Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01631-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01631-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01631-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01631-01
Demandante MARTHA MÓNICA JARAMILLO PATIÑO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo,
por violación directa de la Constitución Política y fáctico. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Cesantías del
régimen anualizado por afiliación al Fondo Nacional del Ahorro.
Régimen retroactivo de cesantía, naturaleza jurídica de Corporación
Autónoma Regional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Martha Mónica Jaramillo Patiño
contra el fallo del 26 de marzo de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que dispuso: «DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de marzo de 20261, la señora Martha Mónica Jaramillo Patiño, por conducto de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo
y al principio de favorabilidad con la sentencia del 28 de agosto de 2025 proferida
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 63001-33-33-006-
2021-00257-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, el principio de
favorabilidad laboral, y el derecho al trabajo bajo criterios de justicia y equidad dada la
naturaleza del auxilio y su íntima relación con la dignidad humana y su remuneración mínima,
vital y móvil de la señora MARTHA MONICA JARAMILLO PATIÑO vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, Sala Quinta de decisión, M.P LUIS JAVIER
ROSERO VILLOTA, Sentencia 191-2025 del 28 de Agosto de 2025, radicado: 63001-3333-
006-2021-00257-01 en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral
en contra de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala quinta de decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, para que dentro del término perentorio que considere la Sala, profiera nuevo fallo
de segunda instancia en el que se proteja el derecho al debido proceso de mi mandante
otorgando prevalencia y aplicación al principio de favorabilidad en la resolución del caso en
concreto.
TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez Constitucional
considere pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración de los derechos que se
acusan como conculcados».
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Escrito de tutela presentada a través de la ventanilla virtual. SAMAI, índice 002.
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Demandante: Martha Mónica Jaramillo Patiño
2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 9 de septiembre de 1993, la señora Martha Mónica Jaramillo Patiño se
vinculó con la Corporación Autónoma Regional del Quindío en el cargo de
Tecnólogo, Código 4165, Grado 10, en carrera administrativa.
2.2. El 19 de marzo de 2021, la accionante solicitó a la citada entidad el
reconocimiento y pago de sus cesantías retroactivas; petición que se negó
mediante oficio del 15 de abril de 2021.
2.3. Por lo anterior, la señora Martha Mónica Jaramillo Patiño en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo que negó el pago de las cesantías a la actora en forma
retroactiva y, en consecuencia pidió se declarara que tenía derecho a que sus
cesantías fueran liquidadas de forma retroactiva incluyendo los factores
salariales devengados desde su vinculación en la entidad.
2.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia (expediente 63001-33-33-006-2021-
00257-00) mediante sentencia del 28 de agosto de 2024 accedió a las
pretensiones de la demanda.
Sostuvo que para la fecha en que la señora Jaramillo Patiño se vinculó con la
CAR Regional Quindío, existían dos regímenes de cesantías, el anualizado del
Fondo Nacional del Ahorro, aplicable a empleados públicos vinculados a partir
del 1º de enero de 1969 a los ministerios, departamentos administrativos, entre
otros y, el régimen de cesantías retroactivo aplicable a los empleados públicos
del orden nacional y territorial de conformidad con la Ley 6ª de 1945 y el
Decreto 2767 de 1945, respectivamente.
De acuerdo con lo anterior y conforme con los supuestos fácticos de la actora,
encontró que al haberse vinculado con la CAR Regional Quindío el 9 de
septiembre de 1993, el régimen aplicable para la liquidación de sus cesantías
era el retroactivo ya que la entidad no correspondía a un ministerio,
departamento administrativo ni a ninguno de esa naturaleza.
Además que si bien se permitió a los servidores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios la afiliación voluntaria al
Fondo Nacional del Ahorro, no se había aportado prueba al expediente que
acreditara que la actora hubiera optado voluntariamente por el régimen
anualizado de cesantías.
Aclaró que si bien desde el momento de su vinculación con la CAR Regional
Quindío estaba afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, eso no podía ser
indicador de que hubiera renunciado voluntariamente el régimen retroactivo,
por lo que, a juicio del juzgado, era beneficiaria de ese último régimen al
haberse vinculado a la entidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.
2.5. La decisión se apeló por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, parte
demandada en el proceso ordinario.
En segunda instancia el Tribunal Administrativo del Quindío en providencia del
28 de agosto de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 29 de agosto
de 2025) revocó la decisión del juzgado y en su lugar negó las pretensiones de
la demanda.
