Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01635-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01635-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
FRENTE AL TRIBUNAL POR TRATARSE DE DERECHO DE PETICIÓN
PRESENTADO ANTE AUTORIDADES JUDICIALES Y SE AMPARA EL
DERECHO DE PETICIÓN RESPECTO DEL MUNICIPIO, POR CUANTO
NO HA DADO RESPUESTA CLARA, CONGRUENTE Y DE FONDO A LA
SOLICITUD PRESENTADA POR EL ACTOR EL 11 DE FEBRERO DE 2025.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el MUNICIPIO DE DAGUA (VALLE DEL CAUCA)1, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA 2 y su
SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor WILMAR GONZÁLEZ CRUZ, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
1
En adelante MUNICIPIO.
2
En adelante TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental
de petición, el cual estima vulnerado por el MUNICIPIO, el
TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no ha recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que le envió a esta
última autoridad, vía electrónica, el 11 de febrero de 2025, en la que
pidió información relacionada con la audiencia de verificación de
pacto de cumplimiento celebrada dentro del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 76001-23-33-008-2017-01795-00.
I.2. Hechos
Indicó que el 11 de febrero de 2025, radicó, vía electrónica, derecho
de petición en el que solicitó “[…] Requerir Urgente Información
sobre el proceso de “Sustracción de Todos los Corregimientos del
Municipio de Dagua, de las Áreas de la Reserva Forestal del Pacífico
[…]” relacionada con la audiencia de verificación de cumplimiento
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos identificado con el número único de radicación 2017-
01795-00, el cual está siendo tramitado por el TRIBUNAL.
Adujo que, como consta en el acta de la audiencia de verificación de
cumplimiento de 8 de julio de 2025, el TRIBUNAL ordenó remitir la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
petición al MUNICIPIO, por considerar que era el competente de
dar respuesta a los cuestionamientos planteados.
Afirmó que, a la fecha, no ha obtenido una respuesta oportuna, de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, razón
por la que considera vulnerado su derecho fundamental de petición.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] PRIMERA: Requerir a de la alcaldesa del Municipio de Dagua
Valle Señora KAROL VILLAREJO, y el Honorable, Dr. OMAR EDGAR
BORJA SOTO del Tribunal Administrativo del Valle, por violar mi
derecho fundamental de Petición.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito al señor
juez, ordenar de la alcaldesa del Municipio de Dagua Valle Señora
KAROL VILLAREJO, y el Honorable, Dr. OMAR EDGAR BORJA
SOTO del Tribunal Administrativo del Valle, para que proceda
dentro del término de las 48 horas siguientes al fallo, a contestar
de manera concreta, clara, precisa y de fondo mi respetuoso
Requerimiento de Información […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL VALLE DEL
CAUCA3 solicitó ser desvinculada de la presente tutela, toda vez que,
a su juicio, independientemente de la decisión que se profiera, no
3
En adelante DEFENSORÍA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
existe ningún hecho u omisión frente al que se pueda predicar la
vulneración del derecho fundamental invocado.
I.4.2.- La PROCURADURÍA PROVINCIAL DE CALI 4 informó que,
una vez revisado el sistema de gestión documental y de archivo -
DOKUS-, no se encontró que el actor le hubiera presentado alguna
solicitud en la que requiriera la intervención o acompañamiento ni
que haya radicado queja disciplinaria contra las entidades aquí
accionadas.
I.4.3.- El JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE CALI 5 indicó que revisada la plataforma SAMAI se observa que
el medio de control, objeto del presente estudio, le correspondió por
reparto al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali que,
lo remitió por competencia al TRIBUNAL, autoridad judicial que
tramitó la primera instancia del referido proceso, razón por la que
solicitó ser desvinculado al no haber tenido conocimiento de este.
I.4.4.- El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 6 solicitó ser
desvinculado del presente trámite constitucional, por cuanto no ha
vulnerado el derecho de petición invocado por el actor.
4 En adelante PROCURADURÍA.
5 En adelante JUZGADO.
6 En adelante DEPARTAMENTO.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
I.4.5.- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
solicitó ser desvinculado por no existir acción u omisión que ponga
en riesgo o vulnere los derechos fundamentales del accionante.
I.4.6.- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE solicitó denegar las pretensiones incoadas en la acción
de tutela, toda vez que no ha incurrido en vulneración del derecho
de petición del actor.
I.4.7.- La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA7 solicitó ser desvinculada de la acción de la referencia
por no vulnerar el derecho fundamental invocado, teniendo en cuenta
que el TRIBUNAL no le remitió por competencia la petición
presentada por el actor ni tampoco se radicó directamente ante ella.
I.4.8.- La FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS -
FUNDACOLECTIVOS- consideró que no resultaba necesario rendir
informe alguno, debido a que el derecho de petición fue radicado ante
el TRIBUNAL que, oportunamente y por competencia sobre lo
pedido, lo remitió al MUNICIPIO.
