República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01712-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01712-00 (2577)
Accionante: Cecilia Fernández Mulet
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Subtema 2: pensión de jubilación a docente
vinculado a través de contratos de prestación de servicios con anterioridad a la
Ley 812 de 2003. Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a
resolver la solicitud de amparo interpuesta por Cecilia Fernández Mulet contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena en ejercicio de la acción de tutela prevista
en el artículo 86 de la Constitución Política.
1. Síntesis del caso
La señora Cecilia Fernández Mulet presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, y los principios
se seguridad jurídica y favorabilidad, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con ocasión de la providencia del 3 de septiembre
de 2025, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el
núm. 47001-33-33-009-2023-00115-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01712-00 (2577)
Accionante: Cecilia Fernández Mulet
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las
partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos
relevantes:
2. La señora Cecilia Fernández Mulet tiene más de 60 años y labora como
docente oficial desde el 19 de abril de 1995, además, cotizó a Colpensiones por
el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 1992 y el 30 de junio de 2016.
3. El 28 de noviembre de 2022, la accionante solicitó al Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
la Fiduprevisora S.A. y al municipio de El Banco y el departamento del
Magdalena el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, sin obtener
respuesta, por lo cual se configuró el silencio administrativo negativo.
4. La señora Fernández Mulet presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, la Fiduprevisora S.A., el municipio
de El Banco y el departamento del Magdalena, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto ficto negativo consecuencia de la falta de respuesta de la
petición del 28 de noviembre de 2022 y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a su favor.
5. El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Santa Marta, mediante
sentencia del 4 de marzo de 2025, declaró la nulidad del acto ficto negativo y, en
consecuencia, ordenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG
y la Fiduprevisora S.A., pagar una pensión de jubilación a la accionante conforme
a la Ley 33 de 1985, a partir del 17 de octubre de 2021 y efectiva a partir del
retiro del servicio.
6. Inconformes con la anterior decisión, la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, FOMAG, y el municipio de El Banco presentaron recursos de
apelación.
7. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de providencia del 3 de
septiembre de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la demandante no cumplía con
los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
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1993, además que para la entrada en vigencia de esa norma únicamente había
cotizado a Colpensiones 13.43 semanas, sin haber efectuado aportes del
FOMAG, dado que su vinculación legal y reglamentaria con dicha entidad ocurrió
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA en la
sentencia proferida el día 3 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo
número 47-001-33-33-009-2023- 00115-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, SEGURIDAD
JURÍDICA, PRINCIPIO DE FAVORABILDAD y DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE VERTICAL de la señora CECILIA FERNÁNDEZ MULET, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por la jurisdicción contenciosa administrativa.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y proferir una nueva decisión con fundamento en la
normatividad aplicable al caso de la parte actora -esto es, la Ley 71 de 1988-, así
como en una adecuada valoración del acervo probatorio, en concordancia con el
precedente jurisprudencial establecido por el Máximo Órgano de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa..
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora alegó que el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia del 3 de septiembre de
2025, incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento de precedente vertical
al negar el reconocimiento de la pensión bajo la consideración de que la docente
no acreditó los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
10. Lo anterior, por cuanto, según explicó, la autoridad accionada adoptó una
posición contraria a la consolidada por el Consejo de Estado, según la cual el
régimen pensional de los docentes oficiales no está supeditado a las condiciones
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en la medida en que dicho
grupo de servidores se encuentra exceptuado del Sistema Integral de Seguridad
Social por mandato del artículo 279 de esa norma.
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11. Expuso que la Sección Segunda de esta corporación ha reiterado en varias
providencias1 que la única condición relevante para definir el régimen aplicable
al personal docente es la prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, esto
es, haber estado vinculado al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de
2003.
12. Precisó que, en los casos de docentes que acumulan tiempos públicos y
privados para acceder a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, el órgano
de cierre ha definido que no resulta exigible el cumplimiento de las cargas
propias del régimen de transición general. A su juicio, imponer tales exigencias
desborda el marco normativo aplicable, desconoce la naturaleza especial del
régimen docente y puede incidir de manera desfavorable en la determinación del
monto pensional.
