Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01688-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01688-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01688-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso disciplinario abogado
/ Recurso de queja y prescripción de la acción disciplinaria /
Defecto sustantivo, procedimental, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Juan Sebastián Bustos Ortega en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Juan Sebastián Bustos Ortega promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho y garantía fundamental al debido proceso, con ocasión de las
providencias proferidas el 11 y 23 de febrero de 2026 por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en el expediente identificado con el radicado18001-25-02-000-
2025-00213-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Caquetá remitió la compulsa de
copias ordenada el 27 de enero de 2022, por el Juzgado Tercero Administrativo de
Florencia al interior del proceso 18001-33-31-001-2005-00017-00, por la presunta
conducta irregular del abogado, «quien tenía la representación judicial y extrajudicial del
municipio de El Doncello, para las vigencias 2020-2021 […] por la no contestación de los
oficios del 28 de septiembre de 2020 y 04 de febrero de 2021».
1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
2.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá adelantó el proceso
disciplinario 18001250200020250021301 en el que emitió la sentencia del 18 de
diciembre de 2025 con la que sancionó al demandante con suspensión de 6 meses
en el ejercicio de la profesión, al infringir el deber señalado en el artículo 28 numeral
10 de la Ley 1123 de 2007, e incurrir a título de culpa en la falta consagrada en el
artículo 37 numeral 1° de la ley ibidem.
2.3.El disciplinado presentó solicitud de corrección, aclaración y adición del
pronunciamiento de primera instancia, la cual fue rechazada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, a través del auto del 19 de enero de
2026.
2.4. El juez de primera instancia emitió el auto del 23 de enero de 2026 con el que
concedió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del disciplinado
y rechazó por extemporáneo el presentado por este último, además de enviarlo al
superior funcional con advertencia de riesgo de prescripción.
2.5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia del 11 de febrero de
2026 confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia con similares
argumentos2.
2.6. El disciplinado presentó solicitud de aclaración de la sentencia de segunda
instancia y prescripción de la acción disciplinaria que fue resuelta por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en providencia del 23 de febrero de 2026 con la que
se pronunció de manera desfavorable a los requerimientos mencionados.
2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, por lo siguiente:
2.7.1. Se desconoció el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria,
pese a que esta fue alegada de manera expresa y oportuna por el investigado. En
efecto, aunque la sentencia de segunda instancia fue expedida el 11 de febrero de
2026, su notificación se surtió únicamente los días 17 o 18 de febrero de 2026,
momento para el cual ya había operado el término de prescripción de 5 años
contado desde la fecha de consumación de la falta (16 de febrero de 2021),
conforme al artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. Aun así, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial rechazó la solicitud de prescripción presentada el 19 de febrero
de 2026 y expidió una constancia de ejecutoria computada desde la fecha de
expedición del fallo y no desde su notificación, en contravención del artículo 56 de
la Ley 270 de 1996 y del debido proceso, ejerciendo la potestad sancionadora
cuando está ya se encontraba legalmente extinguida.
2
Dos de los magistrados que conformaron la Sala de decisión salvaron su voto, uno en sentido de
considerar que no se debió endilgar responsabilidad al disciplinado por atipicidad de la conducta
atribuida y el otro, al considerar que debió haber pronunciamiento respecto al recurso de queja
interpuesto por el disciplinado contra el auto que rechazó el recurso de apelación que interpuso.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
2.7.2. Se negó y omitió el trámite del recurso de queja interpuesto de manera
oportuna contra el auto que rechazó el recurso de apelación del disciplinado. La
autoridad demandada fundamentó su negativa en una interpretación estricta del
artículo 79 de la Ley 1123 de 2007, desconociendo el principio de integración
normativa previsto en el artículo 16 de la referida norma, así como la aplicación
supletoria de los artículos 136 y 137 de la Ley 1952 de 2019. Con ello, se apartó sin
justificación razonable de precedentes reiterados y vinculantes de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado3, que han establecido la procedencia y
obligatoriedad del trámite del recurso de queja en procesos disciplinarios contra
abogados, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y a la impugnación.
