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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01626-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01626-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01626-01 Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA SEGUNDO: TENER al doctor MICHAEL SALVATORE LOPERA como apoderado especial del actor, de conformidad con el poder obrante en el índice 23 del expediente digital. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01626-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01626-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ, INCLUSO
EN TUTELAS PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
EN LAS QUE SE CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE PRESTACIONES
PERIÓDICAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO
VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 23 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01626-01
Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

El señor YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a

la dignidad humana, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE NARIÑO2, al haber proferido la providencia

de 24 de marzo de 2023 dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 52001-33-33-008-2016-00062-01.

I.2.- Hechos

Indicó que ingresó a la Policía Nacional el 1o. de septiembre de 2005

como patrullero y fue retirado del servicio por invalidez el 28 de

agosto de 2012, debido a que sufrió unas lesiones en combate que

de acuerdo con el informe administrativo de 9 de marzo de ese año

fueron causadas en actos especiales propios de la actividad.

Señaló que el 26 de enero de 2012, fue valorado por la Junta Médico

Laboral que determinó una disminución de su capacidad laboral del

80.88%, razón por la que mediante Resolución núm. 03057 de 28 de

2
En adelante TRIBUNAL.

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Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

agosto de 2012 fue retirado del servicio por incapacidad absoluta y,

posteriormente, a través de la Resolución núm. 00113 de 22 de enero

de 2013, le fue reconocida pensión de invalidez con efectividad a

partir del 28 de noviembre de 2012 en cuantía del 75% del salario

percibido como patrullero, más 1/12 parte de las primas de servicios,

vacaciones, navidad y el subsidio de alimentación.

Sostuvo que le solicitó a la Policía Nacional la reliquidación de su

pensión de invalidez reconociendo y aplicando el ascenso meritorio

al grado de subintendente, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 66 del Decreto 1091 de 27 de junio de 19953, la cual le fue

negada mediante Oficio de 6 de abril de 2015.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, presentó demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL - POLICÍA NACIONAL4 con el fin de que se declarara

la nulidad del acto administrativo que le negó el ascenso meritorio y

la correspondiente reliquidación de su pensión, la cual fue

identificada con el número de radicado 2016-00062-00 y le

correspondió por reparto al JUZGADO OCTAVO

3
Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995.
4
En adelante POLICÍA NACIONAL.

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4

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Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO5 que, mediante

sentencia de 27 de julio de 2020, accedió a las pretensiones de la

demanda.

Afirmó que la allí demandada interpuso recurso de apelación contra

la anterior decisión, el cual le correspondió al TRIBUNAL que,

mediante providencia de 24 de marzo de 2023, confirmó

parcialmente la decisión del a quo, al considerar que el acto

administrativo demandado se limitó a resolver sobre la procedencia

del ascenso solicitado por el actor, por lo que la pretensión de

restablecimiento del derecho no podía ser otra que ordenar la

mencionada promoción y no la reliquidación de la pensión, ya que

para ello se debió demandar el acto administrativo que la reconoció

con el grado de patrullero, previo agotamiento de la vía

administrativa, pero como esto no ocurrió, debió demandar el acto

administrativo ficto negativo resultante de la falta de respuesta a su

solicitud de reliquidación pensional y reconocimiento de la

bonificación equivalente al 30%.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

5
En adelante JUZGADO.

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5

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Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

procedimental por exceso ritual manifiesto al haberse declarado

la ineptitud sustantiva de la demanda por no cuestionar el acto ficto

presunto frente a la reliquidación y la bonificación pretendida, ya que

esta integraba la nulidad del oficio expreso que negó el ascenso y sus

efectos, con un restablecimiento integral.

Recalcó que el TRIBUNAL subordinó el acceso a la justicia a una

exigencia formal, por cuanto la demanda no era fragmentaria y la

nulidad del oficio demandado implicaba efectos en cadena, por lo que

ignorar esto implicaba transgredir la proposición jurídica completa

constituyéndose en un cierre arbitrario frente a sus garantías, pues

la pretensión económica era consecuencia necesaria del ascenso, sin

pretensiones autónomas, formando una unidad jurídica.

Aseguró que existe un perjuicio irremediable al tener que percibir

una pensión inferior a la que tendría derecho y que lo devengado no

es suficiente para cubrir sus gastos y manutención, incluyendo en los

que debe incurrir con ocasión de las lesiones sufridas, además de ser

un sujeto de especial protección dada su condición de discapacidad.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

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Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

“[…] 13.2 Vincular como tercero interesado o parte con interés
legítimo a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
(domicilio para notificaciones: Carrera 54 # 26-25, Bogotá D.C.),
conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, para:

• Trasladarle la presente acción de tutela y que rinda informe
dentro del término legal.

