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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01679-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01679-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la aseguradora ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. y los MINISTERIOS DEL INTERIOR, TRANSPORTE y AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01679-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01679-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: AZARÍAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES AQUÍ
EXPUESTAS. NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA PARTE ACTORA PRETENDE REABRIR ASPECTOS
QUE YA FUERON OBJETO DE ANALISIS POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 15 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

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I.1.- La Solicitud

Los señores AZARÍAS ALOMIA RIASCOS, ANA COLOMBIA MINA

VALENCIA, MARTHA ELISA ALOMIA MINA y PEDRO ISABEL

RIASCOS RIASCOS, actuando a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el

formal, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA2 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA3, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 1o. de octubre de

2025 y 16 de enero de 2026, dentro de la acción de grupo identificada

con el número único de radicación 2008-00071-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que junto con otras personas, en ejercicio de la acción de

grupo, promovieron demanda contra los MINISTERIOS DE

TRANSPORTE, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante TRIBUNAL.

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3

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INTERIOR y JUSTICIA Y DEL DERECHO, el DEPARTAMENTO

DEL VALLE DEL CAUCA4, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS5

(INVIAS), la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL

VALLE DEL CAUCA6 (CVC) y el MUNICIPIO DE

BUENAVENTURA7, con el objeto de que se les declarara

responsables por los perjuicios causados como consecuencia de la

avalancha acaecida el 12 de abril de 2006 en varios caseríos de este

último ente territorial y que produjo la evacuación inmediata de la

población8.

Sostuvieron que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2008-00071-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO9 que, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2018

negó las súplicas de la demanda, decisión que fue revocada por el

TRIBUNAL en providencia de 20 de marzo de 2019 que, declaró la

responsabilidad del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE, la CVC, el INVÍAS y el CONSORCIO.

4
En adelante DEPARTAMENTO.
5
En adelante INVÍAS.
6
En adelante CVC.
7
En adelante MUNICIPIO.
8
En dicho proceso fue vinculado el CONSORCIO PROGRESO BUGA – en adelante CONSORCIO.
9
El cual en un inicio se identificó como JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA.

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4

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Refirieron que el JUZGADO mediante auto del 19 de octubre de

2022, revocó las actuaciones que había iniciado para identificar a los

beneficiarios de la indemnización, razón por la que presentaron una

solicitud de nulidad, la cual fue rechazada mediante auto del 21 de

abril de 2023.

Señalaron que luego de múltiples actuaciones, mediante auto de 2

de agosto de 2024, el JUZGADO identificó a las personas que debían

ser indemnizadas, decisión que fue objeto de recursos de reposición

y, en subsidio, de queja; siendo resuelto el primer de ellos de manera

desfavorable mediante providencia de 27 de agosto de ese año, y el

segundo, a través de proveído de 9 de septiembre de la misma

anualidad, en el que se aceptó su desistimiento.

Destacaron que debido a que en la etapa posterior a la sentencia de

segunda instancia se extravió una parte sustancial del expediente

que contenía los registros civiles y pruebas de legitimación en la

causa de la gran mayoría de los demandantes, presentaron solicitud

de reconstrucción, la cual fue negada mediante providencia de 1o.

de octubre de 2025 por el JUZGADO, decisión que fue objeto de

recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo desatados

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mediante proveído de 27 de ese mes y año, en el que no repuso la

decisión inicial y se rechazó por improcedente el de apelación.

Adujeron que contra la anterior decisión interpusieron recursos de

reposición y, en subsidio, de queja, siendo resuelto el primero de

ellos de manera confirmatoria mediante auto de 20 de noviembre de

2025 y se concedió el de queja.

Manifestaron que el TRIBUNAL en providencia de 16 de enero de

2026 declaró infundado el recurso de queja y confirmó la decisión de

tener por rechazado el de apelación.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual

manifiesto, pues a pesar de reconocer que el expediente se

encontraba incompleto, se abstuvo de activar el mecanismo legal

para su reconstrucción. Con esta omisión, se aplicó un formalismo

ciego y trasladó de manera injustificada a las víctimas las

consecuencias de una falla exclusiva del aparato jurisdiccional.

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Aseveraron que en el proceso objeto de tutela se admitieron

inicialmente más de 700 personas como demandantes, sin embargo,

debido a la pérdida de los documentos, en la etapa de ejecución solo

aparecen identificados 26 sujetos indemnizables, lo que evidencia

que la sentencia que se pretende ejecutar solo es posible para un

número reducido de beneficiarios.

