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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01723-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01723-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, en nombre propio, contra la “Oficina Judicial de Reparto” y el Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01723-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionado: JORGE FRANCISCO NIETO RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia / REPARTO DE ACCIÓN DE TUTELA – No se advierte una
vulneración, por cuanto la Oficina Judicial de Reparto remitió el expediente al competente
dentro del término correspondiente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, en nombre propio, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 3 de marzo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
“Oficina Judicial de Reparto”2 y el Consejo de Estado, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.

Hechos relevantes

2. En atención a que los hechos expuestos por la parte actora en la acción de tutela
resultan insuficientes para tener una comprensión integral del asunto, y con el
propósito de aportar mayor claridad al despacho, se estima pertinente
complementar el análisis a partir de la información allegada por las autoridades
vinculadas. En ese sentido, de la revisión conjunta de dichos elementos es posible
inferir lo siguiente:

3. El 23 de diciembre de 2025, el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

1
Que ingresó al despacho para fallo el 17 de marzo de 2026.
2
Folio 2 del escrito de tutela. Certificado 622BBB07BFE45382 754F7A58C865E385
413915BAF59FD6C8 183BEF61F563D7D7. Índice 2 de Samai.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la administración de justicia3. Lo anterior, por cuanto afirmó no haber recibido
información sobre el trámite impartido a la demanda de protección de intereses
colectivos que promovió contra la Secretaría de Infraestructura Municipal de
Fundación (Magdalena).

4. El asunto fue inicialmente radicado bajo el número 47001-31-87-001-2025-
00142-00 y su conocimiento correspondió al Juzgado Primero (1.°) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta. Por medio de auto del 23 de
diciembre de 2025, la autoridad judicial (i) se apartó del conocimiento de la acción,
en atención al factor funcional regulado en el numeral 5.° del artículo 1.° del Decreto
333 de 2021; y (ii) remitió el expediente a la Oficina Judicial de Reparto de Santa
Marta para que repartiera el proceso constitucional acorde con la normativa en cita.

5. El demandante manifestó que, pese a dicha orden, no existía constancia de
reparto definitivo, admisión, ni impulso procesal alguno. Por tal razón, interpuso
acción de tutela contra la “Oficina Judicial”4 y el Consejo de Estado, con el objeto
de que se les ordenara realizar de manera inmediata el reparto efectivo de la acción.

6. El nuevo proceso de tutela fue radicado bajo el número 47001-31-87-002-2025-
00171-00 y fue asignado al Juzgado Segundo (2.°) de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Santa Marta que, a través de sentencia del 14 de enero
de 2026, negó el amparo pretendido.

7. El a quo consideró que era un hecho notorio de conocimiento público que los
despachos judiciales entraban en vacancia judicial colectiva en el período
comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 y que
durante ese tiempo cesaba la actividad judicial de las autoridades judiciales, entre
ellas, el Consejo de Estado. En ese sentido, advirtió que la conducta reprochada a
la Oficina Judicial de Reparto no resultaba imputable a una actuación negligente,
arbitraria o caprichosa, sino que obedecía al cumplimiento de una regla objetiva y
general que regula el funcionamiento de la administración de justicia durante la
vacancia judicial.

8. Contra dicha decisión la parte accionante presentó impugnación y señaló que el
fallo recurrido realizó una interpretación restrictiva del derecho de acceso a la
administración de justicia, al circunscribir el análisis únicamente a la vacancia
judicial sin valorar integralmente el resto de sus peticiones, particularmente en lo
relativo al deber de información, trazabilidad y control ciudadano sobre el estado
real del trámite.

9. La segunda instancia del proceso de tutela radicado bajo el número 47001-31-
87-002-2025-00171-01 correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta que, a través de sentencia del 2 de marzo de 2026,
confirmó lo fallado por el Juzgado Segundo (2.°) de Ejecución de Penal y Medidas

3
Proceso radicado núm. 47001-31-87-001-2025-00142-00. Radicado el 23 de diciembre de 2025,
conforme el acta individual de reparto suscrita por el servidor judicial Enrique José Peñarredonda
Posada.
4
Folio 1 de la sentencia del 2 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de Seguridad de Santa Marta y concluyó la inexistencia de una omisión imputable
a las entidades accionadas.

10. Finalmente, el 3 de marzo de 2026, el actor promovió una nueva acción de
tutela, la que se estudia en el asunto de la referencia, e indicó que, pese a que el
período de vacancia judicial ya culminó, persiste la inactividad judicial y no se ha
realizado el reparto del expediente, ni se le ha informado sobre el estado actual de
trámite.