13. Indicó que cumple con los requisitos legales de la Ley 71 de 1988, al haber
prestado sus servicios como docente oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual los requisitos impuestos por el
Tribunal, constituían una barrera injustificada para la materialización de los
derechos laborales.
14. Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada carecía de una
justificación suficiente para apartarse del precedente, al no identificar ni analizar
la línea jurisprudencial vigente sobre la materia.
2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente, mediante auto del 9 de marzo de 20262, admitió la
solicitud de amparo; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena,
en calidad de accionado; vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Noveno
Administrativo de Santa Marta, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al
municipio de El Banco, al departamento del Magdalena, al Fondo Nacional de
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de febrero de 2022, proceso
radicado núm. 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). M.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de abril de 2022, proceso radicado
núm. 63001-23-33-000-2018-00184-01 (4983-2019). M.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2022, proceso radicado
núm. 25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de julio de 2023, proceso radicado
núm. 15001-23-33-000-2020-00011-01(4469-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de abril de 2024, proceso radicado
núm. 25000-23-42-000-2020-00549-01(3118-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2025, proceso radicado
núm. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
2 Samai, índice 5
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Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A.; y tuvo como
pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela.
2.4. Intervenciones
16. El departamento del Magdalena3 solicitó la desvinculación al carecer de
legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite, toda vez que la acción
de tutela se dirigía contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y no respecto
del gobernador de ese ente territorial.
17. Adicionalmente, sostuvo que en el caso bajo estudio la actora cuestiona la
interpretación de los jueces, de ahí que, a su juicio, su pretensión estaba dirigida
a convertir la acción de tutela en una tercera instancia del proceso ordinario.
18. El Tribunal Administrativo del Magdalena4 solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo al considerar que la providencia
cuestionada no incurrió en los defectos alegados por la accionante, en la medida
en que sí tuvo en cuenta el tiempo de servicio como docente, incluidos los
períodos vinculados mediante contratos de prestación de servicios, además de
efectuar un análisis del marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable.
19. Indicó que la inconformidad de la accionante no evidenciaba una actuación
arbitraria o caprichosa de esa corporación, sino una discrepancia frente a la
interpretación que adoptó, la cual, en todo caso, estaba amparada por el principio
de autonomía e independencia judicial.
20. Finalmente, advirtió que la tutela pretende reabrir una controversia ya
decidida en sede contencioso-administrativa, con el propósito de convertir el
amparo en una instancia adicional, lo cual resultaba incompatible con su carácter
excepcional, subsidiario y residual.
21. El Ministerio de Educación Nacional5 manifestó que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad, debido a que la
acción constitucional se dirigía contra una providencia judicial y a que no realizó
alguna acción u omisión que derivara en la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora. Además, indicó que el asunto carece de relevancia
3 Samai, índice 12
4 Samai, índice 13, certificado núm.B7C9C301877D1DE2 EA2C9CA8C2582C0C CF05A7E76602824B
A17A0B5F32ED116B.
5 Samai, índice 15, certificado núm. 14ADE89E89F8EABA 12B3BA5902990E63 870C58416E579A01
1C5B3813323ADB82
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constitucional por tratarse de una controversia de naturaleza estrictamente
económica, lo cual excedía la competencia del juez de tutela.
22. El Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta remitió el expediente
digital, pero no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de
la presente acción de tutela.
23. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política
y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para
conocer la presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal
Administrativo del Magdalena.
3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa por parte de Cecilia Fernández Mulet
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 3 de
septiembre de 2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, es titular de los derechos
que considera vulnerados.
26. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Magdalena, porque fue la autoridad que profirió la sentencia
cuestionada que, según afirmó la parte tutelante, quebrantó sus derechos
fundamentales.
27. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Magdalena solicitaron su desvinculación, al considerar que no
estaban llamados a responder por la vulneración de los derechos fundamentales
de la parte accionante.
