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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01714-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01714-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2026-01714-01 Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01714-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01714-01
Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 4 de junio de 2026, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 3 de marzo de 2026, el señor Samuel Alejandro Ortíz Mancipe presentó acción
de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad1.

2.
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida dentro
del medio de control de nulidad electoral2 (acumulado) que promovió contra el acto
de elección de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, por la
presunta indebida conformación de la terna de candidatos.

3.
En la referida providencia, la autoridad judicial accionada concluyó que el acto de
elección de la Fiscal General de la Nación era válido y ajustado a derecho. En
particular, consideró que la modificación de la terna inicialmente presentada por el
presidente de la República no desconoció el ordenamiento jurídico, toda vez que se
efectuó dentro del término concedido para subsanar la postulación remitida a la Corte

1 También invocó los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y racionalidad.
2 Radicado: 11001-02-30-000-2024-00330-00, acumulado a las demandas electorales presentadas por los
ciudadanos Harold Eduardo Sua Montaña, Jonh William García Castro, Sthefanny Feney Gallo Herrera, Larzon
Steve Cárdenas Delgadillo y Juan Manuel Retis Amaya, todas tramitadas bajo el radicado 11001-03-28-000-
2024-00113-00 (principal).

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Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
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Suprema de Justicia y antes de que esa corporación iniciara el proceso de votación
para la elección. Asimismo, sostuvo que la renuncia presentada por una de las
integrantes de la terna el mismo día en que se produjo la elección no implicó su
desintegración, pues fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, autoridad
que no tenía competencia para aceptarla, razón por la cual la terna permaneció
vigente al momento de la elección.

4.
Como sustento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente al apartarse y variar
las reglas fijadas por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 6 de
marzo de 2012 3 . Señaló que, en esa decisión, se estableció que la facultad del
presidente de la República para recomponer la terna de candidatos a Fiscal General
de la Nación no podía ejercerse arbitrariamente, sino que debía fundarse en una
circunstancia objetiva y excepcional, ajena a su voluntad, y estar acompañada de
una motivación clara, completa y orientada por el interés general.

5.
Señala que dicha regla fue desconocida por la Sección Quinta al considerar
ajustada a derecho la modificación de la terna inicialmente presentada por el
Presidente ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el entendido de que dicha
corporación no podía adelantar el proceso de elección mientras no verificara el
cumplimiento de los requisitos y calidades de las candidatas -dado que el alto
mandatario omitió remitir las hojas de vida de las ternadas-. A su juicio, la providencia
cuestionada introdujo una nueva hipótesis que habilitaba al Presidente de la
República para sustituir a una de las postuladas durante el trámite de subsanación,
sin exigirle justificar esa decisión, pese a que la facultad de postulación no es
discrecional. Agregó que también debió valorarse la afectación de las expectativas
legítimas de las personas inicialmente ternadas y la aplicación del artículo 97 del
CPACA, por cuanto la sustitución requería la aquiescencia de quien fue retirada de
la terna.

6.
A su vez, reprochó que en la sentencia objeto de tutela se hubiera considerado
que la renuncia presentada por una de las ternadas, el mismo día de la elección, no
afectó la integridad de la terna, debido a que fue radicada ante la Corte Suprema de
Justicia -autoridad que carecía de competencia para aceptarla- y cuando ya se iba a
celebrar la última sesión de votación y elección. En su criterio, ese razonamiento
desconoció la ratio decidendi de la sentencia del 6 de marzo de 2012, en la que la
renuncia de alguno de los candidatos fue identificada como una de las causales que
habilitaban, y a su vez, imponían al Presidente, la recomposición de la terna para
garantizar la viabilidad de la elección.

7.
Al respecto, aclaró que en la sentencia que constituye el precedente desconocido,
se reiteró el criterio expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en decisión del 28 de octubre de 2010, conforme a la cual, la competencia

3 Cita original: “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de Marzo de

2012. Radicación No. 11001-03-28-000-2011-00003-00(IJ). M.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.”
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presidencial para postular candidatos no se agotaba con la remisión inicial de la lista
de elegibles ante la Corte Suprema de Justicia.