Pretensiones

11. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1. Ordene de manera inmediata a la Oficina Judicial de Reparto y al
Consejo de Estado:

o Radicar y repartir efectivamente el expediente correspondiente.
o Informar al accionante sobre la fecha de remisión, fecha de
recepción, número de radicado y estado actual del trámite.

2. Advertir a los funcionarios responsables que el incumplimiento de esta
orden puede dar lugar a las acciones disciplinarias y sancionatorias
correspondientes.

3. Declarar la vulneración actual y concreta de mis derechos al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, derivada de la
inactividad posterior a la vacancia judicial”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. El demandante alegó una vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la
presunta inactividad persistente al tramitar la acción constitucional que radicó en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena. Sostuvo que “[n]o se busca reabrir
la tutela anterior ni cuestionar lo decidido respecto a la vacancia judicial, sino
proteger derechos actuales y concretos, que no fueron considerados en el análisis
previo y cuya omisión es imputable a las entidades accionadas”6.

Trámite procesal

13. Por medio de auto del 5 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la “Oficina Judicial de Reparto”
y al Consejo de Estado, como accionados, y al Juzgado Segundo (2.°) de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, a la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a la Secretaría General del Consejo
de Estado, así como a las Secretarías de la Sección Primera, Segunda, Tercera,
Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso.

5
Folio 2 del escrito de tutela. Certificado 622BBB07BFE45382 754F7A58C865E385
413915BAF59FD6C8 183BEF61F563D7D7. Índice 2 de Samai.
6
Ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

14. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el asunto de la
referencia.

15. De igual modo, se dispuso que el Juzgado Segundo (2.°) de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Santa Marta y a la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta que remitieran en calidad de préstamo y en medio
digital el expediente del proceso identificado con el radicado 47001-31-87-002-
2025-00171-00/01.

16. Finalmente, se requirió al señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez para que
allegara copia de la demanda cuya radicación invoca para sustentar la presunta
inactividad atribuida a las entidades demandadas, junto con la constancia de su
radicación o envío.

Intervenciones

17. La Secretaría General del Consejo de Estado rindió informe y realizó un
recuento de los antecedentes relacionados con el expediente referido por el
accionante en su escrito, particularmente, el trámite impartido dentro de las acciones
de tutela radicadas núms. (i) 47001-31-87-001-2025-00142-00, que cursó ante el
Juzgado Primero (1.°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa
Marta; (ii) 47001-31-87-002-2025-00171-00, que cursó ante el Juzgado Segundo
(2.°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta; y (iii) 11001-03-15-000-
2026-00045-00, que cursó ante el Consejo de Estado.

18. Al respecto, indicó que, desde el 13 de enero de 2026, la Oficina Judicial de
Reparto de Santa Marta remitió a la Secretaría General del Consejo de Estado la
acción de tutela radicada núm. 47001-31-87-001-2025-00142-00, presentada por el
señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena. Asimismo, precisó que dicha remisión se efectuó en cumplimiento de lo
ordenado por el Juzgado Primero (1.°) de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Santa Marta, mediante auto del 23 de diciembre de 2025.

19. Afirmó que el asunto fue asignado a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, por medio de sentencia del 13 de febrero de 2026, “declaró
configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, decisión
que fue notificada a través del buzón de correo electrónico el 24 de febrero de 2026
y, el 5 de marzo del año en curso, se envió el expediente a la Corte Constitucional
para trámite de eventual revisión”7.

20. En ese orden de ideas, concluyó que dicha dependencia no incurrió en
vulneración alguna de derechos fundamentales, debido a que la acción de tutela
cuyo reparto echa de menos el accionante fue debidamente tramitada en esta
Corporación con el radicado 11001-03-15-000-2026-00045-00 y las providencias

7
Folio 5. Archivo “035Informe2026-01723-00”. Expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-
00045-00. Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez (e).

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

proferidas fueron notificadas en oportunidad al señor Jorge Francisco Nieto
Rodríguez, quien intervino activamente en dicho proceso.

21. La Secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado informó que, una
vez verificados los canales oficiales de atención y recepción administrados por esa
dependencia, en particular, el módulo de demandas de la ventanilla de atención
virtual y la cuenta de correo electrónico ces4secr@consejodeestado.gov.co, no
obraba registro de recepción de memorial, escrito, demanda o solicitud presentada
por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, como tampoco desde la dirección
electrónica tachinieto@hotmail.com.

22. La Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado señaló que no
encontró registro alguno de radicación, recepción o envío de demanda o escrito
presentado por el actor. De igual modo, resaltó que “en el escrito de tutela
presentado por el accionante no se identifica con claridad la demanda a la que hace
referencia, ni se precisa la fecha en la cual presuntamente habría sido remitida, ni
el medio específico utilizado para su envío”8.