7 En adelante CVC.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
I.4.9.- La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 8 solicitó
ser desvinculada del presente trámite, por cuanto no tiene
responsabilidad o injerencia en la transgresión del derecho
fundamental alegado y tampoco interés legítimo en el resultado de
la acción constitucional de la referencia.
I.4.10.- El TRIBUNAL y el MUNICIPIO, pese a ser notificados en
debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
8 En adelante CONTRALORÍA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
La Sala advierte que la DEFENSORÍA, el JUZGADO, el
DEPARTAMENTO, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, la CVC y la CONTRALORÍA solicitaron ser
desvinculados de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la DEFENSORÍA, el DEPARTAMENTO, el
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, la CVC y
la CONTRALORÍA fungen como parte demandada dentro del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos, dentro
del que se presentó la solicitud objeto del presente estudio, sus
vinculaciones se dieron como terceros con interés directo en las
resultas del proceso, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Frente al JUZGADO, la Sala advierte que, tal como lo señaló en su
contestación, no realizó ningún trámite dentro del mencionado medio
de control, razón por la cual la Sala aceptará su solicitud de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19919. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual
estima vulnerado por el MUNICIPIO, el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA, por cuanto no ha recibido una respuesta de fondo,
clara y concreta a la solicitud que le envió a esta última autoridad,
9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
vía electrónica, el 11 de febrero de 2025, en la que pidió información
relacionada con la audiencia de verificación del pacto de
cumplimiento dentro del medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
2017-01795-00.
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el MUNICIPIO,
el TRIBUNAL y su SECRETARÍA vulneraron el derecho fundamental
invocado por el actor, estudio que se hará de forma independiente.
Frente al TRIBUNAL y su SECRETARÍA.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido
ante autoridades judiciales.
Del derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 2017 10, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, M.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2017-02583-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)11.
11
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia12 que le asigna la ley13 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor es
que el TRIBUNAL de respuesta a la petición de 11 de febrero de
2025, de forma clara, de fondo y concreta, lo cual implica una
actuación del juez ordinario dentro del proceso judicial objeto de
estudio, por lo que consecuente con lo anterior, la Sala declarará
improcedente el amparo solicitado respecto del derecho de petición
alegado por la parte actora frente a dicha autoridad judicial, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, conforme a lo
manifestado por el actor y como consta en el expediente, el
TRIBUNAL mediante acta de audiencia de 8 de julio de 202514, en
el punto 3.4., dispuso lo siguiente:
12
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
13
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
14
Índice 305 del expediente 2017-01795-00 obrante en SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
“[…] 3.4 Memorial petición ciudadana.
A índice 266 de SAMAI obra memorial suscrito por el ciudadano
Wilmar González, indicando que, en otrora y en calidad de
alcalde del Municipio de Dagua le correspondió presentar y
sustentar ante el Concejo municipal de Dagua el proyecto de
Acuerdo, que luego se convirtió en el ACUERDO No 004 DE MAYO
28 DE 2002 – PBOT, en el cual se puso de presente entre otras
cosas, la problemática de Ley 2ª de 1959, destacando la
necesidad de participación de la comunidad en el trámite de
sustracción. Así mismo, realizó comentarios u observaciones
sobre cada uno de los numerales de la sentencia del Consejo de
Estado para su efectivo cumplimiento.
A índice 263 de SAMAI, el mismo ciudadano, después de
transcribir apartes del PBOT y de la sentencia materia de este
proceso, realizó cuestionamiento sobre la realización de la
consulta previa, el inventario de afectación al no cumplimiento
al PBOT, la posible afectación de los consejos comunitarios,
cabildos indígenas y demás, el procedimiento de revocatoria o
anulación de actos que a su juicio violan el PBOT y el cobro de
impuestos a lotes afectados en Ley 2ª de 1959.
En consecuencia, atendiendo que la entidad competente y
directamente responsable para dar respuesta a los
cuestionamientos del ciudadano es el Municipio de Dagua, en
esta audiencia de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437
y 1° de la Ley 1755 de 2015, se remite en esta audiencia por
competencia la petición al ente territorial para lo de su
cargo […]”.
Lo anterior, fue reiterado por el TRIBUNAL en el acta de audiencia
de verificación de 3 de marzo de 2026 15.
Frente al MUNICIPIO
A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se
ampare su derecho fundamental de petición, por cuanto, a su juicio,
15
Índice 352 del expediente 2017-01795-00 obrante en SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
no ha recibo una repuesta clara, congruente y oportuna frente a la
solicitud presentada el 11 de febrero de 2025.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el
MUNICIPIO vulneró el derecho fundamental de petición del actor.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 201116, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre
el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la
Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-
108 de 2006, señaló:
16
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que
conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de
dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición
respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de
2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de
2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el
derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia
de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin
evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados
y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues
no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 17 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
17
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones,
se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos
e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relación a las entidades dedicadas a su protección o formación
[…]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se
lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
verificar si fue resuelta la petición de 11 de febrero de 2025
presentada por el actor.
