Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01719-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01719-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01719-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01719-01
Demandantes: Ovidio Córdoba y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Putumayo y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
privación injusta de la libertad / Defectos fáctico, sustantivo,
procedimental y desconocimiento del precedente
Decisión: Revocar decisión de primera instancia y negar amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Ovidio Córdoba, en contra de la
sentencia proferida el 9 de abril de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Quinta
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Ovidio Córdoba y otros promovieron solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 15 de diciembre de 2021 y el 4 de septiembre de 2025 por
el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa y el Tribunal Administrativo del
Putumayo, respectivamente, en el medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 86001-33-33-002-2013-00321-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda en
contra de la Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con la finalidad
de que se les declarara responsables por los perjuicios derivados de la privación
injusta de la libertad de Ovidio Córdoba, del 18 de enero hasta el 14 de febrero de
2011, con ocasión de la investigación penal a la que fue vinculado por el delito de
1 Ver índice 2 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua
2.pdf».
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Demandantes: Ovidio Córdoba y otros
secuestro extorsivo, de la que finalmente resultó absuelto por no haber sido
reconocido en álbum fotográfico por el coimputado Nelson Burbano Mena.
2.2 El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa en sentencia del 15 de
diciembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
demostró la falla en el servicio de las entidades demandadas dentro de sus
actuaciones al interior del proceso penal, por cuanto:
«tampoco se encuentra demostrada la actuación irregular o deficiente por parte de la
Rama Judicial y que en su momento el decreto de la medida de aseguramiento en contra
del señor OVIDIO CÒRDOBA, se hubiese salido de los parámetros de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, en virtud de la valoración del delito de secuestro extorsivo
que tiene una pena superior a los cuatro años y que existía un serio indicio de que el
demandante hubiese participado en la comisión de dicho delito, al ser identificado
primeramente por uno de los sujetos vinculado al proceso penal, por los hechos que fue
investigado el actor y que posteriormente manifestara su confusión, siendo procedente tal
como se efectuó la revocatoria de la medida de aseguramiento y finalmente la preclusión
y archivo de la investigación en favor del actor».
2.3 En contra de dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
2.4 El Tribunal Administrativo del Putumayo en sentencia del 4 de septiembre del 2025
confirmó la decisión del a quo, al concluir que no cumplió con la carga probatoria que
le correspondía, pues omitió allegar los audios de las audiencias preliminares, por lo
cual era imposible determinar cuáles fueron los argumentos y razones de hecho y de
derecho para imponer la medida de aseguramiento, y por ende, no se pudo
establecer si se cumplieron los requisitos de la legalidad, proporcionalidad y
razonabilidad. Máxime cuando tampoco «solicitó el decreto como prueba del expediente
penal completo».
2.5 Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico al omitir el decreto de pruebas indispensables para
esclarecer los hechos objeto del litigio, pese a que reposaban en poder del propio
Estado, con lo cual, además, derivaron en conclusiones adversas contra la víctima a
partir de vacíos probatorios que podían ser subsanados mediante el ejercicio de las
facultades probatorias del juez administrativo.
2.6 La omisión de requerir el expediente penal íntegro impidió valorar adecuadamente
circunstancias determinantes tales como la revocatoria de la medida de
aseguramiento por inexistencia de su participación en el ilícito, la orden de libertad y
la posterior decisión de preclusión con efectos de cosa juzgada, elementos que
evidenciaban la inexistencia de responsabilidad penal y la configuración de un daño
antijurídico derivado de la privación injusta de la libertad.
2.7 En defecto sustantivo al realizar una interpretación restrictiva del artículo 65 de la
Ley 270 de 1996 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, al desconocer que
surge cuando el daño antijurídico es consecuencia de actuaciones judiciales que
afectan injustificadamente la libertad personal, y, al trasladar indebidamente a la
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víctima la carga absoluta de aportar pruebas que se encontraban bajo custodia
estatal y cuya incorporación podía ordenarse oficiosamente.
2.8 En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto pues se privilegiaron
formalismos procesales sobre la verdad material, lo cual ignoró las facultades
oficiosas que tenía el juez para esclarecer los hechos que llevaron a la imposición de
la medida.
2.9 En desconocimiento del precedente judicial mediante el cual se ha establecido que
el juez tiene el deber de buscar activamente la verdad material y ejercer sus
facultades oficiosas para garantizar decisiones justas2. Asimismo, que la privación
preventiva de la libertad solo procede cuando existen pruebas suficientes y se
cumplen criterios de proporcionalidad3.
