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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01677-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01677-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 13 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar su improcedencia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01677-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01677-01
Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 13
de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 2 de marzo de 20261, Sandra Liliana Sánchez interpuso acción de tutela2 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño, debido a que,
mediante sentencia del 10 de octubre de 2025, revocó la providencia del 29 de mayo
de 2020 emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 52-001-33-33-003-2018-
00090-00/01.

2. Hechos

2.1. La señora Sandra Liliana Sánchez interpuso demanda3 contra el municipio de
Puerres y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerres, con el fin de
que se declarara la nulidad del Decreto 109 de 2017. A título de restablecimiento
del derecho solicitó, entre otras cosas: i) reintegrarla al cargo que ocupaba al
momento de su retiro o a uno de igual o superior categoría, sin solución de
continuidad; ii) pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha

1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
8336743962831B34EABE3254EA0930FB228292F03505CEAA 8A61892D247B43F4.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 037A4645B0FB47DC 397A789865A64730
85EFE3663A49EB10 04A705246993ED77.
3
Archivo denominado “001 Demanda 1-11”, carpeta “001 Expediente 1era instancia […]” visible a índice 13 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado 98AF8A62DCDEB0BE 6903C51D54D0A628 9739E6E519A31A6E
F1DF427A5CA93F24.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01677-01
Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

del retiro, esto es, el 16 de noviembre de 2017, hasta el reintegro efectivo; iii)
cancelar el valor de las cesantías retroactivas causadas desde su vinculación hasta
su reintegro; iv) pagar los perjuicios morales en cuantía equivalente a 70 SMLMV,
más los intereses a que hubiera lugar; y v) indexar las sumas adeudadas.

2.2. El 29 de mayo de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, en
sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto
No. 109 del 10 de noviembre de 2017, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento de la señora SANDRA LILIANA SÁNCHEZ en el cargo de Gerente de la
Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Puerres ESERP E.S.P, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al MUNICIPIO DE
PUERRES al pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de
pensión, dejados de devengar por la actora como Gerente de la Empresa De Servicios
Públicos Domiciliarios De Puerres ESERP E.S.P., desde el día en que fue desvinculada
del servicio (16 de noviembre de 2017) y hasta el 11 de marzo de 2018.

[…] CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.

QUINTO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva referente a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerres
ESERP E.S.P.

SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el Municipio de
Puerres. […].”4 (Resaltado original del texto).

2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandante y el municipio de Puerres
interpusieron recurso de apelación.

2.4. Posteriormente, el 10 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño
profirió sentencia de segunda instancia, mediante la cual revocó la providencia
apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.5

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

4
Archivo denominado “022 Sentencia Primera Instancia”, carpeta “001 Expediente 1era instancia […]” visible a índice 13 de
SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 98AF8A62DCDEB0BE 6903C51D54D0A628 9739E6E519A31A6E
F1DF427A5CA93F24.
5
Archivo denominado “005 Sentencia 2da Instancia […]”, visible a índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia,
certificado 98AF8A62DCDEB0BE 6903C51D54D0A628 9739E6E519A31A6E F1DF427A5CA93F24.

3

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01677-01
Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

3.1. Ocupó el cargo de gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Puerres
desde el 13 de enero de 2016 hasta el 17 de noviembre de 2017, día siguiente a la
fecha de la comunicación del Decreto 109 de 2017, mediante el cual su
nombramiento fue declarado insubsistente, sin que se le informara sobre los
recursos procedentes contra esa decisión. Así, el acto se produjo bajo la vigencia
de la Ley 996 de 2005, que prohíbe los nombramientos y desvinculaciones en
entidades públicas durante los cuatro meses previos a las elecciones.

3.2. La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, porque efectuó
una interpretación formalista, restrictiva e irrazonable del artículo 38 de la Ley 996
de 2005 y equiparó de manera errada la expedición del acto con la modificación de
la nómina, con lo cual desconoció que esta última solo se produce cuando el acto
adquiere eficacia jurídica, esto es, con su notificación y ejecución. Es decir, la
modificación real de la nómina ocurrió después del 11 de noviembre de 2017.

