Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01717-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01717-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01717-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01717-00
Accionante: RONNY JESÚS VÁSQUEZ ARÉVALO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Tema: TUTELA – Se declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de procedencia de inmediatez. Se niega la acción
de tutela por no acreditar el hecho vulnerador.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el Juzgado 174 de Instrucción Penal Militar de Barranquilla, la
Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Novena Seccional de Soledad y la
Dirección Nacional de la Policía Nacional - Oficina de Control Disciplinario Interno
de la Policía Metropolitana de Barranquilla y Grupo de Asuntos Penales.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Ronny Jesús Vásquez Arévalo solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, trabajo y
a la honra en conexidad con el principio de non bis in idem, cuya vulneración le
atribuyó: i) al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y al
Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión a las providencias de 21 de enero
de 2020 y 17 de junio de 20221; ii) al Juzgado 174 de Instrucción Penal Militar de
Barranquilla, con ocasión a la prueba trasladada por el juzgado penal accionado con
destino al “[…] proceso disciplinario núm. NEBAR 216-277 […]” y presuntas
irregularidades en este; iii) a la Procuraduría General de la Nación, por la omisión
de dar respuesta a los requerimientos; iv) a la Fiscalía Novena Seccional de
Soledad, por la falta de investigación en el proceso penal cuestionado por el actor;
y v) a la Dirección Nacional de la Policía Nacional - Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla y Grupo de Asuntos Penales con
la expedición de la “[…] Resolución No. 047-25 del 5 de octubre de 2017 […]”.
1
Proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-33-
33-010-2018-00079-00/01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 08001-33-33-010-2018-00079-00/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución
núm. 04725 de 5 de octubre de 2017, a través de la cual fue retirado del servicio activo.
2.2. Señalóque el proceso le fue asignado al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Barranquilla, autoridad que, mediante sentencia de 21 de enero de 2020,
negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Indicó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante providencia de 17 de junio de 2022, confirmó la
sentencia de primera instancia.
2.4. Refirió que la Dirección Nacional de la Policía Nacional, mediante Resolución núm.
047-25 de 5 de octubre de 2017, dispuso su destitución e inhabilitación, “[…]
basándose en un proceso disciplinario que se originó en una prueba obtenida de
manera ilegal y que, además, desconoce el principio NON BIS IN IDEM, toda vez que
los mismos hechos fueron objeto de absolución en la jurisdicción penal militar […]”.
2.5. Sostuvo que dicho proceso, estuvo viciado desde su origen, pues se fundamentó
en pruebas obtenidas de manera ilegal, entre ellas una denuncia penal que fue
remitida a la autoridad disciplinaria sin orden judicial ni cumplimiento de los requisitos
legales.
2.6. Manifestó que los mismos hechos que sirvieron de base para la sanción
disciplinaria ya habían sido previamente conocidos por la jurisdicción penal militar,
instancia en la cual el accionante fue absuelto mediante sentencia ejecutoriada de 6
de octubre de 2022. No obstante, pese a la existencia de esta decisión judicial firme,
la Policía Nacional no ha dado cumplimiento al fallo absolutorio, manteniendo vigentes
los efectos de la sanción disciplinaria impuesta.
2.7. Adujo que, John Jairo Molina quien presentó testimonio en el proceso disciplinario
se retractó bajo juramento, manifestando que su declaración inicial fue rendida como
consecuencia de coacciones ejercidas por funcionarios de la Policía Nacional. Esta
retractación pone en evidencia la posible configuración de un fraude procesal, pues la
sanción se habría apoyado en un testimonio falso e inducido.
2.8. Arguyó que las autoridades administrativas y judiciales accionadas incurrieron en
omisiones graves al no aplicar el principio del non bis in idem ni examinar la ilegalidad
de las pruebas utilizadas para sancionarlo, sumado al silencio administrativo y la falta
de investigaciones disciplinarias frente a las irregularidades expuestas, lo que ha
perpetuado la vulneración de sus derechos fundamentales.
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Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
III. PRETENSIONES
3. La accionante formuló la siguiente pretensión:
“[…] 1. PRIMERA. Conceder la presente ACCIÓN DE TUTELA y, en
consecuencia, ORDENAR el AMPARO INMEDIATO de los derechos
fundamentales del señor RONNY JESÚS VÁSQUEZ ARÉVALO, en especial el
derecho NON BIS IN IDEM.
2. SEGUNDA. ORDENAR a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA
NACIONAL que, en un término perentorio, CANCELE la Resolución No. 047-25
del 5 de octubre de 2017, y proceda al REINTEGRO INMEDIATO del patrullero
RONNY JESÚS VÁSQUEZ ARÉVALO a la institución, con el reconocimiento
de todos sus derechos laborales, prestacionales y salariales.
