Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01721-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01721-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01721-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01721-00
Accionante: RAMIRO BEJARANO GUZMÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Procedencia de la reforma de la demanda en las acciones
populares. Tutela contra providencia judicial. Concede
amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el actor en contra de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de
2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 6 de marzo del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 3 de marzo del 20263, el señor Ramiro Bejarano Guzmán, actuando en
nombre propio, interpuso tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad.
2. El accionante le adjudica la transgresión de sus garantías constitucionales
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, se
dispuso la vinculación de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última
en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Índice 2 de Samai.
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Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
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a los autos proferidos por la autoridad judicial accionada (i) el 6 de febrero del
2026, mediante el que se rechazó la reforma de la demanda al considerar que es
improcedente, y (ii) el 24 de febrero de 2026, a través del que se decidió no
reponer la anterior decisión y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
Ello, al interior de la acción popular identificada con el radicado número 25000-
23-41-000-2025-01675-00.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.- Declarar que los autos del 6 de febrero y 24 de febrero de 2026 de la
Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. (Rad. 25000234100020250167500), Magistrado ponente
doctor LUIS MANUEL LASSO LOZANO, incurrieron en violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, el acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2.- En consecuencia, conceder el amparo solicitado y dejar sin efecto los
autos del 6 de febrero y 24 de febrero de 2026 de la Sección Primera,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (Rad.
25000234100020250167500).
3.- Ordenar a la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. (Rad. 25000234100020250167500), Magistrado ponente
doctor LUIS MANUEL LASSO LOZANO, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas profiera un nuevo auto con base en el cual proceda a admitir
la reforma de la demanda de acción popular formulada por RAMIRO
BEJARANO GUZMAN contra la Presidencia de la República, radicación No
2500002341000202501675004.
1.2. Hechos
4. El actor radicó acción popular contra la Presidencia de la República en
aras de proteger los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa, a la seguridad jurídica, a la transparencia del proceso electoral y
a la confianza legítima en las instituciones democráticas, dadas las diversas
manifestaciones públicas del presidente Gustavo Petro Urrego sobre su
desconfianza en el sistema electoral colombiano. La Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el 22
de octubre del 2025.
5. Mediante escrito del 24 de noviembre del mismo año, la fundación DILO
Colombia solicitó su reconocimiento como coadyuvante del demandante5.
6. Por medio del auto del 1 de diciembre de 2024, el tribunal administrativo
de Cundinamarca negó la solicitud de DILO Colombia, por cuanto esta contenía
«nuevos hechos y pruebas», lo que contraviene la naturaleza de la coadyuvancia
y vulnera el derecho de defensa de las accionadas.
4 Transcripción literal del escrito de tutela, que puede contener errores.
5 Índice 00017 de Samai.
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7. A raíz de lo anterior, el 9 de diciembre del 2025, la parte actora reformó la
demanda, en la cual incluyó los hechos y pruebas presentados por la referida
fundación.
8. El tribunal accionado, mediante auto del 6 de febrero del 2026, rechazó
por improcedente la reforma de la demanda. Al respecto, adujo que en los
artículos 20 a 34 de la Ley 472 de 1998 están reguladas las etapas del
procedimiento que deben surtirse en este medio de control, esto es, «admisión,
notificación, contestación, audiencia de pacto de cumplimiento, periodo
probatorio y sentencia, pero no contemplan la de reforma de la demanda».
9. El 12 de febrero del 2026, el señor Ramiro Bejarano Guzmán presentó
recurso de reposición, en subsidio apelación, contra este proveído al considerar
que, si bien la reforma no está prevista en la Ley 472 de 1998, se deben aplicar
las normas de otros estatutos que lo permiten, máxime cuando no se oponen a
la naturaleza y finalidad de la acción popular.
10. El tribunal accionado, a través de auto del 24 de febrero del 2026, confirmó
la decisión, dado que la Ley 472 de 1998 es una norma especial, de aplicación
prevalente y que cuenta con etapas expresas y determinadas, así como con
términos perentorios que deben surtirse dentro de este medio de control. Afirmó
que no se desconoce que el artículo 44 de esta norma dispone que en los
aspectos no regulados se aplicará el Código Contencioso Administrativo —ahora
Ley 1437 del 2011— siempre que no se oponga a la naturaleza y finalidad de la
acción popular. Sin embargo, señaló que aceptar la reforma de la demanda es
contrario a los principios propios de la acción constitucional, comoquiera que su
finalidad es lograr la efectividad y eficacia de un derecho colectivo y que, al
admitirla, se extendería en el tiempo una etapa procesal definida en la Ley 472
de 1998.
