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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01711-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01711-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por el señor Hugo Alberto Quintero Hernández contra el Tribunal Administrativo del Magdalena. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Hugo Alberto Quintero Hernández Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2026-01711-00 SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01711-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01711-00
Accionante: HUGO ALBERTO QUINTERO HERNÁNDEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del
Magdalena. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 9 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Hugo Alberto Quintero Hernández, actuando por conducto de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Magdalena, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la «tutela judicial efectiva».

2. El accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Tribunal Administrativo del Cesar. Así mismo, se dispuso vincular al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Santa Marta; a la Nación, Ministerio de Educación Nacional; a la
Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG); a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP); al distrito de Santa Marta; y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General
del Proceso.

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Accionante: Hugo Alberto Quintero Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01711-00

a la sentencia del 6 de agosto de 20253, mediante la cual la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta que negó las
pretensiones que propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por la parte actora contra el Ministerio de Educación Nacional
y el Distrito de Santa Marta, con el fin de que se anulara el oficio 2024-EE-061852
del 28 de febrero de 20244, y el acto ficto que configuró el silencio administrativo
por parte del Distrito de Santa Marta al no emitir respuesta.

3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA en la
sentencia proferida el día 06 de agosto de 2025, en el expediente radicado bajo
número 47-001-3333-010-2024-00201-01,transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
del (la) señor (a) HUGO ALBERTO QUINTERO HERNANDEZ, por considerar que
las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas
Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el
proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente HUGO ALBERTO QUINTERO HERNANDEZ a la luz de
los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.

1.2. Hechos

4. Hugo Alberto Quintero Hernández presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
de Educación Nacional y el Distrito de Santa Marta, en procura de que se le
inaplicara «por ilegal» el Decreto 284 de 20245, y, en consecuencia, anulara el
oficio 2024-EE-061852 del 28 de febrero de 2024, y el acto ficto que configuró el
silencio administrativo por parte del Distrito de Santa Marta al no emitir respuesta
con los que, manifiesta, se le negó el reconocimiento de la diferencia en los
incrementos salariales decretados de manera injustificada y desigual en el año
2008.

5. Adujo que en dicho año los docentes que, como él, se ubicaban en el grado
del escalafón docente 3CM recibieron un aumento menor que los que se
ubicaban en el grado 3DM.
3 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de con radicado 47-001-

3333-010-2024-00201-01.
4 Mediante los cuales se desestimó la solicitud de reconocimiento de la diferencia en los

incrementos salariales decretados en los años 2008 y 2009 que alegó como desiguales para los
grados del escalafón docente 3DM > 3CM.
5 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos

docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.
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6. Como sustento, adujo que entre los años 2005 a 2007 el incremento
salarial fue igual para todos los docentes escalafonados en el Decreto 1278 de
2002; sin embargo, para el año 2008, el Gobierno nacional «decretó aumentos
porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho personal, sin
que mediara una exposición de motivos previa, razonada y suficiente, esto es,
respaldo fáctico, jurídico o técnico, que justificara la legalidad de tal
diferenciación; aunque este proceder fue excepcional, ya que, en los años 2012
y subsiguientes se retornó a un esquema de incrementos homogéneos para todo
el escalafón docente».

7. Como consecuencia de lo anterior, manifestó que se vio afectado, pues
para el año 2008 «la categoría 3DM del escalafón docente recibió un incremento
en su salario del 44,89%, mientras que la categoría 3CM únicamente obtuvo un
incremento total del 32,71%, lo que refleja una diferencia negativa de 12,18
puntos porcentuales en perjuicio de esta última, situación que evidencia un trato
desigual e indiscriminado en la asignación de los aumentos salariales».

8. El conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta, que
mediante providencia del 25 de marzo de 2025 negó las súplicas de la demanda.
Como fundamento de su decisión, en síntesis, sostuvo que no hay prueba de la
vinculación del docente para el año 2008, y que, aun así, en gracia de discusión,
los ajustes salariales diferenciados entre un escalafón y otro responden a criterios
de sostenibilidad fiscal, profesionalización, experiencia y formación académica
de los docentes.

9. Así mismo, que entre cada grado y nivel existían salarios diferentes por la
estructura misma del escalafón el cual es congruente con el poder adquisitivo de
los mismos tratando de cerrar brechas salariales, y que el caso no se trataba de
un trato diferenciado entre iguales, sino entre desiguales, por lo que no se
vulneraron los derechos de trabajo digno, y de igualdad o «a trabajo igual, salario
igual».

10. Inconforme con lo resuelto en primera instancia el demandante apeló la
decisión. En resumen, argumentó que la sentencia de primera instancia no
abordó de manera integral los argumentos de la demanda, pues omitió analizar
la ausencia de justificación en los incrementos salariales diferenciados de 2008,
2009, y 2011, frente a los realizados de forma igualitaria para los años 2005 a
2007 y 2011. También alegó que no se verificó si la disparidad obedeció a una
causa objetiva o irregular, ni se motivó el trato desigual frente a los principios de
igualdad y proporcionalidad salarial.

