Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01680-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01680-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01680-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01680-00
Accionante: Paola de Jesús Pareja Agamez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 1
Tema: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, entre otros. Tutela contra providencia judicial.
Reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de los
incrementos decretados para los años 2008 y 2009, para docentes
ubicados en el escalafón 1B. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Paola de Jesús Pareja
Agamez, mediante apoderada, en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena,
Despacho 1.
ANTECEDENTES
La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y
al principio de favorabilidad; que considera vulnerados por la sentencia del 30 de
julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 47001-33-33-010-2024-00209-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que la accionante ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 1B del
escalafón docente vigente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
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Que el Gobierno Nacional «dispuso incrementos iguales para el personal - Archivo Central.
docente
vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 durante
los años 2005, 2006 y 2007. No obstante, para los años 2008 y 2009 decretó
aumentos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho
personal».
Que, por lo anterior, la accionante se vio afectada porque los docentes ubicados en
categorías inferiores, como la 1A, fueron beneficiados con mayores incrementos
salariales respecto de su categoría (1B), «para el año 2008, la categoría 1A recibió
un aumento del 14,11%, mientras que la categoría 1B obtuvo solo un 10,23%; y
para el año 2009, el incremento para 1A fue del 15,61%, en tanto que para 1B
apenas alcanzó el 12,11%».
Que presentó reclamación administrativa ante la Nación- Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales decretados para el año 2008 y 2009; dicha petición fue negada mediante
el Oficio núm. 2024-EEE-053367 del 27 de febrero de 2024 y un acto ficto o
presunto.
Que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación- Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Magdalena, le
correspondió al Juzgado 10º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta
con radicado 47001-33-33-010-2024-00209-00, quien en sentencia del «4[sic]» de
abril de 2025 denegó las pretensiones, decisión que fue confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 1 en providencia
del 30 de julio de igual año.
Considera que en la providencia del 30 de julio de 2025 se configuran los siguientes
defectos:
• Sustantivo, en criterio de la accionante la sentencia objeto de discusión no logra
articular cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical, que defiende los
incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño y las competencias
del personal docente, podría justificar la legalidad de los aumentos desiguales en el
caso de la demandante, quien demostró que ocupaba una posición superior en el
escalafón 1B en comparación con la categoría 1A, para los años 2008 y 2009.
• Fáctico, el Tribunal valoró de manera indebida el material probatorio «respecto del
debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo
que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel
inferior del escalafón, como es el caso del escalafón 1A, en comparación con la
accionante, quien se encontraba en la categoría 1B, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas».
Por otro lado, trajo a colación caso similar al planteado, donde el Juzgado 23
2
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Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, mediante sentencia - Archivo
del 25Central.
de
marzo de 20251, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, al constatar
que el incremento salarial otorgado al nivel inferior -2A- fue inferior al del nivel
superior -2B.
PRETENSIONES
La accionante pide que se amparen los derechos invocados; dejando sin efectos la
sentencia del 30 de julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-010-2024-00209-00 [01]
y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que emita una nueva
decisión con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y,
analizando las particularidades del caso concreto.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 4 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela, se vinculó como terceros
interesados al Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Magdalena
y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 1 indicó que en sentencia
del 30 de julio de 2025 la Sala accionada determinó que los aumentos salariales
que se realizaron de manera distinta según el escalafón docente, para los años 2008
y 2011, por sí sola no implican la transgresión de los derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo y a la igualdad, en atención a que el Gobierno Nacional
está facultado para fijar incrementos diferenciados, siempre y cuando se oriente a
cumplir con fines legítimos como el fomento de la profesionalización docente.
Concluyó que los incrementos salariales diferenciados aplicados por el Gobierno
Nacional a los docentes en los años 2008, 2009 y 2011 se encontraban amparados
por la facultad legal establecida en la Ley 4ª de 1992 y desarrollada en el Decreto
Ley 1278 de 2002, en concordancia con los principios del estatuto docente.
Por lo anterior, pidió que se niegue el amparo invocado, bajo el entendido que la
situación narrada por la accionante demuestra más bien una inconformidad con la
decisión proferida en el proceso ordinario.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente por no satisfacer los requisitos de: relevancia constitucional, ya que
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
1 Radicado núm. 05001-33-33-023-2024-00171-00
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económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que- Archivo
excedeCentral.
la
competencia del juez de tutela, y subsidiariedad.
La Gobernación del Magdalena solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela, ya que lo que pretende la accionante es reabrir el análisis, para determinar si
la interpretación acogida por el Tribunal Administrativo del Magdalena debió ser
otra, lo que significa desconocer los principios de autonomía judicial y
subsidiariedad del amparo.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.- Archivo Central.
[...]
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...].»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
5
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i. Violación directa de la Constitución.»4 - Archivo Central.
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Paola de Jesús Pareja Agamez estima que el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Despacho 1 transgrede sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la tutela
judicial efectiva y al principio de favorabilidad, con ocasión de la sentencia del 30 de
julio de 2025, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 47001-33-33-010-2024-00209-00 [01].
A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: sustantivo, bajo
el entendido que el Tribunal no logró explicar cómo la tesis sustentada por la
jurisprudencia vertical, que defiende los incrementos salariales basados en la
idoneidad del desempeño y las competencias del personal docente, podría justificar
la legalidad de los aumentos desiguales en el caso de la demandante, quien
demostró que ocupaba una posición superior en el escalafón 1B en comparación
con la categoría 1A, en los años 2008 y 2009.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.
