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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01634-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01634-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de abril de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01634-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 13 de abril de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Henry Orlando Rey González, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de
tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la seguridad social, que estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C, con ocasión de la
sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-015-2023-
00145-00/02.

2. Hechos

Del escrito de tutela1 y los documentos allegados al expediente se desprenden los
siguientes supuestos fácticos:

2.1. El actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, con el propósito
de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 018826 del 26 de julio de

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Accionante: Henry Orlando Rey González

2022 y RDP 025520 de 9 de septiembre de 2022, mediante las cuales se negó el
conocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada
reconocer y pagar, en su favor, la pensión gracia a partir del 21 de septiembre de 2007;
actualizar las sumas adeudadas de conformidad con el índice de precios al consumidor, y
pagar las costas del proceso.

2.2. Mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, el juzgado declaró no probada la excepción de cosa
juzgada propuesta por la entidad demandada. Asimismo, encontró acreditado que el actor
prestó sus servicios durante 22 años, 2 meses y 20 días en instituciones educativas del
orden territorial, razón por la cual estimó satisfechos tanto el requisito de 20 años de
servicio como el relativo a la vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980.

En ese sentido, concluyó que los actos administrativos demandados incurrieron en falsa
motivación, pues el demandante adquirió el estatus pensional el 6 de enero de 2020. Por
lo tanto, consideró procedente reconocerle la pensión gracia de jubilación a partir de esa
fecha, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los factores salariales devengados
durante el último año de servicio. Finalmente, determinó que las mesadas pensionales no
estaban afectadas por el fenómeno de la prescripción.

2.3. Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del 29 de mayo
de 2025.

2.4. Mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que los tiempos de servicio
docentes comprendidos entre 1980 y 2008 ya habían sido objeto de pronunciamiento
dentro del proceso identificado con el radicado núm. 2008-00320-00, en la cual se
determinó que la vinculación docente del actor, anterior al 31 de diciembre de 1980, era
de carácter nacional. Explicó que esa providencia adquirió fuerza de cosa juzgada y que,
por tanto, sus efectos eran vinculantes y debían observarse en el nuevo proceso.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que, aunque en el nuevo trámite se acreditaron
tiempos adicionales de servicio docente, no era posible tener por satisfecho el requisito
relativo a la vinculación de carácter territorial anterior a la fecha límite establecida por la
ley para el reconocimiento de la pensión gracia. Lo anterior, debido a lo resuelto en el
proceso con radicado núm. 2008-00320-00. En consecuencia, determinó que los actos
administrativos demandados se ajustaban a derecho.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

El accionante formuló las siguientes pretensiones:
“1. Sírvase tutelar el derecho fundamental del Trabajo (Art. 25 C.P.), Seguridad
Social (Artículo 48 C.P.) y Debido Proceso (Artículo 29 C.P.), que como
consecuencia de la sentencia de fecha tres (3) de septiembre de dos mil
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

veinticinco (2025), del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,
SECCIÓN SEGUNDA , SUB-SECCIÓN “C”, resultan siendo violados y afectando
a mi mandante

2. Sírvase dejar sin efectos la providencia del tres (3) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025), del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,
SECCIÓN SEGUNDA, SUB-SECCIÓN “C”, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la
demanda.

3. En consecuencia, ordénese al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA , SECCIÓN SEGUNDA , SUBSECCIÓN “C”, que dentro del
término que fije el juez constitucional: Deje sin efectos la sentencia proferida el
tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) y profiera una nueva decisión
de segunda instancia en la que:

• No se tenga por configurada la cosa juzgada respecto de la categorización
jurídica de nacionales de los tiempos de servicio comprendidos entre el 20 de
mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990
• Se reexamine material y probatoriamente la naturaleza de dicha vinculación
docente, teniendo en cuenta que, aunque en el proceso anterior fue calificada
como de orden nacional, tal conclusión resulta contraria a la realidad jurídica y
probatoria
• Se evite la reproducción automática de un error judicial amparado
indebidamente en la cosa juzgada
• Se adopte una decisión debidamente motivada, conforme al precedente
constitucional y contencioso vigente en materia de pensión gracia,
garantizando los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social
y acceso efectivo a la administración de justicia.”2.

