RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01720-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01720-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01720-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 6 Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01 Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7 JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai. 7 VF 7

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01720-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación en la causa por activa, subsidiariedad e
inmediatez.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026, por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 3 de marzo de 2026, los señores Miguel Ángel Álvarez Idrobo, Alba Nelly
Álvarez Erazo, Jhon Andersson y Andrés Felipe Forero Álvarez, Emilia Micaela
Erazo de Álvarez, Martha Cecilia, Guilfredo, Yoni Alexander y María Eugenia Álvarez
Erazo, Adriana, Brayan y Jefferson Álvarez Ortiz, mediante apoderado judicial,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
libertad, dignidad humana, igualdad, acceso a la administración de justicia, honra y
buen nombre1.

2.
Solicitaron que se dejaran sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2024
y el auto de 9 de septiembre de 2025 emitidos dentro del proceso de reparación
directa 2 instaurado contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Fiscalía General de la nación y el Ministerio de Defensa –
Policía nacional, a fin de que se les declarara responsables por la privación injusta
de la libertad soportada por la señora Alba Álvarez.

1 También se invocaron los principios de presunción de inocencia, confianza legítima, reparación integral y

prohibición de imponer cargas públicas desproporcionadas.
2 Radicado: 76001-33-33-015-2017-00004-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3.
En la sentencia objeto de tutela, se revocó el fallo del 9 de julio de 2021, proferido
por el Juzgado Quince Administrativo de Cali y, en su lugar, se negaron las
pretensiones. El Tribunal accionado concluyó que no se configuró una falla en el
servicio imputable al Estado, pues la medida de aseguramiento fue razonable,
proporcional y necesaria al momento de su adopción, sin que la posterior preclusión
de la investigación penal desvirtuara la legalidad de dicha actuación.

4.
Contra la anterior decisión judicial, la parte actora interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia al considerar que la autoridad judicial accionada
inaplicó lo dispuesto en las sentencias de unificación del 15 de agosto de 2018 y 6
de agosto de 20203 proferidas por el Consejo de Estado – Sección Tercera, según
las cuales el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto era el objetivo.

5.
El referido recurso fue rechazado mediante auto del 9 de septiembre de 2025,
porque la condena en primera instancia no superó la cuantía de 450 smmlv, acorde
a lo dispuesto en el artículo 257 (numeral 4) del CPACA.

6.
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial fijado en la sentencia SU-72 de 2018 de
la Corte Constitucional y en el fallo de unificación de 15 de agosto de 2018 proferido
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme al cual, cuando la privación
de la libertad culmina con absolución o preclusión por inexistencia del delito, el daño
se torna antijurídico y la responsabilidad del Estado debe analizarse bajo el régimen
objetivo.

7.
También señaló que se configuró un defecto fáctico por restarle mérito probatorio
a los dictámenes periciales practicados dentro del proceso penal, los cuales
desvirtuaban el resultado preliminar obtenido en el aeropuerto respecto de la
sustancia transportada por la señora Alba Álvarez. Los demandantes indicaron que
dichas experticias concluyeron que la sustancia transportada era panela rayada y no
opio, estupefacientes o sustancias derivadas, circunstancia que llevó incluso a la
preclusión de la investigación penal por inexistencia de material probatorio que
vinculara a la demandante con la comisión de delito de fabricación, tráfico o porte de
estupefacientes agravado. Erradamente se mantuvo la legalidad de la medida de
aseguramiento con fundamento exclusivo en una prueba inicial posteriormente
desvirtuada.

B. Sentencia de primera instancia

8.
Mediante sentencia del 12 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la tutela por carecer de inmediatez y
subsidiariedad. Consideró que la solicitud de amparo se formuló transcurridos más
de un año y cuatro meses desde que se profirió la sentencia de segunda instancia
objeto de tutela, sin que la interposición del recurso extraordinario de unificación

3 Radicación: 66001-23-31-000-2011-00235-01(46.947A)

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

justificara la inactividad o tardanza en la presentación de la acción constitucional,
toda vez que dicho mecanismo de defensa es absolutamente autónomo e
independiente de la actuación cuestionada, además que fue rechazado por
improcedente. Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable causado con dicha
decisión judicial, a fin de hacer procedente el amparo como mecanismo transitorio
de protección de los derechos fundamentales invocados.

