Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01634-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01634-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01634-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01634-00
Demandante: Henry Orlando Rey González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento de la pensión gracia / Defectos
sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Henry Orlando Rey González, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Henry Orlando Rey González promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la seguridad
social, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 3 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001333501520230014502.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 con la finalidad de
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAYANEXOSHENRYRE(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2».
2 En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Henry Orlando Rey González
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2.2. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia
del 29 de mayo de 2025 accedió parcialmente3 a las pretensiones de la demanda al
considerar que se probaron los requisitos para obtener la pensión gracia, pues se
acreditó un tiempo de servicio de 22 años, 2 meses y 20 días en instituciones del
orden territorial y la vinculación nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980.
En contra de esta decisión ambas partes presentaron recursos de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
en sentencia del 3 de septiembre de 2025 revocó la decisión del a quo, y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda al concluir que los tiempos de servicio docente
comprendidos entre 1980 y 2008 ya habían sido objeto de pronunciamiento dentro
del proceso identificado con el radicado 2008-00320-00, cuyas decisiones
adquirieron firmeza. En dichas providencias se estableció que su vinculación
correspondía al orden nacional, circunstancia que impedía acreditar una relación de
carácter territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por una valoración probatoria incompleta, irrazonable y
carente de autonomía, particularmente en lo relacionado con la naturaleza jurídica de
los tiempos de servicio docente comprendidos entre el 20 de mayo de 1980 y el 22
de mayo de 1990, pues no realizó un examen material propio de las pruebas
allegadas al proceso, sino que se limitó a reproducir la calificación de «vinculación
nacional» efectuada en un proceso judicial anterior.
2.5. En defecto sustantivo por una evidente contradicción entre sus fundamentos
jurídicos y la decisión finalmente adoptada, pues sustentó la providencia en la
imposibilidad de revisar la naturaleza jurídica del vínculo docente comprendido entre
1980 y 1990, por considerar que, sobre ese aspecto existía cosa juzgada derivada
de un proceso anterior. Máxime cuando el nuevo trámite era procedente por la
existencia de periodos y hechos no analizados previamente, y la cosa juzgada no
cobijaba la totalidad del debate pensional.
2.6. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 4, el cual
precisó que lo esencialmente relevante para el reconocimiento de la pensión gracia
es la determinación de la plaza a ocupar, comoquiera que el tiempo de servicio
prestado del 20 de mayo de 1980 al 22 de mayo de 1990 era de carácter
departamental – nacionalizado, y resultaba apto para el reconocimiento de la pensión
por haberse iniciado dicho vínculo antes del 31 de diciembre de 1980.
3
Determinó que el demandante adquirió el estatus pensional el 6 de enero de 2020, mientras que la
pretensión de reconocimiento se presentó desde el 21 de septiembre de 2007.
4 Al respecto citó la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, Sección Segunda. C.P. Doctor
Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-2014).
2
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Demandante: Henry Orlando Rey González
2.7. En violación directa de la Constitución Política al vulnerar sus derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, comoquiera que
ignoró las pruebas con fundamento en que una decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada ya lo había hecho (erróneamente).
2.8. Asimismo, en el presente asunto no resultaba procedente aplicar la figura de
la cosa juzgada, al no configurarse sus presupuestos estructurales, pues la autoridad
judicial demandada ya había definido de manera expresa la improcedencia de dicha
excepción, cuando resolvió el recurso de apelación contra el auto que negó la
excepción previa formulada por la UGPP y estableció que no existía triple identidad
entre el proceso anterior y el actual.
2.9. Si bien existió un proceso judicial anterior con las mismas partes, no existió
identidad de objeto ni de causa petendi, comoquiera que los actos administrativos
cuestionados en este caso son distintos a los discutidos en el proceso previo.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Sírvase tutelar el derecho fundamental del Trabajo (Art. 25 C.P.), Seguridad Social
(Artículo 48 C.P.) y Debido Proceso (Artículo 29 C.P.), que como consecuencia de la
sentencia de fecha tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , SECCIÓN SEGUNDA , SUB-SECCIÓN “C”,
resultan siendo violados y afectando a mi mandante.
2. Sírvase dejar sin efectos la providencia del tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025), del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , SECCIÓN SEGUNDA ,
SUB-SECCIÓN “C”, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia que había
accedido a las pretensiones de la demanda.