Adujeron que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en

defecto sustantivo al realizar una interpretación y aplicación

irrazonable de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 472 de 5 de

agosto de 1998, pues se admitió la ejecución del fallo sin contar con

el expediente completo, lo que desnaturaliza la finalidad de la acción

de grupo.

Alegaron que también incurrieron en desconocimiento del

precedente jurisprudencial pues se aparataron de las directrices

fijadas por el Consejo de Estado10 sobre la materia, las cuales prevén

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de
noviembre de 2014, Rad. 76001-2331-000-2003-00834-02 (AG).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de febrero
de 2016, Rad. 05001-2331-000-2000-03491-01 (AG).

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. 05001-2331-000-2003- 03502-02 (AG).

Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021,
Rad.76001-2331-000-2002-04584- 02 (AG) REV-SU

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que el juez que conoce de la acción de grupo debe mantener un rol

activo y determinante en la etapa de ejecución con el fin de asegurar

la justicia material y la igualdad entre las víctimas.

Manifestaron que la falta de reconstrucción impide la plena

identificación real de los afectados, vulnerando así sus derechos

fundamentales y privilegiando las formas sobre lo sustancial, pues a

pesar de que han transcurrido más de 6 años desde que se profirió

la decisión condenatoria, las víctimas no han recibido el

resarcimiento económico allí ordenado.

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, los actores solicitaron como pretensiones las

siguientes:

“[…] SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo concedido,
se ordene al TRIBIINAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA que, en ejercicio de su función de control y dirección del
proceso, emita una decisión de reemplazo en la que se ordene la
reconstrucción del expediente judicial del proceso de acción de
grupo identificado con radicación 76109-33-31-002-2008-00071,
como presupuesto indispensable para la identificación real del
universo de demandantes, beneficiarios de la condena y la
ejecución integral del fallo.

TERCERA. Que se precise expresamente que la orden de
reconstrucción del expediente no afecta ni desconoce los

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reconocimientos y liquidaciones ya realizados, en especial respecto
de las veintiséis (26) personas que a la fecha han sido identificadas
como beneficiarias, garantizando la intangibilidad de sus derechos
adquiridos.

CUARTA. Que, una vez reconstruido el expediente, se garantice
que las actuaciones de ejecución y liquidación de la sentencia se
adelanten con base en el expediente completo, respetando los
derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia de todos los demandantes
beneficiarios del fallo […]” (Destacado texto original).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL luego de hacer un recuento del trámite surtido

dentro de la acción de grupo objeto de tutela, destacó que no se

advierte la configuración de los yerros endilgados por la parte actora

y, por el contrario, lo que se pretende es reabrir una discusión propia

del juez natural del proceso.

I.5.2.- El JUZGADO adujo que lo pretendido por la parte actora es

crear una instancia adicional dentro del proceso cuestionado.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El DEPARTAMENTO sostuvo que no es el llamado a

responder por las pretensiones solicitadas por la parte actora,

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máxime cuando no ha vulnerado los derechos fundamentales

invocados, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.2.- La aseguradora ZURICH COLOMBIA SEGUROS11 S.A.,

solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, pues

carece de legitimación en la causa por pasiva para atender los

requerimientos expuestos por la parte actora.

I.6.3.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE refirió que los

documentos presuntamente extraviados ya fueron encontrados e

incorporados al expediente contentivo de la acción de grupo objeto

de tutela, por lo que las pretensiones aquí expuestas carecen de

prosperidad.

Sumado a ello, solicitó ser desvinculado del presente trámite por

carecer de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.4.- INVÍAS adujo que lo pretendido por los actores es reabrir

una discusión ya resuelta por el juez natural del asunto, pues en sede

ordinaria se analizó en debida forma la solicitud de reconstrucción

11
Antes QBE SEGUROS S.A.

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del expediente.

I.6.5- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE solicitó ser desvinculado de la acción de tutela de la

referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva. Además,

subsidiariamente, solicitó que se deniegue el amparo deprecado por

cuanto no se han vulnerado los derechos fundamentales de los

actores.

I.6.6- El MINISTERIO DEL INTERIOR resaltó que carece de

legitimación en la causa por pasiva, por lo que debe ser desvinculado

de la acción de tutela ante la ausencia de hecho o responsabilidad

que le sea atribuible.