3. TERCERA. ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
que, en ejercicio de su función de control disciplinario, inicie las investigaciones
de ley contra los funcionarios que incurrieron en fraude procesal, prevaricato
por omisión y desobediencia a decisiones judiciales firmes. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que la presente acción de
tutela no cumple con el requisito de inmediatez, en razón a que a tutela fue
presentada el 03 de marzo de 2026, y la sentencia de segunda instancia proferida
por esta Corporación objeto del debate constitucional fue notificada el 26 de octubre
de 2022, por lo que han transcurrido más de 3 años, superando el término razonable
y proporcional para ejercer la acción de tutela.
5.2. El
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que no se cumple con el
requisito de inmediatez, habida consideración de que las sentencias acusadas
fueron expedidas en la primera y segunda instancia hace más de 6 meses.
5.3. La Policía Nacional solicitó declarar la improcedencia del mecanismo
constitucional, en razón a que no se cumple con el requisito general de inmediatez
de la acción de tutela, por cuanto desde la notificación de la providencia acusada,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01717-00
Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
esto es el 26 de octubre de 2022, a la fecha de presentación de la presente acción
de tutela, 3 de marzo de 2026, han transcurrido más de 3 años.
5.4. Informóque el accionante, fue sujeto de una sanción disciplinaria impuesta
mediante el fallo disciplinario de primera instancia de 24 de noviembre de 2016,
proferido por el jefe de la Oficina Control Interno Disciplinario, dentro de la
Investigación Disciplinaria núm. P-MEBAR-2016-217, consistente en destitución e
inhabilidad general por el término de once (11) años, la cual fue confirmada por el
Inspector Delegado de la Regional Cinco de Policía, mediante fallo de segunda
instancia del 18 de septiembre de 2017.
5.5. De otro lado señaló que, si el accionante consideraba que las pruebas allegadas
dentro del proceso disciplinario con radicado P-MEBAR-2016-217 vulneraban su
derecho fundamental al debido proceso, debió controvertirlas o tacharlas de falsas
dentro del mismo.
5.6. El Juzgado 174 de Instrucción Penal Militar informó que una vez revisado el
libro radicador de sumarios núm. 4 de ese Juzgado de instrucción, pudo constatar
que a folios 10 y 91 figuran las anotaciones correspondientes al Sumario núm. 3281
que se le adelantó a los señores Patrulleros de la Policía Nacional para la época de
los hechos Ronny Jesús Vasquez Arévalo y Carlos Antonio Castillejo Gómez por el
presunto delito militar y policial de abandono del puesto, por hechos ocurridos el
día 2 de septiembre de 2016 en la ciudad de Barranquilla, figurando que con Auto
del 7 de septiembre de 2016 se dispuso apertura a la investigación formal.
5.7. Señaló que, de manera posterior, se resolvió situación jurídica el 21 de
noviembre de 2016, absteniéndose ese despacho de imponer medida de
aseguramiento en contra de los procesados y se ordenó la práctica de unas
pruebas. Decisión que quedó ejecutoriada y sin interposición de recursos de ley por
parte de los sujetos procesales.
5.8. La Procuraduría General de la Nación indicó que no es la autoridad
responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el accionante.
5.9. Enfatizó que, la sanción disciplinaria consistente en la desvinculación del
servicio activo del señor Ronny Jesús Vásquez Arévalo fue impuesta por la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en
ejercicio de su competencia legal dentro del proceso disciplinario núm. P-MEBAR-
2016-277, y no por esta entidad.
5.10. El Juzgado de Primera Instancia MEVAL con Función de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad solicitó declarar improcedente la acción
constitucional, por cuanto “[…] no aparece en absoluto por parte de esta judicatura
falla alguna en lo que al cumplimiento de los deberes del funcionario de su momento
se refiere […]”.
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Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.
VI.2. Problemas jurídicos
7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 21 de enero y 17 de junio de 2022, proferidas por Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y al Tribunal Administrativo del
Atlántico, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de
17 de junio de 2022, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que
finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
8. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:
b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, con ocasión a: (i) la providencia de 17 de junio
de 2022 ; (ii) la prueba trasladada por el juzgado penal accionado con destino
al “[…] proceso disciplinario núm. NEBAR 216-277 […]” y presuntas
irregularidades en este; (iii) la omisión de la Procuraduría de dar respuesta a
los requerimientos realizados por el accionante; (iv) la falta de investigación
en el proceso penal cuestionado por el actor; y (v) la “[…] Resolución No.
