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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01637-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01637-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Néstor Fabián Ramírez Meneses contra el Tribunal Administrativo del Cesar por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Néstor Fabián Ramírez Meneses Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2026-01637-00 TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01637-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01637-00
Demandante: NESTOR FABIAN RAMIREZ MENESES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Néstor Fabián Ramírez Meneses, actuando a través de apoderada
judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Cesar3, en la
que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
«principio de favorabilidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada, que confirmó la providencia del 26 de mayo de 2025, dictada por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar que, a su
turno, negó las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 20001-33-33-003-2024-
00158-00/01.

1 Poder conferido a la abogada Clarena López Henao con presentación personal ante Notaría.
2 Acción de tutela radicada el 2 de marzo de 2026 a la que se le asignó la secuencia No. 2497.
3 Sala conformada por los magistrados María Luz Álvarez Araújo, José Antonio Aponte Olivella y

Carlos Mario Arango Hoyos.

Demandante: Néstor Fabián Ramírez Meneses
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01637-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…]
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
NESTOR FABIAN RAMIREZ MENESES a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.4

1.3. Hechos

El señor Néstor Fabián Ramírez Meneses ostenta la calidad de docente oficial en
la categoría 2B del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278
de 2002.

Durante los años 2005 a 2007 el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales
para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto
Ley 1278 de 2002, sin embargo, para 2008 y 2009 decretó aumentos porcentuales
de manera diferenciada, pero retornó al esquema anterior en los años 2010, 2012
y subsiguientes.

Sostuvo que, para el año 2008 la categoría 2A recibió un incremento acumulado
en su salario del 14,11%, mientras que la categoría 2B únicamente obtuvo solo un
incremento del 5,69%. De igual forma para el año 2009 el incremento para los
docentes con escalafón 2A fue del 15,61%, en tanto que para los pertenecientes
a la categoría 2B apenas alcanzó el 7,67%.

Situación por la que el actor elevó reclamación administrativa ante la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del
Cesar, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados para los años
2008 y 2009, bajo el entendido de que con dicha medida se favoreció a docentes
de la categoría 2A en detrimento de quienes, como él se encontraban en el
escalafón 2B.

Reclamación que fue resuelta desfavorablemente mediante los oficios No. 2024-
EE-055877 (con radicación relacionada No. 2024-ER-054569) del 27 de febrero
de 2024 y CES2024ER006603-CES2024EE003177 del 22 de febrero de la misma
anualidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Cesar, respectivamente.

4 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

2

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Demandante: Néstor Fabián Ramírez Meneses
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01637-00

Por lo expuesto, el señor Néstor Fabián presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional y el departamento del Cesar en la que solicitó: (i) la
inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024 que fijó la escala salarial del
personal docente; (ii) el estudio de legalidad de los actos administrativos aludidos
y, (iii) el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los
últimos tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en
virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las que se
causaran hacia el futuro.

El referido proceso le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Valledupar bajo radicado 20001-33-33-003-2024-
00158-00, que dictó sentencia el 26 de mayo de 2025 negando las pretensiones
de la demanda con fundamento en que no existió vulneración al derecho
fundamental a la igualdad y los actos administrativos demandados fueron
expedidos conforme a derecho, dado que las diferencias salariales entre los
grados del escalafón docente tienen la finalidad de reconocer el mérito profesional,
la formación y la experiencia de los que hacen parte del magisterio.

Inconforme con la anterior decisión, el señor Ramírez Meneses interpuso recurso
de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo del Cesar que, en
providencia de 28 de agosto de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo.

Como sustento adujo que el Gobierno Nacional cuenta con amplia potestad de
configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada año y los
mismos deben obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 1992, por lo que el
incremento salarial de la población docente oficial de manera desigual
considerando los grados y niveles salariales para los años 2008, 2009 y 2011, se
hizo acorde a lo consagrado por las normas que rigen la materia y con base en la
amplia potestad de configuración normativa que fue otorgada por la misma
Constitución Política.

Consideró que los decretos que establecen la escala salarial y el régimen
prestacional de los docentes son un acto administrativo de carácter general y en
tal sentido, no requieren ser justificados con el mismo detalle que un acto particular
y concreto, respecto de las modificaciones que pueda realizar siempre y cuando
se ciñan a los lineamientos de la Ley marco.

Sobre la discusión del derecho a la igualdad planteado por el actor señaló que la
Corte Constitucional ha sido incisiva en destacar que en un estado social de
derecho tal garantía no es matemática sino material.

3

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Demandante: Néstor Fabián Ramírez Meneses
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01637-00

Advirtió que la estructura escalafón docente está conformada por 3 grados en el
que son ubicados con base a su formación académica y 4 niveles salariales en los
que se inscriben o ascienden una vez superada la evaluación del periodo de
prueba o las evaluaciones de desempeño y competencias. Que «para el año 2008
fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que fijó la asignación básica
mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por grado de escalafón
y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo del mismo año,
se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los docentes del grado
2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes tuviesen título de
especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor nivel de
formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y criterios
de la Ley 4 de 1992».