8.
Por último, alegó que, aunque la providencia demandada mencionó el fallo judicial
de 2012, no satisfizo las cargas de transparencia y argumentación requeridas para
separarse de aquel, pues lo citó de manera general, sin identificar con precisión su
regla de decisión ni explicar las razones por las cuales no resultaba aplicable al caso
concreto. Así, estimó contradictorio que se reconociera que la conformación de la
terna no podía modificarse arbitrariamente, y al mismo tiempo se concluyera que la
renuncia de una de sus integrantes careciera de incidencia sobre la validez de la
elección, por la simple “concomitancia” con la audiencia de votación.

9.
De otro lado, sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en violación
directa de la Constitución al desconocer los principios de buena fe y confianza
legítima. Conforme a la jurisprudencia constitucional, este último impone a las
autoridades administrativas y judiciales evitar alterar de manera súbita e imprevisible
las reglas jurídicas o interpretativas que rigen y determinan los supuestos de hecho
puestos en su conocimiento, cuando ello defrauda las expectativas legítimas de los
administrados.

10.
Acorde a ello, afirmó que si la Sección Quinta del Consejo de Estado consideraba
necesario modificar el criterio jurisprudencial adoptado en sentencia del 6 de marzo
de 2012, debía reconocer expresamente ese cambio y otorgarle efectos
prospectivos, mediante la figura de la jurisprudencia anunciada. Esto, a fin de
preservar la seguridad jurídica y la confianza legítima de quienes actuaron acorde a
ese criterio jurisprudencial. Resaltó que ello resultaba especialmente exigible en su
caso concreto, porque la interpretación acogida en el fallo demandado era posterior
al acto de elección de la Fiscal General de la Nación y a la propia presentación de la
demanda de nulidad electoral.

11.
Bajo ese contexto, reprochó que la autoridad judicial demandada aplicara ese
nuevo criterio -inmediatamente- para resolver el litigio, aun cuando las partes e
involucrados habían actuado conforme a la interpretación que estaba vigente.

12.
Acto seguido, cuestionó que en uno de los autos admisorios de las demandas de
nulidad electoral acumuladas, se hubiera reconocido que el precedente existente no
resolvía integralmente los interrogantes jurídicos del caso particular, derivados de la
renuncia presentada por una de las candidatas durante el proceso de elección, razón
por la cual, la Sección Quinta debía desarrollar la línea jurisprudencial pertinente. No
obstante, consideró que se ignoró el deber de ponderar las consecuencias derivadas
de la adopción de un nuevo criterio interpretativo y modular su aplicación en una
situación jurídica ya consolidada.

13.
Finalmente, adujo que se configuró un defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio, al apreciar ciertas pruebas de forma aislada y

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descontextualizada. En primer lugar, expuso que se incurrió en un errado análisis de
la comunicación del 26 de septiembre de 2023, mediante la cual el Presidente
informó a la Corte Suprema de Justicia la conformación de la nueva terna para la
elección del Fiscal General de la Nación. Explicó que, aunque en la sentencia
cuestionada se reiteró que la facultad presidencial para modificar esa terna no podía
ejercerse arbitrariamente, al valorar el referido documento la autoridad judicial omitió
verificar si la decisión había sido motivada.

14.
Indicó que en la mencionada comunicación únicamente se notificó el cambio de
una de las aspirantes por quien terminó siendo elegida para el cargo, sin expresar
razón alguna para justificar esa sustitución. No obstante, la Sección Quinta concluyó
que, debido a que la primera terna había sido remitida sin los soportes documentales
necesarios para evaluar a las aspirantes, el Presidente podía subsanar esa
irregularidad o modificar las candidaturas. A su juicio, esa conclusión no encuentra
respaldo alguno en el contenido de ese documento y, en todo caso, la autoridad
enjuiciada valoró erróneamente esa prueba, al atribuirle la potencialidad de
demostrar un hecho que no aparecía acreditado en el expediente.