3. En consecuencia, ordénese al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,
SECCIÓN SEGUNDA , SUB-SECCIÓN “C”, que dentro del término que fije el juez
constitucional: Deje sin efectos la sentencia proferida el tres (3) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025) y profiera una nueva decisión de segunda instancia en la que:
• No se tenga por configurada la cosa juzgada respecto de la categorización jurídica de
nacionales de los tiempos de servicio comprendidos entre el 20 de mayo de 1980 y el 22
de mayo de 1990
• Se reexamine material y probatoriamente la naturaleza de dicha vinculación docente,
teniendo en cuenta que, aunque en el proceso anterior fue calificada como de orden
nacional, tal conclusión resulta contraria a la realidad jurídica y probatoria.
• Se evite la reproducción automática de un error judicial amparado indebidamente en la
cosa juzgada
• Se adopte una decisión debidamente motivada, conforme al precedente constitucional y
contencioso vigente en materia de pensión gracia, garantizando los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y acceso efectivo a la administración de
justicia. […]» [sic].
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1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5 precisó
que, durante el trámite procesal se garantizó plenamente el debido proceso a las
partes, la sentencia se profirió con base en la normatividad y jurisprudencia aplicables
al caso, y se concedió el recurso de apelación interpuesto, el cual fue decidido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5. La UGPP6 requirió que se declarara improcedente lo pretendido en la solicitud
de amparo por cuanto no se acreditó el requisito general de la subsidiariedad al no
haberse interpuesto el recurso extraordinario de revisión, y, asimismo, por transgredir
la autonomía e independencia del juez de conocimiento, o en su defecto, se negara
ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C7 indicó que no se configuraron los requisitos de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, y, por el contrario, la verdadera intención del
demandante es convertir el amparo en una tercera instancia del medio de control
cuestionado. Además, en la decisión enjuiciada se encuentran debidamente
expuestos los fundamentos que respaldaron la decisión de revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20218 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «7_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Respuestatutela202(.pdf) NroActua 12».
6 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_Respuesta-
20261634RPTATTLA(.pdf) NroActua 13».
7
Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado
«14RECIBEPRUEBAS_Memorial_RTATUTELA20260163400(.pdf) NroActua 14».
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, vulneró los
derechos fundamentales de Henry Orlando Rey González con ocasión de la
sentencia del 3 de septiembre de 2025, a través de la cual, en segunda instancia,
negó el reconocimiento de la pensión gracia, con la que incurrió, presuntamente, en
defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución Política y en
desconocimiento del precedente judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
17. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
18. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
19. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
20. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Defecto sustantivo
21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
22. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
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sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.4.4. Violación directa de la Constitución Política
24. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
25. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:
26. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
27. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.4.5. Defecto fáctico
28. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional15, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
29. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
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analizados por el juez»16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.
30. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.6. Sobre el caso concreto
31. Henry Orlando Rey González acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual, en segunda
instancia, negó el reconocimiento de la pensión gracia al concluir que operaba la cosa
juzgada respecto de los tiempos de servicio docente comprendidos entre 1980 y
2008, los cuales ya habían sido analizados en el proceso identificado con el radicado
2008-00320-00 y fueron calificados como vinculaciones de orden nacional.
32. Lo anterior, al considerar que se incurrió defecto fáctico por una valoración
probatoria incompleta, irrazonable y carente de autonomía, particularmente en lo
relacionado con la naturaleza jurídica de los tiempos de servicio docente
comprendidos entre el 20 de mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990, pues no realizó
un examen material propio de las pruebas allegadas al proceso, sino que se limitó a
reproducir la calificación de «vinculación nacional» efectuada en un proceso judicial
anterior.
33. En defecto sustantivo por una evidente contradicción entre sus fundamentos
jurídicos y la decisión finalmente adoptada, pues sustentó la providencia en la
imposibilidad de revisar la naturaleza jurídica del vínculo docente comprendido entre
1980 y 1990, por considerar que sobre ese aspecto existía cosa juzgada derivada de
un proceso anterior. Máxime cuando el nuevo trámite era procedente por la existencia
de periodos y hechos no analizados anteriormente.
34. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 19, el cual
precisó que lo esencialmente relevante para el reconocimiento de la pensión gracia
es la determinación de la plaza a ocupar, comoquiera que el tiempo de servicio
prestado del 20 de mayo de 1980 al 22 de mayo de 1990 era de carácter
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.
19 Al respecto citó la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, Sección Segunda. C.P. Doctor
Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-2014).
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departamental – nacionalizado, y resultaba apto para el reconocimiento de la pensión
por haberse iniciado dicho vínculo antes del 31 de diciembre de 1980.