Así, el tribunal accionado concluyó que para el caso concreto el incremento
cuestionado no vulnera el derecho a la igualdad porque entre los escalafones 2A
y 2B existe una nivelación salarial diferente dado que para pertenecer a uno o al
otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que distan entre sí.

Esta providencia se notificó a las partes por correo electrónico el 2 de septiembre
de 20255.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la sentencia enjuiciada:

I. Defecto sustantivo: al considerar que la autoridad judicial accionada realizó
una interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada del artículo 13
de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de
2002.

Precisó que en la sentencia cuestionada, el operador judicial no ofrece una
justificación clara y suficiente que explique por qué, a pesar de que el
demandante se encuentra en una categoría superior del escalafón - grado 2,
nivel B -, se le reconoció un aumento inferior al otorgado a un docente ubicado
en un nivel más bajo, como el grado 2, nivel A, y concluye erradamente la
sentencia que dicho tratamiento salarial se ajustaba a derecho, sin
proporcionar una motivación suficiente y razonable que permitiera comprender
cómo esa diferencia podría considerarse razonable y conforme con el principio
de igualdad material y la equidad retributiva que rige el servicio público
docente.

5 Índice 021 de Samai del proceso 20001-33-33-003-2024-00158-01.

4

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Demandante: Néstor Fabián Ramírez Meneses
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01637-00

Por lo anterior refirió que, la sentencia del 28 de agosto de 2025, no expone
de manera clara y coherente cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia
vertical, que defiende los incrementos salariales basados en la idoneidad del
desempeño y las competencias del personal docente, podría justificar la
legalidad de los aumentos desiguales en el caso del demandante, quien
demostró en el proceso judicial que ocupaba una posición superior en el
escalafón 2B en comparación con la categoría 2A, a la cual se le otorgó un
ajuste salarial significativamente mayor durante los años 2008 y 2009.

II. Defecto fáctico: por cuanto, según su juicio, existió una indebida valoración
probatoria frente al debate jurídico planteado, pues no se allegó prueba que
soportara alguna razón válida para que la administración adoptara un trato
inequitativo entre los escalafones de docentes durante los periodos 2008 y
2009.

Mencionó dos casos similares al planteado en el medio de control que dio
origen al presente trámite, que fueron resueltos por los juzgados veintitrés6 y
veintiocho7 administrativos del Circuito Judicial de Medellín, en los cuales se
accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, se decidió
inaplicar los decretos que ordenaron los aumentos salariales y declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados.

1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 4 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la parte accionante8 y, como parte demandada, al
Tribunal Administrativo del Cesar9.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, al
departamento del Cesar [parte demandada al interior del proceso ordinario] 10 y al
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar 11 «a quo».

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

6 Sentencia del 25 de marzo de 2025, con radicado 05001-33-33-023-2024-00171-00.
7 Sentencia del 8 de agosto de 2025, con radicado 05001-33-33-028-2024-00163-00.
8 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada al correo valledupar@lopezquinteroabogados.com
9 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co.
11 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada al buzón:
j03admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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1.6.1. Ministerio de Educación Nacional12

La entidad manifestó que en ese asunto no se evidencia vulneración alguna a las
garantías constitucionales del actor quien presenta una controversia de naturaleza
estrictamente económica.

En razón a ello, estimó que la presente tutela es improcedente por falta de
relevancia constitucional y en ese sentido solicitó proferir la decisión que así lo
declare.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Cesar13

La secretaría de la Corporación remitió el enlace de acceso al expediente y pone
de presente que frente a la garantía de los derechos invocados acoge los
fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la
providencia del 28 de agosto de 2025, así como los criterios impartidos por el juez
constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite.

Advierte sobre la línea uniforme que han mantenido los once despachos
administrativos del circuito de Valledupar y los seis despachos del Tribunal
Administrativo, en la decisión de los procesos relacionados con el incremento
salarial por concepto de escalafón docente.

1.6.3. Departamento del Cesar14

Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Secretaría de Educación del Departamento del Cesar al no ser la entidad que
profirió la decisión que se cuestiona vía tutela y por no haber vulnerado los
derechos fundamentales del actor.

Igualmente, consideró que la presente acción estaría siendo empleada como una
instancia adicional porque con ella se pretende reabrir un debate jurídico y
probatorio ya resuelto en el proceso contencioso.

1.6.4. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar guardó silencio pese a que fue debidamente notificado de la presente
acción.

12 Índice 015 de Samai.
13 Índice 016 de Samai.
14 Índice 018 de Samai.

6

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II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el accionante contra el Tribunal Administrativo del Cesar de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró las garantías invocadas por
la parte actora, con ocasión de la sentencia del 28 de agosto de 2025, a
través de la cual se confirmó la providencia del 26 de mayo de 2025, dictada
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar que, a su turno, negó las pretensiones formuladas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se identificó con el
radicado 20001-33-33-003-2024-00158-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su
procedencia.17

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202218 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones

16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
18 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal19
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional21.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos

19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.