En ese sentido, el tribunal concluyó que basta la fecha de expedición del acto
administrativo para determinar que no hubo vulneración de la ley de garantías, aun
cuando su notificación, firmeza, ejecución, oponibilidad y efectos jurídicos se
produjeron dentro del período prohibido. Dicha interpretación desnaturaliza la
finalidad de aquella norma, legitimó una modificación de nómina en período
prohibido y vulneró los derechos fundamentales invocados.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, trabajo digno, moralidad administrativa, seguridad jurídica
y principio democrático, vulnerados por la sentencia proferida el 10 de octubre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Nariño, con ponencia del Magistrado Paulo León
España Pantoja.

SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo constitucional, se deje sin efectos la
sentencia del 10 de octubre de 2025 proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 52001-33-33-003-2018-00090-00.

TERCERA. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Nariño proferir una nueva
sentencia dentro de un término prudencial, en la cual:

• Interprete el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 conforme a su tenor literal y finalidad
constitucional.
• Analice la modificación de la nómina a partir de la eficacia del acto administrativo (fecha
de notificación y producción de efectos), y no exclusivamente desde su fecha de
expedición.

4

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Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

• Observe el precedente del Consejo de Estado sobre eficacia de los actos
administrativos.
• Evalúe la prohibición de modificación de nómina en periodo preelectoral bajo un
estándar de interpretación restrictivo frente a excepciones.

CUARTA. Que se disponga que la nueva decisión garantice el respeto al régimen de
garantías electorales, al principio de moralidad administrativa consagrado en el artículo
209 de la Constitución Política y a la supremacía de la Ley Estatutaria 996 de 2005.

QUINTA. Como medida de restablecimiento del orden constitucional vulnerado, que se
ordene adoptar las medidas necesarias para evitar que interpretaciones formalistas
sobre la fecha de expedición de los actos administrativos permitan eludir la prohibición
de modificación de nómina en periodo electoral.

SEXTA: Que se ordene comunicar la decisión a las partes procesales y a las autoridades
correspondientes para los efectos legales pertinentes.”6

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 5 de marzo de 20267 se admitió la acción de tutela, se vinculó
al Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, al municipio de Puerres, a la Empresa
de Servicios Públicos de Puerres y a Danny Urbano Villota. También se dispuso la
notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El municipio de Puerres8 señaló que la providencia cuestionada constituye una
decisión razonada, fundada en una interpretación jurídicamente plausible del
ordenamiento jurídico, en especial, del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, norma
que establece la prohibición de modificar la nómina estatal dentro de los cuatro
meses anteriores a las elecciones, y en un análisis completo de las pruebas
obrantes en el proceso.

Afirmó que el tribunal explicó de manera expresa la diferencia entre la validez del
acto administrativo y su eficacia. Señaló que la validez de un acto administrativo se
configura desde su expedición, momento en el cual adquiere existencia jurídica,
siempre que haya sido emitido por autoridad competente y conforme a los requisitos
formales y sustanciales del ordenamiento jurídico. Por su parte, la notificación del
acto administrativo incide únicamente en su eficacia frente al administrado, esto es,
en la posibilidad de que produzca efectos respecto de su destinatario.

6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 037A4645B0FB47DC 397A789865A64730
85EFE3663A49EB10 04A705246993ED77, folios 8 y 9.
7
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 9761155882941292 20BFDE87EB7F5886
41066ABD5024C800 63367636113952F3.
8
Índice 12 de SAMAI, certificado AFAABECFB40CC9DA 8BEDD0CBF512B56B 46D9597A9AE23BDD 9DD5A1167200422F,
ibid.

5

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Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

En consecuencia, manifestó que es evidente que la inconformidad de la accionante
se dirige realmente a cuestionar la interpretación jurídica adoptada por el tribunal en
relación con la aplicación de la ley de garantías, lo cual constituye un debate propio
de la jurisdicción contencioso administrativo y no un asunto susceptible de revisión
mediante la acción de tutela.

5.3. El Tribunal Administrativo de Nariño9 aseveró que la sentencia censurada hizo
una relación detallada de las disposiciones constitucionales y legales y dio una
explicación extensa de la interpretación que adoptó el tribunal frente a ellas, aunado
al hecho de que valoró de forma crítica y conjunta las pruebas que reposaban en el
expediente. Por lo tanto, indicó que no se configuran los requisitos de procedencia
y procedibilidad previstos por la jurisprudencia constitucional en sede de tutela.

5.4. El Juzgado Tercero Administrativo de Pasto10 afirmó que las actuaciones
adelantadas en esa instancia se surtieron con observancia de la ley y que la
sentencia que resolvió de fondo el asunto fue dictada conforme al acervo probatorio
obrante en el plenario.