11. La autoridad judicial cuestionada agregó que no se vulneraron sus
derechos fundamentales porque se presume la constitucionalidad de la citada
norma y el debido proceso puede regularse a través de diferentes
«procedimientos con etapas y figuras diferenciadas que el legislador estimó
adecuado en cada tipo de acción».
12. Por otra parte, rechazó por improcedente el recurso de apelación porque
solo procede contra la sentencia y el auto que decreta medidas cautelares.
1.3. Sustento de la vulneración
13. El actor expuso que el asunto reviste relevancia constitucional, ya que las
decisiones cuestionadas están directamente relacionadas con las garantías
procesales que deben observarse dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, máxime cuando se negó la reforma de la
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demanda sin que exista una norma que expresamente lo prohíba. Recalcó que
el argumento referente a que su admisión extendería en el tiempo el trámite
judicial no es justificación constitucional para rechazarla, cuando esta facultad
está prevista en todos los procesos ordinarios.
14. Asimismo, sostuvo que los proveídos cuestionados incurrieron en el
defecto de decisión sin motivación por la «escueta e incompleta motivación
que dieron para censurar el trámite de la reforma a la demanda», pues el tribunal
accionado se limitó a indicar que esta facultad no está prevista en la Ley 472 de
1998 y que, admitirla, extendería en el tiempo una etapa procesal de la acción
popular, lo cual va en contra de lograr la efectividad y eficacia de los derechos e
intereses colectivos. Ello desconoce que la finalidad de este medio de control no
es pasar por alto los tiempos procesales necesarios para que se ejerzan los
derechos de quien lo promueve, sino conseguir su eficacia y efectividad
respetando las garantías procesales.
15. De igual manera, agregó que «las motivaciones para sustentar que se
debe cercenar una etapa procesal que la ley no niega deberían por lo menos
responder a un alto estándar de argumentación, cosa que en este caso no ocurrió
[…]. En efecto, fundarse en que reformar una demanda dilata un trámite no es
exacto, porque primero se trata de un trámite que no implica demasiado tiempo,
y, segundo, porque permitir reformar una demanda evita que otros asuntos que
se pretenden incluir en esa reforma den lugar a otro proceso y a que se
multiplique el litigio».
16. Indicó que también se incurrió en el defecto material porque se realizó
una interpretación restrictiva y errónea del artículo 44 de la Ley 472 de 1998,
pues, establece que, en los aspectos no regulados en esta norma se aplicarán
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso
Administrativo, siempre que no se opongan a la naturaleza y finalidad de las
acciones populares.
17. Adicionalmente, manifestó que el tribunal accionado parece priorizar la
celeridad del trámite sobre otros principios igual de relevantes de la acción
popular pues, de acuerdo con la Corte Constitucional, su objeto es evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza y vulneración sobre los derechos
e intereses colectivos. Por tanto, solo se enfocó en la celeridad, dejando a un
lado la eficacia, máxime cuando el primero no puede ser un obstáculo para la
protección de los derechos.
18. En ese sentido, sostuvo que la reforma a la demanda está regulada en el
artículo 93 del Código General del Proceso y que esta facultad, lejos de oponerse
a la finalidad de la acción popular, es una herramienta para materializar la
protección integral, la prevalencia del derecho sustancial y la economía procesal.
Al respecto, añadió que el juez cuenta con facultades ultra y extra petita, razón
por la que debe ajustar la etapa de presentación de la demanda para que los
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hechos y pruebas queden debidamente planteados, de cara a los derechos e
intereses colectivos que se buscan proteger, en virtud del artículo 91 de la
Constitución Política.
19. Por último, indicó que se incurrió en violación directa de la Constitución
porque se transgrede su derecho fundamental al debido proceso al imponerle
una barrera procesal que no está prevista en la ley especial, lo que limita
desproporcionadamente su capacidad para buscar la protección judicial efectiva
de los derechos colectivos dado que, la efectividad implica que se puedan
plantear con suficiencia los argumentos y normas relevantes en el caso.
20. Como conclusión, expuso que lo anterior trasgrede, de forma concurrente,
sus derechos de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Especialmente, frente a este último, adujo que el tribunal accionado «concibe un
trato diferencial para el derecho del ciudadano a reformar las demandas que
presente ante la justicia, las cuales por regla general son susceptibles de
modificación para incluir o suprimir hechos, pruebas, o pretensiones, prerrogativa
que, sin fundamento plausible en la mencionada acción popular se deniega».