11. Así mismo, en su apelación precisó que no cuestionó la competencia del
gobierno para fijar salarios distintos, sino la diferencia porcentual aplicada en los
incrementos, que considera discriminatoria. Finalmente, criticó que los decretos
expedidos carecieran de fundamentos fácticos y jurídicos para justificar la

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diferenciación. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y
la nulidad de los actos administrativos demandados.

12. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que
mediante providencia del 6 de agosto de 2025 confirmó lo decidido por el a quo.
Indicó que el Gobierno nacional tiene un amplio margen regulatorio para fijar el
régimen salarial de los servidores públicos, como lo es la población docente al
servicio del estado de conformidad con los lineamientos de la Ley 4 de 1992.

13. Al aplicar el test de igualdad de conformidad con la sentencia C-313 de
2003 de la Corte Constitucional, determinó que el caso no se trataba de un
trato diferenciado entre iguales, sino entre desiguales, pues es posible concluir
que la estructura del escalafón se organiza sobre criterios objetivos como la
profesionalización, experiencia y formación académica de los docentes, y los
incrementos salariales se fundamentan, entre otras, en razones de sostenibilidad
fiscal, lo que hace que no están llamados a ser idénticos para todos.

1.3. Sustento de la vulneración

14. El accionante argumentó que el asunto reviste relevancia constitucional, y
en consecuencia es necesaria la intervención del juez de tutela pues la autoridad
accionada validó como ajustada a derecho una decisión que desconoció los «los
principios constitucionales de igualdad material y debido proceso, así como los
parámetros normativos y probatorios aplicables al régimen salarial docente sin
ofrecer una motivación suficiente, razonada y válida», pues no tuvo en cuenta los
parámetros que al respecto fija el Decreto 1278 de 2002 en materia de asignación
de salarios proporcionales a los docentes que se ubican en los distintos
escalafones.

15. Refirió que se configuró el defecto sustantivo porque el tribunal no
cumplió con su deber de aplicar un control judicial estricto sobre el asunto puesto
en su conocimiento al interpretar de manera desarticulada y errónea la normativa
aplicable al régimen salarial de los docentes. A su vez, sostuvo que no se aplicó
el precedente judicial vinculante de la sentencia C-1064 de 2001, que exige una
justificación objetiva y suficiente para efectuar tratos diferenciados en materia
salarial.

16. También, afirmó que se cometió una «injusticia» con los docentes de la
educación pública, puesto que en los primeros años de entrada en vigor del
Decreto 1278 de 2002, los aumentos salariales se realizaron de forma igualitaria
para todos los docentes; sin embargo, para el año 2008, el Gobierno nacional,
sin justificación objetiva alguna, lo realiza de manera irregular y diferenciada.

17. Argumentó que el tribunal incurrió en un defecto fáctico en su dimensión
negativa, porque realizó una valoración indebida de las pruebas allegadas al
proceso que daban cuenta de incrementos salariales desproporcionados, lo
cuales otorgaron mayores aumentos a los docentes ubicados en escalafones
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inferiores, sobre los ubicados en escalafones superiores.

18. Indicó que la parte pasiva no aportó ninguna prueba que justificara
objetiva, clara, y válidamente la desproporción de los salarios, por lo que «se
configuró una decisión adoptada con fundamento en meras conjeturas».

1.4. Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo del Magdalena6, intervino a través del
magistrado ponente de la decisión controvertida. Después de realizar un resumen
de los fundamentos de la acción de tutela, manifestó que la decisión sí abordó
de manera integral la normativa que regula la remuneración de los docentes que
se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, y la facultad del Gobierno Nacional
para fijar anualmente las asignaciones.

20. Así mismo, señaló que en la providencia se explicó que las diferencias
salariales entre categorías se fundan en criterios objetivos de formación,
experiencia, evaluación y el grado y nivel en que se encuentran los docentes
dentro del escalafón, por lo que no existe trato discriminatorio ni violación al
principio de igualdad. También, precisó que el Tribunal sí valoró la situación
particular del actor, incluyendo su inscripción en el escalafón docente, y evaluó
el argumento sobre la diferencia salarial de 2008 concluyendo que no existía
equivalencia entre las categorías 3CM Y 3DM comparadas.

21. Referenció los criterios de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales fijados por la sentencia SU-116 de 2018 y afirmó que no se evidencia
la configuración de un defecto constitucional específico que haga procedente el
amparo. Agregó que, por el contrario, lo que el actor pretende reabrir un debate
ya resuelto en sede contenciosa, queriendo usar la tutela como una nueva
instancia para cuestionar el criterio jurídico adoptado.

22. Concluyó que la sentencia cuestionada fue emitida dentro de la
competencia del juez natural, con adecuada valoración probatoria y motivación,
sin vulnerar derecho fundamental alguno. En consecuencia, solicita declarar la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar sus pretensiones.
Adicionalmente, remitió copia del expediente de segunda instancia.