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[fundamentales] y no a problemas de carácter legal22”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales23”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal25.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso Concreto

El señor Néstor Fabián Ramírez Meneses cuestiona la providencia del 28 de
agosto de 2025 en la que Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la negativa
de las pretensiones elevadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el que el actor perseguía la inaplicación por ilegalidad del Decreto
Nacional 284 de 2024 que fijó la escala salarial del personal docente y la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades
demandadas con el consecuente reconocimiento y pago de las diferencias
salariales causadas en razón al incremento salarial aplicado en los años 2008 y
2009 que en su sentir resultó injustificado.

Consideró que el ad quem, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al no
analizar o valorar sí el Gobierno Nacional cumplió con el deber legal de sustentar
con razones objetivas y jurídicas el trato discriminatorio en materia salarial pues, a
su juicio, a partir de la expedición de los Decretos 624; 714; y 1407 de 2008 se
consumó un trato desigual entre el incremento del salario de los docentes de los
escalafones 2B y 2A.

Sobre los yerros, argumentó que, el tribunal no brindó una justificación clara y
suficiente que explicara por qué, a pesar de que el demandante «se encuentra en
una categoría superior» del escalafón - grado 2, nivel B -, se le reconoció un
aumento inferior al otorgado a un docente «ubicado en un nivel más bajo», como
el grado 2, nivel A. Autoridad judicial que además estaría concluyendo, de manera

22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-128 de 2021.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibid.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01637-00

infundada, que dicho tratamiento salarial se ajustaba a derecho, sin proporcionar
una motivación suficiente y razonable que permita comprender cómo esa
diferencia podría considerarse justa y conforme con el principio de igualdad
material y la equidad retributiva que rige el servicio público docente.

En este punto, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito
de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora en su escrito de
tutela demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados por la
autoridad judicial accionada, sin que medie una argumentación encaminada a
evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique
la intromisión del juez de tutela.

De modo que, resulta oportuno destacar que el Tribunal Administrativo del Cesar
consideró que, en virtud de la jurisprudencia constitucional, la situación reprochada
como desigual cumple la exigencia de mantener un trato disímil a sujetos distintos
y en condiciones diferentes, pues en este asunto así se trate de docentes
profesionales, estos son servidores con distinta cualificación, evaluación y
experiencia, lo que supone la validez de la existencia de tratos diversos a
diferentes sujetos.

Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por el señor
Ramírez Meneses reflejan su inconformidad con lo decidido por el tribunal por
concluir que no existió vulneración al derecho a la igualdad, por tratarse de sujetos
en condiciones disímiles, de lo cual no se deriva una verdadera cuestión
iusfundamental que justifique la intromisión del juez de tutela. Por el contrario, el
accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato discriminatorio, con el fin
de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo cuestionado, sin haberse
propuesto una discusión que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía
constitucional.

De igual forma, esta Sala de Decisión advierte que los argumentos que sustenta
los defectos atribuidos a la sentencia del 28 de agosto de 2025 también se
plantearon en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento, y, asimismo,
fueron desvirtuados por el tribunal demandado. En ese orden, se observa que la
parte actora pretende convertir esta acción en una instancia adicional, dado que
insistió nuevamente en los reproches planteados al interior del proceso ordinario,
con el objetivo de que se estudie el presunto trato discriminatorio como lo propone
ahora.

Asimismo, en el escrito de tutela se mencionaron dos fallos de nulidad y
restablecimiento del derecho identificados con los radicados 05001-33-33-023-
2024-00171-00 y 05001-33-33-028-2024-00163-00, proferidos por los juzgados
veintitrés y veintiocho administrativos del Circuito Judicial de Medellín

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Demandante: Néstor Fabián Ramírez Meneses
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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respectivamente, que resolvieron controversias de supuestos fácticos similares a
los planteados en el proceso ordinario que dio origen al presente amparo.

Se expuso que las providencias mencionadas decidieron favorablemente las
pretensiones de las demandas al determinar la existencia de un trato inequitativo
derivado del aumento salarial desproporcionado entre niveles. Sin embargo, no se
plantea concretamente un cargo al respecto ni se invoca la configuración de algún
defecto específico con relación a lo mencionado.

En ese sentido, para la Sala es claro que no se desarrolló de manera suficiente la
carga argumentativa necesaria que permita establecer la presunta transgresión de
las garantías constitucionales invocadas, máxime cuando las sentencias aludidas
no constituyen una decisión vinculante para la autoridad judicial demandada, al no
tratarse de un precedente judicial que establezca reglas obligatorias para la
resolución del asunto, por lo que se vuelve inviable la aplicación de las posturas
expuestas.

Se recuerda que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de
tutela; máxime cuando, se reitera, el debate que plantea la parte actora busca
mutar la acción constitucional en una instancia adicional y reabrir un debate ya
zanjado por el juez contencioso.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Néstor
Fabián Ramírez Meneses contra el Tribunal Administrativo del Cesar por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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