Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01708-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01708-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01708-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01708-011
Accionante : Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado : Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
Vinculados : Municipio de San Sebastián de Mariquita y Tribunal Administrativo
del Tolima
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial - auto que aprobó liquidación de
costas en acción popular - amparo de pobreza
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el señor Sergio Augusto Ayala
Silva contra el fallo del Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que corresponda en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. El señor Sergio Augusto Ayala Silva, actuando en nombre propio, interpuso el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia2, que considera vulnerados por
el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Ibagué.
1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
También se refirió a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y de eficacia de las decisiones judiciales.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] Segundo: Dejar sin valor ni efecto el auto que liquidó y aprobó las costas en $0 incurriendo en
defecto sustantivo.
Tercero: Ordenar al Juzgado Primero Administrativo del circuito judicial de Ibagué Tolima, realizar
nueva liquidación aplicando estrictamente la regla fijada por el Consejo de Estado, valorando las
agencias en derecho conforme a los criterios objetivos del artículo 366 del CGP.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante en la tutela, se puede evidenciar que, el señor Ayala Silva, actuando en
nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos contra el Municipio de San Sebastián de Mariquita.
6. En su escrito, solicitó, entre otros, que se declarara la vulneración de los derechos a la
seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, por no
haberse realizado la evaluación de vulnerabilidad sísmica, la intervención o el
reforzamiento de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad,
ubicadas en zona de amenaza sísmica alta o intermedia y construidas, antes del Quince
(15) de Julio de Dos Mil Diez (2010), por el Municipio, el Departamento o la Nación.
7. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero (1.°) Administrativo de
Ibagué (proceso con radicado núm. 73001-33-33-001-2022-00054-00) que, mediante
auto del Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Veintidós (2022), concedió al demandante
el amparo de pobreza que había solicitado, con fundamento en la manifestación rendida
bajo la gravedad del juramento, según la cual, no disponía de recurso económico alguno
para sufragar los gastos del proceso.
8. En sentencia del Quince (15) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), el Juzgado amparó
los derechos colectivos invocados y, en la orden sexta de la parte resolutiva, dispuso
«Abstenerse de condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva» . Para tal efecto,
expuso que, conforme a los documentos que obraban en el expediente, no era posible
comprobar que las costas se hubieran causado, «más aún cuando se concedió el amparo de
pobreza al accionante».
9. El demandante apeló la decisión y circunscribió su recurso al numeral sexto. Sostuvo
entonces que, al haberse amparado los derechos colectivos invocados, la condena en
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
costas debía proferirse contra la parte vencida en el proceso, en aplicación del artículo
365 del CGP, del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y siguiendo la jurisprudencia del
Consejo de Estado en la materia. Pidió, además, que las costas y las agencias en
derecho se fijaran en el máximo permitido.
10. Mediante sentencia del Trece (13) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), el
Tribunal Administrativo del Tolima modificó el numeral sexto, en el sentido de «Condenar
en costas y agencias en derecho a la parte accionada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998, artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso y de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado proferida el 6 de agosto de 2019».
11. El Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el secretario del Juzgado
Primero (1.°) Administrativo de Ibagué practicó la liquidación general de costas. En ella
consignó que, en primera instancia, no se condenó en costas; y, en segunda, no se
causaron costas ni agencias en derecho, sin perjuicio de «hab[er] lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Por ende, concluyó que
la liquidación total a favor del demandante era de CERO PESOS ($0).
12. Por auto del Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el Juzgado
Primero (1.°) Administrativo de Ibagué aprobó la liquidación. El señor Ayala Silva
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra esa decisión. Sostuvo
que la liquidación no tuvo en cuenta la condena impuesta en el numeral sexto modificado
por el Tribunal Administrativo del Tolima, y pidió que se reconocieran las costas y
agencias en derecho «toda vez que el suscrito ha realizado los siguientes tramites: el trámite previo
del agotamiento, la demanda y, la renuencia de la entidad (frente a la petición previa, así mismo durante
el curso del trámite judicial), el tiempo destinado por la parte accionante desde el año 2022, la duración
del proceso, la mitigación de la vulneración deprecada, la gestión ejecutada por el suscrito y las demás
circunstancias relevantes, tenidas en cuenta y señaladas por el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016».