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Consideró el Tribunal que si bien la demandante por estar vinculada con
anterioridad a 1994 no estaba sujeta al régimen anualizado de cesantías sino
al retroactivo, esa afirmación no era exacta ya que si bien a partir del año 1996
se dispuso un régimen anualizado de cesantías para todos los servidores
públicos en aras de unificar el sistema, desde antes existían subsistemas
diferentes que continuaron rigiendo como en el sector docente con el FOMAG,
el de las fuerzas armadas o el mismo del Fondo Nacional del Ahorro.
En esa línea, precisó que a la demandante le asistía la posibilidad de
manifestar en cualquier momento que su afiliación en materia de cesantías al
Fondo Nacional del Ahorro no le satisfacía y que prefería el régimen retroactivo
anterior, lo que no había hecho, de modo que no podía pretender un
reconocimiento tal como lo planteó tanto en sede administrativa como judicial.
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que la decisión del 28 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 63001-33-33-006-2021-00257-00/01 incurrió en los
defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución Política y fáctico. Las
razones fueron las siguientes:
3.1. Defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución Política al
extenderse los efectos jurídicos de normas que no eran aplicables al caso,
concretamente las normas relacionadas con el régimen anualizado de
cesantías administrado por el Fondo Nacional del Ahorro creado mediante el
Decreto 3118 de 1968.
Explicó que con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las
Corporaciones Autónomas Regionales pasaron a ser órganos autónomos no
pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público de modo que al
determinarse el régimen de cesantías de sus servidores no resultaba aplicable
el Decreto 3118 de 1968, además que a partir del 31 de diciembre de 1996 se
unificó el régimen de cesantías unificadas para todos los funcionarios públicos
indistintamente de la naturaleza jurídica de la entidad a la que pertenecieran,
pero que su vinculación había sido anterior (9 de septiembre de 1993).
Hizo un extenso análisis de la naturaleza de la Corporación Autónoma
Regional y aseguró que se trataba de un establecimiento público
descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio y que a partir de la
Constitución Política de 1991 adquirió régimen autónomo y dejó de pertenecer
a la rama ejecutiva del poder público.
Bajo ese contexto, precisó que la Ley 99 de 1993 se encargó de regular lo
relacionado con las corporaciones autónomas regionales sin que se ocupara
del régimen salarial y prestacional de sus servidores, de manera que existía
una omisión legislativa al respecto y en ese sentido, no estaban cobijados por
las previsiones del Decreto 3118 de 1968 por el que se creó el Fondo Nacional
del Ahorro y se establecieron normas sobre el auxilio de cesantía de
empleados públicos y trabajadores oficiales, por lo que a partir del 4 de julio
de 1991 el único régimen de cesantías aplicable a las corporaciones
autónomas regionales era el régimen de cesantías retroactivo creado
mediante la Ley 6 de 1945 y los Decretos 2767 de 1945, 1160 de 1947 y la
Ley 65 de 1946.
Sostuvo que al haberse vinculado con la entidad el 9 de septiembre de 1993,
la entidad ya no pertenecía a la rama ejecutiva del poder público además no
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existía el Decreto 1768 de 1994 de modo que no podía permitirse su aplicación
retroactiva.
Se refirió al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la
Constitución Política y dijo que debió atenderse a la situación que le resultaba
más favorable al tratarse de una prestación laboral.
3.2. Defecto fáctico, al considerar que no obraba prueba en el proceso que
demostrara la existencia de consentimiento o manifestación expresa, ni la
firma de documento alguno que indicara que optó de manera consciente y
expresa por el régimen anualizado siendo un requisito que existiera tal
manifestación expresa por parte del servidor.
Sostuvo que no se tuvo en cuenta que desde la presentación de la demanda
la pretensión iba dirigida a obtener como restablecimiento del derecho el
reconocimiento de la diferencia entre lo pagado bajo el régimen anualizado y
lo que se debía conforme a la liquidación del régimen retroactivo, pues que
tanto la norma como la jurisprudencia eran enfáticos en señalar que la
afiliación de un funcionario al Fondo Nacional del Ahorro no era excluyente del
régimen retroactivo de cesantías, es decir, que era jurídicamente viable que
un funcionario estuviera afiliado al referido fondo bajo el régimen retroactivo
de cesantías y que, debía darse aplicación al parágrafo del artículo 5º de la ley
432 de 1998.
