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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01626-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01626-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela presentada por Yeison Andrés Cardona Lopera, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01626-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01626-00
Demandante YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto. Reliquidación pensión de invalidez. Ascenso
al grado de Subintendente. Requisitos de procedencia de tutela
contra providencia judicial: la inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Yeison Andrés Cardona Lopera de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de febrero de 20261 Yeison Andrés Cardona Lopera interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad
humana, con la sentencia del 24 de marzo de 2023 proferida en la segunda instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001-
33-33-008-2016-00062-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«13.1 Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana, en el contexto de mi
condición de sujeto de especial protección constitucional por gran invalidez.
13.2 Vincular como tercero interesado o parte con interés legítimo a la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional (domicilio para notificaciones: Carrera 54 # 26-25, Bogotá
D.C.), conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, para:
• Trasladarle la presente acción de tutela y que rinda informe dentro del término legal.
• En caso de prosperar las pretensiones, proceda al cumplimiento inmediato de las
órdenes de reliquidación pensional, pago de diferencias retroactivas, bonificación del
30% sobre la indemnización y demás consecuencias económicas derivadas del
ascenso meritorio.
13.3 Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del 24 de marzo de 2023,
únicamente en el aparte inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.
13.4 Ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera de Decisión proferir
sentencia de reemplazo dentro del término máximo de treinta (30) días hábiles, con
pronunciamiento de fondo sobre las consecuencias económicas del ascenso meritorio
(reliquidación, diferencias retroactivas y bonificación), sin imponer exigencias formales
adicionales relativas al acto ficto negativo».

1
Escrito de tutela radicado a través de la secretaría on Line del aplicativo SAMAI.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01626-00
Demandante: Yeison Andrés Cardona Lopera

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Yeison Andrés Cardona Lopera ingresó a la Policía Nacional el 1º de
septiembre de 2005 como Patrullero y fue retirado del servicio por invalidez el
28 de agosto de 2012.

2.2. De su invalidez relató que el 7 de febrero de 2010 sufrió unas lesiones en actos
del servicio que de acuerdo con informe administrativo del 9 de marzo de 2010
fueron causadas en actos especiales del servicio.

2.3. Le fue practicada Junta Médico Laboral el 26 de enero de 2012 que determinó
una disminución de la capacidad laboral del 80.88%, razón por la que mediante
resolución 03057 del 28 de agosto de 2012 fue retirado del servicio por
incapacidad absoluta.

2.4. Mediante la resolución 00113 del 22 de enero de 2013 le fue reconocida
pensión de invalidez con efectividad a partir del 28 de noviembre de 2012 en
cuantía del 75% del salario percibido como Patrullero más 1/12 parte de las
primas de servicios, vacaciones, navidad y el subsidio de alimentación.

2.5. En el mes de agosto de 2014 el accionante solicitó a la Policía Nacional se
reliquidara la pensión de invalidez reconociendo y aplicando el ascenso
meritorio al grado de Subintendente, conforme lo dispuesto en el artículo 66
del Decreto 1061 de 1995.

2.6. La entidad dio respuesta mediante oficio del 6 de abril de 2015 en el que negó
lo solicitado por el actor.

2.7. Por lo anterior, Yeison Andrés Cardona Lopera haciendo uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo por el que se negó el ascenso meritorio y la
correspondiente reliquidación de su pensión.

En consecuencia, pidió se reconociera a su favor la pensión de invalidez a
partir del 28 de noviembre de 2012 en cuantía del 75% del salario básico de
un Subintendente más las partidas señaladas en el artículo 23 del Decreto
4433 de 2004 así como también el 30% de la indemnización contemplada en
el artículo 66 del Decreto 1091 de 1995 y, el 3.5% conforme lo establecido en
el numeral 31.2 del artículo 31 del decreto 4433 de 2004.

2.8. En primera instancia el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto (expediente
52001-33-33-008-2016-00062-00) mediante sentencia del 27 de julio de 2020
accedió a las pretensiones de la demanda.

Consideró que de acuerdo con los antecedentes del caso, el actor había
sufrido lesiones en actos especiales del servicio y que el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral era superior al 75% lo que equivalía a una incapacidad
permanente, razones que permitían afirmar que cumplía con los requisitos del
artículo 66 del Decreto 1091 de 1995, esto es, al reconocimiento y pago de la
bonificación del 30% del valor de la respectiva indemnización y al ascenso al
grado inmediatamente superior, en el caso, el de Subintendente desde la fecha
en que sufrió la lesión que le ocasionó la disminución de la capacidad laboral,
esto es, desde el 26 de enero de 2012.