Para sustentar la solicitud de amparo, la parte actora manifestó su inconformidad con la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección C. Para tal efecto, atribuyó a la providencia cuestionada los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la constitución e
indebida aplicación de la cosa juzgada.

La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al
incurrir en un defecto fáctico derivado de una valoración probatoria insuficiente,
irrazonable y desprovista de un análisis autónomo. En particular, respecto de la
naturaleza jurídica de los tiempos de servicio docente comprendidos entre el 20 de mayo
de 1980 y el 22 de mayo de 1990, la autoridad omitió efectuar una apreciación material e
independiente de las pruebas obrantes en el expediente y, en su lugar, acogió sin mayor
examen la calificación de «vinculación nacional» que había sido realizada dentro de un
proceso judicial previo.

Precisó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C incurrió en un defecto sustantivo al presentar una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos del fallo y la decisión, en razón de
que si bien reconoció que no operaba la cosa juzgada respecto de los tiempos de servicio
posteriores al año 2008, que el proceso judicial incorporaba elementos fácticos y
probatorios distintos y que resultaba procedente un nuevo debate judicial respecto del
derecho pensional reclamado, al decidir el caso se negaron las pretensiones en razón de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

la imposibilidad de revisar la naturaleza jurídica del vínculo docente comprendido entre
1980 y 1990. Concluyó que la sentencia incurre en un razonamiento circular y excluyente.

Adicionalmente, alegó la aplicación mecánica de la figura de la cosa juzgada,
desconociendo que dicha figura no puede utilizarse con el fin de perpetuar errores
judiciales manifiestos, debe armonizarse con la efectividad de los derechos
fundamentales y no impide el examen del caso cuando existen nuevos elementos de
juicio o una afectación judicial evidente.

En igual sentido, alegó el desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado,
específicamente la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por la
Sección Segunda con magistrado ponente Carmelo Perdomo Cuéter dentro del
expediente identificado con el radicado núm. 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-
2014), respecto de la relevancia de la plaza a ocupar con relación al reconocimiento de la
pensión de gracia.

También, precisó que la sentencia cuestionada incurrió en una violación directa de la
Constitución al omitir la valoración de las pruebas con ocasión de una decisión que
erróneamente había hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social.

Por último, expuso la aplicación errónea de la figura de la cosa juzgada porque no se
configuró la triple identidad requerida y de haberse configurado, en todo caso no
resultaría pertinente utilizar dicha figura para impedir el reconocimiento de un derecho
pensional que ha sido debidamente demostrado. Por lo que debía realizarse un estudio
de fondo del caso.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 4 de marzo de 2026 3, el Despacho ponente de la Sección
Segunda-Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, tuvo como
autoridad accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C; y vinculó al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, por tener interés jurídico en el proceso. Del mismo modo, solicitó
a las autoridades judiciales mencionadas para que remitieran copia del expediente
ordinario identificado con el radicado núm. 11001-33-35-015-2023-00145-02. Además,
reconoció personería al abogado Luis Carlos Avellaneda Tarazona.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.2. El Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C4, señaló que la providencia cuestionada se encuentra
debidamente argumentada y soportada en un análisis adecuado de las diversas pruebas
documentales aportadas. Además, señaló que la acción de tutela no cumple con el

3
Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado 09675BCF7F8AC2A6 BEEAE31BDF846E2D
03B0CF9F582D7685 C7B6AE4EDB25B907
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Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado E78B9C2DFCEB8CDE AA071B7488085FF2
F1C59768971A018E 2624161386291344.
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Accionante: Henry Orlando Rey González

requisito de relevancia constitucional, en particular respecto de la relevancia
constitucional pues el actor pretende utilizar el mecanismo constitucional como una
instancia adicional del proceso ordinario.

4.3. La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales5 solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo. En primer lugar, sostuvo que no se cumplió el
requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte actora no interpuso el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia cuestionada. En segundo término, afirmó
que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
transitoria del mecanismo constitucional.

Asimismo, manifestó que la intervención del juez de tutela en decisiones proferidas por
otras autoridades judiciales podría desconocer los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, así como los principios de autonomía e
independencia judicial. Añadió que la parte actora pretendía convertir la acción de tutela
en una tercera instancia para controvertir asuntos de mera legalidad.