2.10 De igual forma, recordó las facultades probatorias del juez para esclarecer los
hechos, por lo que no se debe privilegiar formalismos que conduzcan a resultados
alejados de la realidad material4. Máxime, cuando no siempre es necesario acreditar
falla del servicio, ya que la imputación puede estructurarse bajo un régimen objetivo
por daño especial5.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] 1. Se nos amparen nuestros derechos fundamentales invocados y que, como medida
de protección constitucional, se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Mocoa mediante la cual se confirmó la decisión adoptada el 15 de
diciembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, ordenándose la
emisión de una nueva providencia en la cual se condene solidariamente a la demandada,
al pago de los daños materiales e inmateriales de nuestras pretensiones, por carecer de
maneras absoluta de prueba que demuestre que la medida cautelar intramural fue
proporcional, razonable, necesaria y legal;
2. Se comunique la decisión, por el medio más expedito posible a las accionadas para que
se cumpla la orden dentro del término que ese despacho le fije;
3. Las ordenes oficiosas que ese despacho considere necesario proferir. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Administración Ejecutiva de Administración Judicial 6 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Igualmente recordó
la naturaleza excepcional de la tutela contra providencia judicial y concluyó que la
decisión cuestionada estuvo ajustada a derecho.
2 Al respecto citó las sentencias T-442 de 1994, SU-768 de 2014 y T-264 de 2009.
3 Al respecto citó las sentencias C-774 de 2001, C-1198 de 2008 y C-425 de 2008.
4 Al respecta citó la sentencia T-421 de 2025.
5 Al respecto citó: Consejo de Estado «sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013».
6 Ver índice 9 de Samai en primera instancia. Archivo denominado «13_MemorialWeb_Respuesta-
Contestaciontutela(.pdf) NroActua 9.pdf».
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5. La Fiscalía General de la Nación 7 requirió que se declarara improcedente la
petición de tutela por no acreditar el requisito general de la relevancia constitucional
porque no se evidenciaba una vulneración arbitraria de derechos fundamentales, por
el contrario, la verdadera intención fue convertir el amparo en una tercera instancia
del medio de control.
6. Su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no
existió vínculo causal entre sus actuaciones y la presunta vulneración alegada, pues
los hechos reprochados son ajenos a su ámbito de competencia y funciones.
7. El Tribunal Administrativo de Putumayo8 pretendió que se negara la solicitud de
amparo, al considerar que no se configuró ninguno de los defectos alegados pues la
decisión adoptada respondió a las reglas procesales y de la jurisprudencia
constitucional vigentes.
8. Respecto a los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto
argumentó que el demandante no allegó el expediente penal completo ni tampoco
solicitó oportunamente su incorporación al proceso, a pesar de que dicho material era
determinante para analizar los fundamentos de la medida de aseguramiento. En este
sentido las sentencias T-421 de 2025 y la SU-204 de 2025, precisaron que la facultad
probatoria oficiosa del juez no puede emplearse para suplir la negligencia de las
partes, por lo que no era exigible al tribunal decretar pruebas de oficio en esas
circunstancias.
9. Por otra parte, frente al defecto sustantivo indicó que no se realizó una
interpretación restrictiva del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, sino que, por el
contrario, la decisión se fundamentó en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, que exigió analizar si la medida restrictiva de libertad se adoptó con
sujeción a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, puesto que las
pruebas obrantes en el expediente no permitían verificar esos aspectos, resultó
imposible determinar si la privación de libertad constituía un daño antijurídico
imputable al Estado, tanto bajo un régimen subjetivo como objetivo de
responsabilidad.
1.3. Sentencia de primera instancia9
10. El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 9 de abril de 2026 declaró
improcedente la petición de amparo al considerar que no se acreditó el requisito
general de la relevancia constitucional, pues no se probó una verdadera vulneración
de derechos fundamentales y la verdadera intención de la parte demandante es
7 Ver índice 15 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«23RECIBEMEMORIAL_Memorial_RTAACCIONDETUTELAOVI(.pdf) NroActua 15.pdf».
8 Ver índice 13 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20260171900CONT(.pdf) NroActua 13.pdf».
9 Ver índice 17 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«24Sentencia_20260171900Improcede(.pdf) NroActua 17.pdf».
