurarse defecto fáctico, ni causal especial contra
providencias judiciales. Señaló que el Consejo de Estado realizó una valoración
completa del material probatorio —contratos, testimonios y correos— y que la
decisión fue motivada, razonada y ajustada al precedente, por lo que la tutela no
puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio.

12. Insistió en que dicha providencia aplicó correctamente la jurisprudencia sobre
contrato realidad y subordinación, por lo que debe conservarse en firme al estar
debidamente motivada y ajustada a derecho.

13. El magistrado de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, ponente de la sentencia cuestionada, solicitó declarar improcedente el
amparo solicitado porque el accionante pretende reabrir el debate resuelto en el
proceso ordinario.

14. La decisión cuestionada resolvió el problema jurídico consistente en
determinar si existía una relación laboral encubierta entre el accionante y el SENA
y concluyó que no se acreditaba dicho vínculo y por ello revocó la sentencia de
primera instancia.

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Accionante: Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda

15. No existe defecto fáctico ni vulneración de derechos fundamentales, ya que
el estudio probatorio se hizo de manera integral y conforme a derecho, descartando
la subordinación alegada por el actor.

16. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander guardó silencio.

Sentencia de primera instancia

17. El 14 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, luego de
considerar que la tutela cumplía con los requisitos generales, negó la solicitud de
amparo, porque la autoridad judicial no incurrió en los defectos alegados.

18. La sentencia acusada no se enmarca en una indebida valoración probatoria,
no se separó de los hechos que estaban debidamente probados, examinó las
declaraciones y las pruebas documentales y expuso las razones por las cuales no
se configuró el elemento de subordinación.

19. El actor no demostró que estuviera sometido a un verdadero poder de
dirección y control por parte del SENA, no se probó que estuviera integrado en su
estructura jerárquica o disciplinaria. El cumplimiento de horarios, la presentación de
informes, el uso de instalaciones o la recepción de instrucciones operativas son
compatibles con los contratos de prestación de servicios y no implican
subordinación. Los testimonios fueron considerados imprecisos o generales, ya que
no acreditaron órdenes concretas, control efectivo ni condiciones claras de tiempo,
modo y lugar; y los correos electrónicos tampoco evidenciaban un poder de mando
determinante.

Impugnación
20. El accionante impugnó. Alega que la sentencia atacada realizó una
valoración probatoria fragmentada, aislada e irrazonable, que desconoce el principio
de primacía de la realidad al privilegiar la forma contractual sobre la situación real
del vínculo.

21. Reconoció la existencia de múltiples contratos, la prestación personal del
servicio, la remuneración y la continuidad, pero llegó de manera contradictoria a la
conclusión de que no existía subordinación, lo cual es inconsistente con el contenido
real de las pruebas.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación,
conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991,
concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

23. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 14 de mayo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que negó la solicitud de amparo.

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Accionante: Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda

24. Para ello, verificará si la acción cumple con los requisitos de procedibilidad.
Si se cumplen, resolverá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales del accionante.
Análisis de la Sala

Inmediatez

25. Se cumple este requisito, porque la sentencia de segunda instancia se
profirió el 24 de julio de 2025 y fue notificada el 19 de septiembre de 2025, mientras
que la solicitud de amparo se presentó el 2 de marzo de 2026. Este término resulta
razonable.

Relevancia constitucional
26. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales1.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

27. La Sala modificará la sentencia del 14 de mayo de 2026 que negó la solicitud
de amparo y, en su lugar, la declarará improcedente, porque carece de relevancia
constitucional.

28. En la acción de tutela y en la impugnación, el actor insiste en que se realizó
una valoración probatoria fragmentada, aislada e irrazonable, que desconoce el
principio de primacía de la realidad al privilegiar la forma contractual sobre la
situación real del vínculo. Sin embargo, desconoce que la acción de tutela no es un
mecanismo para proponer inconformidades en relación con la valoración probatoria
de los jueces naturales.

29. La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 señala que la acreditación de la
relevancia constitucional va más allá de la «mera adecuación del caso a un lenguaje
que exponga una relación con derechos fundamentales», implica una justificación
suficiente sobre una posible afectación desproporcionada a un derecho
fundamental.

