Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01681-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01681-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01681-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01681-011
Accionante : José Héctor Maestre Herrera
Accionado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, Municipio de
Valledupar y Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) proferido por el Consejo de
Estado, Sección Quinta2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor José Héctor Maestre Herrera, quien actúa a través de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
C. P. Gloria María Gómez Montoya.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 28 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número
20001-33-33-005-2024-00249-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
del (la) señor (a) JOSE HECTOR MAESTRE HERRERA, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas
Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en
el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente JOSE HECTOR MAESTRE HERRERA a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, es docente oficial en la categoría 2C del
escalafón docente, conforme al régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002.
5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor José Héctor Maestre Herrera presentó demanda contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Valledupar, encaminada a que
se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 que fijó la escala salarial del
personal docente, y se declarara la nulidad de los Oficios núm.
VAL2024ER002991-VAL2024EE006343 del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil
Veinticuatro (2024) y 2024-EE-060384 del Veintiocho (28) de Febrero de Dos Mil
Veinticuatro (2024), mediante los cuales, el ente territorial y el Ministerio,
respectivamente, le negaron «[…] el derecho a la diferencia en el incremento salarial que
fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón
2A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14.11%, por medio de los Decretos
Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuado
a la categoría del escalafón 2C, fue una disminución del -4.37% en su salario; así como también,
por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 […]».
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
6. A título de restablecimiento del derecho, solicitó «[..] el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales causadas durante los últimos tres (3) años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa, en virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las
que se causen hacia el futuro».
7. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Quinto (5) Administrativo de
Valledupar4 que, mediante sentencia del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), negó las pretensiones al concluir que, «[…] no hay una afectación
a los docentes de escalafón 2C porque el aumento salarial que se realizó a los docentes de la 2A
se encuentra justificado en los niveles de estudio, experiencia y escalafón a los que estos se
encuentran, además no se pudo demostrar que al aumentarle el salario en mayor proporción a los
docentes de la 2A se vulneraran los derechos a la igualdad de los docentes de la 2C porque no
están en el mismo grado, y la diferencia se realiza de acuerdo a los niveles académicos y demás
criterios de preparación y mérito».
8. Inconforme con esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Cesar, en el sentido de confirmarla, con fundamento en que, «[…]
no existe discriminación al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las
mismas funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la
estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su
formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los
requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el
caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia
que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón» .
9. Sobre la precedente situación, el actor sostiene que, la providencia reprochada
incurrió en defecto sustantivo por cuanto convalidó los incrementos salariales
diferenciados fijados para 2008 y 2009 entre las categorías 2A y 2C del escalafón
docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, sin aplicar de manera
adecuada los mandatos de igualdad y equidad retributiva previstos en los artículos
13 y 53 de la Constitución y en la Ley 4 de 1992. En su criterio, la decisión omitió
exigir una justificación objetiva, técnica y verificable que, explicara por qué una
categoría inferior recibió un aumento superior, lo que desnaturaliza la lógica de
progresión por mérito y genera una afectación permanente en la base salarial.
4
Proceso núm. 20001-33-33-005-2024-00249-00/01.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
10. De otra parte, en defecto fáctico, al «[…]incurri[r] en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado […] por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara
la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto
[…]».
11. Finalmente, señaló que, en un asunto de supuestos fácticos similares, el
Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín, mediante sentencia del Veinticinco
(25) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)5, accedió a las pretensiones, al
estimar configurado un trato inequitativo derivado de un incremento salarial
desproporcionado entre niveles. Agregó que, esa misma postura fue reiterada por
el Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín en providencia del Ocho (8) de
Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)6.
1.4 Contestación de la acción
12. 1.4.1 El Tribunal Administrativo del Cesar7 precisó que, «[…] los once (11)
despachos administrativos del circuito de Valledupar y los seis (6) despachos del Tribunal
Administrativo han mantenido una línea uniforme en la decisión de los procesos relacionados con el
incremento salarial por concepto de escalafón docente desestimando las pretensiones de las
demandas presentadas, conforme al marco legal y constitucional vigente.» .
13. 1.4.2 El municipio de Valledupar8 solicitó declarar improcedente la tutela al no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues, el actor pretende reabrir
un debate de naturaleza legal ya resuelto por el juez de la causa. Además, no se
evidencia una actuación arbitraria o ilegítima por parte del Tribunal, sino una
inconformidad con la interpretación y aplicación de las normas salariales
efectuadas por el accionado.
