Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01695-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01695-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ARACELYS MARINA DIAZ RIVERA
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ARACELYS MARINA DIAZ RIVERA, actuando a través
de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
1
En adelante el Tribunal.
2
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el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio de favorabilidad, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL, al haber proferido la sentencia de 28 de agosto de 2025
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2024-00176-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 1C
del escalafón vigente establecido por el Decreto Ley 1278 de 19 de
junio 20022; asimismo, que el Gobierno Nacional dispuso un
incremento para el personal vinculado al nuevo escalafón, sin
embargo, para los años 2008 y 2009, los aumentos se hicieron de
manera inequitativa sin que mediara una exposición de motivos que
justificara la legalidad en dicha diferenciación.
Mencionó que se vio afectado al evidenciar que los docentes ubicados
en categorías inferiores como la 1A, fueron beneficiarios con mayores
incrementos salariales respecto de la suya, pues su aumento apenas
2
“Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.
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alcanzó el 7,67%, en comparación con el 15.61% del escalafón más
bajo.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, presentó reclamación
administrativa ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL3
y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL
CESAR, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados
decretados para los años 2008 y 2009, no obstante, esta fue resuelta
de manera desfavorable mediante oficios núms. 2024-EE-058288 de
28 de febrero y CES2024ER008901-CES2024EE004497 de 5 de
marzo de 2024, respectivamente.
Señaló que radicó demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a la cual se le asignó el número único
de radicación 2024-00176-00 y correspondió por reparto al
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE VALLEDUPAR4 que, en sentencia de 5 de junio de 2025 negó las
pretensiones de la demanda.
3
En adelante Ministerio.
4
En adelante Juzgado.
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Inconforme con lo anterior, presentó recurso de apelación el cual fue
resuelto por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 28 de agosto
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo al no
articular la línea jurisprudencial vertical con las particularidades del
caso concreto, pues no ofreció una justificación clara y suficiente que
explicara por qué, pese a encontrarse en una categoría superior del
escalafón, esto es, el grado 1C, se le reconoció un incremento inferior
al otorgado a un maestro ubicado en un nivel más bajo, tal como el
1A, concluyendo además que tal tratamiento salarial se ajustaba a
derecho, sin exponer una motivación suficiente y razonable que
permitiera comprender de qué manera esa diferencia podría
considerarse compatible con el principio de igualdad material y con
la equidad retributiva que rige el servicio público docente.
Que también pasó por alto lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4
de 18 de mayo de 19925, que establece que la fijación de las escalas
5
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
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salariales de los empleados públicos debe tener en cuenta el nivel de
los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.
Asimismo, que incurrió en defecto fáctico al no haberse acreditado
por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial
otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón
respondiera a razones objetivas, verificables y fundamentadas,
además, que no hubo prueba que demostrara la existencia de
motivos validos que justificaran dicho aumento.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR en la sentencia proferida el día 28 DE AGOSTO DE
2025, en el expediente radicado bajo número 20-001-33-
33-003-2024-00176-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) Señora
(a) ARACELYS MARINA DIAZ RIVERA, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos
la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente ARACELYS MARINA DIAZ RIVERA a la
luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los
hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]”.
(resaltado del texto)
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, guardó
silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO (FOMAG) manifestó que no tiene legitimación en
la causa por pasiva dentro de la presente acción de tutela, por cuanto
no profirió la sentencia objeto de cuestionamiento, por lo que solicitó
su desvinculación.
I.6.2.- LA FIDUPREVISORA S.A., el DEPARTAMENTO DEL
CESAR y el JUZGADO, pese a ser notificado en debida forma,
guardó silencio.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MINISTERIO - FOMAG solicito ser
desvinculado de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que, en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dicha autoridad fungió como parte demandada
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dentro del medio de control objeto del presente estudio, la Sala
denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actor: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 28 de agosto de 2025,
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proferida por el TRIBUNAL dentro del del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2024-00176-01.
Los disensos de la parte actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo al pasar por alto lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4 de 18 de mayo de 1992 6, que
establece que la fijación de las escalas salariales de los empleados
públicos debe tener en cuenta el nivel de los cargos, esto es, la
naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades
exigidas para su desempeño.
Asimismo, que incurrió en defecto fáctico al no haberse acreditado
por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial
otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón
respondiera a razones objetivas, verificables y fundamentadas,
además, que no hubo prueba que demostrara la existencia de
motivos validos que justificaran dicho aumento.