Finalmente, indicó que el amparo contra providencias judiciales tiene carácter
excepcional y exige el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia, los cuales, a su juicio, no se acreditaron en el presente asunto.

4.4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá 6 solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción. Se refirió al trámite surtido ante su despacho e
indicó que el proceso se encontraba ante el tribunal accionado, en espera de la resolución
del recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia. Sin perjuicio
de ello, señaló que no existía fundamento para considerar vulnerado derecho
fundamental alguno, pues en el proceso ordinario se garantizaron los derechos de
defensa y contradicción.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de abril de 20267, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B negó el amparo solicitado.

El juez de primera instancia verificó el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela y, al no advertir la configuración de alguna causal de
improcedencia, abordó el estudio de fondo del asunto.
Como punto inicial, indicó que los defectos invocados serían analizados de manera
conjunta, al advertir que todos ellos se dirigían a cuestionar la decisión adoptada por el
tribunal accionado, en la cual se declaró configurada la excepción de cosa juzgada
respecto de los períodos de servicio comprendidos entre 1980 y 2008, calificándolo como
una vinculación de carácter nacional.

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Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 75F237024B2425AA 46714EE105F8DFC3
2A8899682B245737 59999454BB11A8AF.
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Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado D12B1066A804140E 8004FFDF3CD1BA13
DB3F2E9D520FFFE2 BB779A32D0C45DE7
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Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 6D13ADA07F87A491 9C3F74587E6D651D
8BE01AAC42F69B67 5FC2EB7740D79F0E.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

Luego de exponer las consideraciones desarrolladas por el tribunal sobre la configuración
de la cosa juzgada, concluyó que la providencia cuestionada no incurrió en ninguno de los
defectos específicos de procedencia alegados, por cuanto fue proferida con fundamento
en las normas y la jurisprudencia aplicables y sustentada en el acervo probatorio obrante
en el expediente, en ejercicio de la autonomía e independencia judicial. En ese sentido,
señaló que la inconformidad del accionante recaía, en realidad, sobre el resultado de la
valoración probatoria efectuada por el juez natural, aspecto que no puede ser objeto de
revisión mediante la acción de tutela, pues ello implicaría convertir este mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

En particular, consideró que la autoridad judicial demandada valoró adecuadamente las
pruebas del proceso y aplicó correctamente las reglas que gobiernan la excepción de
cosa juzgada. Al respecto, indicó que, si bien se acreditó la identidad de partes y de objeto
entre el proceso objeto de análisis y el identificado con el radicado núm. 2008-00320-00,
válidamente concluyó que no existía identidad de causa respecto de los períodos
laborales comprendidos entre 2010 y 2022, dado que estos no habían sido objeto de
examen en el proceso anterior. En contraste, estimó que frente al período comprendido
entre 1980 y 2008 sí operaba la cosa juzgada, por cuanto dicho lapso ya había sido
analizado mediante providencias ejecutoriadas, las cuales otorgaban certeza y seguridad
jurídica a lo allí decidido, razón por la cual no era posible reabrir ese debate.

Asimismo, precisó que, aunque en el nuevo proceso se acreditaron tiempos adicionales
de servicio docente, ello no permitía acceder a la pensión gracia, puesto que no se
cumplía el requisito consistente en haber estado vinculado antes del 31 de diciembre de
1980. En consecuencia, concluyó que los actos administrativos demandados se
encontraban ajustados a derecho.

Finalmente, frente al argumento del accionante según el cual en una decisión anterior se
había declarado no probada la excepción de cosa juzgada, explicó que dicha providencia
únicamente había reconocido que los períodos comprendidos entre 2010 y 2022 no
habían sido analizados previamente, razón por la cual respecto de ellos no se configuraba
la identidad de causa. No obstante, precisó que una situación distinta ocurría con el
tiempo de servicio comprendido entre 1980 y 2008, respecto del cual ya existía un
pronunciamiento definitivo que concluyó que el período laborado entre 1980 y 1990
correspondía a una vinculación de carácter nacional, circunstancia que impedía el
reconocimiento de la pensión gracia.