En efecto, el actor presentó derecho de petición, en el que solicitó lo
siguiente:
“[…] PETICIÓN:
• En relación con el proceso de “Sustracción de Todos los
Corregimientos del Municipio de Dagua, de las Áreas de la Reserva
Forestal del Pacífico”, como se garantiza la realización de la
“Consulta Previa”, ya que con ello se pretenda desarrollar el
“Territorio con presencia de comunidades étnicas” y exista
“Evidencia razonable” de que pueda causar “Afectaciones
Directas” a los “Territorios Étnicos Amplios” de “Zonas no tituladas
pero habitadas en forma regular y permanente por comunidades
Indígenas o Negras”.
• Cuál es el inventario de afectación realizado por el municipio,
por el no cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO No 004 DE
MAYO 28 DE 2002 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN
BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO
DE DAGUA" “DAGUA PACIFICO 2001-2010”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
• Como se garantiza que la “Sustracción de Cascos
Corregimentales del Municipio de Dagua de las Áreas Territoriales
de la Reserva Forestal del Pacífico”, conlleve a la revisión,
modificación y/o ajuste al “Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Dagua”; que afectará directamente a
todos los (14) catorce “Consejos Comunitarios de Comunidades
Negras”, los (5) cinco “Cabildos Indígenas” y al “Resguardo
Indígena Mayor”.
• Cuál es el procedimiento para la revocatoria o anulación de los
actos administrativos emitidos por la administración municipal,
violando lo reglamentado en el el ACUERDO No 004 DE MAYO 28
DE 2002 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN BASICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE DAGUA"
“DAGUA PACIFICO 2001-2010.
• ¿Porque el municipio cobra impuesto predial a lotes afectados
por la Ley 2ª de 1959, sin que los propietarios puedan realizar
construcción de viviendas o proyectos productivos?
• ¿En la expedición del avalúo catastral de predios se tiene en
cuenta el ordenamiento del territorio contemplado en el Acuerdo
04 de 2002?
• Que modificaciones se han realizado al plan de desarrollo del
municipio de Dagua y los planes de acción de los demás
organismos involucrados como son la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC, el MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la GOBERNACION DEL
VALLE DEL CAUCA, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO, entre otros.
Atentamente,
WILMAR GONZALEZ CRUZ
Exalcalde del municipio de Dagua
CC 16.605.413
Cel. 3148777284
Correo: wilmargc@gmail.com
Copia:
MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA
alcalde@dagua-valle.gov.co
administrativa@dagua-valle.gov.co
contactenos@dagua-valle.gov.co
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
notificacionesjudiciales@cvc.gov.co
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
njudiciales@valledelcauca.gov.co
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
procesosjudiciales@minambiente.gov.co
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
dsandoval@minvivienda.gov.co.gov.co […]18” (Resaltado de la
Sala).
Al respecto, la Sala advierte que si bien el actor radicó el derecho de
petición ante el TRIBUNAL, como quedó demostrado en
precedencia, dicha autoridad judicial lo remitió por competencia al
MUNICIPIO quien, además, tuvo conocimiento del mismo desde el
momento de su radicación, toda vez que el accionante envió copia
de la solicitud a varias entidades, entre ellas, al mencionado ente
territorial 19.
Aunado a lo anterior, se observa que dentro del trámite de la
presente solicitud de amparo el MUNICIPIO guardó silencio y,
además, no obra prueba en el expediente que acredite que hubiere
dado respuesta de fondo, clara, precisa y congruente frente a la
solicitud de 11 de febrero de 2025, presentada por el actor, la cual,
como quedó visto, el TRIBUNAL ordenó su remisión el 8 de julio de
ese año y la retiró el 3 de marzo de 202620, como consta en las actas
de las audiencias celebradas en esas fechas.
18
Índice 266 del expediente 2017-01795-00 obrante en SAMAI.
19
Ibidem.
20
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333008201701
795007600123
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado que
se haya dado respuesta a la solicitud efectuada por el actor, la Sala
concederá el amparo al derecho de petición y, en consecuencia, se
ordenará al MUNICIPIO que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, responda de
fondo y de manera clara, precisa, completa y congruente el contenido
de la petición presentada por el señor WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
el 11 de febrero de 2025, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO - REGIONAL VALLE DEL CAUCA, el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, el MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA y la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado
frente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
y su SECRETARÍA, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor
y, en consecuencia, ORDENAR al MUNICIPIO DE DAGUA (VALLE
DEL CAUCA) que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de
fondo, completa, clara, precisa y congruente con lo solicitado por el
señor WILMAR GONZÁLEZ CRUZ el 11 de febrero de 2025.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede
en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01635-00
Actor: WILMAR GONZÁLEZ CRUZ
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.