30. En este caso, la Sala no aprecia que la valoración del juez natural sea
caprichosa o que carezca de razonabilidad y, en consecuencia, no evidencia la
posible afectación desproporcionada a los derechos fundamentales del accionante
como pasa a exponerse.

31. La sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, al resolver los reproches que la entidad
accionada y el actor formularon en el recurso de apelación, valoró en conjunto el
material probatorio recaudado y con fundamento en ello descartó la configuración

1
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
2
Al respecto, ver, por ejemplo, la sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022,
SU-067 de 2023 y T-024 de 2024.

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del elemento subordinación como uno de los requisitos para que surja la existencia
de una relación laboral encubierta.

32. Para la autoridad judicial accionada, el demandante demostró la prestación
personal del servicio, pues ejecutó directamente actividades para el SENA durante
varios años mediante múltiples contratos de prestación de servicios, recibiendo
además una remuneración por ello. Reconoció que esa prestación se dio de forma
prolongada (aunque con interrupciones) y en distintas áreas de formación, lo cual
acreditaba dos de los elementos del contrato laboral: el servicio personal y el pago.

33. Sin embargo, precisó que estos elementos no son suficientes para declarar
la existencia de una relación laboral, ya que el aspecto determinante es la
subordinación.

34. Refirió que no basta con demostrar el cumplimiento de horarios, entrega de
informes, asistencia a reuniones o seguimiento contractual, pues estos son
mecanismos normales de coordinación entre contratante y contratista y no reflejan,
por sí mismos, un sometimiento a órdenes en tiempo, modo y lugar. La
subordinación implica probar que el contratista estaba inserto en el círculo rector,
organizativo o disciplinario de la entidad, bajo un control efectivo y continuo que
anulase su autonomía.

35. Al valorar los testimonios concluyó que estos eran imprecisos, generales y
poco contundentes, ya que los declarantes se limitaron a afirmar la existencia de
horarios o de órdenes, sin indicar con claridad condiciones específicas como
tiempos exactos, programas o formas concretas de ejecución del servicio. Incluso,
algunas declaraciones reflejaban experiencias personales de los testigos y no
hechos directos relacionados con el demandante, lo que les restó valor probatorio
para demostrar cómo se desarrollaba realmente la relación contractual.

36. Analizó los correos electrónicos y los clasificó en tres grupos: i) correos
reenviados donde el demandante no figuraba como destinatario, ii) correos
enviados al demandante junto con otras personas, y iii) un correo sin identificación
clara de remitente o destinatario.

37. Frente a los dos primeros grupos, concluyó que su contenido correspondía a
invitaciones a reuniones, solicitudes de información, programación de actividades y
seguimiento del contrato, sin que se acreditara participación efectiva del actor ni
órdenes particulares dirigidas a él. El correo sin identificación fue descartado por
falta de valor probatorio.

38. En consecuencia, determinó que dichos correos solo reflejan parámetros
normales de coordinación contractual (como reportes, planeación o asistencia a
reuniones), pero no evidencian un control efectivo ni imposición de órdenes propias
de una relación laboral subordinada.

39. En ese contexto, la decisión de revocar y negar las pretensiones de la
demanda no resulta de una interpretación arbitraria y caprichosa, por el contrario,
el juez natural analizó de forma integral y razonada la normativa y la jurisprudencia
aplicable al caso, contrastó los medios de prueba y consideró que, no se probó el
elemento determinante de subordinación para la configuración de una relación
contractual.

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40. La controversia planteada por el accionante no evidencia la vulneración de
una garantía fundamental, sino su inconformidad con la valoración de los medios
de prueba y la conclusión a la que llegó la Sección Segunda, para revocar la
sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

41. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria alegado constituye una
reiteración de un debate estrictamente probatorio agotado por el juez natural de la
causa carente de relevancia constitucional por lo que la Sala modificará el fallo
impugnado, que negó la acción de tutela y en su lugar, la declarará improcedente
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Jaime Alfonso Mojica Sepúlveda.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
VF

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