6. Impugnación.

La parte actora impugnó8 la decisión de primera instancia y solicitó su revocatoria para
que, en su lugar, se conceda el amparo.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró el debido proceso al admitir el debate
judicial, pero abstenerse de analizar la naturaleza del vínculo docente entre 1980 y 1990.

Afirmó que dentro del proceso ya se había descartado la configuración de la cosa juzgada

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Ííndice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado 73A1642885C952DB 70F21E44A390DCD2
E8BF84E5641C139C 9531CC8E83CE8D14
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

al resolverse una excepción previa, en atención a la existencia de nuevos actos
administrativos, períodos de servicio y elementos probatorios. En particular, señaló que
no fue valorado el Decreto núm. 01396 del 12 de abril de 1980, mediante el cual fue
vinculado como docente departamental nacionalizado, prueba que consideró
determinante para el reconocimiento de la pensión gracia.

En consecuencia, sostuvo que la sentencia de tutela carece de congruencia y motivación
suficiente, pues avaló una aplicación automática de la cosa juzgada sin verificar las
particularidades del caso ni valorar de manera autónoma las pruebas aportadas,
desconociendo además el precedente aplicable.

Igualmente, indicó que la providencia cuestionada incurrió en contradicción al reconocer
la inexistencia de un acto administrativo de retiro y, simultáneamente, validar los efectos
de la desvinculación, con afectación del debido proceso.

Finalmente, cuestionó que la tutela hubiera sido desestimada como una instancia
adicional, pues, a su juicio, no pretendía reabrir el debate probatorio, sino denunciar
defectos constitucionalmente relevantes, como la indebida aplicación de la cosa juzgada,
la omisión en la valoración de pruebas y el desconocimiento del precedente, sin que
además se ponderara el impacto de la decisión sobre sus derechos a la seguridad social y
a la vida digna.

Mediante auto del 14 de mayo de 2026 9, el magistrado ponente del Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B concedió la impugnación formulada por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de abril de 2026.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que Henry Orlando Rey González es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm11001-33-35-015-2023-
00145-00/02.

2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C es la
autoridad judicial que profirió la decisión que, según la parte actora, vulneró sus derechos
fundamentales.

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Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 8316DE83C5DA3FB6 22C96D2DDBB383F5
C6C776194B14F2E8 6C5884F72AA85C41.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
13 de marzo de 202610, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 11 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
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Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 6D13ADA07F87A491 9C3F74587E6D651D
8BE01AAC42F69B67 5FC2EB7740D79F0E.
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.

En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de

14
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 16.

5. Caso concreto

5.1. La Sala anuncia que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
en consecuencia, modificará la sentencia de primera instancia, por las razones que pasan
a exponerse.

5.2. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, en particular el debido proceso, porque: (i) efectuó una valoración
probatoria incompleta, irrazonable y carente de autonomía respecto de los elementos de
convicción destinados a establecer la naturaleza jurídica de los tiempos de servicio
comprendidos entre el 20 de mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990; y (ii) incurrió en una
contradicción entre los fundamentos jurídicos de la providencia y la decisión adoptada,
pues se abstuvo de examinar la naturaleza del vínculo docente correspondiente al
periodo comprendido entre 1980 y 1990, bajo el argumento de que ese aspecto estaba
cobijado por la cosa juzgada derivada de un proceso anterior.

Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, proferida dentro
del expediente núm. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), con ponencia del
consejero Carmelo Perdomo Cuéter, en relación con la importancia de determinar la
naturaleza de la plaza docente para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

Por último, invocó la violación directa de la Constitución, por la presunta afectación de sus
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social. A su juicio,
el tribunal omitió efectuar una valoración autónoma del material probatorio y se limitó a
acoger el análisis realizado en otro proceso, por considerar que la decisión allí adoptada
había hecho tránsito a cosa juzgada.

En suma, reprochó al tribunal haber concluido que la cosa juzgada operaba respecto de
los tiempos de servicio comprendidos entre 1980 y 2008, debido a que, en un proceso
judicial anterior, se examinó el periodo comprendido entre 1980 y 1990 y se calificó la
vinculación docente como de carácter nacional.

16
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

5.3. Expuestos los argumentos de la parte actora, resulta pertinente referirse al contenido
de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 202517 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C.