15.
Seguidamente, refirió que tampoco se valoró debidamente el acta 8 de la sesión
extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia celebrada el 12 de
marzo de 2024. Explicó que en la sentencia cuestionada se concluyó que cuando la
candidata Amelia Pérez presentó su renuncia ante el presidente de la República,
esta resultó extemporánea por haber sido concomitante con la elección de la fiscal,
la cual tuvo lugar a las 9:45 a.m. Sin embargo, esa conclusión desconoce el
contenido literal del acta, según la cual, a las 9:45 a.m., inició la sesión de votación,
mientras que la elección tuvo lugar al finalizar la discusión, aproximadamente a las
11:15 a.m. En consecuencia, la autoridad judicial accionada otorgó a ese medio de
prueba un alcance diametralmente diferente a su contenido material.

16.
Finalmente, alegó que la Sección Quinta omitió valorar adecuadamente que,
durante la referida sesión extraordinaria, la Corte concluyó que la renuncia
presentada por una de las candidatas era inocua para el trámite de la elección y
decidió continuar con el proceso. En su sentir, se ignoró que esa determinación
provino de un órgano colegiado carente de competencia para pronunciarse sobre los
efectos jurídicos de la renuncia, pues esa decisión es exclusiva del presidente, como
autoridad facultada para componer la terna.

B. Sentencia de primera instancia

17.
Mediante sentencia del 4 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de inmediatez. Explicó que la sentencia cuestionada fue proferida el 21 de agosto de
2025 y que, de conformidad con el artículo 205 del CPACA, la notificación electrónica
se entendió surtida el 26 de agosto siguiente. No obstante, la acción de tutela fue
presentada el 3 de marzo de 2026, esto es, una vez transcurrido el término de seis
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meses que la jurisprudencia ha considerado razonable para promover el amparo
contra providencias judiciales, sin que el actor hubiera acreditado una circunstancia
que justificara la tardanza en su interposición. Así, concluyó que no era procedente
efectuar el estudio de fondo de los defectos atribuidos a la decisión judicial objeto de
controversia.

C. La impugnación

18.
La parte accionante impugnó la decisión, al considerar que se analizó
indebidamente el cumplimiento del requisito de inmediatez. Sostuvo que, según el
índice 164 de SAMAI del proceso de nulidad electoral, la sentencia objeto de tutela
quedó ejecutoriada el 28 de agosto de 2025, fecha a partir de la cual debía
contabilizarse el término de seis meses para promover el amparo. En ese sentido,
afirmó que dicho plazo vencía el 28 de febrero de 2026 y que, al corresponder a un
día inhábil, debía prorrogarse hasta el primer día hábil siguiente, de conformidad con
el penúltimo inciso del artículo 118 del Código General del Proceso.

19.
Acorde a lo anterior, señaló que el término para interponer la acción de tutela se
extendía hasta el 2 de marzo de 2026 y que, aunque la demanda fue presentada el
3 de marzo siguiente, la diferencia de un día no justificaba declarar incumplido el
requisito de inmediatez. Agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en particular las sentencias SU-332 de 2019, SU-260 de 2021 y SU-
368 de 2025, el lapso de seis meses constituye un criterio orientador para valorar la
razonabilidad en la presentación del amparo, mas no un término preclusivo, por lo
que correspondía analizar las circunstancias particulares del caso antes de rechazar
el estudio de fondo.