35. En violación directa de la Constitución Política al vulnerar sus derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, comoquiera que
ignoró las pruebas con fundamento en que una decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada ya lo había hecho (erróneamente).
36. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los defectos señalados se
realizará de manera conjunta, comoquiera que todos están orientados a cuestionar
la decisión desfavorable de la autoridad judicial demandada, adoptada con base en
que, respecto de los periodos comprendidos entre 1980 y 2008, operaba la cosa
juzgada debido a un proceso judicial anterior en el cual el lapso comprendido entre
1980 y 1990 fue calificado como vinculación de orden nacional.
37. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis probatorio
efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C referente a la configuración de la cosa juzgada:
«[…] Ahora bien, en el presente asunto, este Tribunal, mediante providencia del 24 de
septiembre de 2024, al resolver un recurso de apelación, confirmó la decisión adoptada
por el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. mediante
auto del 14 de diciembre de 2023, en la que se declaró no probada la excepción de cosa
juzgada, concluyéndose lo siguiente:
“(…)
Si bien existe identidad de partes y objeto entre los procesos analizados, se tiene que
la controversia en el sub-lite gira en torno a periodos laborados por el actor entre el 08
de enero de 2010 hasta el 28 de marzo de 2022, tiempo que no fue valorado en la
providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Zipaquirá y que fuera confirmado por H. Tribunal de Cundinamarca
dentro del proceso 2008-00320, por lo que no hay lugar a declarar probada la excepción
de cosa juzgada propuesta por la entidad accionada.
(…)”
En ese sentido, respecto de la excepción de cosa juzgada se declaró no probada porque,
aunque hay identidad de partes y objeto entre los dos procesos —es decir, involucran a
las mismas personas y tratan sobre el mismo derecho o pretensión— no hay identidad de
causa. Esto se debe a que los periodos laborales reclamados en el nuevo proceso entre
(2010–2022) no fueron analizados en la sentencia anterior —proceso 2008-00320-00—.
La cosa juzgada solo opera cuando hay triple identidad: partes, objeto y causa. Al no
haberse valorado en la sentencia anterior los periodos laborales ahora discutidos, no
puede decirse que ya haya una decisión firme sobre ese punto (nuevos tiempos de
servicios como docente).
Sin embargo, la Sala debe recordar que las sentencias proferidas en el proceso de
radicado 2008-00320-00, se encuentran debidamente ejecutoriadas en las cuales se
analizaron en su momento los tiempos de servicios docentes del actor desde el año 1980
al 2008 y sobre esa particularidad sí existe cosa juzgada que confiere seguridad jurídica
al respecto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-00
Demandante: Henry Orlando Rey González
Así, la cosa juzgada de providencias judiciales ejecutoriadas otorga seguridad jurídica,
porque asegura que lo ya resuelto no puede ser desconocido ni reabierto en nuevos
procesos, evitando decisiones contradictorias sobre los mismos hechos, derechos o
pretensiones.
Y si bien existe cosa juzgada respecto de los tiempos de servicio del actor comprendidos
entre 1980 y 2008, la misma no se extiende a los periodos posteriores (2010–2022), razón
por la cual el debate judicial respecto de estos últimos resulta plenamente procedente,
como se adoptó en la providencia previamente citada.
En dicho proceso de Radicado No.2008-00320-00 en el cual las sentencias hicieron
transito a cosa juzgada, sobre esos periodos docentes del demandante del 1980 a 2008
específicamente en la providencia de segunda instancia de 28 de febrero de 2013, se
explicó:
“Hechos probados en el proceso
1. Certificación expedida por la Dirección de Personal Docente y Administrativo el
Coordinador de hojas de vida de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, donde
señala que el señor HENRY ORLANDO REY GONZALEZ, laboró como docente de
orden nacional en propiedad para el Departamento de Cundinamarca, en el período
comprendido entre el 20 de mayo de 1980 al 22 de mayo de 1990.
2. Certificación expedida por la por la Dirección de Personal Docente y Administrativo
el Coordinador de hojas de vida de la Secretaría de Educación, de Cundinamarca,
donde señala que el señor HENRY ORLANDO REY GONZALEZ, laboró como docente
de orden municipal en propiedad para el Departamento de Cundinamarca, en el
período comprendido entre el 22 de julio de 1997 al 16 de octubre de 2008.
3. Certificación expedida por la Directora de Personal de Establecimientos Educativos,
donde consta que la vinculación del actor fue nacional.