23. En ese sentido, indicó que esa falta de precisión impedía determinar con
exactitud la actuación judicial que se alegaba como omitida, así como verificar de
manera concreta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido
la supuesta remisión del escrito.

24. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela, al no
existir actuación u omisión atribuible a esta dependencia que pueda constituir
vulneración de derechos fundamentales.

25. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado informó que lo
único que encontró respecto del accionante fue un correo electrónico, enviado el 17
de octubre de 2025 a las 3:09 p.m., con el asunto: “RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN - RV: Respuesta de Fondo – Denuncia Ciudadana No. 2024-
300825-80474-D, BPIN 2023472880104, Ciénaga – Magdalena.”9; adjunto al
mismo, un memorial: “Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho; la
demanda es presentada por “Francisco Nieto Rodríguez”10, en contra la Contraloría
General de la República.

26. Precisó que el 28 de octubre de 2025 sometió a reparto la mencionada demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho y se le asignó al despacho del consejero
Alberto Montaña Plata bajo el radicado núm. 11001-03-26-000-2025-00145-00 para
el trámite a su cargo.

27. Refirió que, con ocasión de la presente tutela, indagó si el accionante había
elevado alguna solicitud respecto de la radicación de su demanda, sin que hubiese
encontrado algo sobre el particular. Sin embargo, expuso que “la información a los
usuarios para la atención tanto virtual como presencial es de consulta pública, a

8
Folio 1. Archivo “031RECIBEMEMORIAL_Memorial_202601723Pronunciami”.
9
Folio 1. Archivo “021_MemorialWeb_Respuesta-Respuestatutela110”.
10
Ibid.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

través de la página de internet oficial del Consejo de Estado y las redes sociales
que se manejan en la Corporación (v.g. Instagram, X, entre otras), así como la
consulta de procesos en la web de la Rama Judicial”11.

28. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que
verificó en los canales institucionales habilitados para la recepción de demandas y
escritos judiciales y no encontró registro alguno de radicación, recepción o envío de
demanda presentado por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez. Igualmente,
refirió que se realizó la búsqueda del nombre y del correo del accionante
tachinieto@hotmail.com y no se halló ningún resultado.

29. De esa manera, al no existir prueba de recepción del escrito al que hace alusión
el accionante, señaló que no era posible atribuir a dicha Secretaría omisión o
actuación que pudiera generar afectación de los derechos fundamentales
invocados. En ese sentido, solicitó su desvinculación de la causa.

30. El Juzgado Segundo (2.°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Santa Marta aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso de
tutela radicado núm. 47001-31-87-002-2025-00171-00/01.

31. Frente al requerimiento efectuado al señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez,
este respondió que “no puedo allegar copia de la demanda ni de la constancia de
radicación, dado que dichos documentos se encuentran en poder de las entidades
judiciales donde fue presentada originalmente. Además, las copias que tenía en mi
correo electrónico Hotmail y en mi PC fueron eliminadas por razones de liberación
de espacio”12.

32. Por último, el Tribunal Superior del Distrito Judicial guardó silencio, a pesar
de que fue notificado13.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

34. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la Oficina Judicial de Reparto y
la Secretaría General del Consejo de Estado, al tramitar la orden de remisión del
expediente radicado núm. 47001-31-87-001-2025-00142-00, dictada por el Juzgado

11
Folios 1 y 2 ibid.
12
Folio 2. Archivo “017RECIBEMEMORIAL_Bandejadeentrada_Jei”.
13
Índice 7 de Samai del proceso de tutela.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Primero (1.°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta el 23
de diciembre de 2025, incurrieron en una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
parte accionante?

35. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; y (ii) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

36. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.

37. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”14.

38. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’15(se
destaca)16.

14
Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
15
Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
16
T-346-10.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Caso concreto

39. La Sala negará la solicitud de protección al no advertir vulneración alguna de
derechos fundamentales, por las razones que se explican a continuación:

40. En el presente asunto, la parte accionante solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia porque,
según señala, no se realizó el reparto de la acción de tutela que presentó contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, ni se suministró información sobre su
radicación, la fecha de recepción o el estado actual de dicho trámite.

41. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente y con los informes
recaudados en cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto admisorio, se
advierte que, en relación con el trámite objeto de estudio, se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones:

̶ El 23 de diciembre de 2025, el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

̶ El asunto correspondió al Juzgado Primero (1.°) de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Santa Marta que, por medio de auto del 23 de
diciembre de 2025, resolvió:

“PRIMERO: APARTARSE del conocimiento de la presente acción de
tutela en atención al factor funcional regulado en el en el numeral 5º
del artículo 1o del Decreto 333 de 2021.