9.
En cuanto a las inconformidades expuestas contra el auto del 9 de septiembre de
2025, precisó que la demanda constitucional carece de subsidiariedad, pues la parte
actora no hizo uso del recurso de súplica que procedía contra dicha providencia.

C. La impugnación

10.
La parte actora pidió revocar la decisión de primera instancia al considerar que
declarar la falta de subsidiariedad de la acción de tutela por no haberse interpuesto
el recurso de súplica contra el rechazo del recurso extraordinario de unificación,
constituye una exigencia formalista, que implica el desconocimiento de que el asunto
reviste relevancia constitucional y que ese mecanismo omitido carecía de idoneidad
real para modificar la situación jurídica consolidada.

11.
Enfatizó en que la controversia trasciende el interés particular de la accionante,
pues se cuestiona la postura restrictiva adoptada por la jurisdicción contencioso-
administrativa respecto a la responsabilidad estatal en casos de privación injusta de
la libertad, aun cuando el delito investigado resulte inexistente, lo que compromete
garantías como la libertad personal, la presunción de inocencia y el deber de
reparación estatal. Además, el control constitucional solicitado no pretende sustituir
el criterio adoptado por el juez natural, ni reabrir la discusión. Se orienta a verificar si
la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso ordinario desconoció
precedentes obligatorios y alteró el estándar constitucional de responsabilidad
estatal.

12.
Finalmente, adujo que aún bajo el nuevo estándar jurisprudencial sobre la
responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad, fijado en la
sentencia SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional, en el asunto bajo análisis, no
se acreditó conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a la señora Álvarez que
justificara trasladarle la carga del daño sufrido.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Análisis del caso concreto

14. Laanticipa que confirmará la decisión de primera instancia de declarar
improcedente el amparo.

15. En primer lugar, se advierte la falta de legitimación en la causa por activa respecto

de Adriana, Brayan Stiven y Jefferson David Álvarez Ortiz, quienes afirman actuar
en calidad de hijos y sucesores procesales del señor Jesús Álvarez (demandante en
el medio de control de reparación directa), dado su fallecimiento.

16. Sin que resulte necesario razonar en esta ocasión sobre la posibilidad de reclamar

los derechos fundamentales de una persona fallecida, se encuentra que los referidos
accionantes no fueron reconocidos como sucesores procesales en el proceso
ordinario y en este trámite ni siquiera acreditaron el deceso de Jesús Álvarez
(omitieron allegar el correspondiente registro civil de defunción), a partir de lo cual
pretendían sustentar su alegada legitimación. Con fundamento en lo anterior, la Sala
considera que no pueden considerarse sujetos directamente afectados por las
providencias judiciales censuradas.

17. En cuanto a los demás accionantes, la tutela no supera los presupuestos de

subsidiariedad e inmediatez.

18. La Sala comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia, según
la cual es improcedente la solicitud de amparo respecto al auto que rechazó el
recurso extraordinario de unificación, proferido el 9 de septiembre de 2025 por el
Tribunal accionado, toda vez que contra dicha providencia procedía el recurso de
súplica, el cual no fue interpuesto por la parte actora, sin justificación para ello.

19. El artículo 246 del CPACA, numerales 3 y 4, prevé la procedencia del recurso de

súplica contra los autos interlocutorios proferidos por el magistrado ponente que,
entre otras decisiones, rechacen o declaren desierto un recurso extraordinario. Este
mecanismo procesal tiene por finalidad que la respectiva sala de decisión revise la
determinación adoptada por el ponente, por lo que constituye un medio judicial
idóneo y procedente para controvertir el auto que rechazó el recurso extraordinario
de unificación presentado por los demandantes.