5.5. La Empresa de Servicios Públicos de Puerres y Danny Urbano Villota no se
pronunciaron11.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 13 de abril de 202612, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
negó el amparo solicitado.

El a quo constitucional consideró que la parte accionante pretende reabrir el debate
jurídico en torno a cuestiones que ya fueron examinadas y resueltas por el juez
natural en ambas instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior, en la medida en que la corporación judicial demandada explicó las
razones por las cuales el Decreto 109 de 2017, mediante el cual se declaró la

9
Índice 13 de SAMAI, certificado 78649E7E496834D0 988BEEA43C282976 F3870AD8E6CD7736 EBFEA5888D4A074A,
ibid.
10
Índice 14 de SAMAI, certificado B2813B9E57571A9A B4A09193EFDC3ED4 49972D275B49C700 0DE0602DFB681C1F,
ibid.
11
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la Empresa de Servicios Públicos de
Puerres y Danny Urbano Villota hubieran rendido informe, pese a las notificaciones electrónicas surtidas, visibles en los
índices 9, 11 y 17 de SAMAI, ibid.
12
Índice 20 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado
65E16261D086DFB2 72ADC91990D90936 BCE3C4E2B6819063 A94DED7C7CBCA1B2.

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insubsistencia del nombramiento de Sandra Liliana Sánchez, es jurídicamente
válido desde su expedición. Esto, debido a que fue emitido por autoridad
competente, en ejercicio de una facultad discrecional legalmente atribuida, y dentro
del marco normativo aplicable, además de que la validez del acto no depende de su
notificación, sino de su conformidad con los requisitos legales exigidos para su
existencia jurídica, los cuales se cumplieron con la expedición del acto antes de que
comenzaran los 4 meses establecidos en la ley de garantías.

Afirmó que no es posible inferir la configuración de un defecto sustantivo, porque
las razones expuestas por el tribunal para concluir que el acto de insubsistencia fue
expedido antes del inicio del período de cuatro meses de restricción previsto en la
ley de garantías, el cual comenzó el 11 de noviembre de 2017, guardan relación
directa con la distinción entre la validez y la eficacia de los actos administrativos. En
ese sentido, sostuvo que el acto adquirió validez y nació a la vida jurídica desde el
momento de su expedición, esto es, el 10 de noviembre de 2017, por haber sido
emitido por autoridad competente y en ejercicio de una facultad legalmente
atribuida. Cosa distinta es que su eficacia u oponibilidad frente a la destinataria solo
se produjera con su comunicación, ocurrida el 16 de noviembre de 2017.

Finalmente, señaló que lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural, que no es atacable vía acción de tutela, en
la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 13,
en el que reiteró los argumentos de la acción de tutela y manifestó lo siguiente:

7.1. No se pretende cuestionar la autonomía judicial del Tribunal Administrativo de
Nariño ni convertir la acción de tutela en una tercera instancia, sino que se denuncia
una errada interpretación del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, mediante la cual se
vació de contenido material la finalidad constitucional de la ley de garantías
electorales.

13
Índice 24 de SAMAI, certificado E63AC06446FF0CA3 19729B2FCCAF0484 95A55575D71F3A16 2E67FB511628C372,
ibid.

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Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

7.2. La sentencia censurada parte de una premisa jurídicamente equivocada al
asumir que la discusión se circunscribe a la distinción dogmática entre validez y
eficacia del acto administrativo, cuando en realidad el problema constitucional
planteado consistía en determinar el momento en el cual se produce la modificación
efectiva de la nómina estatal para efectos de la prohibición contenida en la Ley 996
de 2005.

7.3. Aunque el a quo constitucional cita la sentencia C-957 de 1999 de la Corte
Constitucional para sostener que la validez del acto administrativo nace desde su
expedición, omite advertir que dicha providencia se refiere a la teoría general de los
actos administrativos y no al régimen especialísimo y restrictivo previsto en la Ley
996 de 2005. En consecuencia, la sentencia impugnada incurre en una aplicación
descontextualizada y asistemática del precedente constitucional, pues extrapola
reglas generales sobre existencia jurídica del acto administrativo a un escenario
normativo excepcional cuyo objeto es precisamente limitar temporalmente el
ejercicio de facultades nominadoras por razones de protección democrática.