23. El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta7, se pronunció
en el sentido de oponerse a la prosperidad de las pretensiones, por no ser el
responsable de la transgresión de los Derechos constitucionales invocados.
Manifestó que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva pues de
acuerdo con sus funciones, no le corresponde responder por el pago de
diferencias salariales, pues esto es responsabilidad exclusiva de «la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y, en caso de prestaciones conexas, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) administrado por

6 Índice 12 de Samai.
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Índice 13 de Samai.
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Fiduprevisora S.A.», por lo que solicitó se declare la improcedencia del Amparo
en favor de la Alcaldía de Santa Marta, y se le desvincule del trámite.

24. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)8, intervino en el sentido de
informar que una vez verificadas sus bases de datos, no encontró alguna solicitud
elevada por parte del accionante pendiente por resolver, y que, en el presente
asunto le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que de sus
funciones no se deriva una obligación a su cargo que pueda ser reconocida en el
presente trámite por lo que solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela en su contra y se le desvincule.

25. La Nación, Ministerio de Educación Nacional9 manifestó que en el
presente asunto carece de falta de legitimación en la causa por pasiva, y solicitó
que se declare la improcedencia del mecanismo de amparo al considerar que no
se encuentra ajustada a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

26. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
10
Marta , se limitó a remitir copia del expediente.

27. Por su parte, la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), guardó
silencio pese a estar debidamente notificada del presente trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES

28. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

29. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al

8
Índice 14 de Samai.
9 Índices 16, 18 y 19 de Samai.
10 Índice 15 de Samai.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

31. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

32. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que el señor Hugo Alberto Quintero Hernández está
legitimado en la causa por activa, por ser quien promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se adoptó la sentencia de
segunda instancia que se cuestiona por esta vía.

34. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del
Magdalena se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión controvertida.

35. De otro lado, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, y la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
solicitaron que se les desvincule del proceso en atención a sus funciones legales.

36. La Sala negará esa petición respecto de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y del Distrito Turístico, cultural e Histórico de Santa Marta
con fundamento en que sus vinculaciones fueron realizadas en calidad de
terceros por el interés que les puede asistir en caso de que se adopte alguna

13 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;

(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
14 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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determinación relacionada con la providencia judicial dictada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que conformaron el extremo
demandado.

37. En cuanto a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se ordenará su
desvinculación al no haber participado en la expedición de los actos
administrativos que se reprocharon en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, no haber participado en el proceso ordinario, ni
cobijarle directamente los efectos de la decisión que se adopte.

38. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

39. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en que la autoridad accionada
adoptó la decisión con desconocimiento de la normativa aplicable al régimen
salarial del personal docente y omitió la adecuada valoración de las pruebas
allegadas al proceso que evidenciaban la existencia de incrementos salariales
desproporcionados de los docentes escalafonados, dada la diferencia porcentual
entre aquellos del grado 3CM y 3DM.

40. Según los argumentos esgrimidos por el accionante, puso de presente
desde el proceso ordinario que el mencionado decreto vulneró su derecho a la
igualdad por el «aumento irregular y diferenciado» que estableció. Así las cosas,
al proferirse la decisión controvertida se configuraron los defectos: (i) fáctico, por
indebida valoración de las pruebas, y (ii) sustantivo, porque no se realizó un
control judicial estricto sobre el asunto puesto en su conocimiento al interpretar
de forma indebida la normativa aplicable al régimen salarial de los docentes y no
se aplicó la tesis de la sentencia C-1064 de 200116 de la Corte Constitucional.

41. Cabe destacar que en la decisión cuestionada se le explicó a la parte
actora que el Gobierno Nacional tiene la competencia de fijar incrementos
salariales diferenciados, de acuerdo con la amplia potestad de configuración

15 Sentencia SU-215 de 2022.
16 Al respecto copió el siguiente aparte: “los porcentajes de aumentos salariales para los
servidores de las escalas superiores no pueden ser igual o mayor a los de los incrementos para
los de las escalas inmediatamente inferiores. De lo contrario se desconocerían los principios de
equidad y progresividad".
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normativa que le otorga la Ley 4 de 1992.

42. Al respecto, se aclaró que en el caso objeto de estudio, no se trataba de
un trato diferenciado entre iguales, sino entre desiguales, pues es posible concluir
que los decretos de aumento salarial se estructuran sobre criterios objetivos,
como el nivel de profesionalización, experiencia y formación académica de los
docentes, y en razones de sostenibilidad fiscal, y poder adquisitivo de los
docentes, por lo que los incrementos salariales no están llamados a ser idénticos
para todos; en consecuencia el Gobierno nacional no está impedido para fijar
incrementos salariales diferenciados entre los distintos grados y niveles del
escalafón, y hacerlo no configura una práctica discriminatoria ni atenta contra el
principio de igualdad.

43. En ese sentido, el debate constitucional que propone el accionante, a partir
de los defectos alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en
que sus argumentos recaen en su inconformidad frente a lo decidido por el
operador judicial sin que explique de qué forma resultaron vulnerados sus
derechos fundamentales o proponga un estudio con enfoque constitucional, más
allá de querer reabrir la discusión jurídica para que se determine que corresponde
acceder a sus pretensiones.

44. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia17.

45. Por esto, la sala declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por el señor Hugo Alberto Quintero Hernández contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
9
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Accionante: Hugo Alberto Quintero Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01711-00

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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