2.7.3. La autoridad disciplinaria pretermitió etapas procesales del trámite en contravía
del debido proceso. En particular, profirió sentencia de segunda instancia sin
resolver previamente solicitudes sustanciales y oportunamente presentadas, como
la de nulidad procesal y de prescripción, y sin dar trámite adecuado a mecanismos
procesales como la adición y aclaración de providencias y el traslado del recurso de
apelación interpuesto por el disciplinado en ejercicio de su defensa material. Estas
omisiones suprimieron instancias decisorias legalmente previstas, quebrantaron los
principios de contradicción y defensa, y viciaron de manera insubsanable la validez
del fallo sancionatorio.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] SEGUNDO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de
febrero de 2026, la constancia secretaria de ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia y el auto fechado el 23 de febrero de 2026, VIOLARON el artículo 13 de la
Constitución Política Nacional de 1991.
TERCERO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de febrero
de 2026, la constancia secretaria de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y el
auto fechado el 23 de febrero de 2026, VIOLARON, el artículo 29 de Constitución Política
Nacional de 1991.
CUARTO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia fechada el 11 de febrero
de 2026, la constancia secretaria de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y el
auto fechado el 23 de febrero de 2026, VIOLARON, entre otros, el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
3
Sentencia de tutela emitida por CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CASACION CIVIL Y
AGRARIA con Magistrado Ponente MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ, emitida en el Rad.
18001-22-1 4-000-2023-00025-01; Sentencia de tutela emitida por CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL - SALA DE DECISION DE TUTELAS NO. 2 con Magistrado Ponente
FABIO OSPITIA GARZÓN, emitida en el Rad. STP8000 – 2022 - Tutela de 2ª instancia No. 123483;
Sentencia de tutela emitida por CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO -SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, con Magistrado Ponente Alberto
Montaña Plata, fechada el 22 de abril de 2024, emitida en el Rad. 11001-03-15-000-2023- 07057-
01.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
QUINTO: NULITAR O DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia
fechada el 11 de febrero de 2026, la Constancia Secretaria de Ejecutoria de la Sentencia
de Segunda Instancia y el Auto fechado el 23 de febrero de 2026, a fin de que se
garantice el debido proceso, administración de justicia, el derecho a la igualdad
constitucionales y, entre otros, el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
SEXTO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR la prescripción dentro del
proceso bajo Radicado 18-001-25-02-000-2025-00213-00.
SEPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, oficiar al Registro Nacional de Abogados
a fin de que se suspendan la anotación de suspensión del ejercicio de la profesión
efectuada al suscrito. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá4 solicitó negar la
tutela al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por
el demandante, pues la actuación disciplinaria se adelantó con pleno respeto del
debido proceso y dentro de los términos legales. Señaló que la acción disciplinaria
no se encontraba prescrita, dado que la conducta imputada —de carácter omisivo y
permanente— se consumó el 16 de febrero de 2021 y la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 11 de febrero de 2026 y notificada el 12 de febrero de
2026, antes de la fecha en que expiraba el término prescriptivo (16 de febrero de
2026). Afirmó que el recurso de queja es improcedente en el trámite disciplinario de
la Ley 1123 de 2007, por aplicación de los principios de legalidad y taxatividad del
artículo 79 ibidem, criterio reiterado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Añadió que la nulidad procesal planteada fue extemporánea y dilatoria, al no ser
formulada oportunamente en primera instancia ni incluida en el recurso de
apelación.
5. La Unidad de Registro Nacional de Abogados - URNA5 manifestó que se limitó
a cumplir sus funciones legales, sin competencia para pronunciarse sobre el trámite
del proceso disciplinario. Por su parte, anotó en el Registro Nacional de Abogados
la sanción de suspensión por 6 meses impuesta al abogado Juan Sebastián Bustos
Ortega, con fundamento en el fallo proferido el 11 de febrero de 2026 por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en la constancia de ejecutoria remitida,
que indicó como fecha de ejecutoria el 16 de febrero de 2026. Señaló que la sanción
fue registrada para surtir efectos a partir del 2 de marzo de 2026, con vigencia hasta
el 1.º de septiembre de 2026, y que dicha anotación fue comunicada oportunamente
al correo electrónico registrado por el accionante en el sistema SIRNA, aclarando
que su actuación se circunscribió exclusivamente a la ejecución material de la
anotación ordenada por la autoridad disciplinaria competente.
6. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial6 requirió declarar improcedente la
solicitud de tutela y, en subsidio, negar el amparo por inexistencia de vulneración
4
Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
5
Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
6
Archivo obrante en el índice 16 del Samai.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
atribuible esa corporación. De tal manera, sostuvo que la tutela contra providencias
judiciales es de carácter excepcional y que el escrito del demandante no supera el
umbral de relevancia constitucional, pues sus reproches se dirigen a
inconformidades interpretativas sobre la prescripción disciplinaria, la notificación
electrónica y la improcedencia del recurso de queja. Expuso que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 11 de febrero de 2026, remitida por correo
electrónico el 12 de febrero de 2026 y declarada ejecutoriada el 16 de febrero de
2026, todo dentro del término legal de prescripción que el propio actor identifica, de
conformidad con el régimen especial de la Ley 1123 de 2007, en particular sus
artículos 16 y 72, que establecen que la notificación electrónica se entiende surtida
en la fecha de envío del correo. Añadió que el disciplinado reconoció haber recibido
el fallo oportunamente, descartándose cualquier afectación al debido proceso.
Finalmente, afirmó que el recurso de queja es improcedente en el procedimiento
disciplinario del abogado por expresa disposición del artículo 79 ibidem, que
consagra un sistema recursivo taxativo limitado a reposición y apelación.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos11, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
18. La Sala deberá definir: ¿si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los
derechos fundamentales de Juan Sebastián Bustos Ortega con ocasión de las
providencias del 11 y 23 de febrero de 2026, mediante las cuales confirmó la se le
impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión en el marco de un
proceso disciplinario adelantado en su contra, con la que incurrió, presuntamente,
en defectos sustantivo y fáctico?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
19. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
20. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración de
los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, así como del defecto procedimental, lo cierto es que la motivación
expuesta respecto de este último se subsume en los inicialmente mencionados, por
lo que el estudio se dirigirá únicamente en cuanto a aquellos.
2.4.2. Del defecto sustantivo
21. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto13. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta14, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
22. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
13
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
14
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales15.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
24. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
15
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Violación directa de la Constitución Política
28. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de
las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
29. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados», el cual puede configurarse por dos hipótesis:
30. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
31. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.4.5. Sobre el caso concreto
32. Juan Sebastián Bustos Ortega acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental y, en consecuencia, se dejara sin efectos las
providencias proferidas el 11 y 23 de febrero de 2026 por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en cuanto confirmó la decisión de sancionar al demandante con
suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, al infringir el deber señalado
en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, e incurrir a título de culpa en
la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1° de la ley ibidem.
33. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, ya que, en síntesis se omitió el trámite del recurso de queja interpuesto
contra el auto que rechazó el recurso de apelación del disciplinado, desconoció el
fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria y profirió sentencia de
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01688-00
Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
segunda instancia sin resolver previamente solicitudes como las de nulidad procesal
y de prescripción, y tramitó de manera inadecuada mecanismos procesales como
la adición y aclaración.
34. Al descender al caso en concreto, pese a que no es objeto de discusión en sede
de tutela por parte del tutelante, se evidencia que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial efectuó el estudio de la conducta atribuida al disciplinado para concluir que
aquel faltó al deber de diligencia en las gestiones encomendadas por el municipio
de El Doncello en el trámite del proceso ejecutivo 18001-33-31-001-2005-00017-00,
en el que el 3 de agosto de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia
requirió al ente municipal para que aportara el certificado del Comité de Conciliación
y Defensa Judicial sobre la propuesta conciliatoria presentada en el año 2018, orden
que no recibió respuesta por lo que declaró la falta de ánimo conciliatorio y
compulsaron copias contra el alcalde municipal por desatención a orden judicial,
para concluir:
«[…] Ahora bien, a pesar de algunas contradicciones en las declaraciones remarcadas
por el a quo, si por vía de hipótesis se diera plena credibilidad al argumento de que
durante el término concedido por el despacho judicial, el enjuiciado nunca conoció que
el documento había sido entregado en su oficina, ello tampoco lo exime de la
responsabilidad imputada, en la medida que era un evento totalmente superable con
alternativas como la revisión del expediente o indagar al ente territorial respecto al
trámite efectuado.