Dijo además que esto tenía como consecuencia la reliquidación de la pensión
de invalidez de acuerdo al grado de Subintendente y que se le reconociera la

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Demandante: Yeison Andrés Cardona Lopera

diferencia dejada de percibir por tal concepto de manera retroactiva al 28 de
noviembre de 2012, fecha a partir de la cual se le hizo el reconocimiento
pensional por haber concluido los 3 meses de alta.

Finalmente en relación con el reconocimiento del 3.5% solicitado dijo el
Juzgado que se abstenía de acceder a su reconocimiento al no haberse
agotado la reclamación administrativa en relación con este punto.

2.9. La decisión fue apelada por la parte demandada.

En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión mediante sentencia del 24 de marzo de 2023 (notificada a las partes
por correo electrónico el 24 de marzo de 2023) confirmó parcialmente la decisión
del juzgado.

Como fundamento de la decisión indicó que las pretensiones del medio de
control no tenían coherencia alguna al pedirse la declaratoria de nulidad del
acto administrativo que negó el ascenso, pero, en consecuencia, que se
reliquidara la pensión de invalidez y aclaró que la reliquidación pensional no
era una pretensión consecuente de la nulidad del acto administrativo por medio
del cual se negó el ascenso por falta de los requisitos contenidos en el artículo
66 del Decreto 1091 de 1995 que además no hacía alusión a la pensión de
invalidez, sino, específicamente al derecho de ascenso que tenía el personal
ejecutivo cuando adquiría incapacidad absoluta en actos especiales del
servicio.

Explicó que si bien el acto administrativo demandado se limitó a resolver sobre
la procedencia del ascenso pretendido por el actor, la pretensión de
restablecimiento del derecho no podía ser otra que ordenar el mencionado
ascenso y no la reliquidación de la pensión ya que si esto era lo que se
pretendía, el demandante debió demandar el acto administrativo que le
reconoció la pensión con el grado de Patrullero previo agotamiento de la vía
administrativa, pero dijo que como esto no ocurrió, debió demandar el acto
administrativo ficto negativo resultante de la falta de respuesta a su solicitud
de reliquidación de la pensión y reconocimiento de la bonificación equivalente
al 30%.

Ahora bien, en relación con el ascenso meritorio encontró que en efecto, la
pérdida de capacidad laboral había sido superior al 75% razón por la que era
invalidez sin que fuera necesario como lo indicaba el apelante que se tratara
de gran invalidez y en ese orden de ideas, consideró que conforme lo
dispuesto en la norma, tenía derecho al ascenso solicitado y en ese orden, era
procedente confirmar la decisión de primera instancia frente a la declaratoria
de nulidad del acto administrativo acusado quedando el restablecimiento del
derecho únicamente con la orden del derecho al ascenso.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-33-008-2016-00062-00/01 incurrió en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Para la parte actora se configuró este defecto al haberse declarado la ineptitud
sustantiva de la demanda por no demandar el acto ficto presunto frente a la
reliquidación y la bonificación pretendidas en la demanda, lo que era un exceso ritual
ya que la demanda integraba la nulidad del oficio expreso que negó el ascenso y
sus efectos, con un restablecimiento integral previo agotamiento de la vía
administrativa.

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Dijo que el Tribunal subordinó el acceso a la justicia a una exigencia formal de
demanda expresa del acto ficto aun cuando la controversia material estaba
plenamente delimitada, la administración conocía la pretensión y existía actuación
administrativa previa.

Sostuvo que la Corte Constitucional ha reiterado que el juez incurre en exceso ritual
cuando convierte las formas procesales en obstáculos para decidir el derecho
sustancial y que en su caso el proceso fue decidido sin resolver el conflicto real,
reconociendo el ascenso (derecho sustancial) pero impidiendo su eficacia
económica mediante un formalismo incompatible con la protección reforzada que
tenía por invalidez catastrófica.

Explicó que la demanda no era fragmentaria y que la nulidad del oficio demandado
implicaba efectos en cadena ya que el ascenso conllevaba la reliquidación y la
bonificación pretendidas y que, ignorar esto implicaba transgredir la proposición
jurídica completa constituyéndose en un cierre arbitrario de acceso a la justicia, pues
que la pretensión económica era consecuencia necesaria del ascenso, sin
pretensiones autónomas, formando una unidad jurídica.