6
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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Actora: ARACELYS MARINA DIAZ RIVERA
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01695-00
Actora: ARACELYS MARINA DIAZ RIVERA
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
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En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada profirió la decisión basándose en supuestos no
probados y desconociendo la normativa aplicable al caso.
Señaló que se vulneraron sus garantías constitucionales, por cuanto
se omitió el deber de motivar el trato diferencial, se desconoció
abiertamente el marco normativo aplicable y los principios que rigen
el régimen salarial de los empleados públicos, además que la decisión
cuestionada se basó en una supuesta corrección de una brecha
salarial, la cual no se acreditó en el expediente ni en los decretos que
ordenaron los aumentos salariales.
Dichos aspectos, derivan de la valoración normativa que la parte
actora pretende que se dé a su situación particular y giran en torno
a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL, así:
“[…] En primera medida el recurrente alegó que la inconformidad
desde la demanda se centra en la desigualdad porcentual en el
incremento de los salarios de los docentes para los años 2008,
2009 y 2011, hecho que considera tiene repercusiones a largo
plazo en la base salarial de los años posteriores y que contraviene
el principio de igualdad. Con el propósito de estudiar el cargo se
hará en primera medida un recuento breve de lo probado en el
curso del proceso en primera instancia en cuanto a la demandante
y se realizará un análisis del desarrollo histórico de los decretos
nacionales que fijan las asignaciones salariales de la población
docente.
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Se tiene probado en el proceso que la señora ARACELYS MARINA
DÍAZ RIVERA, es docente en carrera en el escalafón 1C, como lo
halló la primera instancia y ello no está cuestionado. Por otra parte,
se tiene probado que, a partir del año 2004, el Gobierno Nacional
empezó a fijar las asignaciones salariales de la población docente
realizando los correspondientes incrementos a través de diferentes
decretos, así:
El primer decreto acabado de enlistar fijó las asignaciones así:
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Ahora bien, se procederá al estudio de los decretos emitidos en los
años 2008, 2009 y 2011, pues si bien la parte accionante planteó
en la demanda la inconformidad frente a las anualidades 2008 y
2009 en la impugnación se hace referencia a que la afectación
devino de la diferencia porcentual en esos tres años en la cual se
analizarán los valores de la asignación básica de cada uno de ellos.
Así las cosas, el Decreto 624 de 2008 fijó la remuneración de los
servidores públicos docentes, no obstante, el acto administrativo
fue modificado parcialmente por el Decreto 714 de 2008, cuyo
texto quedó como se transcribió en el punto 2.2 (hechos) al cual
se remite ahora la Sala para no repetir las tablas ya vertidas en
esta sentencia.
Con lo anterior, es posible concluir en primer lugar que el valor
fijado como asignación salarial en los años posteriores al 2004 no
se establece en función de una cifra porcentual sobre el salario
pagado el año inmediatamente anterior, pues el decreto no lo fija
de esa manera, sino que determina un monto líquido, en otras
palabras, no se puede confundir el acto de fijar la asignación
salarial con aumentar su valor de manera porcentual anualmente,
toda vez que en la primera se determina un monto y en la segunda
para llegar a un valor determinado es necesario sumar el aumento
porcentual con base en el salario anterior.
Ahora bien, la Ley 4ª de 1992 establece que corresponde al
Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos entre ellos la población docente al servicio del
Estado por remisión del artículo 46 del Decreto 1278 de 200221.
Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los servidores
públicos docentes se exige que el acto promulgado por el Gobierno
Nacional se ajuste a los límites establecidos por la Ley marco,
dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la modificación
de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse
anualmente con el propósito de contrarrestar el fenómeno
inflacionario22 y la imposibilidad de desmejorar los salarios y
prestaciones sociales de los servidores públicos, según fue
establecido por el artículo 2°23 y 4°24 de la Ley marco. Y eso es
lo que hacen los decretos de que trata este proceso.
Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte
demandante en la que manifestó que el aumento en un porcentaje
desigual que se realizó para los años 2008, 2009 y 2011 afectó
negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues este
valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija
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en un monto líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados
por la ley marco.