Pero más importante aún, el deber de diligencia contemplado en el artículo 28 numeral
10 de la Ley 1123 de 2007, exige por parte del abogado el mayor celo y cuidado en el
desarrollo de sus encargos profesionales, y además, extiende el control, entre otros a
sus dependientes judiciales:
“ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del
abogado:
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al
control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la
firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de
servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”. (Negrilla y
subrayado fuera de texto).
Así pues, el hecho de que por vía testimonial la persona que se desempeñó como
asistente o dependiente del investigado para la época de los hechos, se atribuyera la
responsabilidad en cuanto al paradero del acta de conciliación, tampoco excluye el juicio
de reproche imputado por la primera instancia.
En lo tocante a que el abogado de forma diligente impulsó la realización del Comité de
Conciliación y Defensa, lo cual aparece ratificado en varias declaraciones, es un
raciocinio que no ha sido desmentido por la autoridad disciplinaria, sin embargo, ninguna
relevancia cobra de cara al caso sub examine, dado que el comportamiento reprochado
no se cimentó en su actuación previa al requerimiento puntual elevado por el Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia el 4 de febrero de 2021, y cuya oportunidad de
atender feneció el 16 siguiente.
Finalmente, el juicio de antijuridicidad que pretende aniquilar el defensor, contrario a su
dicho, se encuentra acreditado en la infracción al deber de diligencia (art. 28 num. 10
CDA), que exigía al disciplinado actuar con la mayor atención y presteza en sus
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Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
gestiones profesionales, materializando la orden del despacho de manera oportuna para
que se verificara si había lugar a aprobar o no la conciliación realizada desde el 2018,
no obstante, ninguno de los raciocinios estudiados conducen a justificar o excluir su
responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, se confirmará la sentencia apelada. […]». (sic)
35. Ahora bien, en cuanto a la presunta omisión en el trámite del recurso de queja
interpuesto contra el auto que rechazó el recurso de apelación del disciplinado, el
tribunal demandado consideró:
«[…] Como cuestión previa, se tiene el recurso de queja instaurado por el letrado JUAN
SEBASTIÁN BUSTOS ORTEGA, contra el auto del 23 de enero de 2026, a través del
cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá rechazó por extemporánea
la apelación, desde ya advierte esta Colegiatura que no se emitirá pronunciamiento al
respecto, en tanto el artículo 79 de la Ley 1123 de 2007 no consagra dicho medio de
impugnación dentro del trámite disciplinario aplicable a los abogados y, conforme a los
principios de taxatividad y especialidad que rigen el sistema recursivo, únicamente
proceden aquellos expresamente previstos por el legislador, al disponer de manera clara
que “…contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y
apelación de acuerdo con lo previsto en esta codificación…”, razón por la que la solicitud
elevada deviene palmariamente improcedente. […]». (sic)
36. Al respecto, es pertinente precisar que las providencias judiciales en las cuales
la parte demandante sustenta el reclamo relacionado con la procedencia del recurso
de queja fueron proferidas en el marco de asuntos de tutela que tienen efectos inter
partes, de manera que aquellas no pueden ser tomadas como precedente aplicable
a su situación particular.
37. Máxime cuando se evidencia que el referido medio de impugnación fue utilizado
para cuestionar el rechazo del recurso de apelación interpuesto contra la
providencia de primera instancia, pese a que, en todo caso, el asunto fue conocido
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la providencia que cuestiona en
esta oportunidad
38. Esto, debido a que su apoderado judicial, quien ejercía la defensa técnica,
presentó el recurso de alzada de manera oportuna, de tal manera no puede inferirse
una vulneración del debido proceso, acceso a la administración de justicia o al
principio de doble instancia.
39. En todo caso, debe precisarse que esta Sala de decisión no puede incidir o
cuestionar el criterio mayoritario del juez natural del asunto con fundamento en
interpretaciones contrarias o avaladas en salvamentos de voto que no tienen un
carácter vinculante.