20.
A través de memorial del 17 de julio de 2026, la señora Luz Adriana Camargo -
por intermedio de su apoderado judicial- se opuso a la impugnación, destacando que
la tutela no cumple el requisito de inmediatez, como lo señaló el a quo. Indicó que
tampoco acredita los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional, en
tanto no se presentó solicitud de adición y el debate planteado se centra una
interpretación legal, a partir de la cual no es posible derivar una afectación grave,
desproporcionada y arbitraria de un derecho fundamental. Finalmente, presenta las
razones por las cuales estima que, de cualquier manera, no se configuran los
defectos alegados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

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21.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Análisis del caso concreto

22.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el
amparo solicitado. Lo anterior, por cuanto, con independencia del cumplimiento de
las demás exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, en el
presente asunto no se satisface el requisito de relevancia constitucional. Los
cuestionamientos formulados por la parte actora se sustentan en su discrepancia
con la interpretación jurídica, el entendimiento del precedente y la valoración
probatoria efectuadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado al resolver la
demanda de nulidad electoral. En ese sentido, se estima que la acción de tutela se
interpuso con la finalidad de reabrir el debate debidamente zanjado por el juez
natural.

23.
En efecto, no se desconoce que una de las discusiones planteadas en el presente
asunto gira en torno al cumplimiento del requisito de inmediatez. Sobre el particular,
la Sala advierte que, con independencia del punto de partida que se adopte para el
cómputo del término de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha fijado
como referente para valorar la oportunidad en la interposición de la acción de tutela
contra providencias judiciales —esto es, la notificación o la ejecutoria de la sentencia
censurada—, dicho parámetro se supera por algunos días.

24.
Lo anterior, porque la sentencia cuestionada fue proferida el 21 de agosto de 2025
y comunicada ese mismo día a las partes mediante correo electrónico. En aplicación
de lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA, la notificación se entiende surtida al
vencimiento de los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos; por
consiguiente la providencia quedó notificada el 25 de agosto de 2025 y ejecutoriada
el 28 siguiente.

25.
Ya sea que el término se contabilice desde la notificación o desde la ejecutoria de
la providencia cuestionada, el referente temporal de seis meses aparece superado,
bien por 4 días o por 1.

26.
Ahora, aún obviando esa discusión, si se acogiera lo expuesto por el accionante,
en relación a que debe considerarse que ese plazo no es preclusivo y que ejerció la
tutela en un plazo razonable, lo cierto es que la tutela no supera el presupuesto de
relevancia constitucional.

27.
En concreto, se advierte que los defectos atribuidos por la parte actora a la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado encuentran

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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sustento en su discrepancia con la interpretación jurídica y jurisprudencial que dicha
autoridad adoptó para resolver el medio de control de nulidad electoral. El
accionante parte de una comprensión distinta del alcance de las reglas fijadas en la
sentencia del 6 de marzo de 2012 respecto de la facultad del Presidente de la
República para modificar la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación, así
como de los efectos jurídicos derivados de la renuncia presentada por una de las
ternadas durante el proceso de elección.

28.
Bajo esa premisa, sostiene que la autoridad judicial debió acoger una
interpretación diferente de tales precedentes y, correlativamente, efectuar una
valoración distinta del material probatorio obrante en el expediente. De esta manera,
se considera que los reproches formulados bajo la apariencia de un
desconocimiento del precedente, una violación directa de la Constitución y un
defecto fáctico responden, en realidad, a la inconformidad del accionante con el
análisis jurídico y probatorio efectuado por el juez natural, sin que ello evidencie, por
sí mismo, la configuración de un asunto de relevancia constitucional.

29.
En efecto, el actor alegó que en la sentencia del 6 de marzo de 2012, proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, se estableció que la modificación de la
terna que formula el presidente de la República a fin de elegir al Fiscal General de
la Nación, únicamente procede ante la ocurrencia de ciertas circunstancias no
atribuibles al alto mandatario, las cuales deben ser justificadas ante la Corte
Suprema de Justicia. De otro lado, la Sección Quinta accionada concluyó que la
sustitución realizada durante el trámite de subsanación de la postulación por falta de
entrega de documentos resultaba jurídicamente viable.

30.
Así planteado el debate, observa la Sala que la controversia no versa sobre la
existencia, vigencia o fuerza vinculante del precedente invocado, sino que, recae
sobre la interpretación que debía otorgarse a la regla incorporada en aquel y a su
aplicación frente a las particularidades del proceso de elección de la Fiscal,
adelantado en el año 2024.