I.6.7- Las sociedades SOLETANCHE BACHY COLOMBIA S.A.S.,

CONSTRUCTORA PRECOMPROMIDOS S.A., CUBIDES & MUÑOS

LTDA, CONCREARMANDO LTDA. y RIVEROS LTDA, como

integrantes del CONSORCIO precisaron que la determinación de

veintiséis (26) beneficiarios en el fallo de acción de grupo no obedece

a una restricción caprichosa, sino al resultado del análisis probatorio

hecho por el JUZGADO, en el que únicamente ese grupo de personas

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acreditó las condiciones sustanciales de la condena impuesta.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 15 de mayo de 2026,

declaró improcedente el amparo al considerar que no se cumplía con

los requisitos generales de la relevancia constitucional y la

subsidiariedad.

Para el efecto, consideró que lo pretendido por los actores es usar la

acción de tutela como una instancia adicional, pues han formulado

solicitudes reiteradas dentro de la acción de grupo censurada pese a

que las autoridades judiciales accionadas han sido enfáticas en

exponer las razones por las cuales tanto la petición de reconstrucción

como los recursos han resultado improcedentes.

Consideró que el cargo del desconocimiento del precedente no

satisface el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la parte

actora no puso en consideración de los jueces naturales del asunto

las sentencias que ahora estima debieron servir de fundamento en

sus decisiones, sin que se acreditara razón alguna que justificara tal

omisión.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y

solicitó que se revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:

Manifestó que el a quo omitió examinar el verdadero problema

constitucional planteado, consistente en establecer si las autoridades

judiciales accionadas podían continuar con la ejecución de una

sentencia proferida dentro de una acción de grupo con el expediente

incompleto, pese a que tal situación excluye del reconocimiento

indemnizatorio a todos los allí beneficiarios.

Reiteró que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en

defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues prefirieron

ceñirse al contenido parcial y físico del expediente ordinario antes de

la verdad jurídica ya consolidada procesalmente, privilegiando así las

formas sobre lo sustancial.

Señaló que el ordenamiento jurídico prevé expresamente el

mecanismo de reconstrucción de expedientes, de tal forma que

negarse a ello bajo un criterio formalista desconoce sus derechos

fundamentales y la jurisprudencia constitucional, especialmente lo

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dispuesto en la sentencia T-429 de 19 de mayo de 201112, proferida

por la Corte Constitucional.

Afirmó que se realizó un traslado injustificado de la carga del error a

las víctimas, pues la custodia, conservación e integridad material del

expediente ordinario es responsabilidad directa del aparato de

justicia; sumado a ello, que continuar la etapa de liquidación e

indemnización colectiva con este incompleto despoja y excluye a

legítimos beneficiarios.

Aseveró que no comparte la decisión del a quo al declarar

improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito de la

subsidiariedad, pues es claro que no busca revivir debates ya

zanjados ni sustituir recursos, sino censurar la negativa de la parte

demandada en reconstruir un expediente antes de ejecutar la

sentencia condenatoria.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

12
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que el DEPARTAMENTO, la aseguradora ZURICH

COLOMBIA SEGUROS S.A. y los MINISTERIOS DEL INTERIOR,

TRANSPORTE y AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 200613, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

13
Criterio reiterado por la Corte en recientes pronunciamientos, entre estos, en sentencias T-262 de 5
de julio de 2024 y T-019 de 5 de febrero de 2026, M.P. Juan Carlos Cortés González y Miguel Polo
Rosero, respectivamente.

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya

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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En este punto se advierte que dichas autoridades fungieron como

parte demandada dentro de la acción de grupo objeto de

controversia, por lo que les asiste interés directo en las resultas del

proceso constitucional de la referencia. Por lo anterior, la Sala

denegará las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva y así se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que

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el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

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limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias de 1o. de octubre de 2025

y 16 de enero de 2026, proferidas, respectivamente, por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro de la acción de grupo identificada

con el número único de radicación 2008-00071-01.