Es decir, que en el caso bajo estudio, se tiene (…) prestó sus servicios al departamento
de Cundinamarca, con anterioridad al 31 de diciembre de 1.980, conforme documentos
vistos. Luego, por este aspecto, se cumple tal requisito.
También advierte la Sala, que examinados los certificados de tiempo de servicio
acreditados por la demandante se observa lo siguiente:
Tiempo de servicio hasta la fecha de la solicitud: 21 años, 02 mes y 26 días. El
Honorable Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:
"Las normas que le dieron origen a la pensión gracia únicamente previeron que podrían
acceder a ella los docentes del sector oficial y especialmente quienes estuvieren
vinculados con entidades de orden territorial; este beneficio tuvo como finalidad
compensar a los docentes que vieron disminuidos sus derechos laborales por haber
estado vinculados a entidades territoriales que no tenían los recursos suficientes para
pagar sus salarios y prestaciones sociales.
(…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-00
Demandante: Henry Orlando Rey González
De la jurisprudencia en cita, se infiere que la pensión gracia se causa únicamente para
los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del Orden Departamental,
Distrital o Municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden Nacional.
(…)
En ese orden de ideas, el tiempo laborado por parte del actor con la Nación, no es
computable para efectos del reconocimiento pensional deprecado, y por lo tanto, no
tiene la vocación de convertirse en el requisito que exige el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, para así reconocer la pensión gracia a los docentes vinculados con las entidades
territoriales que fueron sometidas al proceso de nacionalización de la educación, toda
vez que la experiencia laboral de carácter territorial o nacionalizado…"
En el sub-lite, para la fecha de la solicitud del reconocimiento pensional (radicado
16642/08), el actor no cumplía con el requisito de los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizada; toda vez que los 10 años y 02 días laborados para la
Institución Educativa Departamental de la Palma (Cundinamarca), no puede
contabilizarse para efectos del reconocimiento de la pensión Gracia, ya que el
nombramiento no viene del Departamento, Municipio o Distrito.
Así las cosas, los argumentos que expone el apoderado del actor como fundamento de
sus pretensiones no pueden tener validez, ya que no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto demandado, ya que lo importante era determinar la calidad de
nacional o territorial del establecimiento donde se ejecutó la labor y como quedó
demostrado que los veinte años que se traen como requisito para acceder a la pensión
gracia, no fueron laborados en un establecimiento territorial como la norma lo exige.
Suficientes los anteriores razonamientos para considerar que estuvo conforme a
derecho la decisión tomada por el Juez de Instancia, razón por la cual esta Sala
Confirmara la sentencia apelada por las razones expuestas en precedencia.
Considerando que la parte demandante no observó una conducta dilatoria o de mala
fe en la actuación surtida en este proceso, no procede la condena en costas. Esta
exoneración se fundamenta en lo ordenado en el artículo 55 de la ley 446 de 1998.”
En tal sentencia, respecto a los tiempos de servicios del demandante entre los años
1980 a 2008, se indicó lo siguiente:
• Del 20 de mayo de 1980 al 22 de mayo de 1990
Vinculación: Docente de orden nacional
Estos 10 años no son computables para efectos de la pensión gracia, porque la norma
exige que los 20 años mínimos deben ser como docente territorial o nacionalizado, y
no se permite acumular tiempo del orden nacional.
• Del 22 de julio de 1997 al 16 de octubre de 2008
Vinculación: Docente de orden municipal (no nacionalizado)
Aquí se cuentan 10 años y 2 días de servicio en el nivel territorial.
En ese orden, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, concluyó que el demandante no cumplía con el requisito de veinte (20) años de servicio
como docente territorial o nacionalizado, toda vez que parte de su tiempo laboral —
equivalente a diez (10) años— correspondió a una vinculación de orden nacional, la cual
no puede ser computada para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Por tal
razón, se confirmó la decisión que negó dicha prestación.
Asimismo, se precisa que sobre esos periodos ya existe certeza y seguridad jurídica,
puesto que las providencias dictadas en ese proceso quedaron debidamente
ejecutoriadas, adquiriendo la calidad de cosa juzgada. En consecuencia, no es posible
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-00
Demandante: Henry Orlando Rey González
desconocerlas ni reabrir el debate en nuevos procesos sobre tal lapso, con lo cual se
garantiza la coherencia del ordenamiento jurídico y se evitan decisiones contradictorias
frente a los mismos hechos, derechos o pretensiones.