Dijo que el Tribunal no hizo una valoración integral de las pruebas que
mostraba que la afiliación que hizo al Fondo Nacional del Ahorro no estuvo
condicionada a su voluntad sino que esto ocurrió porque la entidad lo
consideró como de obligatoria afiliación a dicho fondo por tratarse de entidades
pertenecientes a la rama ejecutiva del nivel nacional, específicamente a los
establecimientos públicos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 6 de marzo de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por la señora Martha Mónica Jaramillo Patiño contra el
Tribunal Administrativo del Quindío; (ii) ordenó la notificación de las partes y
(iii) como terceros con interés al Juzgado Sexto Administrativo de Armenia
(autoridad judicial que dictó la sentencia de primera instancia en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho) y a la Corporación Autónoma Regional
del Quindío (parte demandada en el referido medio de control).
4.2. El Tribunal Administrativo del Quindío por conducto del magistrado ponente
de la decisión cuestionada, manifestó que la accionante debió percibir desde
su vinculación con la entidad cesantías en régimen retroactivo lo que nunca
reclamó pese a que en su momento se le habían liquidado las mismas en el
régimen anualizado del Fondo Nacional del Ahorro.
Sostuvo que a la actora se le han venido reconociendo sus cesantías y que
ahora pretende que se reconozcan de manera distinta lo que no era posible
conforme con los fundamentos que dijo, estaban expuestos de manera
suficiente en la sentencia cuestionada a la que se remitía.
Finalmente, sostuvo que la actora estaba inconforme con lo resuelto y que
pretendía que se hiciera nuevamente un análisis en sede de tutela, por lo que
pidió se declarara improcedente la presente acción o en su defecto se negaran
las pretensiones de la demanda de tutela.
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4.3. La Corporación Autónoma Regional del Quindío por conducto de
apoderado se pronunció e indicó que la tutela no estaba concebida como una
tercera instancia del proceso ordinario que justamente eso era lo que podía
advertirse conforme lo manifestado por la actora en la fundamentación de la
presente acción.
Dijo que se trataba de una inconformidad con lo resuelto, que ese no era el
propósito de este mecanismo constitucional y que no se advertía la vulneración
de derechos fundamentales.
4.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia allegó el link de acceso a los
archivos del expediente ordinario; no se pronunció en relación con el fondo del
asunto.
5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera mediante sentencia del 26 de marzo de
2026 declaró improcedente la presente acción de tutela.
Para el juez de tutela de primera instancia la presente controversia carecía de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
instancia adicional con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto, iii) el asunto guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal y, iv) su contenido es netamente económico.
Consideró que la parte actora no ponía de presente que en la providencia
cuestionada se hubiera incurrido en una arbitrariedad judicial sino en que el juez de
segunda instancia revocó la decisión de primer grado que había accedido a sus
pretensiones para negarlas.
Por lo anterior, concluyó que la tutela era improcedente por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.
6. Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia.
Manifestó su inconformidad frente a lo resuelto por el juez de primera instancia y
reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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2. Acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos corresponde a la Sala determinar si
asistió razón al juez de tutela de primera instancia en declarar improcedente la
presente acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
De estar acreditado el anterior requisito y los demás presupuestos de procedencia,
corresponderá a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío en la
providencia del 28 de agosto de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 63001-33-33-006-2021-00257-00/01 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico en los términos propuestos por la actora, pues en
relación con el defecto por violación directa de la Constitución Política no se
evidencia una carga argumentativa que permita un estudio en relación con esta
causal específica de procedencia contra providencia judicial.
4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y de los demás
requisitos de la acción de tutela. Análisis en el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Martha Mónica Jaramillo Patiño
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales6.
4.2. En el caso propuesto, para la Sala sí se satisface el requisito de relevancia
constitucional.
De los fundamentos de la acción de tutela se advierte que la actora alegó la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico, el primero, fundamentado
en un vacío normativo frente a la regulación del régimen de cesantías de los
servidores que laboran en entidades como las Corporaciones Autónomas
Regionales y, el segundo, relacionado con la ausencia de una prueba que
demostrara su manifestación expresa de querer afiliarse de manera voluntaria
al Fondo Nacional del Ahorro bajo el sistema de cesantías anualizadas cuando
de acuerdo con la naturaleza de la entidad le asistía el derecho a las cesantías
retroactivas.