A juicio de los actores, las accionadas vulneraron sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,

habida cuenta que, en su sentir, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en los defectos procedimental por exceso ritual

manifiesto, sustantivo y desconocimiento del precedente

jurisprudencial al negar la reconstrucción del expediente

contentivo de la acción de grupo y por adelantar la liquidación de

perjuicios con un proceso incompleto que reduce drásticamente el

número de beneficiarios y traslada injustificadamente a las víctimas

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las consecuencias de una falla exclusiva del aparato judicial en la

custodia de los documentos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 15 de mayo de

2026, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplían con los requisitos de la relevancia constitucional y la

subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó impugnación, en

la que sostuvo que el a quo partió de una premisa jurídica equivocada

al declarar la improcedencia por falta de subsidiariedad, pues la

solicitud de reconstrucción del expediente es un deber ineludible del

juez y no una carga procesal de las víctimas, y reiteró que las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto

procedimental por exceso ritual manifiesto al ejecutar una sentencia

colectiva utilizando un expediente materialmente incompleto.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

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de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si las accionadas vulneraron los derechos deprecados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 14, de manera

14
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».15

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación16, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [18].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

15
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [19].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [20].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la

[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [23]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

• De la providencia de 1o. de octubre de 2025, proferida por

el JUZGADO.

la Sala advierte que, frente a dicha decisión, la presente acción de

tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

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del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad

judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por

exceso ritual manifiesto, pues se privilegió el formalismo sobre lo

sustancial al omitir activar el mecanismo legal para la reconstrucción

del expediente ordinario, a pesar de reconocer que este se encuentra

incompleto.

Dichos aspectos, derivan de la interpretación que la parte actora

pretende que se dé a su situación particular y giran en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, la cual fue resuelta por el JUZGADO, así:

“[…] En primer lugar, sea del caso advertir que con respecto a lo
mencionado por el apoderado de la parte demandante respecto a
que presentó solicitud de reconstrucción del expediente y la misma
no ha sido resuelta de fondo desde el 2 de mayo de 2024, si bien
es cierto, tal y como aquel lo menciona fue presentado con
antelación recurso de apelación (Índice 100 del aplicativo Samai)
con el que se pretendía se revocara el Auto Interlocutorio No. 325
del 23 de abril de 2024 (índice 094 del aplicativo Samai) y se
efectuara la reconstrucción del expediente y que con el fin de
llevarse a cabo dicha reconstrucción se debía requerir a los
demandados y vinculados se sirvieran allegar al despacho copia de
los 6 cuadernos de anexos que les fueron entregados con la
notificación del traslado de la demanda, también lo es que
mediante el Auto Interlocutorio No. 629 del 4 de julio de 2024

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(Índice 119 del aplicativo Samai) se rechaza por extemporáneo e
improcedente dicho recurso, sin que el despacho omitiera la
necesidad de pronunciarse en el siguiente sentido:

“De otra parte, y a pesar de lo mencionado en precedencia, el
Despacho no puede omitir pronunciarse sobre lo manifestado por
el apoderado judicial de la parte actora, referente a que en el
proceso que se estudia y que fue redistribuido o reasignado a este
despacho por parte de la Oficina de Apoyo Judicial – Área de
Reparto – Dirección Seccional de Administración Judicial
Buenaventura – Valle del Cauca proveniente del suprimido Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, conforme a
lo indicado en el Acuerdo No. CSJVAA22-60 del 16 de diciembre de
2022 “Por medio del cual se distribuyen los procesos del Juzgado
2° Administrativo de Buenaventura a los Juzgados 1° y 3°
Administrativos del Circuito de Buenaventura, por supresión del
mismo ordenada en el Acuerdo PCSJA22- 12026 del 15 de
diciembre de 2022 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura”, hacen falta 6 cuadernos de pruebas en los que afirma
obran los registros civiles de nacimiento de los familiares de los
fallecidos y desaparecidos de la avalancha de lodo acaecida el 12
de abril de 2006, así como los registros civiles de defunción de las
víctimas beneficiarias de la sentencia de segunda instancia del 20
de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que menciona fueron aportados con la demanda.

Lo anterior sumado a que el proceso en referencia trata de una
acción constitucional y en aras de garantizar el derecho al acceso
a la administración de justicia de las personas que se hicieron parte
dentro de este expediente desde la presentación de la demanda,
las cuales puedan que hayan sido beneficiarias por la sentencia de
segunda instancia proferida dentro del presente proceso, el
Despacho procedió a realizar una búsqueda exhaustiva de dicha
documentación en los costales que fueron remitidos por parte de
la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, de los cuales no se
evidenciaron los cuadernos de anexos que afirma el apoderado de
los demandantes fueron aportados con la demanda.