• En caso de prosperar las pretensiones, proceda al cumplimiento
inmediato de las órdenes de reliquidación pensional, pago de
diferencias retroactivas, bonificación del 30% sobre la
indemnización y demás consecuencias económicas derivadas del
ascenso meritorio.

13.3 Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del 24 de
marzo de 2023, únicamente en el aparte inhibitorio por ineptitud
sustantiva de la demanda.

13.4 Ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño - Sala Primera
de Decisión proferir sentencia de reemplazo dentro del término
máximo de treinta (30) días hábiles, con pronunciamiento de fondo
sobre las consecuencias económicas del ascenso meritorio
(reliquidación, diferencias retroactivas y bonificación), sin imponer
exigencias formales adicionales relativas al acto ficto negativo.
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente

acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez, debido a

que han transcurrido alrededor de 3 años entre la emisión de la

sentencia cuestionada y la radicación de la solicitud de amparo sin

que exista una justificación válida para entender superado tal

exigencia. Además, sostuvo que la providencia censurada constituye

el resultado del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y no

comporta vulneración alguna de los derechos fundamentales

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invocados por el actor.

I.5.2.- La POLICÍA NACIONAL solicitó declarar improcedente el

amparo pretendido por no cumplir con el requisito de la inmediatez,

pues entre la notificación de la providencia de segunda instancia

censurada y la presentación de la acción de tutela de la referencia

han transcurrido 26 meses, lo que supera de manera suficiente el

plazo para la instauración de la presente acción.

Agregó que no se configura un perjuicio irremediable, toda vez que

el actor en la actualidad está percibiendo la pensión que le fue

reconocida, como consta en su sistema de talento humano.

I.5.3.- El JUZGADO, la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA

JURÍDICA DEL ESTADO y el MINISTERIO PÚBLICO, pese a ser

notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 23 de abril de 2026, la SECCIÓN CUARTA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir con el requisito de la inmediatez, toda vez que entre la

notificación de la sentencia de segunda instancia cuestionada y la

instauración del presente amparo constitucional transcurrió un lapso

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de 2 años, 11 meses y 4 días, superándose así el plazo razonable de

los seis meses al que alude la jurisprudencia constitucional, sin que

se encuentre acreditada una situación válida que lo justifique.

Frente al argumento del actor relacionado con la contabilización del

término a partir de la ejecución de la sentencia ordinaria por parte

de la administración, advirtió que los seis meses que la jurisprudencia

ha entendido como razonable para la presentación de una acción de

tutela contra una providencia judicial toma como punto de partida la

notificación de la respectiva decisión, momento en el que la parte

evidencia la posible transgresión de sus derechos fundamentales y

no desde la fecha en que la entidad accionada da cumplimiento al

fallo del juez natural.

Asimismo, señaló que tampoco puede acogerse el argumento relativo

a que al tratarse de mesadas pensionales por ser periódicas su

afectación es continua, debido a que como lo establece la misma

sentencia T-484 de 6 de septiembre de 2016, proferida por la Corte

Constitucional, que el actor cita como respaldo, es excepcionalmente

procedente la acción de tutela cuando se trata de sujetos de especial

protección constitucional o por su condición económica, física o

mental, lo que no ocurre en el presente caso, pues de acuerdo con

lo probado por la POLICÍA NACIONAL aquel percibe mensualmente

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la pensión de invalidez, razón por la que no se advierte un perjuicio

inminente al estar garantizado su mínimo vital.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor, a través de apoderado6, impugnó la decisión proferida en

primera instancia y solicitó que se revoque y se amparen sus

derechos fundamentales invocados como violados.

Señaló que la jurisprudencia ha flexibilizado el requisito de la

inmediatez ante vulneraciones continuadas y sujetos de especial

protección por encontrarse en condición de debilidad manifiesta,

como ocurre en su caso, razón por la que, a su juicio, el a quo estaba

obligado a tener en cuenta: (i) el carácter periódico de la prestación

pensional, cuya afectación se renueva mes a mes; (ii) su estado de

invalidez, que impone un estándar de auxilio reforzado; y (iii) la

existencia de la Resolución de 2025 y del Oficio de 2026 como hechos

nuevos con efectos propios, que no son simples reiteraciones de la

sentencia cuestionada, sino actos administrativos que cerraron

definitivamente el acceso a la reliquidación y reconfiguraron la lesión

constitucional.

6
La Sala advierte que, si bien el actor presentó la acción de tutela de la referencia en nombre propio,
la impugnación fue presentada a través de apoderado judicial, anexando el poder correspondiente.

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Para el efecto, sostuvo que: “[…] El perjuicio se prolongó y se

concretó con posterioridad. La Resolución No. 0848 del 02 de

septiembre de 2025 reconoció el ascenso al grado de Subintendente,

pero se abstuvo de reconocer efecto económico alguno sobre la

asignación de retiro. El oficio GS-2026-013629-DITAH cerró

definitivamente el acceso a la reliquidación invocando cosa juzgada.