20. Ahora bien, en la impugnación se sostuvo que exigir la interposición del recurso

de súplica a fin de dar por cumplido el requisito de subsidiariedad constituía una
exigencia excesivamente formalista, pues desconocía la relevancia constitucional
del debate planteado, relacionado con la presunta adopción de una línea

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

jurisprudencial restrictiva en materia de responsabilidad estatal por privación injusta
de la libertad, cuando el proceso penal culmina en preclusión o absolución.
Asimismo, se alegó que la controversia involucraba el posible desconocimiento de
precedentes judiciales obligatorios sobre la materia y que, aun siguiendo lo
dispuesto en la sentencia SU-363 de 2021, no se probó que la accionante hubiera
actuado en modo alguno para trasladarle la responsabilidad del daño padecido.

21. Al respecto, la Sala considera que tales argumentos no resultan suficientes para

justificar la omisión en la interposición del recurso de súplica. En efecto, aun cuando
la controversia propuesta pudiera involucrar asuntos de relevancia constitucional y
trascender el interés particular de los demandantes, ello no los relevaba de la carga
de agotar los mecanismos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico.

22. Recuérdese que la acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de

otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico
ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de
modo que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como
desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos
judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.

23. Lo anterior, de conformidad con el artículo 865 de la Constitución Política y el

numeral 1 del artículo 66 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.

24. De otro lado, la Sala también encuentra acertada la conclusión del juez de primera

instancia respecto del incumplimiento del requisito de inmediatez frente a la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024, en el marco del proceso de
reparación directa iniciado por la señora Álvarez y su núcleo familiar. Dicha
providencia fue comunicada a los sujetos procesales a través de correo electrónico
del 21 de octubre de 2024, por lo que se entiende notificada a los 2 días hábiles
siguientes, esto es el 23 de octubre de ese año. La acción de tutela fue interpuesta
el 3 de marzo de 2026, es decir, transcurridos más de un año y cuatro meses
después de la notificación del fallo, lo que excede el término que esta Corporación

5 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
6 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

de manera unificada, pacífica y reiterada ha entendido como plazo razonable para
acudir al juez constitucional.

25. Si bien la razonabilidad del plazo indicado también debe analizarse conforme a

las particularidades del caso concreto, lo cierto es que la parte accionante no expuso
una razón que realmente justificara su inactividad durante el tiempo transcurrido
entre la notificación de la decisión judicial cuestionada y la interposición de la
solicitud de amparo.

26. La Sala no desconoce que los demandantes ejercieron recurso extraordinario de

unificación, con el propósito de cuestionar el presunto desconocimiento de las
sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado en materia de responsabilidad administrativa por privación injusta de la
libertad cuando el proceso penal culmina con preclusión por inexistencia del delito.
Dichos argumentos, además, fueron reiterados en la solicitud de amparo,
circunstancia que, en principio, podría incidir en el análisis del requisito de
inmediatez.

27. Dada la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, cuando la parte actora acude

a un mecanismo judicial ordinario o extraordinario con la convicción razonable de
que este podría conducir a la protección de los derechos que posteriormente invoca
en sede constitucional, es posible considerar que el ejercicio de dicho medio
suspende o flexibiliza el cómputo del término de inmediatez para acudir al juez de
tutela.

28. Sin embargo, en el caso concreto dicha circunstancia no tiene la entidad suficiente

para justificar el ejercicio tardío de la tutela, pues está acreditado que el recurso
extraordinario de unificación no fue agotado integralmente, al haberse omitido
injustificadamente la interposición del recurso de súplica contra el auto que dispuso
su rechazo. A ello se suma que los demandantes debieron prever, desde su
presentación, la posible improcedencia del mecanismo impugnativo, en razón a que
la condena impuesta en primera instancia no satisfacía el requisito de cuantía
exigido en el artículo 257, numeral 4 del CPACA. En consecuencia, no es posible
tener por suspendido el término de inmediatez, en el presente asunto, por esta
circunstancia.

29.
En ese orden de ideas, se confirmará el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por
la Sección Primera del Consejo de Estado.

30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01720-01
Accionante: Miguel Ángel Álvarez Idrobo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de marzo de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.