13. Mediante auto del Veintitrés (23) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), el Juzgado
decidió no reponer la decisión y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
Explicó que la liquidación se realizó con estricta observancia de los parámetros fijados
por el Consejo de Estado4 y del artículo 365 del CGP, conforme a los cuales, solo se
condena al pago de las costas que se encuentren causadas y estas se liquidan en la
medida de su comprobación. Precisó que «no existió elemento de prueba alguno que ponga de
presente la existencia de expensa o gasto alguno, o que la gestión del accionante generara remuneración
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019,
C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
alguna a título de agencias en derecho pues contrario a ello, se tiene que en auto proferido el 29 de abril
de 2022 se aprobó el amparo de pobreza por el mismo solicitado».
14. En su acción de tutela, el señor Ayala Silva sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto sustantivo, al introducir, a partir del amparo de pobreza, una
restricción al reconocimiento de las agencias en derecho que no está prevista en la Ley
472 de 1998 ni en el artículo 366 del CGP. Adujo que esa lectura desconoce que la
finalidad del amparo de pobreza es garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia, sin que puedan limitarse los derechos derivados de una condena en costas
impuesta a la contraparte. Finalmente, aseguró que se habría vaciado de contenido la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima.
15. La decisión también habría desconocido el precedente contenido en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado sobre la materia5, conforme a la cual la condena en
costas a favor del actor popular comprende las expensas, gastos y agencias en derecho,
independientemente de si acudió al proceso mediante apoderado judicial o directamente,
mientras que las agencias deben fijarse aplicando las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura.
1.2. Contestaciones de la acción
16. 1.2.1. El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Ibagué6 remitió copia del
expediente electrónico e hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro
del medio de control de defensa de derechos colectivos con radicado núm. 73001-33-
33-001-2022-00054-00. Al respecto, aseguró que «Las decisiones del 24 de octubre de 2025 y
23 de enero de 2026, mediante las cuales se aprobó dicha liquidación de costas en $0, no vulneran
derechos fundamentales del accionante, pues responden a la aplicación estricta y razonada de las reglas
que gobiernan la liquidación de costas en acciones populares».
17. Agregó que, «en el expediente no obra prueba alguna que acredite la existencia de expensas, gastos
procesales o actuaciones susceptibles de generar agencias en derecho a favor del actor popular» y que,
«mediante auto del 29 de abril de 2022, se concedió al actor el amparo de pobreza, decisión sustentada
en su manifestación juramentada de carecer de recursos económicos para sufragar gastos dentro del
proceso».
5
Aunque el actor no mencionó expresamente a qué decisión se refiere, de la redacción de su pretensión de amparo se desprende
que aquella correspondería a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia
del 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
18. 1.2.2. El Municipio de San Sebastián de Mariquita7 alegó que «el actor pretende
desconocer que, desde la admisión de la demanda, mediante autos del 7 y 19 de abril de 2022, le fue
reconocido el amparo de pobreza, el cual incluso lo relevó del pago de las expensas y costos procesales
correspondientes». Así pues, a la luz de la tutela presentada por el actor, el Municipio replicó
que «si el hoy actor, dentro del asunto que da origen al presente trámite constitucional, solicitó y obtuvo
el amparo de pobreza, y en virtud de ello no asumió carga económica alguna derivada del proceso, surge
el siguiente cuestionamiento: ¿cuál sería entonces el objeto del amparo?».
19. En su concepto, no tiene sentido pretender el reconocimiento de costas o cuestionar
su liquidación, cuando precisamente el otorgamiento del amparo de pobreza exoneró al
beneficiario del pago de expensas, agencias en derecho y demás cargas económicas
del proceso.
20. El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio, pese a que fue debidamente
notificado del presente proceso.
1.3. Providencia impugnada8
21. Mediante sentencia del Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de
la acción de tutela, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Expuso que,
«además de no estar debidamente justificados [los cargos de la tutela], se advierten como un medio dirigido
a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario».