31.
Ciertamente, la lectura de la sentencia cuestionada permite advertir que la
autoridad judicial accionada no dejó de aplicar la providencia del 6 de marzo de
2012, ni prescindió de las reglas jurisprudenciales allí fijadas. Por el contrario,
expresamente la identificó como precedente relevante, reconstruyó su contenido,
examinó los supuestos fácticos que dieron lugar a dicha decisión y explicó las
razones por las cuales consideró que, a la luz de las circunstancias del caso
concreto, era jurídicamente viable avalar la modificación de la terna mientras la Corte
Suprema de Justicia no hubiera ejercido su función constitucional de voto y elección.

32.
Así, comenzó por explicar que, de conformidad con los artículos 249 de la
Constitución Política y 29 de la Ley 270 de 1996, la elección del Fiscal General
constituye un procedimiento de competencias concurrentes entre el Presidente de
la República, a quien corresponde conformar la terna, y la Corte Suprema de

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Justicia, encargada de deliberar y elegir a quien ocupará dicho cargo. A partir de ese
marco normativo destacó que el ordenamiento no prevé un procedimiento específico
para la elaboración de la terna ni regula expresamente la posibilidad de modificarla
una vez remitida al órgano elector.

33.
Sobre esa base, retomó el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil el 28 de octubre de 2010 —expresamente citado por el propio accionante—,
según el cual la atribución nominadora del Presidente constituye una competencia
autónoma, unilateral y discrecional, cuyo ejercicio encuentra como límite la finalidad
constitucional de la función y la proscripción de actuaciones arbitrarias. En ese
sentido, puso de presente que dicho concepto sostuvo que, al no existir reglas
procedimentales especiales para la conformación de la terna, los aspectos no
regulados por la Constitución permanecen dentro del ámbito de apreciación del jefe
de Estado.

34.
Con fundamento en ese mismo concepto, la Sección Quinta resaltó que la
facultad nominadora no se agotaba con la simple remisión inicial de la terna a la
Corte Suprema de Justicia, pues podían presentarse diversas circunstancias —
como la falta de requisitos de los candidatos, la renuncia o incluso el fallecimiento
de alguno de ellos— que hicieran necesaria su recomposición. Asimismo, destacó
que la inclusión de una persona en la terna no consolidaba un derecho subjetivo a
permanecer en ella y, por ende, la eventual modificación no requería el
consentimiento del candidato excluido, siempre que la decisión obedeciera al
ejercicio legítimo de la potestad nominadora y no a razones arbitrarias.

35.
Acto seguido, se examinó el precedente fijado por la Sala Plena en la sentencia
del 6 de marzo de 2012, proferida con ocasión del estudio de la legalidad de la
elección de la Fiscal General Viviane Morales Hoyos. Al respecto, concluyó que
dicha decisión reafirmó el carácter discrecional de la facultad presidencial para
conformar la terna, precisando, sin embargo, que esa potestad no era absoluta, sino
que debía ejercerse conforme a parámetros constitucionales y legales, de manera
que cualquier modificación respondiera a razones objetivas y compatibles con la
finalidad del mecanismo de elección, descartándose actuaciones caprichosas.
Igualmente, resaltó que ese precedente reconocía que la inclusión en la terna no
confería un derecho adquirido a permanecer en ella, de manera que el presidente
podía introducir modificaciones o sustituciones cuando ello resultara compatible con
los límites propios de la función nominadora.