6
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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Entiende la Sala que si bien al momento de justificar la presunta existencia del
defecto sustantivo hizo un extenso análisis normativo acerca de la naturaleza
jurídica de la Corporación Autónoma Regional esto fue con el único propósito
de evidenciar que existía un vacío legal que regulara precisamente el régimen
aplicable a sus servidores en materia de cesantías, circunstancia que no
compromete un estudio de legalidad ni económico en estricto sentido, sino la
explicación de los motivos por los que, atendiendo la naturaleza de la entidad,
era válida su intención de reconocimiento del auxilio de cesantía retroactivo y
no anualizado, pese estar afiliada al Fondo Nacional del Ahorro.
En ese mismo sentido debe indicarse frente al defecto fáctico que la intención
de la accionante no fue entrar a un debate económico ni legal sino a que se
verificara su consentimiento expreso para pertenecer al Fondo Nacional del
Ahorro y al régimen anualizado de cesantías.
Ahora bien, también se advierte superado el requisito de la relevancia
constitucional en cuanto no puede entenderse que la tutela esté siendo
utilizada como una instancia adicional, pues el fallo de primera instancia le fue
favorable a sus pretensiones, razón por la que no interpuso recurso alguno y,
en segunda instancia con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, esto es la Corporación Autónoma Regional del Quindío, fue
revocada la decisión del a quo y en su lugar se negaron las pretensiones de la
demanda, razón por la que, al serle adversa a sus intereses consideró que
eventualmente la decisión incurría en los defectos propuestos y que se
estaban viendo afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al principio de favorabilidad, razón por la que la Sala considera
superada la relevancia por esta específica causal.
4.3. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción se
encuentran satisfechos por las siguientes razones:
(i) La controversia alude a la posible vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, al trabajo y al principio de favorabilidad de la señora Martha
Mónica Jaramillo Patiño, con ocasión de la providencia judicial del 28 de agosto
de 2025 que decidió en segunda instancia el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho relacionado con la negativa frente al
reconocimiento de las cesantías en el régimen retroactivo siendo que se
encuentra en el régimen anualizado.
(ii) La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y se
advierte que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios;
(iii) Se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada, pues
la sentencia fue emitida el 28 de agosto de 2025, fue notificada por correo
electrónico a las partes el 29 de agosto de 2025 y la acción de tutela se presentó
el 2 de marzo de 2026 por lo que se encuentra dentro del lapso considerado
como razonable;
(iv) No se trata de una tutela contra sentencia de tutela,
(v) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados.
En este orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia y en su
lugar, se procederá con el estudio de fondo de los defectos sustantivo y fáctico
propuestos de manera conjunta al estar sustentando a través de la
presentación de las dos causales un punto común y es el pretendido
reconocimiento del régimen retroactivo de las cesantías a que tiene derecho,
pese a estar en el régimen individual.
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5. Análisis de los defectos sustantivo y fáctico en el caso concreto
5.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma,
la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
En relación con el defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con el decreto,
práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la
decisión. En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico,
es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible,
de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega
la decisión que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto
resulta absolutamente inadecuado para el caso concreto7.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional8 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión 9; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo10.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o
(v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia11.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Ibidem.
9
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juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión12.
En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia13. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios 14.
5.2. En el caso propuesto la Sala encuentra que en la providencia objeto de
análisis, previo a resolver el caso concreto de la actora, se hizo un preámbulo
en relación con la naturaleza jurídica de la Corporación Autónoma Regional,
del régimen de cesantías y del Fondo Nacional del Ahorro.
Se estableció en la providencia que conforme con la jurisprudencia tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional se trataba de personas
jurídicas del orden nacional que gozaban de autonomía y cumplían cometidos
estatales. Precisó la sentencia en lo pertinente lo siguiente:
«[e]n la Sentencia C-275 de 1998 la Corte reiteró la naturaleza especial, reconocida
constitucionalmente y señaló que se trata de “personas jurídicas públicas del orden nacional,
que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que, con la promulgación de la
Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía”15.
40. Finalmente, la Corte unificó su posición en torno a la naturaleza jurídica de las
Corporaciones Autónomas Regionales, en el Auto No. 089 A de 2009 16, en el que precisó que
“son entidades públicas del orden nacional.”