En dicha providencia, el tribunal se refirió, en primer término, a los hechos acreditados
dentro del proceso y al marco jurídico y conceptual de la pensión gracia. Sobre este último
aspecto, explicó que, para acceder a esa prestación de carácter excepcional, el
interesado debía acreditar los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, señaló que, de conformidad con la regla de unificación fijada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida
dentro del expediente núm. 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), la pensión
gracia se reconoce a los docentes que acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y cumplan los demás requisitos
previstos para acceder a dicha prestación.

A partir de ese marco normativo y jurisprudencial, el tribunal expuso las siguientes
consideraciones frente al caso concreto:

“Descendiendo al caso concreto, es menester señalar que se encuentra
acreditado que el 22 de marzo de 2005 el demandante cumplió 50 años, pues
nació el 22 de marzo de 1955.

Antes de abordar el caso concreto, se citó una providencia de unificación del 11
de agosto de 2022, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la que se estableció una regla de unificación según la cual tienen derecho a
la pensión gracia, tanto antes como después del 29 de diciembre de 1989,
aquellos docentes que acrediten una vinculación territorial o nacionalizada
anterior al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
exigidos para el reconocimiento de dicho beneficio.

Ahora bien, en el presente asunto, este Tribunal, mediante providencia del 24
de septiembre de 2024, al resolver un recurso de apelación, confirmó la
decisión adoptada por el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C. mediante auto del 14 de diciembre de 2023, en la que
se declaró no probada la excepción de cosa juzgada, concluyéndose lo
siguiente:

“(…) Si bien existe identidad de partes y objeto entre los procesos analizados,
se tiene que la controversia en el sub-lite gira en torno a periodos laborados por
el actor entre el 08 de enero de 2010 hasta el 28 de marzo de 2022, tiempo que
no fue valorado en la providencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Zipaquirá y que fuera
confirmado por H. Tribunal de Cundinamarca dentro del proceso 2008-00320,
por lo que no hay lugar a declarar probada la excepción de cosa juzgada
propuesta por la entidad accionada.
(…)”.

En ese sentido, respecto de la excepción de cosa juzgada se declaró no
probada porque, aunque hay identidad de partes y objeto entre los dos
procesos —es decir, involucran a las mismas personas y tratan sobre el mismo

17
Índice 00012 del radicado 110013335-015-2023-00145-02 en el aplicativo SAMAI, certificado 311693476BBC1111
55DA92973718B26C C7CD328CD98E1F45 05932BA3A4204F20.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

derecho o pretensión— no hay identidad de causa. Esto se debe a que los
periodos laborales reclamados en el nuevo proceso entre (2010–2022) no
fueron analizados en la sentencia anterior —proceso 2008-00320-00—

La cosa juzgada solo opera cuando hay triple identidad: partes, objeto y
causa. Al no haberse valorado en la sentencia anterior los periodos laborales
ahora discutidos, no puede decirse que ya haya una decisión firme sobre ese
punto (nuevos tiempos de servicios como docente).

Sin embargo, la Sala debe recordar que las sentencias proferidas en el proceso
de radicado 2008-00320-00, se encuentran debidamente ejecutoriadas en las
cuales se analizaron en su momento los tiempos de servicios docentes del
actor desde el año 1980 al 2008 y sobre esa particularidad sí existe cosa
juzgada que confiere seguridad jurídica al respecto.

Así, la cosa juzgada de providencias judiciales ejecutoriadas otorga seguridad
jurídica, porque asegura que lo ya resuelto no puede ser desconocido ni
reabierto en nuevos procesos, evitando decisiones contradictorias sobre los
mismos hechos, derechos o pretensiones.

Y si bien existe cosa juzgada respecto de los tiempos de servicio del actor
comprendidos entre 1980 y 2008, la misma no se extiende a los periodos
posteriores (2010–2022), razón por la cual el debate judicial respecto de estos
últimos resulta plenamente procedente, como se adoptó en la providencia
previamente citada.