En consecuencia, debe destacarse que el periodo inicial de servicios docentes prestado
por el demandante, comprendido entre el 20 de mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990,
fue calificado en la providencia respectiva como de orden nacional. Por lo tanto, no se
encuentra demostrado que el actor cumpla con los requisitos legales para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, en la medida en que no acreditó una vinculación
territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, exigencia indispensable
para la procedencia del beneficio.
Sobre este punto, resulta pertinente reiterar lo dispuesto en la sentencia de unificación del
11 de agosto de 2022, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la cual se fijó la regla según la cual tienen derecho a la pensión gracia —quienes se
vincularon antes y después del 29 de diciembre de 1989— los docentes que acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, siempre que
además cumplan con los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable.
Además, se observa que en este nuevo proceso la parte actora considera que se debe
hacer una nueva interpretación sobre dicha vinculación previa al 31 de diciembre de 1980,
con la tesis de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado expuesta en la
providencia SUJ-11-S2 del 21 junio de 2018.
No obstante, la Alta Corporación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia de 10 de diciembre de 2020 con ponencia del Doctor Rafael Francisco Suárez
Vargas ha definido20 que los cambios jurisprudenciales tienes efectos hacia el futuro y que
no pueden afectar la cosa juzgada […]
Las razones expuestas permiten concluir que si bien es cierto que se acreditaron nuevos
tiempos de servicios docentes del accionante, también lo es que no se cumple el requisito
de tener una vinculación validad para dicha fecha según lo explicado. En consecuencia,
los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho, motivo por el
cual se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda, y en su lugar se negarán en su integridad. […]» [sic].
38. A juicio de esta Sala, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la
autoridad judicial demandada valoró de manera adecuada el material probatorio
allegado en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso,
en particular, las reglas que rigen la excepción de cosa juzgada, pues si bien se
acreditó la identidad de partes y objeto entre el proceso actual y el radicado 2008-
00320-00, concluyó acertadamente que no se configuraba identidad de causa
respecto de los periodos laborales comprendidos entre 2010 y 2022, en tanto estos
no fueron analizados en la decisión anterior, lo que hacía procedente su estudio; caso
distinto ocurrió con los tiempos de servicio comprendidos entre 1980 y 2008, frente a
los cuales sí operó la cosa juzgada, al haber sido objeto de pronunciamiento en
providencias debidamente ejecutoriadas que otorgaron certeza y seguridad jurídica
sobre dicha situación, sin que fuera posible reabrir el debate.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas, Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), radicación número: 76001-23-
33-000-2014-01492-01 (2158-2019), actor: Melquisedec Acuña Rodríguez, demandado: Universidad
del Valle.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-00
Demandante: Henry Orlando Rey González
39. Lo anterior, le permitió concluir que, aunque se acreditaron nuevos tiempos de
servicio docente, el demandante no cumplía con el requisito de una vinculación válida
anterior al 31 de diciembre de 1980, razón por la cual los actos administrativos
demandados se encontraban ajustados a derecho.
40. No obstante que la parte demandante cuestionó que en una decisión anterior
se hubiera declarado no probada la excepción de cosa juzgada, lo cierto es que en
dicha providencia se reconoció la existencia de periodos laborales no examinados
correspondientes a los años 2010 a 2022 que habilitaban el análisis judicial respecto
de estos, al no configurarse identidad de causa. Sin embargo, no ocurre lo mismo
frente al tiempo de servicios comprendido entre 1980 y 2008, el cual sí fue objeto de
pronunciamiento definitivo mediante el cual, el periodo correspondiente a 1980 y
1990 fue calificado como vinculación de carácter nacional, circunstancia que impedía
al demandante cumplir los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.
41. Máxime si se tiene en cuenta que, la cosa juzgada fue propuesta tanto como
excepción previa como excepción de mérito, razón por la que, el a quo en la sentencia
de primera instancia también se pronunció al respecto, mientras que, la autoridad
judicial demandada en la sentencia enjuiciada aclaró que, «la apoderada de parte
demandada en oportunidad también interpuso recurso de apelación contra lo decidido en
primera instancia, precisando que lo primero es reiterar todos los fundamentos de derecho y
excepciones propuestas en el curso del proceso de primera instancia».
42. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en las causales específicas de procedencia endilgadas,
debido a que la providencia acusada fue proferida conforme a las normas y
jurisprudencia reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material
probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más
ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del
asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.
43. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
44. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Decisión
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-00
Demandante: Henry Orlando Rey González
45. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Henry Orlando Rey González en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.
46. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Henry Orlando Rey
González, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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