40. Sumado a esto, no puede desconocerse que el aquí demandante en condición
de disciplinado en el referido proceso presentó solicitud de aclaración de la
sentencia del 11 de febrero de 2026 en la que insistió respecto a la procedencia del
recurso de queja y la prescripción de la acción disciplinaria, frente a las cuales la
corporación judicial demandada consideró:
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Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
«[…] Corresponde resolver la solicitud de aclaración y la petición de prescripción de la
acción disciplinaria elevadas por el disciplinado JUAN SEBASTIÁN BUSTOS ORTEGA,
con ocasión de la sentencia proferida por esta Corporación el 11 de marzo de 2026,
mediante la cual se resolvió la apelación formulada contra el fallo sancionatorio dictado
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y se confirmó la decisión
que lo declaró responsable.
Conforme al artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, que autoriza la integración normativa
en aspectos no regulados expresamente en el régimen disciplinario del abogado, resulta
aplicable lo previsto en el artículo 140 de la Ley 1952 de 2019, disposición que limita la
corrección, aclaración o adición del fallo a errores aritméticos, imprecisiones formales u
omisiones sustanciales en la parte resolutiva, finalidad orientada exclusivamente a
precisar el contenido del proveído sin habilitar nuevo examen del razonamiento jurídico
ni modificar el sentido de la decisión.
Bajo ese marco normativo, la solicitud presentada por el disciplinado no se dirige a
corregir aspecto formal alguno del fallo, sino a cuestionar el criterio jurídico adoptado por
la Corporación respecto de la improcedencia del recurso de queja y del alcance de las
reglas procesales aplicadas, planteamiento que excede el ámbito propio de la aclaración,
por lo que resulta improcedente.
De otro lado, en cuanto a la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria,
infórmesele al peticionario que debe estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 11
de febrero de 2026, la cual definió de manera integral la situación jurídica objeto de
examen. […]». (sic)
41. En todo caso, esta Sala de decisión debe precisar que el artículo 24 de la Ley
1123 de 200716 establece el término de prescripción de la acción disciplinaria en los
procesos sancionatorios adelantados contra abogados, de manera que, examinado
el expediente del proceso referido y teniendo en cuenta la normatividad aplicable,
no se observa de qué manera se excedió el término prescriptivo de 5 años.
42. Lo anterior, en atención a que, tal como lo menciona tanto la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Caquetá como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
el término prescriptivo finalizaba el 16 de febrero de 2026, en atención a que la
conducta omisiva y de tracto permanente que se le atribuyó al demandante se
consolidó el 16 de febrero de 2021, fecha última en la que aquel debía enviar la
correspondiente certificación al juzgado en el que se adelantaba un proceso contra
la entidad territorial para la cual actuaba como apoderado judicial.
43. En este orden de ideas, en la medida en que la sentencia de segunda instancia
fue proferida el 11 de febrero de 2026 y notificada el 12 de febrero de 2026, antes
de la fecha en que expiraba el término prescriptivo (16 de febrero de 2026) y en la
cual se emitió constancia de ejecutoria, no es posible concluir que se excediera el
término prescriptivo.
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ARTÍCULO 24. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años,
contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se
cumple independientemente para cada una de ellas.
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Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
44. De otro lado, frente a los argumentos expuestos por el demandante relacionados
con la integración normativa para dar aplicación a otras normas por las cuales se
puede inferir que la notificación de la sentencia se entiende surtida días después
del envío del correo electrónico, es pertinente precisar que aquella controversia no
resulta de recibo cuando la Ley 1123 de 2007 en su artículo 72 establece de manera
expresa que «La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte
del fax o en que el correo electrónico sea enviado».
45. Por su parte, revisadas las actuaciones surtidas en el trámite del proceso
disciplinario adelantado en contra del demandante, contrario a lo expuesto por
aquel, se observa que todas sus solicitudes fueron resueltas y atendidas, por lo cual
no es posible concluir que se pretermitieran oportunidades procesales o se
desconocieran las garantías de contradicción y defensa o sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
46. Así, una vez revisada la motivación de las providencias judiciales cuestionadas
en la que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría vía de hecho alguna, lo que se evidencia es
su desacuerdo con las consideraciones efectuadas por el juez de la causa, con lo
cual pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede
de tutela.
47. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
48. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
49. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
50. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
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Demandante: Juan Sebastián Bustos Ortega
los derechos fundamentales de Juan Sebastián Bustos Ortega, en la solicitud de
tutela presentada contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Sebastián
Bustos Ortega, en la solicitud de tutela presentada contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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