Ninguno de esos actos es una mera reiteración: son decisiones

administrativas con contenido propio que actualizaron la vulneración

y bloquearon de manera definitiva el acceso al derecho, mientras el

accionante continuaba percibiendo, mes a mes, una asignación de

retiro que representa aproximadamente el 58% de lo que le

correspondería en el grado reconocido judicialmente […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

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2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 24 de marzo de 2023, proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2016-00062-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

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derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a

la dignidad humana, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso

ritual manifiesto, al haberse declarado la ineptitud sustantiva de la

demanda por no cuestionar el acto ficto presunto frente a la

reliquidación y la bonificación pretendida, ya que ésta integraba la

nulidad del oficio expreso que negó el ascenso y sus efectos, con un

restablecimiento integral.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 23 de abril de 2026,

declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito

de inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, afirmando que la jurisprudencia ha flexibilizado el

requisito de la inmediatez ante vulneraciones continuadas y sujetos

de especial protección por encontrarse en condición de debilidad

manifiesta, como ocurre en su caso, por lo que, a su juicio, el a quo

estaba obligado a tener en cuenta el carácter periódico de la

prestación pensional, cuya afectación se renueva mes a mes; su

estado de invalidez, que impone un estándar de auxilio reforzado; y

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la existencia de la Resolución de 2025 y del Oficio de 2026 como

hechos nuevos con efectos propios, que no son simples reiteraciones

de la sentencia cuestionada, sino actos administrativos que cerraron

definitivamente el acceso a la reliquidación y reconfiguraron la lesión

constitucional.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados e incurrió en el defecto alegado.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se

controvierten providencias judiciales

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

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sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”7.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la acción de tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta

8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 10, la

providencia de segunda instancia de 24 de marzo de 2023, aquí

cuestionada, fue notificada a las partes, vía correo electrónico, el

mismo día11, por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437

de 18 de enero de 201112, se entiende debidamente notificada el 28

de ese mes y año.

10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=520013333008201600
062015200123
11
Constancia de notificación visible a índice 7 del expediente digital del proceso 2016-00062-01.
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 28 de febrero de 202613, esto es,

transcurridos más de 2 años, superando así el término de 6 meses

que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin

que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo.

En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el

término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante

circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se

trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los

derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de

sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo

sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en

sentencia T-374 de 18 de mayo de 201214, al referirse a la

inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de

prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

13
Conforme consta en el índice 2 del expediente 00, obrante en el aplicativo SAMAI.
14
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

Cabe señalar que, con fundamento en la mencionada sentencia de

la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,

relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias

judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones

periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]

siempre que se trate de una acción de tutela contra

providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,

se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos

generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual

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deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre

que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que

sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea

muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que

el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta15

[…]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,

la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes:

“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.

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eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.

[…]

Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través

del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

providencia de 24 de marzo de 2023 y, en consecuencia, se ordene

la reliquidación de su pensión de invalidez.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

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Sección en sentencia de 28 de mayo de 201516, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.

Al respecto, se advierte que el actor no demostró que se encontrara

en un estado de debilidad manifiesta, pues los argumentos que

expone para justificar la tardanza no se enmarcan en alguno de los

supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término razonable

establecido. Máxime, cuando está demostrado que el actor devenga

mensualmente la pensión de invalidez que le fue reconocida por la

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POLICÍA NACIONAL.

En efecto, la Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar que

las razones aducidas por el actor no justifican la inactividad o

tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, toda vez que

en tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el

término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha

en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a

su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados, que en este

caso es la providencia de 24 de marzo de 2023.

Aunado a lo anterior, para la Sala no resulta de recibo el argumento

relativo a que la expedición de la Resolución núm. 0848 de 2 de

septiembre de 2025, mediante la cual se le reconoció al actor el

ascenso al grado de subintendente y del Oficio GS-2026-013629-

DITAH que negó la reliquidación pensional por existir cosa juzgada,

constituyen hechos nuevos a partir de los cuales se debe contabilizar

el término de la inmediatez, habida cuenta que dichos actos

administrativos se expidieron en cumplimiento y como consecuencia

a lo ordenado en la sentencia cuestionada.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201717, la Corte

17
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que

declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor

por no cumplir el requisito general de la inmediatez, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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Actor: YEISON ANDRÉS CARDONA LOPERA

SEGUNDO: TENER al doctor MICHAEL SALVATORE LOPERA como

apoderado especial del actor, de conformidad con el poder obrante en

el índice 23 del expediente digital.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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