6
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En el fáctico, porque la parte demandada no acreditó que el mayor - incremento
Archivo Central.
salarial otorgado a los docentes ubicados en el escalafón 1A, inferiores a la
categoría 1B, atienda a razones objetivas, verificables y debidamente
fundamentadas.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 30 de julio de 2025
cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional en la
medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por incurrir en los errores citados, la demandante
argumentó suficientemente la solicitud; b) la accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó el 3 de marzo del año en curso, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, lo cual fue el 8
de septiembre de 2025 y cobró ejecutoria el 15 del mismo mes y anualidad y d) la
tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 1 señaló que el problema
jurídico era determinar si los aumentos salariales decretados por el Gobierno
Nacional se realizaron conforme a las facultades legales otorgadas por la Ley 4ª de
1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Además, establecer si la parte demandante
no logró demostrar que las diferencias salariales vulneraban los derechos
fundamentales al trabajo o a la igualdad y, por lo tanto, se considera justificada la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
El Tribunal adujo que el Gobierno Nacional tiene la facultad legal de establecer los
aumentos salariales diferenciados entre docentes según su grado y escalafón. El
Decreto Ley 1278 de 20028 creó 3 grados definidos por el nivel de formación (1,2 y
3) y 4 niveles salariales (A, B, C y D).
De lo anterior, consideró que el propio ordenamiento jurídico autoriza diferencias
remunerativas entre docentes de distintos grados/niveles, ya que sus puestos no
son homogéneos, sino que implican requisitos y perfiles distintos.
Descendiendo al caso concreto, el Tribunal encontró acreditado que la señora
Pareja es docente y ostenta el escalafón 1B.
Indicó que de la revisión de los decretos que establecen y modifican la remuneración
de los servidores públicos, docentes y directivos, se tiene que los aumentos
decretados para los años 2006, 2007 y 2010 son uniformes para todos los niveles
del escalafón «fijándose así para el primero de ellos un aumento del 5%, para el
segundo 4.5% y para el ultimo [sic], esto es 2010 un aumento de la asignación
salarial en un porcentaje del 2%»; sin embargo, para los años 2008, 2009 y 2011 el
incremento no fue uniforme para todos los escalafones docentes.
8 Regula las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, con el objetivo de garantizar una docencia
ejercida por profesionales idóneos, reconociendo su formación, experiencia, desempeño y competencias como
elementos esenciales para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01680-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Mencionó el principio de «a trabajo igual salario igual», donde el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B9 manifestó que un examen adecuado para hallar
un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares y no entre
similares con ciertas diferencias.
En esa medida, expresó que el Gobierno Nacional tiene competencia para fijar el
régimen salarial de los docentes, conforme a la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1278
de 2002, y que los incrementos diferenciados según grado y nivel no vulneran el
principio de igualdad cuando se basan en criterios objetivos como formación
académica y evaluación por competencias.
Indicó que en el asunto la demandante cuestiona que el Gobierno Nacional hubiera
establecido aumentos salariales distintos según el escalafón docente en el año
2009; para el Tribunal esa diferencia por sí sola no implica una vulneración del
derecho a la igualdad y al trabajo de los docentes, esto se debe a que, el Gobierno
tiene la facultad legal de fijar incrementos diferenciados. Esta potestad permite
establecer aumentos variados entre los escalafones, siempre que se orienten a
cumplir con fines legítimos como el fomento de la profesionalización docente.
En cuanto al juicio de la igualdad, precisó que este se efectúa entre sujetos en
condiciones fácticas y jurídicas equiparables. En el caso concreto, los incrementos
salariales diferentes alegados por la accionante, corresponden a niveles diferentes
del escalafón, con requisitos de ingreso, ascenso y formación distintos; por lo que,
no resulta procedente equipararlos en términos salariales sin desconocer la
naturaleza progresiva del sistema.
Conforme a lo expuesto, el Tribunal concluyó que no se encuentra demostrado un
tratamiento injustificado frente al incremento salarial de la docente Pareja, ya que si
bien los docentes 1A y 1B, pueden desarrollar las mismas funciones porque tienen
el mismo escalafón, no se encuentran en idéntica situación fáctica ni jurídica.
En ese orden, el Tribunal confirmó la sentencia del 7 de abril de 2025 que profirió el
Juzgado 10º Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta.
Frente al defecto sustantivo, alegado, no se observa cuál fue la norma que el
Tribunal presuntamente inadvirtió o no tuvo en cuenta; ni que haya interpretado de
manera irracional o errónea alguna disposición legal pues desarrolló normativa y
jurisprudencialmente el tema abordado y resolvió de forma completa cada uno de
los puntos establecidos en la apelación.
En cuanto al desarrollo del test de igualdad que dice echar de menos la parte actora,
la autoridad judicial dejó claro que no era posible ese análisis, debido a la diferencia
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. del 25 de mayo de 2023. Magistrado Ponente: Juan
Enrique
Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-2019-02694-01 (0366-2022)
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01680-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de grados en el escalafón. - Archivo Central.
Frente al defecto fáctico tampoco se observa cuáles fueron las pruebas que la
autoridad judicial accionada omitió decretar, practicar o valorar, ni se evidencia una
apreciación contraevidente o defectuosa del material probatorio ni que se haya
ignorado algún elemento, sino que, por el contrario, se estudió de manera íntegra el
acervo probatorio.
En cuanto, a la mención que hace la accionante de la decisión del Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellín, este no constituye precedente obligatorio
para el Tribunal Administrativo del Magdalena en el caso a estudio, acorde con lo
establecido por la jurisprudencia constitucional10.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, puesto que no se materializaron
los errores: sustantivo y fáctico, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Paola de Jesús
Pareja Agamez, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-484 de 2024.
9
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