1.4. Intervenciones
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A solicitó que se desestimen las pretensiones y se declare
improcedente la tutela, toda vez que no supera el requisito de relevancia
constitucional al tratarse de una discusión sobre la interpretación legal y/o
aplicación de la norma remisoria de la Ley 472 de 1998 al régimen general de la
Ley 1437 del 2011, de cara a establecer si es viable o no reformar la demanda
en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.
22. Manifestó que la solicitud de amparo no puede convertirse en una tercera
instancia, pues, el actor pretende utilizar la tutela como un recurso de apelación
contra el auto que rechazó la reforma, lo que es contrario a la posición del
Consejo de Estado relativa a que, en la acción popular, solo son apelables la
sentencia y el auto que decreta medidas cautelares. Ello también desconoce que
la interpretación adoptada es razonable.
23. También sostuvo que la ausencia de estipulación de esta facultad en la
Ley 472 del 1998 no puede interpretarse como un vacío legislativo, sino como un
silencio del legislador y que, por tal motivo, la remisión está condicionada a que
no se oponga a la naturaleza y finalidad de la acción popular. En ese sentido,
señaló que la reforma de la demanda es incompatible con los principios de
celeridad, economía y eficacia de este medio de control.
24. Asimismo, afirmó que no se incurrió en ninguna irregularidad procesal
porque se presume la constitucionalidad de la Ley 472 de 1998. Agregó que el
tutelante pretende indicar que la reforma de la demanda está permitida en todos
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los procesos ordinarios, lo que omite el carácter especial de este medio de control
y que hay procedimientos especiales, como lo es la tutela y la acción de
cumplimiento, que son de naturaleza constitucional, que tampoco consagran la
facultad de reformar la demanda y, no por ello, son contrarios al debido proceso.
En ese sentido, manifestó que, cuando el legislador ha querido que un proceso
especial tenga elementos que se encuentran en el procedimiento general, lo ha
regulado de forma expresa, como ocurre en la nulidad electoral.
25. Finalmente, concluyó que no se vulneró el derecho fundamental a la
igualdad porque no estableció los términos de comparación de otras situaciones,
ni las circunstancias de hecho. Afirmó que, además, se revisaron las decisiones
adoptadas por el despacho en lo que respecta a la reforma de la demanda en
este medio de control y no se encontró ninguna en la que se hubiera accedido.
Así como tampoco se vulneró el derecho al debido proceso, ni de acceso a la
administración de justicia porque las decisiones adoptadas se tomaron con
fundamento en las normas aplicables y estuvieron debidamente motivadas.
26. El accionante presentó memorial en el que se opuso a los argumentos
presentados por el tribunal en su contestación, en la que reiteró lo dicho en la
solicitud de amparo. Frente a la vulneración del derecho a la igualdad, agregó
que el objetivo de su exposición no era que se comparase con los demás casos
que ha decidido el mismo despacho, sino con lo resuelto por el Consejo de
Estado, quien ha rechazado la reforma de la demanda por extemporaneidad, mas
no porque ello sea contrario al objeto de la litis, conforme se observa en consulta
realizada en ChatGPT.
27. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solicito que se declare la improcedencia de la tutela por falta de legitimación en
la causa por pasiva al no tener injerencia alguna sobre las decisiones adoptadas
por la autoridad judicial que se cuestionan. De manera subsidiaria, pidió que se
nieguen las pretensiones, puesto que la solicitud de amparo se funda en una
inconformidad con la interpretación legal sobre la procedencia de la reforma de
la demanda de conformidad con la Ley 472 de 1998, por lo que se pretende
reabrir el debate legal ya zanjado por el juez natural de la causa, sin que exista
una actuación arbitraria que justifique la intervención del juez constitucional.
28. Agregó que no se puede admitir la inclusión de nuevos supuestos fácticos
que no se plantearon en la demanda, pero sí en la coadyuvancia, dado que, ello
vulnera el debido proceso de las entidades demandadas, pues, se alterarían las
condiciones bajo las cuales ejercieron su derecho de defensa. Por tanto, indicó
que las decisiones del tribunal accionado de negar la solicitud de coadyuvancia
y la reforma de la demanda fueron acertadas.