Por último, consideró que existía un perjuicio irremediable al tener que percibir una
pensión inferior a la que tendría derecho y que lo devengado no era suficiente para
cubrir sus gastos y manutención, incluyendo los gastos en los que debía incurrir con
ocasión de las lesiones sufridas, además de ser un sujeto de especial protección
dada su condición de discapacidad.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 6 de marzo de 2026 el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por Yeison Andrés Cardona Lopera contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión. Asimismo ordenó la
notificación de las partes; negó la medida provisional solicitada; vinculó como
terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
(autoridades que actuaron en calidad de demandadas en el proceso); a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, vinculados al
proceso y al Juzgado Octavo Administrativo de Pasto autoridad judicial que
emitió la sentencia de primera instancia en el medio de control.

4.2. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión por
conducto del titular del despacho, manifestó que no se cumplía con el requisito
de inmediatez debido a que habían transcurrido alrededor de 3 años entre la
emisión de la sentencia cuestionada y la presentación de la presente acción
de tutela sin que mediara una justificación válida para entender superado este
requisito.

En todo caso, sostuvo que, aun cuando no se cumplía con este requisito de
procedencia, del examen de la providencia cuestionada se advertía que la
decisión adoptada había hecho un análisis razonado del objeto del litigio, de
las pretensiones formuladas en la demanda y de las pruebas obrantes en el
expediente así como en la aplicación de las normas que regulaban el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y los presupuestos
procesales para proferir un fallo de mérito.

4.3. La Policía Nacional por conducto de la asesora del área jurídica de la entidad
se pronunció e indicó que no se cumplía con el requisito general de
procedencia de la inmediatez ya que entre la notificación de la providencia del
tribunal y la presentación de la tutela habían transcurrido 26 meses, lo que
superaba de manera suficiente el plazo para la interposición de la presente
acción.

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Del fondo del asunto estuvo de acuerdo con lo manifestado en la sentencia
ordinaria por parte del tribunal, explicando igualmente los motivos por lo que
la demanda era inepta y no podía accederse a lo pretendido por la parte actora.

Por último, mencionó la inexistencia del perjuicio irremediable al estar
percibiendo el actor en la actualidad la pensión correspondiente, lo que dijo
fue certificado en el sistema de talento humano de la entidad.

4.4. El Juzgado Octavo Administrativo de Pasto, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el Ministerio Público, no se pronunciaron en esta
oportunidad pese haber sido notificados de la existencia de la presente acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá
verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
concretamente el de la inmediatez.

De estar acreditado el mencionado requisito junto con los demás requisitos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 24 de
marzo de 2023 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-33-
33-008-2016-00062-00/01 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en los
términos propuestos por la parte actora.

4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez

La Corte Constitucional6 ha señalado que si bien no es posible establecer un término
de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el
respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados7.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado8
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de seis
meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por
considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional9.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»10.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: (…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad
de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».

6
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
7
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
8
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

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Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»11. Por ende, para analizar
si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la
situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales
se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la tutela.

Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como en la
providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto de la
inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar
el lapso de seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la
jurisprudencia constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el
cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo
paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.

5. Análisis del caso

5.1. De acuerdo con las pretensiones de la acción de tutela, la parte actora pide
que se deje sin efectos la sentencia del 24 de marzo de 2023 proferida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia del
Juzgado Octavo Administrativo de Pasto.

5.2. En consecuencia, la Sala advierte que en el caso examinado transcurrieron
más de seis meses entre la notificación del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión y la interposición de la
acción de tutela. La prueba de esta afirmación consiste en que la sentencia se
profirió el 24 de marzo de 2023 y se notificó a las partes mediante correo
electrónico ese mismo día12. Sin embargo, la acción de tutela se presentó el
28 de febrero de 2026.

Lo anterior implica que, entre la notificación de la sentencia de segunda
instancia y la interposición del amparo constitucional transcurrió un lapso de
dos (2) años, once (11) meses y cuatro (4) días. Situación que supera el
plazo razonable de seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte.

5.3. Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez
pues pese al paso del tiempo, es posible que existan circunstancias especiales
que justifiquen la presentación de la tutela auna cuando se haya superado el
lapso razonable 6 meses.

En esa línea, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional13 no se encuentra acreditada una
situación que explique por qué la acción de tutela se interpuso luego de
transcurrido ese tiempo de modo que, atendiendo al lapso considerable que
existió entre la notificación de la providencia y la presentación de la tutela, este
requisito no se encuentra acreditado.

Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó la siguiente
justificación:
«En el presente asunto, aunque la sentencia cuestionada fue proferida el 24 de marzo de
2023, la afectación constitucional no se consolidó en ese momento, pues el alcance real del
perjuicio solo se materializó con su ejecución administrativa posterior. En efecto: 1) Mediante
Resolución No. 0848 del 2 de septiembre de 2025 se ejecutó el fallo reconociendo el ascenso,

11
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
12
Samai, índice 7 del expediente ordinario en segunda instancia.

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pero sin efectos económicos. 2) Posteriormente, el 25 de febrero de 2026, la administración
negó definitivamente la reliquidación pensional invocando cosa juzgada, cerrando el acceso
material al reconocimiento prestacional. Estas actuaciones constituyen hechos nuevos y
sobrevinientes que reconfiguraron el perjuicio constitucional alegado.
La Corte Constitucional ha precisado que la existencia de hechos nuevos puede justificar la
interposición de una nueva acción de tutela sin que esta resulte temeraria ni extemporánea,
especialmente cuando la vulneración de derechos fundamentales se mantiene en el tiempo
(SU-027 de 2021).
En materia pensional, la afectación adquiere carácter continuado, pues el daño se actualiza
con cada pago de una mesada inferior a la constitucionalmente debida, impactando
directamente el mínimo vital del accionante y su núcleo familiar. Por ello, el análisis de
inmediatez debe efectuarse de manera flexible cuando la vulneración persiste y se proyecta
mensualmente sobre la subsistencia del titular del derecho (T-484 de 2016).
En consecuencia, la presente acción de tutela se interpone dentro de un término razonable
frente a una vulneración actual, permanente y renovada mensualmente, lo que excluye
cualquier aplicación rígida del requisito temporal de inmediatez».

De los anteriores argumentos encuentra la Sala que el accionante se refiere a
dos aspectos: (i) uno, relacionado con la contabilización del término a partir de
la ejecución de la sentencia ordinaria por parte de la administración y, (ii) otro
que tiene que ver con la afectación continua al tratarse del pago de mesadas
pensionales que tienen un carácter periódico y que en esa medida existe una
vulneración permanente y actual.

Del primer aspecto, se advierte que la contabilización del término de 6 meses
que la jurisprudencia ha entendido como razonable para la presentación de
una acción de tutela contra una providencia judicial toma como punto de
partida la notificación de la sentencia respectiva que es el momento en que la
parte asume el conocimiento de lo resuelto por el juez natural y evidencia la
posible trasgresión de derechos fundamentales, de modo que es a partir de
allí y no desde la fecha en que la entidad da cumplimiento al fallo del juez
natural que debe hacerse el conteo, pues esta última actuación no es la que
en realidad afecta al tutelante, sino la decisión judicial frente a la que presentó
la existencia del presunto defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

En ese orden de ideas, no puede atenderse favorablemente el argumento de
entender que la tutela se deba promover hasta el momento en que se da
cumplimiento a la respectiva orden del juez natural.

El segundo aspecto, que tiene que ver con que se trata de mesadas
pensionales que al ser periódicas traen una afectación continua, es un
argumento que tampoco puede acogerse, pues como lo anuncia la misma
sentencia T 484 de 2016 que el actor cita como respaldo de su argumento, es
excepcionalmente procedente la acción de tutela para el reconocimiento de
prestaciones de carácter pensional cuando se trata de sujetos de especial
protección constitucional o por su condición económica, física o mental, lo que
no ocurre en el presente caso, pues de acuerdo con la prueba que trajo la
Policía Nacional como entidad vinculada en calidad de tercero con interés, el
señor Yeison Andrés Cardona Lopera actualmente percibe pensión por
invalidez reconocida por la entidad y que a la fecha es pagada mensualmente.

De manera que, no se advierte un perjuicio inminente al estar garantizado su
mínimo vital siendo su inconformidad el monto que se le ha reconocido y por
lo que activó el aparato judicial en busca de una nueva liquidación de su
prestación, de modo que, se reitera, en casos como el presente la
contabilización del lapso para presentar la tutela lo es a partir de la decisión
judicial que eventualmente vulnera los derechos fundamentales de la parte y
no, atendiendo al criterio de periodicidad de la pensión respectiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01626-00
Demandante: Yeison Andrés Cardona Lopera

5.4. En consecuencia, la Sala no advierte que exista alguna situación que le
hubiese impedido a la parte actora interponer la acción con anterioridad una
vez se le notificó la sentencia de segunda instancia, momento en el que
conoció sobre el restablecimiento del derecho con el que ahora está
inconforme.
Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Entonces, es condición imprescindible
para analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos planteados por la parte
tutelante.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente
acción al no cumplirse con el requisito de procedencia de la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela presentada por Yeison
Andrés Cardona Lopera, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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