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reabrir el debate probatorio con la finalidad de que el juez constitucional imponga una
valoración distinta a la que asumió el juez constitucional, pues, «los accionantes
alegaron que era deber del tribunal decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos
objeto de litigio, sin embargo, no exponen por qué es irrazonable el argumento del tribunal
que se refiere a que era deber de las partes solicitar en el momento procesal oportuno el
decreto de los medios probatorios necesarios para conocer los fundamentos del juez de
control de garantías para imponer la medida restrictiva».
1.4. Escrito de impugnación 10
11. Ovidio Córdoba y otros impugnaron la decisión del a quo, para lo cual, reiteraron
los argumentos expuestos en el escrito inicial y mostraron su inconformidad frente a
la decisión adoptada.
2. Consideraciones
12. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa, iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Cuestión previa
14. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa y
por el Tribunal Administrativo del Putumayo, se observa que los argumentos que
sustentan sus pretensiones son similares respecto de una y otra.
15. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 15 de diciembre de 2021,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de Putumayo
desató el recurso a través de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, al confirmar
lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional será estudiado solo respecto de
esta última, en tanto fue la que puso fin a la discusión.
10 Ver índice 23 de Samai en primera instancia. Archivo denominado « 27_MemorialWeb_Recurso-
20261719Impugnac(.pdf) NroActua 23.pdf».
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 14 . Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
18. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo 15 , adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
19. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv)
que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
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de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo
solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.
21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
22. Deconformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo de Putumayo vulneró los derechos fundamentales de Ovidio
Córdoba y otros con ocasión de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, a través
de la cual, se confirmó la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de la privación «injusta» de su libertad, con lo que incurrió
presuntamente, en defectos fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del
precedente judicial?
2.5. Análisis de la sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
23. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
24. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto fáctico
25. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 19 , tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
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26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»21. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.
27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.3. Defecto sustantivo
28. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto 23 . En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta24, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
29. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
30. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales25.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.
23 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
24 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
25 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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2.5.4. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
31. Eldefecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
32. A partir de la sentencia T-1306 de 2001 26 , empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto 27 , producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales28.
33. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de hacerlo;
que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y, que lesione
bienes ius fundamentales29.
2.5.5. Desconocimiento del precedente judicial
34. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
26 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
27 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para
la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
28 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
29 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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35. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
36. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
37. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivada de la desobediencia al precedente.
2.5.6. Sobre el caso concreto
38. Ovidio Córdoba y otros acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia
proferida el 4 de septiembre de 2025 por Tribunal Administrativo de Putumayo,
mediante la cual se negó las pretensiones indemnizatorias propuestas en el medio
de control de reparación directa que impetró con ocasión a la privación «injusta» de
su libertad del 18 de enero de 2011 al 14 de febrero de 2011.
39. Lo anterior, según insistieron en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto fáctico al omitir el decreto de pruebas indispensables para
esclarecer los hechos objeto del litigio, pese a que reposaban en poder del propio
Estado, con lo cual, además, derivaron en conclusiones adversas contra la víctima a
partir de vacíos probatorios que podían ser subsanados mediante el ejercicio de las
facultades probatorias del juez administrativo.
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Demandantes: Ovidio Córdoba y otros
40. En defecto sustantivo al realizar una interpretación restrictiva del artículo 65 de la
Ley 270 de 199630 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, al desconocer
que surge cuando el daño antijurídico es consecuencia de actuaciones judiciales que
afectan injustificadamente la libertad personal, y, al trasladar indebidamente a la
víctima la carga absoluta de aportar pruebas que se encontraban bajo custodia
estatal y cuya incorporación podía ordenarse oficiosamente.
41. En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto pues se privilegiaron
formalismos procesales sobre la verdad material, lo cual ignoró las facultades
oficiosas que tenía el juez para esclarecer los hechos que llevaron a la imposición de
la medida, y con ello se omitió un análisis integral de la solicitud de revocatoria de la
medida de aseguramiento y de la preclusión del proceso.
42. En desconocimiento del precedente judicial que obliga al juez a buscar la verdad
material. En este sentido, el proceso impone al operador judicial un deber activo de
esclarecimiento de los hechos, de manera que no puede excusarse en la supuesta
inactividad probatoria de las partes cuando los elementos determinantes del litigio
reposan en entidades públicas o pueden obtenerse mediante simples requerimientos
institucionales, pues ello compromete directamente el debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia31. Asimismo, el juez cuenta con facultades
probatorias para esclarecer los hechos, razón por la cual no deben privilegiarse los
formalismos procesales por encima de la realidad material 32 . Máxime cuando no
siempre es necesario acreditar falla del servicio, ya que la imputación puede
estructurarse bajo un régimen objetivo por daño especial33.