1.4. La impugnación9
22. Inconforme con la decisión, la parte accionante impugnó el fallo del Diecisiete (17) de
Abril de Dos Mil Veintiséis (2026). Negó que pretendiera acceder a una tercera instancia
o que hubiera solicitado una nueva valoración de las costas. Por el contrario, solo ha
reclamado el cumplimiento efectivo de la segunda orden de la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que condenó en costas y
agencias en derecho a la parte accionada.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 13.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 15.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 19.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. En virtud de los artículos 3210 del Decreto Ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80
del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)13 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2. La acción
24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
2.3. Problema Jurídico
25. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si el fallo
del Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual el
Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué aprobó la liquidación de costas efectuada
por la Secretaria del despacho, adolece de un defecto sustantivo, y, por consiguiente, es
violatorio de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia del señor Sergio Augusto Ayala Silva.
2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
26. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 y de la Sala Plena
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
14
Sentencia C-590 de 2005.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado15, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
27. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
28. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
15
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) contrario a lo afirmado por el a
quo, el asunto planteado sí reviste de relevancia constitucional, pues, recae sobre el
presunto yerro en la interpretación de las normas que regulan las costas procesales; lo
cual, de comprobarse, vulneraría los derechos fundamentales del actor; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de un auto contra el
cual se agotó el recurso de reposición y fue confirmado a través de una providencia que
se encuentra debidamente ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, en la medida en que el auto que confirmó la providencia del
Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), que aprobó la liquidación en
costas, quedó ejecutoriado el Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)16 y
la solicitud de amparo se radicó el Tres (3) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), esto
es, dentro de los seis (6) meses siguientes; y (v) la sentencia acusada no obedece a una
de tutela.
30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo.
2.5. Defecto sustantivo
31. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que, los jueces se encuentran
sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales
deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.
16
Visible en el expediente electrónico del proceso 73001-33-33-001-2022-00054-00 en SAMAI, índice 108, en el que el Juzgado
Primero (1.°) Administrativo de Ibagué certificó el vencimiento de la ejecutoria de la providencia atacada.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
32. La jurisprudencia constitucional17 ha estimado que, la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo que:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una
providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia
de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión
de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 18.
33. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del
precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia19, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se
aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que, la providencia adolece de un defecto sustantivo20, en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe21.
2.6. Solución al caso concreto
34. Sobre el particular, el accionante argumenta que el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo de Ibagué incurrió en un defecto sustantivo al aprobar la liquidación de
costas en el proceso de protección de derechos e intereses colectivos, por un lado, por
indebida aplicación normativa, en tanto, la autoridad judicial accionada introdujo, a partir
17
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
18
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha
señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
20
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
21
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
del amparo de pobreza, una restricción al reconocimiento de las agencias en derecho
que no está prevista en la Ley 472 de 1998 ni en el artículo 366 del CGP.
35. Por otro lado, la decisión habría desconocido el precedente contenido en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado22 sobre la materia, conforme a la cual, la condena
en costas a favor del actor popular comprende las expensas, gastos y agencias en
derecho, independientemente de si acudió al proceso mediante apoderado judicial o
directamente, mientras que las agencias deben fijarse aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura.
36. Al respecto, el Juzgado accionado expuso lo siguiente en el auto del Veintitrés (23) de
Enero de Dos Mil Veintitrés (2023), al pronunciarse sobre el recurso de reposición
interpuesto por el accionante contra la providencia que aprobó la liquidación de las costas
en CERO PESOS ($0):
El Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de agosto de 2019, unificó jurisprudencia en el
sentido de precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su
armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas.
Precisó allí que el citado artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la sentencia le
resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos colectivos.
Así mismo indicó que en las acciones populares la condena en costas a favor del actor popular
incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la parte actora
haya concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente, pero que
en cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas procesales, bien sea en
cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo
365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se
encuentren causadas y serán liquidadas en la medida de su comprobación.
[…]
Debe indicar el despacho que la liquidación objetada fue realizada con estricta observancia a las
directrices y parámetros fijados por nuestro órgano de cierre el Consejo de Estado, que en
sentencia de unificación fue claro en determinar ante el evento de condenas en costas al interior
de esta clase de medio de control que su liquidación debe someterse exacta observancia a las
probanzas que se encuentren en el plenario.