(…)

En tal sentencia, respecto a los tiempos de servicios del demandante entre los
años 1980 a 2008, se indicó lo siguiente:

• Del 20 de mayo de 1980 al 22 de mayo de 1990
Vinculación: Docente de orden nacional
Estos 10 años no son computables para efectos de la pensión gracia,
porque la norma exige que los 20 años mínimos deben ser como docente
territorial o nacionalizado, y no se permite acumular tiempo del orden
nacional.
• Del 22 de julio de 1997 al 16 de octubre de 2008
Vinculación: Docente de orden municipal (no nacionalizado)
Aquí se cuentan 10 años y 2 días de servicio en el nivel territorial..

En ese orden, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, concluyó que el demandante no cumplía con el requisito de
veinte (20) años de servicio como docente territorial o nacionalizado, toda vez
que parte de su tiempo laboral —equivalente a diez (10) años— correspondió a
una vinculación de orden nacional, la cual no puede ser computada para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Por tal razón, se confirmó la
decisión que negó dicha prestación.

Asimismo, se precisa que sobre esos periodos ya existe certeza y
seguridad jurídica, puesto que las providencias dictadas en ese proceso
quedaron debidamente ejecutoriadas, adquiriendo la calidad de cosa juzgada.
En consecuencia, no es posible desconocerlas ni reabrir el debate en nuevos
procesos sobre tal lapso, con lo cual se garantiza la coherencia del
ordenamiento jurídico y se evitan decisiones contradictorias frente a los
mismos hechos, derechos o pretensiones.

En consecuencia, debe destacarse que el periodo inicial de servicios docentes
prestado por el demandante, comprendido entre el 20 de mayo de 1980 y el 22
de mayo de 1990, fue calificado en la providencia respectiva como de orden
12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

nacional. Por lo tanto, no se encuentra demostrado que el actor cumpla con los
requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en la
medida en que no acreditó una vinculación territorial o nacionalizada
anterior al 31 de diciembre de 1980, exigencia indispensable para la
procedencia del beneficio.

Sobre este punto, resulta pertinente reiterar lo dispuesto en la sentencia de
unificación del 11 de agosto de 2022, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se fijó la regla según la cual tienen
derecho a la pensión gracia —quienes se vincularon antes y después del 29 de
diciembre de 1989— los docentes que acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, siempre que además
cumplan con los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable.

Además, se observa que en este nuevo proceso la parte actora considera que
se debe hacer una nueva interpretación sobre dicha vinculación previa al 31 de
diciembre de 1980, con la tesis de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado expuesta en la providencia SUJ-11-S2 del 21 junio de 2018.

No obstante, la Alta Corporación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de 10 de diciembre de 2020 con ponencia del
Doctor Rafael Francisco Suárez Vargas ha definido18 que los cambios
jurisprudenciales tienes efectos hacia el futuro y que no pueden afectar la cosa
juzgada, así:

“(…)
Debe resaltar la Sala en relación con el cambio jurisprudencial que alegó el
apelante, que este no afecta las decisiones judiciales que se adoptaron con
anterioridad, pues estas hacen tránsito a cosa juzgada. Así lo expuso la Sala de
Consulta y Servicio Civil:

Finalmente, es importante reiterar que si bien los cambios de precedente
orientan las decisiones futuras de los operadores jurídicos, no afectan los
casos fallados con anterioridad por las autoridades judiciales, pues éstos se
sujetan a lo resuelto en el respectivo proceso judicial, dado el carácter
vinculante de la sentencia y sus efectos de cosa juzgada, De lo contrario, la
jurisprudencia, que por naturaleza debe evolucionar de acuerdo con los
cambios jurídicos y sociales, correría el riesgo de petrificarse por el temor de los
efectos del cambio de precedente.

De esta manera, la seguridad jurídica y el valor de cosa juzgada de las
sentencias, la cual es vinculante para las partes que han intervenido en el
proceso, constituye un valor constitucional protegible que no resulta afectado
con cambios posteriores en la jurisprudencia.

Ahora bien, la decisión del a quo adoptada de declarar probada la excepción de
cosa juzgada, se ajusta a las directrices interpretativas trazadas por esta
Corporación, específicamente se dan las circunstancias o supuestos fácticos
del artículo 303 del CGP: el mismo objeto, la misma causa y la identidad jurídica
de partes, como ya se analizó.”