28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que dichas entidades actuaron como parte demandada
dentro del proceso ordinario en el que fue expedida la providencia objeto de
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reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus
intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos
judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional7.
30. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte
accionante debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y
proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial
se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o
causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la
Constitución9.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las
cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los
lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
34. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo
comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa
mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia
judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que
existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que
en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento
9 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a
derecho.
36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque
la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias
respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia objeto de reparos, proferida el 3 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, fue notificada el 9 de octubre de 202512
y cobró ejecutoria el 17 de octubre siguiente, por su parte, la demanda de tutela
se presentó el 3 de marzo de 202613, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional14 y del Consejo de Estado15 como
razonable.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este
se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y
no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, en ese orden, continuará con el análisis
de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
41. En los términos de la acción de tutela le corresponde a la Sala determinar
si ¿el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales
12 Samai, proceso núm. 47001-33-33-009-2023-00115-01.
13 Samai, índice 1.
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, y los principios a la seguridad jurídica y de favorabilidad,
al proferir la sentencia del 3 de septiembre de 2025, mediante la cual revocó la
sentencia de primera instancia que había accedido al reconocimiento de la
pensión de jubilación a la accionante para, en su lugar, negar las pretensiones?
42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
43. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento
en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió
vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido
declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los
cuales se ha aplicado16.
44. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición
legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a
lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
45. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a
la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se
16 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales
que son de forzosa aplicación […]17.
46. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe
desarrollarse dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un
precepto inexistente.
47. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y
la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).18
3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial
48. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas19.
49. Al respecto, la Corte Constitucional20 ha considerado que el precedente se
define como la sentencia o conjunto de estas que son emitidas con anterioridad
a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
17 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante,
el ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a
“asegurar” la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2).
Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente
casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego,
con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso
de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes
o de lo contrario desconoce el precedente horizontal».
20 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad
del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este
precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa
e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de
cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz
de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima
que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones
constitucionales21.
50. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas
por autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia22.
51. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin
determinar si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla
de decisión en relación con casos similares o si existen reglas interpretativas
fijadas por autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la
unificación de la jurisprudencia»23.
52. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud
del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un
precedente, pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es
absoluta. Así, en caso de que el cambio de postura no se justifique
21 Se transcribe incluso con errores.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que puede
ser reclamada a través de la acción de tutela24.
53. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en
que las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al
interior de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad
en el marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación25.
54. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como
transgresora de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican
el cambio de criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se
salvaguarde las exigencias de la autonomía judicial.
3.5. Caso concreto
55. En el asunto bajo estudio, la señora Cecilia Fernández Mulet presentó
escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A., el
municipio de El Banco y el departamento del Magdalena, con la pretensión de
obtener el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
56. En primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo de Santa Marta,
mediante sentencia del 19 de marzo de 2025, ordenó el reconocimiento de la
pensión de jubilación a la actora, de conformidad con la Ley 33 de 1985, efectiva
a partir del 17 de octubre de 2021.
57. Apelada la anterior decisión por el Ministerio de Educación Nacional,
FOMAG, y el municipio de El Banco, el Tribunal Administrativo del Magdalena
emitió providencia el 3 de septiembre de 2025 en la que revocó la sentencia de
24 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos
similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión
de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y
válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden
garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e
independencia de los operadores judiciales.»
25 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
58. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el
Tribunal accionado, al proferir la sentencia del 3 de septiembre de 2025, incurrió
en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente porque exigió el
cumplimiento de los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 para negar el reconocimiento pensional, pese a que la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha establecido que el régimen
pensional de los docentes oficiales no está supeditado a dicha transición y que,
en consecuencia, el análisis debía realizarse con fundamento en el régimen
anterior aplicable según la fecha de vinculación al servicio educativo oficial.