43. Al respecto, la Sala aclara que los defectos alegados se analizarán en conjunto,
en tanto todos están orientados a reprochar «la actitud pasiva» asumida por el
operador judicial frente al recaudo probatorio, al considerar que se trasladó
indebidamente la carga de la prueba a la parte demandante y privilegió formalismos
procesales sobre la verdad material, cuando le correspondía a este decretar de oficio
las pruebas necesarias para determinar si la medida de aseguramiento impuesta era
razonable, proporcional y legalmente justificada.
44. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 86001-
3331-002-2013-00321-01 y el pronunciamiento cuestionado, se evidencia una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido. Puesto que, la autoridad
judicial demandada no tenía mayor material probatorio para determinar que
efectivamente el demandante no cumplía con los requisitos para que se le aplicara la
medida de aseguramiento:
30 De la responsabilidad del estado. El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
31 Al respecto cita las sentencias T-442 de 1994, SU-768 de 2014 y T-264 de 2009.
32 Al respecto cita la sentencia T-421 de 2025.
33 Al respecto citó: Consejo de Estado «sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013».
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«[…] Al revisar el expediente digital, se observa que la parte demandante allegó con la
demanda, entre otras las siguientes pruebas documentales: i) copia del acta de audiencia
de preclusión del proceso 2011-0012-00, ii) copia del acta de revocatoria de medida de
aseguramiento y iii) copia del acta de audiencia preliminar de legalización de captura,
imputación y medida de aseguramiento. Además, solicitó la práctica de prueba testimonial,
para lo cual pidió que se librara un despacho comisorio con el fin de practicar los
testimonios de las personas residentes en Puerto Asís.
Como se advierte, la parte demandante no allegó ni solicitó el decreto como prueba del
expediente penal completo en el que el señor Ovidio Córdoba fue investigado por el delito
de secuestro extorsivo. Únicamente aportó tres documentos relacionados con dicho
proceso, entre los cuales cabe señalar que el acta de la audiencia de revocatoria de la
medida de aseguramiento resulta ilegible y, por tanto, su contenido no puede ser
verificado. (Samai, índice 00009, expediente digital, archivo “01DemandaAnexos”, págs.
28-29)
Ahora bien, la Rama Judicial, en la contestación de demanda, solicitó que se oficiara al
Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal y al Juzgado del Circuito Especializado de Puerto
Asís para que remitieran copia auténtica del proceso penal. En este sentido, manifestó lo
siguiente: “Se pide a su Señoría que, por intermedio de su Despacho Judicial (…) se remita
copia auténtica del proceso penal en el que el señor Ovidio Córdoba, identificado con
cédula de ciudadanía No. 18.111.224, fue procesado por el delito de secuestro extorsivo.
El proceso penal tiene el radicado No. 2011-0012-00” (Samai, índice 00009, expediente
digital, archivo “05ContestaciónRamaJudicial”).
En cumplimiento de este requerimiento, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Puerto
Asís, mediante oficio del 26 de mayo de 2025 (Samai, índice 00009, expediente digital,
archivo "18DespachoComisorioOtrasActuaciones", pág. 7), remitió copia auténtica del
proceso penal. En dicho oficio consta lo siguiente: “en respuesta al oficio No. 0420,
proceso No. 8600133337512013-00321, de manera respetuosa me permito remitir 18
copias auténticas del proceso penal con radicación No. 2011-0008-00, por el delito de
secuestro extorsivo en contra del señor Ovidio Córdoba”.
No obstante, al revisar el expediente, la Sala advierte que no obran las grabaciones de las
audiencias preliminares del proceso penal, piezas indispensables para conocer la
motivación del juez de control de garantías al imponer la medida de aseguramiento.
Pese a que en varias oportunidades procesales la parte actora pudo constatar la integridad
del expediente penal y promover la incorporación de tales pruebas, no lo hizo. Únicamente
reconoció su ausencia en el recurso de apelación, limitándose a afirmar que «la rama
judicial no aportó la copia auténtica del expediente formado y de las piezas que se
indicaron en la investigación penal que se vinculó a Ovidio Córdoba – en el expediente
digitalizado no se hallan». Esa omisión procesal conllevó a que el acervo probatorio
quedara integrado sin un elemento esencial para valorar la legalidad, proporcionalidad y
razonabilidad de la medida de aseguramiento.