41. El Consejo de Estado, con fundamento en lo señalado por la Corte Constitucional, en
sentencia del 9 de junio de 2005 17precisó que son entidades administrativas del orden
nacional, “que cumplen cometidos públicos de interés del Estado, y que con la promulgación
de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía; que por los atributos que les
asignó la Ley 99 de 1993 son entidades descentralizadas por servicios”, advirtiendo que “...
con la promulgación de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales
mantuvieron su condición de establecimientos del orden nacional”».
En relación con el régimen de cesantías y el Fondo Nacional del Ahorro, el
Tribunal accionado se remitió a un pronunciamiento del Consejo de Estado18
en el que se indicó que existían 3 regímenes de cesantías en el sector público,
esto es, (i) el de liquidación retroactiva, (ii) el de liquidación anualizada y (iii) el
de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
A continuación, citó los apartes de la sentencia del órgano de cierre en la que
se indicó lo siguiente en relación con los regímenes de cesantía:
«En este sentido, las cesantías retroactivas son otorgables para quienes se vincularon a la
administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley
50 de 1990, inicialmente para el sector privado, que la Ley 344 de 1996 extendió a los
servidores públicos vinculados a los órganos y entidades del Estado después de su entrada
en vigor (31 de diciembre de 1996).
Por su parte, la Ley 432 de 1998 permitió (a partir del 29 de enero de 1998) que se afiliaran al
FNA los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
15
Sentencia C-275 de 2005.
16
La Corte Constitucional ha reiterado esta naturaleza, entre otras, en las sentencias C-423 de 1994, C-596 de 1998, C-
698 de 2011 y el Auto de Unificación A089 de 2009.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 9.06.2005, Expediente 17.487,
reiterada en la sentencia del 10.05.2012, M.P. William Giraldo Giraldo, Rad. 680012331000-2004-00865.
18
Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cueter, sentencia del 12 de junio de
2020, radicación 13001-23-33-000-2014-00099-01 (4901-16).
10
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De igual manera, el Decreto 1582 de 1998 concedió la posibilidad de acogerse u optar por el
régimen anualizado de cesantías a aquellos servidores vinculados antes de la Ley 344 de
1996 y beneficiarios del régimen de retroactivo, previa solicitud, liquidación total de la
prestación y entrega de esos emolumentos al fondo de su elección, como procedimiento
necesario para el citado cambio de régimen.
Así las cosas, concurren tres clases de afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (i) los servidores
públicos de la rama ejecutiva, que son miembros forzosos; (ii) los servidores públicos que no
son de la rama ejecutiva, pero que voluntariamente quieren pertenecer al Fondo; y (iii) los del
sector privado que a motu propio también deseen afiliarse, bajo la restricción de no poder
realizar retiros parciales de sus cesantías para educación superior, como sí lo podrían en los
fondos privados de cesantías».
5.3. De acuerdo con lo anterior, esta Sección encuentra que el Tribunal hizo un
estudio de la naturaleza de la entidad y de los regímenes de cesantía para el
sector público apoyado en jurisprudencia del órgano de cierre, por lo que no
se advierte una omisión en la decisión en lo que tiene que ver con las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Lo que se observa es que la accionante al insistir en que la referida entidad no
pertenece a la rama ejecutiva del poder público y en que existe un vacío legal
respecto a la regulación de las cesantías, busca llevar a que se concluya que
por derecho propio y, dada su vinculación a partir del 9 de septiembre de 1993,
sus cesantías debían ser reconocidas conforme al régimen retroactivo.
En efecto, de la lectura hecha a la sentencia objeto de estudio, se evidencia
que el Tribunal reconoció el punto que expone la accionante al amparo del
presunto defecto sustantivo, es decir, que las Corporaciones Autónomas
Regionales no pertenecen a la rama ejecutiva y que existe un vacío legal frente
lo relacionado con las prestaciones de este tipo de servidores. Textualmente
afirmó la autoridad judicial: «El vacío normativo, llámese también “laguna jurídica”, se
podría comprender en el entendido que en realidad no existe una regulación expresa o
especial para las CARs sobre el punto, al catalogarse como entes autónomos que no encajan
en la organización del Estado, dentro de la Rama Ejecutiva».
Ahora bien, lo que precisó el Tribunal accionado fue que aún con la falta de
regulación expresa al respecto, debía hacerse una interpretación sistemática
en el sentido de indicar que pese a ser las mencionadas corporaciones
organismos autónomos no podían estar aislados del Estado y que, conforme
con lo dispuesto en el Decreto 1768 de 1994, en lo no regulado frente estas
entidades debían aplicarse las normas de una entidad descentralizada del
orden nacional.