Seguidamente y al no encontrar dicha información, el juzgado
requirió a la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura con el fin
de que revisaran en el archivo del suprimido Juzgado Segundo
Administrativo de Buenaventura que se encuentra en custodia de
aquellos, si habían más costales o cuadernos que hicieran parte de
ese expediente, encontrándose una caja rotulada con el numero
284 catalogada como copia traslados del proceso 2008-00071, la

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cual fue remitida a este Juzgado y que no había sido entregada con
el proceso en el momento de la reasignación efectuada, en la que
efectivamente se encontraron los 6 cuadernos de anexos con las
pruebas que enuncia la parte actora contentiva de registros civiles
de nacimiento y defunción de los demandantes, por lo cual, se
procedió a digitalizar los 6 cuadernos de anexos para que se
incorporaran al proceso y se subieran al aplicativo SAMAI, ya que
no obraban en el expediente digital que tramitaba el suprimido
Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, tal y como lo
indica la constancia secretarial del 29 de mayo de 2024 obrante en
el expediente a índice 111 del aplicativo SAMAI.

En virtud de lo anterior, el Despacho procedió a la revisión de los
documentos aportados por los demandantes y obrantes en los 6
cuadernos de anexos, de quienes tuvieron la oportunidad de
acreditar su parentesco y su afectación con la presentación de la
demanda, su adición y hasta antes del auto de apertura a pruebas,
encontrándose lo allí relacionado…”

Los referidos cuadernos de anexos fueron cargados al expediente
digital a índices 112 a 117 del aplicativo Samai, considerando el
despacho que a pesar de que aquella solitud se presentó como
fundamento a un recurso que no procedía y que se había
presentado de manera extemporánea, atendiendo los principios y
derechos de tutela judicial efectiva, procedió a resolverse su
solicitud y a tener en cuenta dichos documentos para efectos de
reconocimiento de personas beneficiarias del fallo en cuestión, de
igual manera, sea oportuno indicar que tampoco se vio la necesidad
de efectuar dicha reconstrucción, de acuerdo a lo expuesto por este
juzgado mediante el Auto Interlocutorio No. 751 del 2 de agosto de
2024 (Índice 142 del aplicativo Samai), en el sentido de
considerarse que:

“En lo concerniente al tema de que la foliatura de los 6 cuadernos
de anexos no conserva su respectivo orden lo que da a entender
que los mismos fueron manipulados por el extinto despacho judicial
y con ello no puede haber garantía seria de su contenido, esta
judicatura le expone al mandatario que dichos cuadernos obran de
manera física y original en el juzgado sin que se evidencie que
puedan ser copias, ya que la mayoría de los registros civiles de
nacimiento encontrados son los originales o copias auténticas,
situación que se evidencia de las firmas autógrafas y sellos en ellos
contenidos, así como tampoco se observa foliatura manuscrita
sobre todos los cuadernos de anexos, solamente algunos se
encuentran foliados, así como todos los demás cuadernos que
componen el expediente que si bien se han foliado con errores en

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la misma, también lo es, que es un proceso del año 2008 que debía
de haberse exigido en sus respectivos momentos procesales, en
suma de que esos 6 cuadernos de anexos se presentaron con la
demanda inicial. En igual sentido y de la revisión de los referidos
tampoco se puede advertir que su foliatura haya sido alterada o
siquiera borrada, por ello, no hay lugar a resolverse de manera
favorable la inconformidad alegada.” (Negrita y subraya fuera de
texto).

En ese orden de ideas, el despacho negará la solicitud de
reconstrucción del expediente, debiéndose tener a lo estimado en
los proveídos contenidos en los Autos Interlocutorios No. 629 del 4
de julio de 2024 (Índice 119 del aplicativo Samai) y 751 del 2 de
agosto de 2024 (Índice 142 del aplicativo Samai) […]”.