La Sala no desconoce que en el expediente reposan el acta de la audiencia preliminar de
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de
aseguramiento, así como el acta de audiencia de preclusión a favor del señor Ovidio
Córdoba. Tales documentos permiten constatar que existió un proceso penal en su contra,
que se le impuso una medida de aseguramiento y que, posteriormente, se dispuso la
preclusión de la investigación.
No obstante, del contenido de dichas actas únicamente se desprende la existencia formal
de tales decisiones, mas no los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron al juez de
control de garantías a decretar la detención preventiva. En consecuencia, en este caso,
resulta imposible verificar si esa determinación se ajustó a los criterios de legalidad,
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad exigidos por la Constitución y la
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Demandantes: Ovidio Córdoba y otros
jurisprudencia, y, por ende, si la restricción de la libertad del demandante configura un
daño antijurídico imputable al Estado.
Cabe señalar que, en virtud del artículo 1673 del Código General del Proceso, incumbe a
las partes probar los supuestos de hecho que fundamentan sus pretensiones. En el caso
concreto, era deber de la parte demandante aportar los medios probatorios necesarios
para acreditar sus afirmaciones, y de no contar con el expediente penal completo, solicitar
en el momento procesal oportuno el decreto de las pruebas pertinentes.
En cuanto a la posibilidad de decretar pruebas de oficio, la Sala precisa que, conforme al
artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, esta facultad está limitada al esclarecimiento de la
verdad, y no puede entenderse como un mecanismo para suplir la carga probatoria que
corresponde a las partes. En este sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-
129 de 2021, fue enfática al señalar que: “la actividad oficiosa del juez es subsidiaria,
porque no reemplaza al binomio demandante-demandado en la demostración de sus
dichos”.
En ese orden, la insuficiencia probatoria derivada de la ausencia de la grabación y
motivación de la audiencia de medida de aseguramiento impide establecer si la decisión
se ajustó a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esta
omisión, atribuible a la falta de gestión oportuna de la parte actora, impide acreditar si se
produjo un daño antijurídico imputable al Estado, tal como lo ha señalado la Sección
Tercera del Consejo de Estado en casos análogos.
La Sala reconoce que, en un régimen de responsabilidad objetivo —como lo alegó la
parte demandante— no sería necesario examinar la razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento, pues en ciertos eventos el daño se
presume. Así lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, al señalar
que cuando la preclusión o absolución obedece a que el hecho no existió o la conducta
era objetivamente atípica, la privación de la libertad se torna irrazonable y
desproporcionada, y el daño antijurídico se acredita sin mayores exigencias.
Sin embargo, en este caso el acta de preclusión no permite establecer la causa de la
decisión. El documento únicamente consigna que, previa exposición de la Fiscalía, el juez
dispuso «PRECLUIR LA INVESTIGACIÓN en favor del señor OVIDIO CÓRDOBA”, sin
indicar si la motivación correspondió a las hipótesis que habilitan el régimen objetivo. En
consecuencia, al no poder verificarse ese presupuesto esencial, esta Sala carece de
elementos para aplicar dicho título de imputación y, por lo tanto, se confirmará la sentencia
apelada. […]»
45. En este punto, se recuerda que la inconformidad de la parte demandante gira en
torno a reprochar que el juez no haya decretado de oficio las pruebas que echo de
menos, tales como los audios de las audiencias preliminares. Punto frente al cual, la
Sala precisa que el artículo 103 del CPACA establece que quien acuda a la
jurisdicción debe cumplir con las cargas procesales y probatorias requeridas:
Objeto y principios. […] Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de
la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales
y probatorias previstas en este Código.
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46. En ese mismo sentido, frente a las pruebas de oficio, la Corte Constitucional34 ha
establecido que esta facultad del juez no puede usarse para remediar la negligencia
de las partes:
«[…] la facultad probatoria de oficio del juez de lo contencioso administrativo “no puede
emplearse para suplir la negligencia de las partes”. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la “necesidad de allegar un determinado medio de prueba para lograr
establecer la verdad material es condición necesaria, pero no suficiente, para que le sea
constitucionalmente exigido al juez activar su facultad probatoria de oficio”. Además de la
necesidad de la prueba para dictar una sentencia de fondo, el juez administrativo debe
“constatar que la parte interesada ha realizado algún esfuerzo para acreditar los hechos
cuya prueba le corresponde, o bien se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad tales
que no está en condiciones de satisfacer la carga probatoria a su cargo”.