7.4. El análisis constitucional no podía agotarse en establecer si el acto
administrativo era “válido” desde el 10 de noviembre de 2017, sino en determinar si
la desvinculación produjo efectos materiales dentro del período prohibido.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 9 de junio de 202614 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 13 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

14
Índice 26 de SAMAI, certificado 93BF1FCB3F8388C6 ABAF9267988F39BF BF4E65BEA3349B8F 086B60206416C6D1,
ibid.

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2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad15 y de procedencia16 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.17

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
18
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202219, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, la accionante cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo de Nariño incurrió en un defecto sustantivo, porque efectuó una
interpretación formalista, restrictiva e irrazonable del artículo 38 de la Ley 996 de
2005 y equiparó de manera errada la expedición del acto con la modificación de la
nómina, con lo cual desconoció que esta última solo se produce cuando el acto
adquiere eficacia jurídica, esto es, con su notificación y ejecución. Es decir, la
modificación real de la nómina ocurrió después del 11 de noviembre de 2017.

En ese sentido, a su juicio, el tribunal concluyó que basta la fecha de expedición del
acto administrativo para determinar que no hubo vulneración de la ley de garantías,
aun cuando su notificación, firmeza, ejecución, oponibilidad y efectos jurídicos se
produjeron dentro del período prohibido. Dicha interpretación desnaturaliza la
finalidad de aquella norma, legitimó una modificación de nómina en período
prohibido y vulneró los derechos fundamentales invocados.

Señala que el análisis constitucional no podía agotarse en establecer si el acto
administrativo era “válido” desde el 10 de noviembre de 2017, sino en determinar si
la desvinculación produjo efectos materiales dentro del período prohibido.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 10 de
octubre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, se observa el
siguiente análisis textual:

“[…] En primer lugar, es pertinente señalar que se encuentra probado en el proceso que
la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerres ESERP E.S.P., mediante
19
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

Acuerdo No. 004 de 201225, modificó sus estatutos sociales y acogió lo dispuesto en el
artículo 5 del Decreto 3135 de 1968. En consecuencia, se estableció que el Gerente de
la Entidad tendría la calidad de empleado público de libre nombramiento y remoción por
parte del Alcalde Municipal.

[…] 7.4. Se observa, en el acto administrativo en mención y en el oficio D.A. 576 del 10
de noviembre de 2017, que fue recibido por la señora Sandra Liliana el día 16 de
noviembre de 2017 a las 5:00 pm, y no había sido comunicado anteriormente.

[…] 7.14. Con lo anterior, se entiende en primera medida que el Decreto No. 109,
mediante el cual el Alcalde Municipal de Puerres declaró la insubsistencia del
nombramiento de la señora Sandra Liliana Sánchez como Gerente de la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios ESERP E.S.P., fue expedido en ejercicio de la facultad
discrecional que le otorga el ordenamiento jurídico para remover libremente a los
servidores públicos que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. De
conformidad con el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, dicha facultad puede ejercerse sin
necesidad de motivar el acto, en tanto responde a criterios de confianza institucional y
oportunidad administrativa, y no a la evaluación objetiva del desempeño. En
consecuencia, el acto administrativo en cuestión se ajusta a la legalidad y no adolece de
vicio por ausencia de motivación, dado que esta no constituye un requisito exigible en
este tipo de decisiones.

7.15. En lo que atañe a la reparo expuesto contra la sentencia de primer grado, este
Tribunal encuentra que el Acto Administrativo contenido en el Decreto No. 109 del 10 de
noviembre de 2017, mediante el cual el Alcalde Municipal de Puerres declaró la
insubsistencia del nombramiento de la señora Sandra Liliana Sánchez como Gerente de
la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios ESERP E.S.P., inició su vida jurídica
desde el momento mismo de su expedición, en tanto fue emitido por autoridad
competente, en ejercicio de una facultad discrecional legalmente atribuida, y dentro del
marco normativo aplicable. Esta circunstancia configura su validez, entendida como
la conformidad del acto con los requisitos sustanciales y formales exigidos por el
ordenamiento jurídico, entre ellos la competencia, el procedimiento y la finalidad.