Mas adelante, en auto de 27 de octubre de 2025, el JUZGADO

resolvió no reponer la anterior decisión y rechazó por improcedente

el recurso de apelación, de la siguiente manera:

“[…] El despacho anticipa que no repondrá el auto recurrido, por
cuanto, como lo indica el apoderado de la entidad demandada
INVIAS, con dicho recurso lo que se intenta es volver a revivir
situaciones que ya han sido resueltas en providencias pasadas,
sumado a que la citada de resolución de su solicitud mediante el
Auto Interlocutorio No. 1164 del 1 de octubre de 2025 se
circunscribió netamente a ordenarse, tenerse a lo resuelto en los
proveídos contenidos en los Autos Interlocutorios No. 629 del 4 de
julio de 2024 (Índice 119 del aplicativo Samai) y 751 del 2 de
agosto de 2024 (Índice 142 del aplicativo Samai), sin que se
resolviera una nueva circunstancia.

En efecto, tal y como se mencionó en el proveído recurrido, con las
nuevas solicitudes incoadas o con el argumento de que las pasadas
peticiones no se resolvieron, lo que se intenta es volver a
cuestionar decisiones ya tomadas por el despacho, máxime que, se
reitera, en el refutado auto se mencionó que debía de tenerse a lo
estimado en los proveídos contenidos en los Autos Interlocutorios
No. 629 del 4 de julio de 2024 (Índice 119 del aplicativo Samai) y
751 del 2 de agosto de 2024 (Índice 142 del aplicativo Samai),
razones suficientes y demás para no reponer el auto en cuestión.

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De otra parte y frente al recurso de apelación interpuesto en contra
del Auto Interlocutorio No. 1164 del 1 de octubre de 2025, obrante
a índice 198 del aplicativo Samai, esta Judicatura dispondrá
rechazarlo por improcedente, en atención a que de conformidad
con lo expuesto en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, contra dicha
providencia no procede el referido recurso, tornándose
improcedente el referido […].

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada y de la

proferida el 27 de octubre de 2025, se extrae que el JUZGADO

encontró que la solicitud de reconstrucción del expediente

presentada por la parte actora carecía de objeto actual, toda vez que

dicha petición ya había sido formulada y resuelta de fondo a través

de los autos de 4 de julio y 2 de agosto de 2024, tras el hallazgo e

integración de todos los documentos al proceso contentivo de la

acción de grupo.

En efecto, destacó que luego del cierre del JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA y la

consecuente reasignación del trámite, el JUZGADO desplegó una

labor de búsqueda exhaustiva en coordinación con la Oficina de

Apoyo Judicial, logrando la localización de la caja de archivo

institucional que contenía los seis (6) cuadernos de anexos originales

aportados con la demanda; folios que salvaguardan los registros

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civiles de nacimiento y defunción de las víctimas de la avalancha del

corregimiento de Bendiciones y que ya habían sido plenamente

digitalizados e incorporados a los índices 112 al 117 del aplicativo

SAMAI para efectos de evaluar el reconocimiento de los beneficiarios

de la condena impuesta en la sentencia de segunda instancia.

Ahora, respecto a la reiteración del presunto desorden o alteración

en la foliatura de las piezas procesales recuperadas, el JUZGADO

constató que, mediante el referido auto de 2 de agosto de 2024, ya

había resuelto formalmente tal inconformidad al verificar

materialmente la autenticidad, sellos y firmas de los registros civiles

originales, descartando cualquier signo de enmendadura o

manipulación fraudulenta.

En ese orden de ideas, al estar plenamente definida la situación

jurídica de la petición y establecida la integridad material de los

documentos en la plataforma digital SAMAI, concluyó que se subsanó

oportunamente la anomalía operativa en la custodia de los archivos,

haciendo innecesaria e improcedente la apertura de un trámite

incidental de reconstrucción de expediente.

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Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado al asunto. Situación

distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, al

ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la

que goza el juez de conocimiento, el JUZGADO decidió el asunto

sometido a su consideración.

• De la providencia de 16 de enero de 2026, proferida por el

TRIBUNAL.

La parte actora también alega la presunta vulneración de sus

derechos fundamentales invocados con ocasión de la providencia de

16 de enero de 2026, proferida por el JUZGADO, que resolvió el

recurso de queja interpuesto contra el auto de 27 de octubre de

2025, que rechazó por improcedente el recurso de apelación

formulado contra la providencia de 1o. de ese mes y año.

La Sala destaca que, respecto de dicha providencia, tampoco se

cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, toda

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vez que lo pretendido es reabrir un debate ya surtido por el juez

natural del asunto, de forma admisible.

En efecto, a juicio de los actores, el TRIBUNAL optó por mantener

la validez de un trámite de ejecución apoyado en un expediente

incompleto, sin adoptar una medida procesal idónea para superar el

obstáculo real que impide la adecuada ejecución de la sentencia

condenatoria, por lo que debió ordenar la reconstrucción de este.