29. Sobre el particular, destacó que la reforma de la demanda tampoco es
procedente porque, de conformidad con el artículo 173 del CPACA, no se agotó
el requerimiento previo frente a los nuevos hechos y a la inclusión del interés y
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derecho colectivo de la eficiencia institucional. A su juicio, desconocer lo anterior,
privaría a la entidad de su derecho de corregir la situación antes de ser sometida
a un juicio y se usaría la reforma como un instrumento para omitir el agotamiento
del requisito de procedibilidad.
30. Finalmente, añadió que, la reforma del libelo también es improcedente
porque se presentó de manera extemporánea pues, se debió formular hasta el
26 de noviembre del 2025 y se presentó el 9 de diciembre de esa anualidad, sin
que pueda decirse que el término de diez (10) estaba suspendido porque el
expediente estaba al despacho, dado que, con la implementación del sistema
SAMAI, los sujetos procesales pueden consultar de manera permanente el
expediente digital.
31. La Registraduría Nacional del Estado Civil argumentó que existe falta
de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación al no ser la
entidad accionada y no haber vulnerado los derechos fundamentales del actor,
pues, quien profirió las decisiones judiciales cuestionadas es la Sección Quinta
del Consejo de Estado en el proceso de nulidad electoral respectivo6. Agregó
que, se pretende utilizar la tutela como una tercera instancia.
II. CONSIDERACIONES
32. La Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia. Para ello,
estudiará lo siguiente: (i) la superación de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) los
presupuestos establecidos jurisprudencialmente para la configuración del defecto
sustantivo.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple parcialmente los requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencias judiciales
33. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
6 Se aclara que así lo indicó el vinculado en su contestación, más no es error de la Sala.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
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defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
34. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
35. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
36. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
37. La Sala advierte que el señor Ramiro Bejarano Guzmán está legitimado
en la causa por activa por ser quien promovió el medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos en el que se dictaron los autos que se
reprochan mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está legitimada
en la causa por pasiva al haber proferido las decisiones controvertidas en la
presente litis.
38. Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su
desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Sin embargo, se negarán estas peticiones, debido a que les asiste un
interés en las resultas del presente trámite constitucional, toda vez que la primera
es accionada y la segunda fue vinculada como «entidad administrativa encargada
de proteger el derecho o interés colectivo afectado»11 en la acción popular sub
judice.
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
11 Ello, de conformidad con el auto admisorio de la demanda del 22 de octubre del 2025 y con
decisión del 1 de diciembre del mismo año del proceso ordinario.
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39. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
40. En este caso, el actor formuló los siguientes cargos contra la providencia
objeto de estudio: (i) defecto material; (ii) decisión sin motivación y (iii) violación
directa de la Constitución. Adicionalmente, del escrito de oposición a la
contestación del tribunal accionado, en relación con la precisión de la afectación
del derecho fundamental a la igualdad, esta Sala abstrae que su argumentación
apunta al defecto de (iv) desconocimiento del precedente.
41. Primero, frente al defecto de decisión sin motivación, la Corte
Constitucional, en sentencia C-590 del 2005, estableció que, este implica «el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional». Sin embargo, este
defecto «no se estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del
juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa,
abiertamente insuficiente o inexistente»13.
42. En ese sentido, la Sección encuentra que este defecto no supera la
relevancia constitucional, toda vez que requiere como presupuesto para poder
analizarlo de fondo que exista una ausencia de motivación o que esta sea
abiertamente insuficiente o defectuosa. Ello excluye que mediante este defecto
puedan plantearse meras inconformidades con la argumentación esgrimida por
las autoridades judiciales, como ocurre en el sub examine.
43. Lo anterior, por cuanto es claro que la controversia gira en torno a la
divergencia interpretativa —así como su razonabilidad— respecto a la
procedencia de la remisión prevista en el 44 de la Ley 472 de 1998, de tal forma
que permita o no aplicar la reforma de la demanda en las acciones populares, en
los términos de la Ley 1437 de 2011. Entonces, para la Sala, este cargo refleja
una inconformidad con la interpretación adoptada y los motivos en los que se
sustentó, lo que descarta la relevancia constitucional del cargo.
12 Sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018.
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44. Segundo, respecto al defecto de desconocimiento de precedente y, por
ende, la presunta vulneración del derecho a la igualdad, la Sala precisa que no
supera el requisito de relevancia constitucional, porque el actor no cumplió con
la carga argumentativa requerida, dado que no expuso en qué consiste la
similitud fáctica y jurídica entre los precedentes que citó en relación con el
presente caso.