3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
59. El Tribunal Administrativo del Magdalena inició por señalar que la
determinación del régimen aplicable de la actora dependía de la fecha y
naturaleza de la vinculación al servicio docente, en especial, frente a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
60. Al estudiar el caso concreto, consideró que la demandante no logró
acreditar una vinculación como empleada pública vinculada con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, puesto que su vinculación formal al
FOMAG inició a partir del 31 de mayo de 2004. No obstante, precisó que el
tiempo de servicio en que la señora Fernández Mulet se desempeñó como
docente a través de contratos de prestación de servicios con el municipio de El
Banco, podía tomarse para efectos pensionales, teniendo en cuenta que
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado «resulta posible que en el
proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación se incluyan
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios».
61. A partir de la valoración probatoria, concluyó que la actora no era
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para
su entrada en vigencia, no cumplía con los requisitos de edad ni de tiempo de
servicios exigidos pues para ese momento únicamente acreditaba 13.43
semanas cotizadas a Colpensiones. Por lo tanto, indicó que no tenía vocación
de prosperidad la pretensión de la aplicación de la Ley 71 de 1989.
3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto a los defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente alegados por la actora
62. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena
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incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial, la
Sala debe precisar que en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019, la Sección Segunda de esta corporación definió que el
criterio determinante para establecer el régimen pensional de los educadores
oficiales es la fecha de su vinculación al servicio, de acuerdo con el artículo 8126
de la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
63. Bajo esta línea interpretativa, coexisten dos regímenes:
(i) El de los empleados públicos del orden nacional (Ley 33 de 1985 o
Ley 71 de 1988), aplicable a quienes ingresaron al servicio antes del
27 de junio de 2003; y
(ii) El de prima media (leyes 100 de 1993 y 797 de 2003), para quienes
se vincularon con posterioridad a la mencionada fecha.
64. Esta distinción obedece a la excepción del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, la cual sustrae a los afiliados del FOMAG del régimen general de seguridad
social. Por tal razón, la jurisprudencia de esta Sala ha sido pacífica al señalar
que a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 no les son oponibles
las exigencias del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues su protección no
emana de la transición general, sino de su pertenencia a un régimen especial
exceptuado.
65. Resulta imperativo advertir que, según el precedente de esta Sección, el
análisis de la vinculación debe efectuarse con independencia de si el vínculo fue
de naturaleza legal y reglamentaria o mediante contrato de prestación de
servicios, toda vez que ambas modalidades acreditan la condición de docente
oficial. En sentencia del 7 de abril de 202227, se expuso en los siguientes
términos:
«[…] Pues bien, tal postura jurídica resulta ser inadecuada debido a que, como se
mencionó líneas atrás, era necesario tener en cuenta la primera vinculación como
26 Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a
riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos (…).
27 Sección Segunda, Subsección A, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-23-33-
000-2016-00438-01 (1410-2018). CP: William Hernández Gómez.
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docente oficial que acreditó el señor Pineda Pineda para determinar el régimen
que regula su caso. En virtud de esta circunstancia, la entidad demandada a pesar
de reconocer la calidad de educador estatal del libelista, solo verificó el segundo
nombramiento como tal, ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, a pesar de que al margen de la solución de continuidad presentada en
la relación legal y reglamentaria en comento, aquel sí había ejercido como maestro
antes del 27 de junio de 2003, lo cual impedía que su situación jurídica fuera
sometida al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y a las previsiones
generales de tal normativa, pues por tal circunstancia, su derecho pensional debía
consolidarse plenamente sobre la base de la Ley 33 de 1985 en cuanto a la
determinación del IBL y la Ley 62 del mismo año sobre los factores a incluir. […]».
66. En ese mismo sentido, esta subsección recordó, en sentencia del 13 de
febrero de 202528, que para ser beneficiario de la transición del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 bastaba la acreditación al servicio público oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa norma, así lo expresó:
«[…] 82. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en
sentencia SUJ014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, precisó que para efectos de
establecer el régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en
cuenta la fecha de vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido
de que: i) quienes se hubiesen vinculado «antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003» [27 de junio de 2003] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a
los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción del requisito de la edad.
83. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que la
demandante se vinculó como docente de primaria en la Institución Educativa
Isaías Gamboa, Sede Alejandro Cabal Pombo, ubicada en el Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, el 16 de octubre
de 1984, «institución de carácter PÚBLICA Y OFICIAL; mixta, que brinda
educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media académica y técnica (Convenio CASD), metodologías flexibles para
jóvenes en extra edad, jornada única, diurna y nocturna con CALENDARIO A».
84. Cabe mencionar aquí, que la Institución Educativa Isaías Gamboa, Sede
Alejandro Cabal Pombo, donde estuvo vinculada la actora, pertenece a la red de
establecimientos públicos del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Cali
28 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-
000-2019-00636-01 (5132-2022). CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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85. Así las cosas, se tiene que la vinculación inicial de la demandante como
docente ocurrió con anterioridad a la Ley 812 de 2003, esto es el 16 de octubre
de 1984, por tanto, el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71
de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de tiempos públicos
y privados.
86. Valga precisar, que para ser beneficiario de la transición establecida en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 solamente hay que acreditar una vinculación al
servicio público educativo con anterioridad al 27 de junio de 2003, entrada en
vigencia de la norma, más no que el vínculo haya estado vigente para esta fecha,
pues no hay un mandato legal que así lo disponga. […]».
67. La anterior posición fue reiterada en sentencia del 13 de febrero de 202529,
en la que se precisó que la modalidad contractual era válida para determinar la
vinculación al servicio público educativo oficial. De la siguiente manera se
expresó:
«[…] 102. Ahora bien, se tiene que la vinculación inicial de la demandante como
docente ocurrió con anterioridad a la Ley 812 de 2003, por tanto, como lo
estableció el a quo, el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71
de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de tiempos públicos
y privados.
[…]
110. Así pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad
contractual a las Secretarías de Educación de los departamentos de Caldas y
Risaralda y de los municipios de Dosquebradas y de Pereira, resultan válidos para
determinar que estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y para el
reconocimiento de la pensión de jubilación. Por lo tanto, podía pensionarse con
las normas vigentes aplicables, la cual, para su caso era la Ley 71 de 1988. […]».
68. Al descender al caso concreto, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en un yerro sustancial al realizar una
lectura restrictiva de la calidad de docente oficial. Si bien tuvo por probado que
la señora Cecilia Fernández Mulet prestó servicios desde 1995 mediante
contratos de prestación de servicios, computó dichos periodos únicamente para
verificar la densidad de semanas, omitiendo que tal circunstancia definía el
régimen pensional aplicable.
69. Por lo tanto, la postura de la autoridad judicial accionada se opone a la de
este órgano de cierre, en cuanto desconoce que, con independencia de la
29 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado
66001-23-33-000-2021-00241-01 (6283-2023). CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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modalidad de vinculación, la prestación del servicio educativo oficial antes del 27
de junio de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 812 de ese mismo año) es
suficiente para exceptuar al docente del régimen general de pensiones.
70. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del
Magdalena incurrió en un defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente vertical al supeditar el derecho pensional de la actora a los requisitos
de la Ley 100 de 1993, cuando lo procedente era reconocer que, al haberse
vinculado al servicio educativo oficial en 1995, la señora Fernández Mulet se
encontraba amparada por el régimen de transición especial de la Ley 812 de
2003.
4. Conclusión
71. En virtud de lo anterior, la Subsección amparará los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia de la
señora Cecilia Fernández Mulet, y se dejará sin efectos la sentencia del 3 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
72. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, emita
una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado núm. 47001-33-33-009-2023-00115-01, de acuerdo
con las consideraciones expuestas en esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Magdalena, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora
Cecilia Fernández Mulet, por los motivos expuestos en esta decisión.
Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 3 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del expediente con radicado
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Accionante: Cecilia Fernández Mulet
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
núm. 47001-33-33-009-2023-00115-01, en atención a las razones expresadas
en esta providencia.
Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte
considerativa de este fallo.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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