[…] 7.17. En el sub judice, el Decreto No. 109 fue expedido el 10 de noviembre de 2017,
esto es, antes del inicio del periodo de restricción previsto en el parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005, que comenzó el 11 de noviembre de aquel año. En consecuencia,
el acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora
Sandra Liliana Sánchez es válido desde su expedición, pues fue emitido por autoridad
competente, en ejercicio de una facultad discrecional legalmente atribuida, y dentro del
marco normativo vigente.

[…] 7.19. Siendo ello así, y considerando que el calendario electoral de ese año fijó como
fecha para la elección de congresistas el 11 de marzo de 2018 y la de presidente y
vicepresidente el 27 de mayo del mismo año, a partir del 11 de noviembre de 2017 el
Alcalde del municipio de Puerres no podía efectuar modificaciones en la nómina
municipal.

[…] 7.21. En ese orden de ideas, el hecho de que la notificación del acto se haya
realizado el 16 de noviembre no implica que su expedición haya ocurrido dentro del
periodo de prohibición electoral. La fecha relevante para efectos de analizar la legalidad
del acto frente a la Ley de Garantías es la de su expedición, no la de su notificación.

[…] En consecuencia, el Decreto No. 109 es un acto válido desde el 10 de noviembre
de 2017, y su eficacia frente a la señora Sandra Liliana Sánchez se habría producido a
partir de la notificación realizada el 16 de noviembre del mismo año, sin que ello implique
que el acto haya sido expedido en contravención de la Ley de Garantías. […]”20
(Resaltado original del texto).

20
Archivo denominado “005 Sentencia 2da Instancia […]”, visible a índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia,
certificado 98AF8A62DCDEB0BE 6903C51D54D0A628 9739E6E519A31A6E F1DF427A5CA93F24.

11

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01677-01
Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

4.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Nariño hizo un recuento, in extenso, del
régimen jurídico, y de su desarrollo jurisprudencial, de la naturaleza de los empleos
de libre nombramiento y remoción y de la facultad discrecional del nominador para
el retiro del servicio, así como abordó la distinción entre la validez y eficacia de los
actos administrativos.

Descendiendo al caso concreto, encontró acreditado que i) la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios de Puerres ESERP E.S.P., mediante Acuerdo 004 de 2012,
modificó sus estatutos y acogió lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3135 de
1968, en el sentido de establecer que el cargo de gerente tendría la naturaleza de
empleado público de libre nombramiento y remoción, designado por el alcalde
municipal; ii) el alcalde de Puerres expidió el Decreto 109 del 10 de noviembre de
2017, a través del cual declaró la insubsistencia del nombramiento de Sandra Liliana
Sánchez como gerente de la ESERP E.S.P; y iii) dicho decreto fue comunicado
mediante Oficio D.A. 576 del 10 de noviembre de 2017 y recibido por la interesada
el 16 siguiente a las 5:00 p.m.

Al respecto, el tribunal precisó que la validez del acto administrativo surge desde su
expedición, mientras que su eficacia frente a la destinataria se produjo con la
notificación, e igualmente, dijo que aquel fue expedido en ejercicio de la facultad
discrecional prevista en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, razón por la que no
requería motivación, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción.

Frente a la presunta vulneración de la Ley 996 de 2005 (ley de garantías
electorales), señaló que el período de restricción para modificar la nómina comenzó
el 11 de noviembre de 2017, teniendo en cuenta que las elecciones de Congreso
se celebraron el 11 de marzo de 2018 y las de presidente y vicepresidente el 27 de
mayo de 2018. De esa forma, determinó que el Decreto 109 fue expedido el 10 de
noviembre de 2017, es decir, antes del inicio de la prohibición prevista en el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, por lo que concluyó que el acto fue
expedido válidamente y no desconoció la norma en comento.

12

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01677-01
Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

En consecuencia, enfatizó que el Decreto 109 de 2017 era válido desde su
expedición el 10 de noviembre de 2017 y que la notificación realizada el 16 de
siguiente únicamente produjo efectos frente a la destinataria, sin afectar la legalidad
del acto ni implicar una expedición dentro del período de restricción electoral.

4.6. Así, para esta Subsección es claro que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en el proceso 52-001-33-33-003-2018-00090-00/01.
Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión
adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional,
en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.22

5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional. En consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, razón por la cual la Sala modificará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

21
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

13

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01677-01
Accionante: Sandra Liliana Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 13 de abril de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo
solicitado, para, en su lugar, declarar su improcedencia por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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