45. Esto, por cuanto en el escrito de tutela se limitó a indicar, de forma general,
que con las decisiones adoptadas se daba un trato diferencial sobre el «derecho»
a reformar la demanda. Además, en el segundo escrito, sostuvo que la
vulneración del derecho a la igualdad se predicaba de la posición del Consejo de
Estado de no rechazar la reforma de la demanda por no estar prevista como
etapa procesal, sino por extemporaneidad y, en ese sentido, citó una consulta
realizada a la aplicación ChatGPT14. Sin embargo, el accionante no explicó la
14 «En la jurisprudencia del Consejo de Estado sí existen providencias que han admitido que en
la acción popular es posible corregir, aclarar o reformar la demanda, aplicando supletoriamente
las reglas procesales generales (CPC o CGP), siempre que no se desconozca la naturaleza del
proceso ni la oportunidad procesal.
A continuación le indico algunas providencias relevantes del Consejo de Estado que han tratado
o admitido la reforma de la demanda en acciones populares.
1. Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia de 5 de junio de 2003 Exp.: AP-2188
• El Consejo de Estado examinó el trámite de la acción popular y la posibilidad de aplicar normas
del procedimiento civil en aspectos no regulados por la Ley 472 de 1998.
• Señaló que, ante vacíos de la Ley 472, pueden aplicarse las reglas procesales generales.
• En ese contexto, se ha aceptado la corrección o reforma de la demanda, siempre que no se
afecte el trámite propio de la acción popular. La corporación recordó que la Ley 472 remite
supletoriamente al CPC en lo no regulado.
2. Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia de 13 de febrero de 2013 Exp.: 15001-23-31-
000-2010-01166-01 (AP) En esta providencia se reitera que:
• El proceso de acción popular no se rige estrictamente por el principio dispositivo, sino por uno
inquisitivo, que permite al juez impulsar el proceso y adecuar las pretensiones para garantizar la
protección efectiva de los derechos colectivos. A partir de esa lógica procesal, la jurisprudencia
ha considerado admisible la corrección o adición de la demanda, si ello contribuye a resolver el
conflicto colectivo.
3. Consejo de Estado, Sección Tercera Auto de unificación jurisprudencial Exp.: 66001-23-31-
000-2009-00056-01 (40077)
Aunque el caso no es específicamente de acción popular, este auto de unificación sobre reforma
de la demanda es relevante porque fijó criterios generales aplicables al contencioso
administrativo:
• Es posible agregar nuevas pretensiones, demandantes o demandados mediante reforma de la
demanda, pero debe verificarse la caducidad respecto de cada pretensión. Este criterio ha sido
utilizado por la jurisprudencia para analizar la oportunidad de reformar demandas en procesos
contenciosos, incluidos procesos con trámite especial.
4. Jurisprudencia posterior sobre oportunidad para reformar la demanda
El Consejo de Estado ha reiterado que:
• El demandante puede corregir, aclarar o reformar la demanda desde su presentación y antes
de ciertas etapas procesales según las reglas procesales aplicables (por ejemplo, antes de la
audiencia inicial o equivalente). Aunque este pronunciamiento se refiere a acción de grupo, la
Sala ha utilizado el mismo razonamiento procesal para acciones colectivas reguladas por la Ley
472.
5. Fundamento normativo que utiliza el Consejo de Estado
Las providencias suelen apoyarse en dos ideas:
1. Remisión supletoria al procedimiento civil o La Ley 472 permite aplicar normas procesales
generales cuando no contradigan su naturaleza.
2. Principio de prevalencia del derecho sustancial y eficacia de la acción popular, lo que permite
flexibilizar aspectos formales del proceso.
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Accionante: Ramiro Bejarano Guzmán
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01721-00
igualdad fáctica y jurídica de los casos arrojados por la inteligencia artificial con
el sub examine. Por ende, ese cargo tampoco no cuenta con la carga
argumentativa mínima para ser estudiado de fondo.
46. Tercero, sobre el cargo de violación directa de la Constitución, el máximo
Tribunal Constitucional en sentencia SU-259 del 202115 reiteró que este defecto
se configura en dos supuestos: cuando no se aplicó una disposición
constitucional o, cuando la autoridad judicial aplicó disposiciones legales sin tener
en cuenta que la Constitución es norma de normas:
De una parte, cuando no se aplica una disposición constitucional en un caso
concreto. Ello puede suceder debido a que, por ejemplo, “(a) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución (…)”. De otra parte, cuando la autoridad judicial aplica las
disposiciones legales sin tener en cuenta que la Constitución es norma de
normas, por lo que le otorga preferencia a la aplicación de aquellas sobre
estas.