Así entonces, al proceder con la liquidación que corresponde este despacho advirtió que no existió
elemento de prueba alguno que ponga de presente la existencia de expensa o gasto alguno, o que
la gestión del accionante generará remuneración alguna a título de agencias en derecho pues
contrario a ello, se tiene que en auto proferido el 29 de abril de 2022 se aprobó el amparo de
pobreza por el mismo solicitado, amparó que fue decretado atendiendo la manifestación por el
elevada bajo la gravedad de juramento de que no disponía de recurso económico alguno para
sufragar ningún tipo de gasto al interior de esta acción.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019,
C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01708-01
Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
Liquidar cifra alguna a favor del actor popular cuando en primer lugar no se encuentra acreditada
expensa o gasto alguno, y en segundo lugar atendiendo a que fue beneficiario del amparo de
pobreza porque el mismo señaló que no invertiría recurso económico alguno, iría en contravía de
las disposiciones normativas y jurisprudenciales que rigen tanto la condena como la liquidación de
costas al interior de las acciones populares.
Así las cosas, el despacho no repondrá la decisión adoptada en auto del 24 de octubre de 2025,
mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en el presente medio de control.
37. La Sala encuentra que no le asiste razón al accionante, pues, aunque el actor alega
que el amparo de pobreza no figura «en la Ley 472 de 1998, ni en el Código General del Proceso,
ni en la jurisprudencia de unificación vigente en materia de acciones populares» como causal para
limitar «los derechos procesales derivados de una condena en costas impuesta a la contraparte», el
Juzgado no aprobó la liquidación del monto en ceros por esa razón. Por el contrario, la
accionada encontró que, en el expediente, no obraba elemento de prueba alguno que
acreditara la causación de expensas o gastos procesales a cargo del actor, ni de
agencias en derecho, que son los presupuestos al que el numeral 8 del artículo 365 del
CGP (aplicable por remisión del artículo 38 de la Ley 472 de 1998) condiciona el
reconocimiento de costas.
38. En ese sentido, la decisión se ajustó a las normas procesales invocadas por el
accionante; así como a las reglas fijadas en la sentencia de unificación referida, en tanto
esta, si bien admitió el reconocimiento de las costas a favor del actor popular con
independencia de que hubiere concurrido al proceso mediante apoderado o
directamente, lo condicionó a las reglas del artículo 365 del CGP y a «la naturaleza, calidad
y duración del asunto, o a cualquier otra circunstancia especial que resulte relevante para tal efecto [como
el reconocimiento del amparo de pobreza]», de suerte que, solo se condena al pago de las
costas que se hayan causado y se liquidarán en la medida de su comprobación.
39. Sin perjuicio de lo anterior, el Juzgado sí destacó que resulta contradictorio lo
pretendido por el señor Ayala Silva (que se liquidaran las costas en el máximo permitido)
cuando la misma autoridad judicial le concedió el amparo de pobreza. Esto en la medida
en que, de acuerdo con los artículos 151 y 154 del CGP, el amparado por pobre no está
obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares
de la justicia u otros gastos de la actuación.
40. Las costas tienen una función resarcitoria y retributiva, esto es, compensar a la parte
vencedora las erogaciones en que efectivamente incurrió con ocasión del litigio, sin que
constituyan una sanción para el vencido ni una fuente de enriquecimiento para quien las
reclama, por lo que no habría lugar a condenar a la contraparte al pago de unos gastos
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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
que ni siquiera fueron probados, cuando su ausencia es apenas esperable en virtud del
amparo de pobreza concedido al actor popular.
41. A la luz de lo anterior, la Sala observa que la providencia censurada no incurrió en
defecto sustantivo, ni por indebida aplicación de las normas que regulan la liquidación de
costas en ese tipo de procesos, ni por desconocer el precedente del Consejo de Estado
sobre la materia. Por lo tanto, se negará el amparo deprecado.
42. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
III. DECISIÓN
43. Por las razones expuestas, comoquiera que, en el presente asunto, contrario a lo dicho
por el a quo, la tutela sí reviste de relevancia constitucional, pero no se acreditó que la
providencia cuestionada haya incurrido en el defecto alegado, se impone revocar el fallo
impugnado para, en su lugar, negar la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecisiete (17) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional; y, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: Sergio Augusto Ayala Silva
Accionado: Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Ibagué
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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