En esa línea, indicó que quienes laboraban al servicio de esas entidades eran
empleados públicos y se regían en su nomenclatura y clasificación conforme
lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978; ahora, a efectos de verificar lo
relacionado con las cesantías concretamente de la accionante, sostuvo:
«En esas condiciones, encontrándose vinculada la accionante desde 1993, es decir, antes de
entrar en vigencia el Decreto 1768 de 1994, era lógico que la administración integrara el
sistema jurídico disponiendo que las mismas se consignaran, como se hacía en las entidades
descentralizadas de orden nacional, esto es, en el FNA.
(…)
En esa misma línea, si bien la demandante por estar vinculada con anterioridad a 1994, no
estaba sujeta al régimen anualizado de cesantías, sino al retroactivo, debe expresarse que
esta afirmación no es exacta, por cuanto si bien a partir del año 1996 se dispuso un régimen
anualizado de cesantías para todos los servidores públicos, en aras de unificar el sistema,
desde antes existían subsistemas diferentes que continuaron rigiendo, por vía de ejemplo , el
del sector docente con el FOMAG, el de las fuerzas armadas o el mismo del FNA.
Bajo ese esquema, a la demandante le asistía la posibilidad de manifestar en cualquier
momento que su afiliación en materia de cesantías al FNA no le satisfacía y que prefería el
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régimen retroactivo anterior; sin embargo, no lo hizo , por lo que ahora no es posible solicitar
una reliquidación de estas, a la manera como lo planteó en sede administrativa y en sede
judicial».
De modo que, a juicio de la Sala, en el contexto de la situación concreta de la
actora y de cara a lo probado en el expediente, aun cuando se entendiera que
le aplicaba en principio el sistema de cesantías retroactivo, lo cierto era que la
tutelante estaba afiliada al Fondo Nacional del Ahorro regido por el sistema
anualizado de cesantía y que, en caso de no estar satisfecha con el mismo,
pudo manifestarlo a la administración y exponer su intención de pertenecer al
régimen retroactivo anterior sin que esto se hubiera hecho por la señora
Jaramillo Patiño.
5.4. Así bien, para el Tribunal el punto estuvo en la ausencia de manifestación por
parte de la actora de pertenecer a un régimen distinto al que pertenecía, lo que
conecta con el segundo aspecto que cuestiona la accionante y que está
relacionado con la ausencia de prueba que demostrara su voluntad de
pertenecer al referido fondo y el consecuente régimen anualizado de cesantía
lo que dijo la actora, debía manifestarse de manera expresa.
Al respecto, la sentencia evidenció su afiliación con el Fondo Nacional del
Ahorro y así lo dejó consignado al momento de analizar lo probado en el
expediente cuando indicó que las cesantías de la señora Martha Mónica
Jaramillo Patiño habían sido reconocidas desde 1999 hasta 2021 y que habían
sido consignadas en el citado fondo, que esa afiliación no había sido ilegal y
que no existió una manifestación por parte de la actora de no continuar allí lo
que implicaba una aceptación voluntaria de su parte, por lo que no puede
indicarse que existió una ausencia de valoración de las pruebas en este
sentido.
Revisado el expediente ordinario se advierte que lo que solicitó en la demanda
fue el reconocimiento retroactivo de sus cesantías con los factores salariales
devengados desde su posesión hasta su retiro, no se advierte la manifestación
a título de restablecimiento del derecho de un reconocimiento de la diferencia
entre lo pagado bajo el régimen anualizado y lo que se debía conforme a la
liquidación del régimen retroactivo en esos específicos términos como lo
señaló en el escrito de tutela.
Tampoco se encuentra que hubiera puesto de presente al juez ordinario la
ausencia de manifestación de pertenecer al Fondo Nacional del Ahorro como
lo indica ahora en la tutela, en el escrito de demanda no se hace referencia
puntual a ese aspecto, por el contrario, allegó como anexos de la demanda los
desprendibles de saldo de cesantías que eran expedidos por el fondo a su
nombre y que corresponden a distintas anualidades sin algún otro reparo.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia proferida el 26 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no estar acreditado el
requisito de la relevancia constitucional y en su lugar, negará las pretensiones de la
demanda por no estar configurados los defectos sustantivo y fáctico propuestos por
la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
12
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FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera para, en su lugar NEGAR las pretensiones de la
acción de tutela presentada por la señora Martha Mónica Jaramillo Patiño, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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