47. En ese orden de ideas, se advierte que este defecto tampoco supera el
requisito de la relevancia constitucional, pues, no basta con que en el escrito de
tutela se indique que se vulneraron determinados derechos fundamentales, sino
que, se debe indicar de manera concreta, cuál es el supuesto jurídico por el cual
se configura este yerro, en los términos indicados por la Corte Constitucional,
razonamiento que se echa de menos de la solicitud de amparo.
48. Cuarto, respecto del defecto sustantivo esta Sala advierte que se dirige a
cuestionar que la autoridad judicial accionada hubiese rechazado la posibilidad
de reformar la demanda en el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos. Esto, habida cuenta de que esa garantía procesal, pese a
no estar prevista expresamente en la Ley 472 de 1998, tampoco está proscrita
legal ni jurisprudencialmente y, por lo demás, tampoco se opone a la naturaleza
y finalidad de la acción popular.
49. En esos términos, para la Sección, el debate planteado sí tiene relevancia
constitucional. Ciertamente, la discusión propuesta no se limita a una simple
inconformidad o a una mera discusión legal o económica, sino que, por el
contrario, implica analizar, la razonabilidad de las dos posibles interpretaciones
sobre la procedencia de la reforma de la demanda, a saber: (i) rechazarla por
improcedente al considerar que no es aplicable la remisión prevista en el artículo
En síntesis: El Consejo de Estado ha considerado procedente la reforma de la demanda en acción
popular, principalmente porque:
• La Ley 472 no regula expresamente la figura,
• Pero permite aplicar supletoriamente normas del procedimiento civil,
• Y el trámite de las acciones populares se orienta a garantizar la protección efectiva de los
derechos colectivos».
15 Ver también C-590 del 2005.
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44 de la Ley 472 de 1998, por ser la reforma contraria a la naturaleza y finalidad
de la acción popular o, (ii) permitir su ejercicio al considerar que sí se acompasa
con su naturaleza y finalidad. Ambas, en términos de determinar el derecho de
acción y el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y de defensa.
50. Por tanto, es necesario determinar si la reforma de la demanda —
entendida como una garantía procesal intrínsecamente relacionada con el
derecho de acción y la posibilidad de adicionar, modificar, ajustar o corregir
hechos, pretensiones del libelo, pruebas y demandados—, es compatible con el
trámite de la acción popular.
51. Por ende, se advierte que las razones presentadas por el actor no
comportan una simple intención de revivir el debate legal ya zanjado por el juez
del trámite ordinario. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto y dada la
naturaleza del asunto que conoció el juez de lo contencioso-administrativo, el
presente litigio reviste relevancia constitucional.
52. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir las providencias que censura mediante esta vía. Esto, debido a que,
en el trámite de la acción popular, no proceden recursos ordinarios distintos a los
que ya fueron interpuestos por el actor, a saber: el de reposición contra el auto
que le rechazó la reforma de la demanda. Asimismo, tampoco se advierte que los
reproches del accionante puedan ser propuestos mediante los recursos
extraordinario de revisión16 o de unificación de jurisprudencia17. Ello, no solo
porque el defecto sustantivo no se enmarca, prima facie, en alguna de las
causales para su procedencia, sino también porque las decisiones cuestionadas
no corresponden a una sentencia ejecutoriada.
53. Inmediatez. La Sala encuentra superado este requisito, puesto que los
autos proferidos por la autoridad judicial accionada se profirieron el 6 y 24 de
febrero del 2026; y el accionante interpuso la acción el 3 de marzo de esta
anualidad. Así, sin que sea necesario constatar la fecha de ejecutoria de las
providencias, es evidente que la acción fue ejercida dentro de los seis meses que
estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 como plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
54. Naturaleza jurídica de la decisión. Se supera este presupuesto, ya que
las providencias cuestionadas se expidieron al interior del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos. Entonces, las decisiones sub
examine no corresponden a una decisión de tutela, a un fallo dictado en un
proceso de control abstracto de constitucionalidad, y tampoco a una sentencia
interpretativa de la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
16 Regulado en los artículos 250 y ss. de la Ley 1437 de 2011.
17 Regulado en los artículos 256 y ss. de la Ley 1437 de 2011.
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55. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima argumentativa
sobre las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió
en una vulneración de las garantías constitucionales.