36.
A partir de ese marco normativo y jurisprudencial, la Sección Quinta descendió al
estudio del caso concreto. Para ello, reconstruyó cronológicamente las actuaciones
surtidas desde la presentación de la terna el 2 de agosto de 2023; las sesiones de
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de los días 3, 14 y 17 de agosto; la
discusión adelantada el 14 de septiembre de ese año respecto de la ausencia de
hombres en el listado de elegibles y el no haberse anexado las respectivas hojas de
vida; la solicitud elevada el 25 de septiembre de 2023 para que se remitieran los

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soportes correspondientes; la comunicación del 26 de septiembre siguiente
mediante la cual la Presidencia de la República informó el reemplazo de una de las
ternadas y allegó los respectivos documentos; la revisión efectuada por la Corte
Suprema el 28 de septiembre de 2023 ante la insistencia de la excluida en el listado
sobre su derecho a ser tenida en cuenta y la determinación de que era válida la
nueva terna; y, las posteriores sesiones adelantadas hasta el 12 de marzo de 2024,
fecha en la cual fue elegida la señora Luz Adriana Camargo.

37.
Con fundamento en ese material probatorio, concluyó que la decisión presidencial
de modificar la terna no podía calificarse como arbitraria, pues mientras no se
allegaron las hojas de vida exigidas, la Corte Suprema de Justicia no estaba en
condiciones de ejercer plenamente su competencia constitucional de deliberar y
elegir al fiscal general. Bajo ese entendimiento, estimó que el Presidente podía optar
entre subsanar la irregularidad mediante el envío de los soportes requeridos o
modificar la integración de la terna, sin que para ello resultara aplicable el artículo
97 del CPACA ni fuera exigible el consentimiento de la candidata excluida, por
tratarse del ejercicio de una facultad discrecional sometida a los límites
constitucionales previamente expuestos.

38.
En esas condiciones, es evidente que el desacuerdo del accionante no radica en
que la Sección Quinta haya omitido considerar el precedente invocado, sino en que
no acogió la interpretación que él estima correcta acerca de su alcance. Es decir, el
actor pretende que el juez constitucional sustituya el juicio hermenéutico realizado
por el juez natural, acorde al entendimiento que propone respecto de las reglas
fijadas en el precedente del año 2012, como si la acción de tutela pudiera utilizarse
para reabrir el debate jurídico zanjado por el juez natural, a fin de imponer el criterio
de las partes.

39.
Lo mismo se concluye respecto al defecto fáctico construido a partir de la presunta
indebida valoración de la comunicación del 26 de agosto de 2023, mediante la cual
el Presidente de la República informó a la Corte Suprema de Justicia la modificación
de la terna. Se estima que el reproche no evidencia una valoración arbitraria,
caprichosa o irrazonable del documento, sino que parte de la premisa según la cual
la Sección Quinta debía atribuirle un alcance distinto al finalmente acogido, acorde
con la interpretación del precedente defendida por el señor Ortiz. En consecuencia,
se considera que respecto a este alegato tampoco es procedente la acción de tutela.

40.
De otro lado, el señor Ortiz también atribuyó a la sentencia cuestionada un
desconocimiento del precedente en relación con las reglas aplicables a los efectos
de la renuncia presentada por una de las integrantes de la terna y al trámite que, en
su criterio, debía surtirse antes de continuar con el proceso de elección del Fiscal
General de la Nación, acorde a su interpretación del precedente dictado en 2012.
Bajo esa misma premisa, también justificó el defecto fáctico, relacionado con la
indebida valoración de los tiempos en que se presentó la renuncia de una de las
ternadas y el momento en que se eligió a la fiscal general, acorde a lo consagrado

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en el acta de la sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 12 de
marzo de 2024; y pasó por alto que en esa misma diligencia se habría reconocido
que la renuncia era inane, aunque el órgano elector carecía de competencia para
pronunciarse sobre los efectos de esa manifestación de voluntad, por no ser la
nominadora.

41.
Pues bien, de la revisión de la providencia objetada, esta Sala corroboró que tales
aspectos fueron objeto de un estudio expreso y sistemático por parte de la Sección
Quinta. Esto, porque, luego de desarrollar el alcance de la facultad nominadora del
Presidente de la República con fundamento en la sentencia de la Sala Plena del
Consejo de Estado del 6 de marzo de 2012, la autoridad judicial abordó
específicamente las consecuencias jurídicas derivadas de la renuncia presentada
por una de las candidatas y la incidencia que ello podía tener en la legalidad del acto
de elección.