Se colige de lo anterior, que los cambios jurisprudenciales definidos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen efectos únicamente hacia el
futuro y no pueden afectar las decisiones judiciales adoptadas con anterioridad
que hicieron tránsito a cosa juzgada. En consecuencia, la seguridad jurídica y
el carácter vinculante de las sentencias, protegido por la Constitución,

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, Bogotá,
D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), radicación número: 76001-23-33-000-2014-01492-01 (2158-
2019), actor: Melquisedec Acuña Rodríguez, demandado: Universidad del Valle
13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

garantizan que los fallos previamente ejecutoriados no puedan ser modificados
por variaciones posteriores en el precedente.

Por lo tanto, aun cuando esta Sala pudiera sostener una interpretación
diferente sobre la naturaleza de la vinculación del actor con anterioridad al 31
de diciembre de 1980, no es posible desconocer la seguridad jurídica derivada
de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso 2008-00320-
00, en la cual dicho período fue calificado como de vinculación de orden
nacional. Por tal razón, la decisión allí adoptada adquiere fuerza de cosa
juzgada y resulta obligatoria para este proceso.

Las razones expuestas permiten concluir que si bien es cierto que se
acreditaron nuevos tiempos de servicios docentes del accionante, también lo
es que no se cumple el requisito de tener una vinculación validad para dicha
fecha según lo explicado. En consecuencia, los actos administrativos
demandados se encuentran ajustados a derecho, motivo por el cual se
REVOCARÁ la sentencia de primera instancia que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar se negarán en su
integridad.” 19 (negrillas y subrayado del original).

A partir de lo expuesto, se advierte que el juez natural del asunto sustentó su decisión, en
las siguientes consideraciones:

(i) Declaró no probada la excepción de cosa juzgada, al considerar que, si bien
existía identidad de partes y objeto, no se configuraba identidad de causa
respecto de los tiempos de servicio entre 2010 y 2022, pues estos no fueron
analizados en el proceso anterior.

(ii) Precisó que las sentencias proferidas dentro del proceso con radicado núm.
2008-00320-00 sí definieron la situación jurídica de los tiempos de servicio
comprendidos entre 1980 y 2008, por lo que, respecto de ese período, operaba
la cosa juzgada.

(iii) En consecuencia, delimitó el nuevo debate judicial al análisis de los tiempos de
servicio entre 2010 y 2022.

(iv) Recordó que en el proceso anterior se concluyó que la vinculación docente del
actor entre el 20 de mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990 fue de carácter
nacional y que la correspondiente al período comprendido entre el 22 de julio
de 1997 y el 16 de octubre de 2008 fue municipal no nacionalizada. Por ello, se
determinó que el actor no acreditó los 20 años de servicio territorial o
nacionalizado exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

(v) Reiteró que las decisiones adoptadas respecto de los tiempos de servicio entre
1980 y 2008 hicieron tránsito a cosa juzgada, por lo que no era posible reabrir
ese debate. En consecuencia, concluyó que el actor tampoco acreditó una
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980.

19
Índice 00012 del radicado 110013335-015-2023-00145-02 en el aplicativo SAMAI, certificado 311693476BBC1111
55DA92973718B26C C7CD328CD98E1F45 05932BA3A4204F20.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

(vi) Finalmente, señaló que los tiempos adicionales de servicio acreditados en el
nuevo proceso no desvirtuaban los efectos de la cosa juzgada ni permitían
cumplir los requisitos para acceder a la pensión gracia, razón por la cual
concluyó que los actos administrativos demandados se ajustaban a derecho.

5.4. A partir de las anteriores consideraciones, esta Subsección estima que, pese al
esfuerzo argumentativo desplegado por la parte actora, resulta evidente que su
pretensión se orienta a controvertir la interpretación jurídica y las conclusiones adoptadas
por el tribunal accionado, con el propósito de que se acoja la tesis que ha sostenido desde
el proceso ordinario.

En efecto, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y reiterados en la
impugnación reflejan, en lo sustancial, una discrepancia con las consideraciones
formuladas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en particular, con aquellas relacionadas con los efectos
de cosa juzgada de las decisiones proferidas en el proceso identificado con el radicado
núm. 2008-00320-00.