SEGUNDO: Remitir el expediente a la Oficina Judicial de Reparto de
Santa Marta, para que reparta la acción constitucional acorde con la
normativa en cita. […]”.

̶ En la misma fecha, a las 11:51 a.m., el oficial mayor del Juzgado Primero
(1.°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta remitió
el expediente de tutela a la Oficina Judicial de Reparto de Santa Marta17.

̶ El 13 de enero de 2026, a las 8:49 a.m., la Oficina Judicial de Reparto de
Santa Marta envió, con destino a la Secretaría General del Consejo de
Estado, copia del auto del 23 de diciembre de 2025 y del escrito de tutela.

̶ El expediente fue radicado bajo el número 11001-03-15-000-2026-00045-00
y, el 14 de enero de 202618, la Secretaría General del Consejo de Estado lo
repartió al despacho cuyas funciones están asignadas al suscrito consejero
ponente en encargo19.

17
Folio 3. Archivo “005ED_CorreoElectronicoAT2”. Véase expediente radicado núm. 11001-03-15-
000-2026-00045-00.
18
Véase índice 3 de Samai. Expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00045-00.
19
En virtud del Acuerdo núm. 528 del 2 de diciembre de 2025, la Sala Plena del Consejo de Estado
encargó al suscrito consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, magistrado de la Sección Tercera de

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

̶ Por medio de auto del 15 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela
presentada por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

̶ El 19 de enero de 2026, la providencia precitada fue notificada a la dirección
electrónica aportada por el accionante, es decir, tachinieto@hotmail.com.20

̶ Surtido el trámite procesal correspondiente, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dictó sentencia de primera instancia dentro
del asunto radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00045-00 y resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR configurado el fenómeno de carencia actual
de objeto por hecho superado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los
interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

̶ Lo anterior, por cuanto consideró que la pretensión del accionante,
consistente en que se radicara y repartiera su demanda de protección de los
derechos e intereses colectivos, se satisfizo por un acto voluntario de la
autoridad judicial accionada, pues esta declaró su falta de competencia y
ordenó la remisión de dicha demanda, lo que condujo a que finalmente fuera
repartida al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, bajo el radicado
núm. 47001-33-33-004-2026-00022-00, sin que mediara ninguna orden del
juez de tutela.

̶ El 24 de febrero de 2026, la providencia precitada fue notificada a la dirección
electrónica aportada por el actor, es decir, tachinieto@hotmail.com.21

̶ Por no ser impugnada, el 5 de marzo de 202622, el expediente se envió a la
Corte Constitucional para el trámite de eventual revisión.

42. De acuerdo con lo descrito, esta Sala de Subsección no advierte una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración
de justicia de la parte accionante. En efecto, del análisis de las actuaciones visibles
en el expediente se desprende que el trámite surtido por la Oficina Judicial de
Reparto se ajustó a los tiempos y condiciones propias del calendario judicial, sin

esta Corporación, de las funciones del despacho de la doctora María Adriana Marín, quien terminó
su periodo constitucional. Determinación que se tomó en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales otorgadas a la Sala Plena del Consejo de Estado, en especial las conferidas por los
artículos 131, numeral 1; 132, numeral 3, de la Ley 270 de 1996; y de conformidad con lo decidido
en sesión de la fecha.
20
Folio 1. Archivo “008Soporte notificación Auto que admite tute”. Véase expediente radicado núm.
11001-03-15-000-2026-00045-00.
21
Folio 3. Archivo “019Soporte notificación Sentencia de fecha 1”. Véase expediente radicado núm.
11001-03-15-000-2026-00045-00.
22
Véase índice 20 de Samai. Expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00045-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01723-00
Accionante: Jorge Francisco Nieto Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que se evidencie una dilación injustificada o un comportamiento contrario a los
deberes funcionales que le son exigibles.

43. En particular, se observa que el expediente fue remitido a la Secretaría General
del Consejo de Estado una vez culminó el período de vacancia judicial, el cual
transcurrió entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, lapso durante
el cual no corrieron términos procesales. Así las cosas, la actuación desplegada se
enmarca en los parámetros normativos aplicables y fue previa a la presentación de
la acción de tutela de la referencia, de modo que no es posible predicar la afectación
de derecho fundamental alguno derivada de la oportunidad en la remisión del
expediente.

44. En este orden de ideas, se negará el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, en nombre propio,
contra la Oficina Judicial de Reparto y el Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor Jorge Francisco Nieto Rodríguez, en nombre propio, contra la “Oficina
Judicial de Reparto” y el Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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