14. 1.4.3 El Ministerio de Educación Nacional 9 adujo que, carece de legitimación
en la causa por pasiva dentro del trámite, toda vez que, la controversia planteada
recae sobre una decisión emitida por el Tribunal demandado. Además, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que el asunto carece de
relevancia constitucional, en la medida en que el debate se contrae a una
5
Proceso núm. 05001-33-33-023-2024-00171-00.
6
Proceso núm. 05001-33-33-028-2024-00163-00.
7
Índice 14 de SAMAI del proceso de primera instancia.
8
Índice 16 de SAMAI del proceso de primera instancia.
9
Índice 17 de SAMAI del proceso de primera instancia.
4
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Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
controversia de naturaleza estrictamente económica y en una inconformidad del
actor con la decisión adoptada por el juez natural, lo cual desborda la finalidad del
mecanismo constitucional.
15. 1.4.4 El Juzgado Quinto (5) Administrativo de Valledupar guardó silencio en
la oportunidad prevista para el efecto.
1.5 Providencia impugnada10
16. Mediante sentencia del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, al considerar que, la controversia planteada por el actor no superaba el
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, sostuvo que, los reproches
formulados reflejaban una mera inconformidad con los criterios adoptados por el
juez natural, sin que se evidenciara una afectación a los derechos fundamentales
invocados que justificara la intervención del juez constitucional.
17. Adicionalmente, señaló que, el demandante pretendía convertir el mecanismo
constitucional en una instancia adicional, toda vez que, los argumentos invocados
para sustentar los defectos atribuidos a la decisión cuestionada ya habían sido
planteados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
desvirtuados por la autoridad judicial accionada.
1.6 La impugnación11
18. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para lo cual,
reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
19. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo
10
Índice 27 de SAMAI del proceso de primera instancia.
11
Índice 32 de SAMAI del proceso de primera instancia.
12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
5
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Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)15 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción
20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Legitimación en la causa por pasiva
21. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional16, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
22. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el escrito de intervención solicitó
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
profirió la providencia cuestionada.
23. Al respecto, la Sala advierte que, su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.
2.4 Problema jurídico
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
16
Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.
6
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Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
24. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, el
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia del Veintisiete (27) de
Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), en la que el Juzgado Quinto (5) Administrativo
de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-005-
2024-00249-00/01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
25. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 17 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado18, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
26. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
17 Sentencia C-590 de 2005.
18 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
7
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
27. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.6 Caso concreto
28. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio del actor,
en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada con la
fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
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hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó
ejecutoriada el Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)19 y la solicitud
de amparo se presentó el Tres (3) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir,
dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.
29. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico invocadas por el accionante.
2.6.1 Defecto sustantivo
30. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
31. La jurisprudencia constitucional20 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales21.
2.6.2 Defecto fáctico
32. Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
19
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
20
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
21
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
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contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »22.
33. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra23.
2.7 Análisis del caso concreto
34. En el asunto sub examine, el demandante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto convalidó los incrementos salariales
diferenciados fijados para 2008 y 2009 entre las categorías 2A y 2C del escalafón
docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, sin aplicar de manera adecuada
los mandatos de igualdad y equidad retributiva previstos en los artículos 13 y 53 de
la Constitución y en la Ley 4 de 1992. En su criterio, la decisión omitió exigir una
justificación objetiva, técnica y verificable que, explicara por qué una categoría
inferior recibió un aumento superior, lo que desnaturaliza la lógica de progresión por
mérito y genera una afectación permanente en la base salarial.
35. Asimismo, en defecto fáctico, al «[…]incurri[r] en una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado […] por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara
la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] resulta
imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan
inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto
[…]».
36. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
[…] sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente, que el Gobierno Nacional
está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la asignación salarial
diferente entre los escalafones y niveles salariales de los docentes, en otras palabras,
que el aumento salarial debe ser igual para todos los docentes cada año, lo indicado
por el apelante pierde sustento, toda vez que el Gobierno Nacional cuenta con amplia
22
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
23
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
Accionante: José Héctor Maestre Herrera
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potestad de configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada
año y los mismos deben obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 1992.
Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones
salariales de la población docente oficial de específica para cada grado y nivel salarial
para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las normas que
rigen la materia y con base en la amplia potestad de configuración normativa que fue
otorgada por la misma Constitución Política.