2.1.2. La providencia cuestionada incurrió en el defecto sustantivo
56. La Corte Constitucional, en sentencia SU-259 del 2021 reiteró que el
defecto sustantivo se refiere a la aplicación o interpretación irregular de una
norma infraconstitucional. En ese sentido, explicó que, una autoridad judicial
incurre en este yerro cuando:
(i) La decisión que adoptó tiene como fundamento una norma que no es
aplicable, porque: (a) no es pertinente, (b) ha perdido su vigencia por haber
sido derogada, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la
Constitución, o (e) no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador […];
(ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma
que realizó en el caso concreto: (a) no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable, (b) es inaceptable por tratarse de una
hermenéutica contraevidente o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes, o (c) no es sistemática por omitir el análisis
de otras disposiciones aplicables al asunto […]18.
57. Por tanto, enfatizó en que, si bien en principio el juez constitucional no es
el llamado a definir la forma correcta de interpretación del derecho, en los
anteriores eventos, si le está permitido hacerlo de forma excepcional y deberá
declarar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
58. En virtud de lo anterior, la Sala considera que, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el
defecto sustantivo al proferir los autos del 6 y 24 de febrero del 2026, como pasa
a explicarse a continuación.
59. La acción popular, prevista en el artículo 88 constitucional, fue
desarrollada por la Ley 472 de 1998. Esta ley constituye una norma especial para
el trámite del referido medio de control de origen constitucional.
60. El artículo 5 ibidem establece los principios que rigen la acción popular.
Entre ellos, se destacan especialmente los siguientes: la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, publicidad, economía, celeridad y eficacia, así como
también por los principios generales del Código de Procedimiento Civil —hoy
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2020.
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Código General del Proceso—, siempre que no sean contrarios a su naturaleza.
Además, prevé que el juez debe velar por el respeto al debido proceso, a las
garantías procesales y el equilibro entre las partes.
61. En ese sentido, la Ley 472 de 1998 fijó las distintas etapas procesales que
deben surtirse dentro de esta acción constitucional, entre ellas, la admisión,
notificación, traslado y contestación, el pacto de cumplimiento, el periodo
probatorio, los alegatos, la sentencia y sus efectos, los recursos procedentes, las
costas, así como las medidas coercitivas, con el objeto proteger los derechos e
intereses colectivos. De la regulación de estas etapas, se deriva que, si bien es
un medio de control que se promueve para (i) evitar el daño contingente; (ii) hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos; (iii) o, restituir las cosas a su estado anterior cuando sea
posible19, se advierte que es un «verdadero» proceso judicial al compartir las
etapas procesales de un trámite ordinario.
62. Ahora bien, pese a que la Ley 472 de 1998 es norma especial y contiene,
a grandes rasgos, la regulación del trámite de las acciones popular, en su artículo
44, el legislador consagró una cláusula remisoria a otros códigos procesales (i.e.,
Código General del Proceso y Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), en aquello que no esté regulado y que tampoco se
oponga a su naturaleza y finalidad. De acuerdo con dicha disposición:
ARTÍCULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por
acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo
de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la
presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales
acciones.
63. En ese contexto, la Ley 472 de 1998 no hizo mención sobre la facultad de
reformar la demanda en la acción popular. Sin embargo, por la cláusula remisoria,
es necesario acudir a la Ley 1437 del 2011, la cual establece en su artículo 17320,
de manera expresa, la procedencia de reformar la demanda en los procesos que
se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, donde se
19 Ley 472 de 1998, artículo 2.
20 CPACA, artículo 173: «El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por
una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado
de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado
y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la
admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado
por el término inicial.
2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que
estas se fundamentan o a las pruebas.
3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las
pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de
procedibilidad.
La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez
podrá disponer que el demandante la integre en un soto documento con la demanda inicial».
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observa que el legislador previó la oportunidad procesal para hacerlo y estableció
que, de ella, se correrá traslado mediante estado, por la mitad del término inicial.
64. Siguiendo esa línea, se advierte que la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fundamentó su decisión,
en síntesis, en que: (i) la reforma de la demanda no es aplicable a este medio de
control al no estar prevista de manera expresa en la norma especial; y (ii) si bien
existe la cláusula supletoria, la reforma no es compatible con la acción popular
dado que, ello implica extenderla en el tiempo, lo que contraviene los principios
de eficacia, eficiencia y celeridad.