Lo anterior, fue objeto de pronunciamiento por parte del TRIBUNAL

en la providencia enjuiciada, en la cual consideró lo siguiente:

“[…] 18. La parte actora plantea que la decisión tiene efectos
materiales en la determinación de beneficiarios y en la ejecución
del fallo de segunda instancia, lo que, según dice, justificaría su
revisión por el superior. Sin embargo, esta argumentación no
puede prevalecer frente a la estructura del sistema recursivo. El
criterio técnico de procedencia no se determina por el impacto que
las partes atribuyen a la decisión, sino por la categoría jurídica del
acto procesal y su ubicación dentro del marco normativo.

19. La eventual relevancia práctica que una providencia pueda
tener dentro del trámite no constituye, por sí sola, un criterio que
habilite la procedencia del recurso. La apelación solo procede
cuando existe una habilitación legal expresa que determine de
manera inequívoca los actos sometidos a doble instancia, pues no
puede sustentarse en valoraciones subjetivas sobre el impacto o
conveniencia de un examen del superior. Extender su alcance más
allá de esa delimitación normativa implicaría desbordar el diseño
legal y convertir la ponderación judicial en un mecanismo de
creación de recursos no previstos en el ordenamiento.

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20. Aun cuando la reconstrucción documental pueda incidir
indirectamente en la ejecución del fallo o en la identificación de
beneficiarios, ello no altera la naturaleza instrumental del auto que
la resuelve. Se trata de una decisión orientada a preservar la
integridad del expediente, que no define derechos ni modifica el
objeto del litigio. Su ubicación normativa no puede transformarse
a partir de consideraciones sobre sus efectos prácticos, pues ello
desconocería la estructura taxativa del artículo 243 del CPACA y
excedería la competencia del juez al momento de determinar la
procedencia del recurso.

21. Tampoco resulta jurídicamente viable invocar principios como
la prevalencia del derecho sustancial o el acceso a la justicia para
ampliar la procedencia del recurso. Dichos principios orientan la
interpretación judicial, pero no autorizan la creación de medios de
impugnación no previstos por el legislador.

22. Verificada la naturaleza del acto y la ausencia de habilitación
legal, el Tribunal concluye que el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Buenaventura aplicó correctamente el
parámetro normativo al rechazar la apelación. La decisión se ajusta
a los límites competenciales definidos por el legislador y respeta el
carácter cerrado del catálogo previsto en el artículo 243 del CPACA
[…]”.

De lo anterior se colige que el TRIBUNAL consideró que la relevancia

práctica o el impacto material que la parte actora le atribuyó a la

decisión sobre la reconstrucción del expediente, no constituían

criterios válidos para habilitar la procedencia del recurso de apelación

interpuesto.

Aseveró que la viabilidad de la doble instancia no se determina por

valoraciones subjetivas de conveniencia o por los efectos indirectos

del proveído en la identificación de beneficiarios, sino por la categoría

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jurídica del acto procesal y su habilitación legal expresa, de tal forma

que invocar principios de rango constitucional como el acceso a la

administración de justicia o el principio de prevalencia del derecho

sustancial sobre el formal, no autoriza al juzgador para desbordar el

diseño normativo ni para crear medios de impugnación no

contemplados por el legislador, pues ello implicaría una invasión

flagrante de sus competencias.

En esa medida, el TRIBUNAL al verificar el carácter meramente

instrumental del auto que resolvió la reconstrucción del expediente,

destacó que resultaba imperativo respetar la estructura taxativa y de

derecho estricto prevista en el artículo 243 del CPACA, y al carecer

el proveído de 1o. de octubre de 2025, de una habilitación legal para

ser sometido a una revisión en segunda instancia, concluyó que el

JUZGADO aplicó correctamente el parámetro normativo al rechazar

el recurso de apelación por improcedente, ajustándose estrictamente

a los límites competenciales y al ordenamiento jurídico.

Por último, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

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la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace

alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección24 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

Así las cosas, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural al asunto, en el cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter

de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y

de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, se confirmará la decisión del a quo, que

declaró improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones

aquí expuestas y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la aseguradora

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. y los MINISTERIOS DEL

INTERIOR, TRANSPORTE y AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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