En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de motivación en
los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el porcentaje de aumento
salarial a pagar, es necesario aclarar que los decretos que establecen la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes son un acto administrativo
de carácter general, en ese sentido, no requieren ser justificados con el mismo detalle
que un acto particular y concreto, respecto de las modificaciones que pueda realizar
siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley marco, pues la motivación se
entiende implícita en la amplia facultad de configuración normativa que fue conferida al
Gobierno Nacional por el legislador para la materia.
[…]
De otro lado, el recurrente alegó que los actos administrativos demandados vulneran el
principio de igualdad y el principio de “a trabajo igual salario igual” de la población
docente afectada. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha sido incisiva en destacar
que en un estado social de derecho la igualdad protegida por la Constitución no es
matemática sino material […].
[…]
De igual manera, sobre el principio de “a trabajo igual salario igual” el Consejo de
Estado24 en reciente jurisprudencia se pronunció indicando:
“155. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido
otorgar un trato diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: “[…] que
las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato
distinto que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale
decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; que
el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue
y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo,
guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte
que la consecuencia Jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta
desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican […]” .
156. De la jurisprudencia en mención se puede concluir que el trato diferenciado es
constitucionalmente admisible siempre que cumpla con una serie de requisitos
estrictos de razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior refuerza el principio de
igualdad material consagrado en la Constitución Política, que permite excepciones
al trato igualitario en la medida en que estén justificadas en criterios objetivos y
razonables, evitando discriminaciones arbitrarias o desproporcionadas.
[…]
Del mismo modo, se tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra
conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación
académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez
superado la evaluación del periodo de prueba o las evaluaciones de desempeño y
competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 2025 y siguientes del Decreto 1278
de 2002.
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Consejo de Estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
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ARTÍCULO 20. ESTRUCTURA DEL ESCALAFÓN DOCENTE. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3) grados.
Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales
(A - B - C - D).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que fijó
la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por grado
de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo del
mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los docentes
del grado 2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes tuviesen título
de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor nivel de
formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y criterios de la
Ley 4 de 1992.
En el caso concreto se evidencia que, la parte actora está inconforme con el aumento
del salario fijado al nivel y grado que le corresponde. con respecto al de otro punto del
escalafón, pero por ello no puede predicarse la igualdad, porque el comparativo muestra
que no lo son, acorde con la estructura de la población docente, dejando infundado el
argumento de desigualdad alegado por la parte activa.
Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar
incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones,
bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del
escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación
académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los
requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o
competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en
el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de
escalafón.
37. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la autoridad
demandada aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2002, distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.
38. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta Corporación en un asunto de similares contornos26, según el cual,
«[l]a jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido otorgar un trato
diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: […] que las personas se encuentren
efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores
y principios constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad
que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo,
guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la
consecuencia Jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con
las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican» .
Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el título académico
que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio,
siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en
el artículo 36 del presente decreto.
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Consejo de Estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. C.P. Germán
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Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
39. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento del tutelante
con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, «[…] si bien [los docentes] desempeñan las mismas funciones, bajo
las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente
clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos
puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del
periodo de prueba, desempeño o competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto
1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso
de escalafón».
40. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cesar, ya había resuelto
con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), en el que el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar negó
las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Valledupar (expediente 20001-33-33-005-2024-00249-00/01), la cual
reiteró en esta acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto
sustantivo y defecto fáctico), lo que denota que su intención, más allá de manifestar
la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses.
41. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados
por el accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con la
postura jurisprudencial sobre la materia.
42. De otro lado, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01681-01
Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
43. Finalmente, frente a las decisiones invocadas por el accionante, proferidas por
los Juzgados Veintitrés y Veintiocho Administrativos de Medellín, la Sala precisa
que estas no constituyen un precedente obligatorio para la autoridad judicial
accionada, máxime cuando fueron objeto de recurso de apelación y aún se
encuentran pendientes de decisión.
III. DECISIÓN
44. La Sala considera que, en el presente asunto la parte actora no acreditó que la
providencia cuestionada hubiere incurrido en los defectos sustantivo y fáctico, por
tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, conforme a la motivación.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor José
Héctor Maestre Herrera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Quinta, de esta
Corporación y remitir copia.
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Accionante: José Héctor Maestre Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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