42.
Sobre el particular, la autoridad accionada reiteró que, conforme a la
interpretación jurisprudencial previamente expuesta, la competencia para conformar
y, de ser necesario, recomponer la terna, permanecía radicada en cabeza del
Presidente de la República hasta el cumplimiento de la finalidad constitucional del
procedimiento, de modo que la potestad de la Corte Suprema de Justicia se limitaba
a deliberar y escoger al Fiscal General de la Nación. Al respecto, recordó que la
sentencia del 6 de marzo de 2012, había reconocido que la facultad nominadora no
se agotaba con la remisión inicial de la terna y que su ejercicio únicamente
encontraba como límite los parámetros constitucionales y legales expresamente
establecidos para ello.

43.
Bajo el anterior contexto, la Sección Quinta pasó a reconstruir cronológicamente
los acontecimientos ocurridos el 12 de marzo de 2024, fecha en la que se eligió a la
fiscal. Destacó que la señora Amelia Pérez Parra presentó inicialmente su renuncia
ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia a las 8:50 a. m. y, posteriormente,
a las 9:34 a. m., la radicó también ante el Presidente de la República. A su vez,
examinó el contenido del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de la Sala
Plena celebrada ese mismo día, en la que, antes de proceder a la elección, varios
magistrados manifestaron que el alto tribunal carecía de competencia para
pronunciarse sobre la renuncia, por ser materia de la autoridad nominadora.

44.
Con fundamento en el contenido del acta de esa sesión, la autoridad judicial
accionada determinó que el hecho de que la renuncia hubiera sido presentada
inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia no alteraba la distribución
constitucional de competencias, precisamente, porque dicho órgano no tenía
atribuciones para aceptarla, rechazarla o definir sus efectos jurídicos. Además,
estimó que la posterior presentación de la renuncia ante el Presidente de la
República ocurrió concomitantemente con la sesión en la que se produjo la elección,
circunstancia que impedía derivar de ese hecho la invalidez del procedimiento
electoral.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01714-01
Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

45.
Acorde a esta última consideración, concluyó que la elección se efectuó con base
en una terna vigente, pues el mismo órgano elector decidió continuar el trámite de
votación y deliberación, al considerar que no le correspondía resolver sobre la
renuncia, decisión que incluso se reflejó en el escrutinio consignado en el acta
respectiva.

46.
De esta manera, la Sala estima que el desacuerdo del señor Ortiz no tiene como
causa que la Sección Quinta hubiera omitido examinar la renuncia presentada por
una de las candidatas o el acta de la sesión del 12 de marzo de 2024. Por el
contrario, en la providencia objeto de tutela se analizaron expresamente tales
elementos y se explicó, con fundamento en la distribución constitucional de
competencias, en el precedente fijado por la Sala Plena en la sentencia del 6 de
marzo de 2012 y en el acervo probatorio, por qué se consideraba que dichos
acontecimientos no afectaban la legalidad de la elección. Es así como esta
Subsección considera que el asunto carece de relevancia constitucional.

47.
Finalmente, también se descarta la procedencia de la solicitud de amparo por la
presunta violación directa de la Constitución, sustentada en el desconocimiento del
principio de confianza legítima. Lo anterior, porque dicho reproche tiene como
fundamento la interpretación que el actor hace del precedente de 2012, respecto de
lo cual se considera que el entendimiento que se dio por la Sección Quinta no escapa
de los linderos de la razonabilidad jurídica. Además, como juez natural no estimó
que variara su jurisprudencia, sino que aplicó la preexistente, de acuerdo a las
particularidades del caso. En tal sentido tampoco prospera el argumento del
demandante referente a la necesidad de conferir efectos prospectivos a la
interpretación acogida por la Sección Quinta en el fallo cuestionado, pues es un
alegato que, dado su sustento, carece de relevancia constitucional.

48.
Por lo hasta aquí expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente el amparo, aunque por otros motivos.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 4 de junio de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01714-01
Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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