047-25 del 5 de octubre de 2017 […]”.
9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) requisitos de procedencia de la acción de tutela y
posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los
requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01717-00
Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
10. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
11. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
12. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas. Así
las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela:
la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.
VI.4. El caso concreto
13. El señor Ronny Jesús Vásquez Arévalo solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, trabajo
y a la honra en conexidad con el principio de non bis in idem, cuya vulneración le
atribuyó a: i) el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y al
Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión a las providencias de 21 de enero
de 2020 y 17 de junio de 20228; ii) el Juzgado 174 de Instrucción Penal Militar de
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Proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-33-
33-010-2018-00079-00/01.
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Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
Barranquilla, con ocasión a la prueba trasladada por el juzgado penal accionado con
destino al “[…] proceso disciplinario núm. NEBAR 216-277 […]” y presuntas
irregularidades en este; iii) Procuraduría General de la Nación, por la omisión de
dar respuesta a los requerimientos realizados por el accionante; iv) Fiscalía Novena
Seccional de Soledad, por la falta de investigación en el proceso penal cuestionado
por el actor; y v) la Dirección Nacional de la Policía Nacional - Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla y Grupo de Asuntos
Penales con la expedición de la “[…] Resolución No. 047-25 del 5 de octubre de
2017 […]”.
VI.4.1. Incumplimiento del requisito general de procedencia de la inmediatez
14. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración9. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”10.
15. Al respecto, la jurisprudencia constitucional11, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”12. [Negrilla fuera del texto].
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:
9
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
10
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
12
Ibidem.
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Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”13. [Negrilla
fuera del texto].
17. La jurisprudencia constitucional14 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular15, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”16.
18. Precisadolo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia. Ello
en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que
el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.
19. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente precisar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada el 26
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
Sentencia T-584 de 2011.
15
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
16
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
de octubre de 202217, y (ii) la presente solicitud de amparo fue radicada el 3 de
marzo del presente año18.
20. En ese orden de ideas, al haberse presentado la solicitud de amparo el 3 de
marzo de 2026, la Sala observa que esta fue interpuesta por fuera de los 6 meses,
término fijado tanto por esta Corporación como por la Corte Constitucional.
21. Ahora bien, en relación con las solicitudes referentes a: (i) la prueba trasladada
por el juzgado penal accionado con destino al “[…] proceso disciplinario núm.
NEBAR 216-277 […]” y presuntas irregularidades en este; y (ii) la “[…] Resolución
No. 047-25 del 5 de octubre de 2017 […]”, la Sala advierte que dichos
cuestionamientos ya fueron objeto de análisis por el juez de la jurisdicción
contencioso administrativa dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 08001-33-33-010-2018-00079-00/01.
22. En consecuencia, este juez constitucional se encuentra vedado para reabrir su
estudio, máxime cuando la providencia de 17 de junio de 2022 se encuentra
ejecutoriada y, adicionalmente, cualquier examen de la misma a través de esta
acción de tutela no satisface el requisito general de inmediatez.
23. En ese orden de ideas, y en atención a que no se observa una causal que
justifique la demora en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala
considera que no se satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la
inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder
a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, proferida por la Corte
Constitucional.
24. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de inmediatez.
VI.4.2. La solicitud de amparo frente a la Procuraduría General de la Nación y
la Fiscalía Novena Seccional de Soledad
25. Elaccionante señaló que la Procuraduría General de la Nación vulneró sus
derechos fundamentales por la omisión de dar respuesta a los requerimientos
realizados; sin embargo, no identificó cuáles fueron esas solicitudes que presentó,
ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan tener por acreditado la
configuración de un hecho vulnerador que deba ser objeto de análisis por parte del
juez constitucional.
26. Por otra parte, si bien el accionante indicó que la Fiscalía Novena Seccional de
Soledad desconoció sus garantías ius fundamentales por la falta de investigación
en el proceso penal cuestionado en sede de tutela, la Sala considera que su
afirmación no encuentra respaldo alguno en un supuesto específico de vulneración
que permita que se aborde el estudio de la solicitud de amparo, comoquiera que no
17
Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 08001-33-33-010-2018-
00079-00/01.
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Índice 1 del expediente digital SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01717-00
Accionante: Ronny Jesús Vásquez Arévalo
explica de qué manera o en que situaciones particulares resultaba evidente esa
presunta falta de investigación por parte de dicha entidad.
27. En ese orden de ideas, ante dichas autoridades no está acreditada la vulneración
a los derechos fundamentales, razón por la cual se negará la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela frente a la Procuraduría
General de la Nación y la Fiscalía Novena Seccional de Soledad, de conformidad
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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