Subregla 3. El deber del juez de lo contencioso administrativo de decretar pruebas de
oficio tiene “trascendencia significativa”, es decir, se refuerza con un “ejercicio activo y
estrictamente diligente de sus facultades”, cuando el caso bajo su conocimiento involucra
poblaciones con particulares circunstancias de vulnerabilidad y titulares de especial
protección constitucional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los demandantes son niños,
niñas y adolescentes o víctimas de graves violaciones de derechos humanos. […]»
47. Por lo anterior, la Sala recuerda que, en el presente caso la parte demandante
tuvo la oportunidad de solicitar las pruebas faltantes, en el momento procesal
oportuno, pero transcurrió toda la primera instancia sin que manifestara algo al
respecto, no fue hasta la apelación donde se limitó, únicamente, a indicar que «la
rama judicial no aportó la copia auténtica del expediente formado y de las piezas que se
indicaron en la investigación penal que se vinculó a Ovidio Córdoba – en el expediente
digitalizado no se hallan», omisión respecto de la cual, la autoridad judicial demandada
concluyó que «conllevó a que el acervo probatorio quedara integrado sin un elemento
esencial para valorar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de
aseguramiento», pues «[p]ese a que en varias oportunidades procesales la parte actora
pudo constatar la integridad del expediente penal y promover la incorporación de tales
pruebas, no lo hizo».
48. Por lo anterior, mal podría pretender ahora, que mediante la solicitud de amparo
se subsanen las falencias probatorias en las que incurrió, más aún cuando pretende
endilgar la responsabilidad de estas al juez natural del asunto.
49. Ahora bien, los demandantes reprochan el actuar de la autoridad judicial
demandada al no acceder a las pretensiones indemnizatorias pese a que, según su
decir, no se cumplía con los requisitos para imponer una medida de aseguramiento;
punto respecto del cual, aquel fue claro en enfatizar que la deficiencia probatoria
impidió tener certeza sobre las condiciones en que ocurrió la imposición de la medida
privativa de la libertad, por lo que no se pudo llegar a establecer si fue injusta o no.
50. Esto por cuanto, la autoridad judicial demandada realizó un análisis de cara a las
circunstancias fácticas, y decidió de acuerdo con las pruebas que fueron allegadas al
34 Sentencia SU-204 de 2025, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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plenario35. Caso distinto es que no se les hubiese dado el alcance o la entidad que la
parte demandante pretendía, pues, consideró que con aquellas no era posible
establecer que el actuar de las entidades demandadas hubiera ocasionado un daño
antijurídico, por cuanto «del contenido de dichas actas únicamente se desprende la
existencia formal de tales decisiones, mas no los fundamentos fácticos y jurídicos que
llevaron al juez de control de garantías a decretar la detención preventiva». Máxime cuando,
«el acta de la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento resulta ilegible».
51. Así, contrario a lo señalado por la parte demandante, no se evidencia que la
autoridad judicial haya incurrido en los defectos endilgados ni en irregularidad alguna
en su labor de la búsqueda de la verdad pues lo cierto es que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho alegado en la demanda, en este caso, la antijuridicidad
del daño, y, más aún cuando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la
justicia es rogada y no de oficio.
52. Lo anterior, en consonancia con el criterio imperante del Consejo de Estado como
tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es decir aquella
tesis que establece que «el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a
la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para
proferir decisión en tal sentido, pues de no serlo, se puede llegar a comprometer la
responsabilidad del Estado»36, sin que tenga cabida un estudio como el que plantean
los demandantes en esta oportunidad.
53. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
54. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
55. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
35 Las pruebas allegadas fueron: i) copia del acta de audiencia de preclusión del proceso 2011-0012-
00, ii) copia del acta de revocatoria de medida de aseguramiento y iii) copia del acta de audiencia
preliminar de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento.
36 Sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida en el expediente 23.354 por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
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del a quo, salvo el numeral primero37, y en su lugar, negará el amparo de los derechos
fundamentales de Ovidio Córdoba y otros en la solicitud de tutela presentada contra
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa y el Tribunal
Administrativo del Putumayo.
56. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de abril de 2026, por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, salvo su numeral primero. En su lugar, negar el amparo de
los derechos fundamentales de Ovidio Córdoba y otros invocados en la solicitud de
tutela presentada contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
SSR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
37 Mediante el cual ordenó «PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación que elevaron la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial».
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