De otro lado, el apelante manifestó que el porcentaje del aumento
salarial debe hacerse en igual proporción para los docentes sin
tener en cuenta las diferencias inherentes a los grados y niveles
del escalafón docente, por tal razón, consideró que, con los
aumentos desiguales realizados en los años 2008, 2009 y 2011 se
incurrió en una práctica discriminatoria por realizar aumentos
porcentualmente diferentes sin un sustento razonable.
Acorde con la jurisprudencia trascrita, es posible concluir que, si
bien es necesario aumentar los salarios de los servidores públicos
cada año con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación, el
incremento entre unos y otros puede ser diferente teniendo en
cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país.
Además, teniendo en cuenta que la naturaleza de las leyes marco
consiste no solo en establecer unas limitantes para disponer sobre
determinadas materias, sino que, dada la complejidad de algunas
de ellas y tendencia al cambio, corresponde al Gobierno Nacional
reglamentarlas cada cierto tiempo de acuerdo con la realidad del
país, como es el caso de las asignaciones salariales de los
servidores públicos. Pretender que los aumentos salariales no
dependen de la situación socioeconómica del país sería, por un
lado, abstraerse de la realidad, por cuanto las condiciones
económicas son mutables por diferentes factores, algunos de ellos
intempestivos, y por otro, desconocer la potestad de configuración
normativa que ha sido reconocida al ejecutivo por la Constitución
Nacional.
(…)
Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las
asignaciones salariales de la población docente oficial de manera
desigual considerando los grados y niveles salariales para los años
2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las normas
que rigen la materia y con base en la amplia potestad de
configuración normativa que fue otorgada por la misma
Constitución Política.
En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la
falta de motivación en los actos administrativos demandados sobre
la disparidad en el porcentaje de aumento salarial a pagar, es
necesario aclarar que los decretos que establecen la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes son
un acto administrativo de carácter general, en ese sentido, no
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requieren ser justificados con el mismo detalle que un acto
particular y concreto, respecto de las modificaciones que pueda
realizar siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley
marco, pues la motivación se entiende implícita en la amplia
facultad de configuración normativa que fue conferida al Gobierno
Nacional por el legislador para la materia.
En el caso concreto se evidencia que, la parte actora está
inconforme con el aumento del salario fijado al nivel y grado que
le corresponde (1C), con respecto al de otra categoría del escalafón
(1A), pero por ello no puede predicarse la igualdad, porque el
comparativo muestra que no lo son, acorde con la estructura de la
población docente, dejando infundado el argumento de
desigualdad alegado por la parte activa.
Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación
al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien
desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y
con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón
docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su
formación académica y prevé que estos puedan ascender en el
escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación
del periodo de prueba , desempeño o competencias según el caso,
descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso
de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el
ascenso de escalafón.
Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al
principio de “a trabajo igual salario igual” bajo el entendido que
conforme fue indicado en párrafos precedentes, la población que
se encuentra en el escalafón 2AE y 2BE no son iguales, dado que
para pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el
cumplimiento de unos requisitos que disten entre sí, en
consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.
De manera conclusiva, la diferencia porcentual en el aumento de
la asignación salarial para los dos grupos de docentes es ajustada
a derecho, pues contrario a lo afirmado por el apelante el Gobierno
Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el
valor año tras año, pues cuenta con amplia potestad de
configuración normativa para fijar la escala salarial en tanto se
limite a lo dispuesta en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en el caso
de estudio. […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL elaboró un recuento del marco normativo y
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jurisprudencial relacionado con el incremento salarial de los
educadores durante los años 2008, 2009 y 2011 y, a partir de dicho
análisis, concluyó que no existía alguna discriminación en atención a
los incrementos salariales que a juicio de la actora fueron desiguales,
pues si bien los grupos comparados desempeñaban las mismas
funciones bajo iguales condiciones y con similar nivel de
responsabilidad, la estructura del escalafón docente clasifica por
grupos a los maestros conforme a su formación académica y les
permite acceder a este si cumplen con algunos requisitos.
Asimismo, indicó que la diferencia porcentual alegada se ajustaba a
derecho, dado que el Gobierno Nacional no está obligado a
incrementar un porcentaje igual año tras año, ya que cuenta con
potestad para fijar la escala salarial en atención al límite dispuesto
en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en el presente caso; además que
la accionante no había solicitado ascenso alguno, razón por la que el
aumento no se le había realizado.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas aportadas
al plenario y a un análisis de las particularidades fácticas del mismo.
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Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
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fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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