Asimismo, la Sala advierte que tales cuestionamientos fueron objeto de análisis y
decisión por parte del juez natural de la controversia, quien se pronunció expresamente
sobre: (i) la configuración de la cosa juzgada respecto de los tiempos de servicio
comprendidos entre 1980 y 2008; (ii) la posibilidad de examinar los periodos posteriores,
y (iii) el incumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión
gracia. Frente a este último aspecto, la autoridad judicial explicó que, en el proceso con
radicado núm. 2008-00320-00, la vinculación correspondiente al periodo comprendido
entre el 20 de mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990 fue calificada como de carácter
nacional y que esa determinación adquirió firmeza.

En esas condiciones, la inconformidad planteada por el actor no revela una controversia
constitucional autónoma, sino su desacuerdo con el sentido de la decisión adoptada por
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con la interpretación jurídica acogida
por el tribunal accionado. Por consiguiente, la acción de tutela no puede convertirse en
una instancia adicional para reabrir el debate resuelto por el juez competente ni para
sustituir los criterios de valoración probatoria e interpretación normativa que
corresponden al juez natural.

5.5. Ahora bien, la Sala no advierte, siquiera prima facie, que la providencia cuestionada
se sustente en una argumentación irracional o arbitraria que justifique el estudio de fondo
de los defectos fáctico y sustantivo, de la violación directa de la Constitución o de la
indebida aplicación de la cosa juzgada. Por el contrario, observa que tales cargos
pretenden reabrir un debate concluido en el proceso ordinario.

En concreto, el cuestionamiento constitucional se dirige contra la conclusión del tribunal
según la cual la cosa juzgada operó respecto del periodo comprendido entre el 20 de
mayo de 1980 y el 22 de mayo de 1990, así como contra la determinación de que la
calificación de ese vínculo como de carácter nacional había adquirido firmeza. Al
respecto, el juez natural explicó con claridad que, aunque no se configuraba la cosa
juzgada frente a los nuevos tiempos de servicio, la decisión proferida dentro del proceso
15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

con radicado núm. 2008-00320-00 sí tenía ese carácter respecto de los periodos allí
examinados. En virtud de esa determinación, concluyó que el actor no acreditó una
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y, por tanto,
tampoco satisfizo los requisitos legales para obtener el reconocimiento de la pensión
gracia.

En esa línea, la existencia de dos procesos ordinarios de nulidad y restablecimiento del
derecho, el primero identificado con el radicado núm. 2008-00320-00 y el segundo con el
radicado núm. 2023-00145-02, dentro del cual se profirió la sentencia cuestionada,
evidencia que el actor contó con escenarios judiciales idóneos para controvertir los actos
administrativos que negaron el reconocimiento de la prestación. Sin embargo, el
resultado favorable o desfavorable de tales procesos no constituye, por sí solo, un asunto
susceptible de revisión por el juez constitucional.

5.6. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala advierte que la
providencia cuestionada tuvo en cuenta el criterio jurisprudencial invocado por la parte
actora. Además, no se observa, prima facie, arbitrariedad alguna en el análisis efectuado
por el tribunal. Por esta razón, tampoco se encuentra acreditada una controversia de
relevancia constitucional que habilite el estudio de fondo de este reproche.

5.7. En cuanto a la impugnación, esta buscó robustecer la argumentación ya desarrollada
para afirmar que el tribunal acusado aplicó de manera indebida la cosa juzgada e hizo
énfasis en que el asusto reviste relevancia constitucional al conllevar la vulneración de
sus derechos fundamentales. Sin embargo, la sala no advierte una posición arbitraria o
irracional que conduzca a efectuar el análisis del fondo del asunto ni realizar
consideración adicional respecto de las consideraciones expuestas por el accionante.
Además, contrario a lo expuesto por el actor, no se evidencia que la tutela haya sido
utilizada con el fin de poner de presente una irregularidad estructural de la decisión
reprochada, en realidad se observa el intento forzado de reabrir el debate ya decidido
dentro del proceso ordinario, asunto distinto es que la decisión no haya sido favorable al
hoy accionante.

5.8. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

5.9. En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 20.

20
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01634-01
Accionante: Henry Orlando Rey González

En tal sentido, la Sala modificará la decisión impugnada que negó el amparo solicitado, y,
en su lugar, declarará la improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de abril de 2026 por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección B que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

AOB

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