65. No obstante, para la Sala, tal conclusión obedece a una interpretación
restrictiva del artículo 44 de la Ley 472 de 1998, disposición que autoriza la
aplicación supletoria de las normas del procedimiento contencioso-administrativo
en aquellos aspectos no regulados, siempre que no se opongan a la naturaleza
y finalidad de la acción popular.
66. En tal sentido, para la Sala, el medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos, a pesar de que es una acción constitucional, comparte las
etapas de un proceso judicial ordinario, las cuales están debidamente reguladas
por la Ley 472 de 1998, como lo es la admisión, notificación, traslado y
contestación de la demanda, el pacto de cumplimiento, la etapa probatoria, la
presentación de alegatos, la sentencia y los recursos procedentes contra las
decisiones adoptadas.
67. Bajo esta perspectiva, la reforma de la demanda es una figura procesal
estrechamente vinculada con las garantías del debido proceso, en particular con
los derechos de defensa y contradicción de las partes. Ciertamente, como se lee
del artículo 173 de la Ley 1437 del 2011, la reforma es una facultad discrecional
del demandante y puede ejercerla para adicionar, aclarar o modificar su
demanda, dentro de los límites y oportunidades previstos en el ordenamiento
jurídico.
68. Por tanto, su procedencia en las acciones populares constituye un pilar
fundamental de este medio de control y, permite reafirmar el debido proceso, la
igualdad de armas entre las partes y el acceso a la administración de justicia.
69. Adicionalmente, no se advierte que el reconocimiento de esta garantía
procesal resulte incompatible con los principios que rigen la acción popular,
máxime cuando el propio legislador adoptó medidas para armonizarla con la
celeridad de los trámites, como lo es la reducción del término de traslado de la
reforma.
70. En ese contexto, aun cuando la disposición normativa admite distintas
interpretaciones, la Sala estima que aquella en virtud de la cual la reforma de la
demanda es compatible con el trámite de la acción popular resulta más acorde
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con la finalidad de este medio de control y con la protección de los derechos
fundamentales de las partes. Lo anterior, en la medida en que la negativa
absoluta de dicha facultad implica una restricción más intensa de tales garantías,
sin que se advierta una justificación suficiente desde el punto de vista
constitucional.
71. En ese contexto, la hermenéutica adoptada por la autoridad judicial
accionada desborda el margen de interpretación razonable, en la medida en que
restringe injustificadamente una garantía procesal que contribuye a la efectividad
del derecho sustancial, lo cual configura el defecto sustantivo.
2.2. Conclusión
72. La reforma de la demanda es compatible con la naturaleza y finalidad de
la acción popular. Por tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, incurrió en el defecto sustantivo al haberla rechazado por
improcedente al considerar que esta garantía procesal no estaba prevista en la
Ley 472 de 1998 y, no ser aplicable la cláusula supletoria al ser la reforma
contraria a la naturaleza y finalidad de la acción popular, interpretación que se
considera, prima facie, que no está dentro del margen de interpretación
razonable, en los términos de la sentencia SU-259 del 2021.
73. En ese orden, se ampararán los derechos fundamentales del actor al
debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia. Por
tanto, se deja sin valor ni efectos el numeral tercero del auto del 6 de febrero del
2026 y, en consecuencia, la decisión del 24 de febrero siguiente.
74. Adicionalmente, se declara la improcedencia de la tutela por falta de
relevancia constitucional frente a los defectos de decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por lo
anteriormente expuesto.
75. Finalmente, resulta pertinente precisar que, el amparo acá concedido no
implica automáticamente que se admita la reforma de la demanda, sino que se
estudie si cumple con los requisitos para su procedencia, en los términos del
artículo 173 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por disposición del artículo 44 de
la Ley 472 de 1998. En ese sentido, se aclara que, si bien el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República argumentó en el presente
trámite constitucional que la reforma se presentó extemporáneamente, este es
un asunto que debe resolver el juez natural de la causa, en los términos
anteriormente expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
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III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia del señor Ramiro Bejarano
Guzmán, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS el numeral tercero del auto del 6
de febrero del 2026 y el proveído del 24 de febrero siguiente, dictados por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al interior del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, identificado con el radicado 25000-23-41-000-2025-01675-
00. En consecuencia, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que profiera
una decisión de reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala
en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela de la
referencia respecto de los defectos de decisión sin motivación, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución.
CUARTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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Salvamento de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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