Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01724-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01724-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01724-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01724-00
Accionante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo - Se configura porque la
autoridad judicial accionada se abstuvo de interpretar de forma sistemática el contenido de
la Ley 1712 de 2014.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se accederá a la solicitud de amparo, pues el Tribunal accionado omitió verificar
y cumplir el deber de ponderación que contiene el artículo 28 de la Ley 1712 de
2014, que consiste en evaluar la afectación que causaría la divulgación de la
información sujeta a reserva frente a la restricción de acceso impuesta al
demandante.
2. En las sentencias SU-328 de 2025 y SU-018 de 2026, la Corte Constitucional
determinó que el sujeto obligado es el primer llamado a hacer el «test del daño» y,
en caso de controversia, tal deber se traslada al juez de la insistencia.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 3 de marzo de 2026, el señor Harold Eduado Sua Montaña presentó acción de
tutela para la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la información, vulnerados por la sentencia del 15 de
septiembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de insistencia con radicado
25000-23-41-000-2024-01399-00.
Hechos relevantes
4. El 5 de julio de 2024, el accionante solicitó al Servicio Nacional de Aprendizaje 1
información y documentos sobre el material de formación de los cursos de (i)
Producción de Imágenes Digitales, (ii) Introducción a la Escritura Audiovisual y (iii)
Desafíos de la Educación Contemporánea.
1 En adelante, SENA.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
5. El 17 de julio de 2024, la entidad entregó datos básicos, pero no el diseño
curricular completo porque esa información tiene reserva.
6. El señor Sua Montaña presentó peticiones de insistencia ante el SENA y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 13 de agosto, el SENA reiteró la
reserva de la información. El Tribunal rechazó la insistencia porque el peticionario
promovió el trámite, cuando lo procedente era que la entidad lo remitiera.
7. El accionante interpuso recurso de reposición y pidió iniciar el trámite de
insistencia. El 28 de agosto, el SENA se remitió a respuestas previas. El 30 de
agosto, el actor insistió en reponer la decisión o remitir el trámite al Tribunal. La
entidad reiteró lo ya dicho.
8. El actor presentó acción de tutela, pues el SENA y el Tribunal interpretaron mal
sus solicitudes. Lo que pretendió era que se diera inicio al trámite judicial de la
insistencia y no reiterar la solicitud de entrega de información. La Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado acogió la pretensión2 y ordenó al SENA
remitir el expediente al Tribunal para resolver el recurso.
9. El 17 de febrero de 2025, el accionante promovió incidente de desacato. La
Subsección A abrió el trámite el 17 de marzo siguiente, verificó el incumplimiento de
la orden contenida en la sentencia de tutela y, en auto del 10 de abril de 2025,
sancionó a la directora de Formación Profesional del SENA, ordenó adelantar
gestiones para cumplir y dispuso el reparto para surtir el grado de consulta.
10. El 30 de abril de 2025, el SENA informó que, el 21 de marzo anterior, cumplió la
orden de tutela y solicitó la inejecución de la sanción. El 22 de mayo de 2025, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la sanción en sede de consulta.
11. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desarchivó el trámite de insistencia y, en sentencia del 15 de
septiembre de 2025, declaró bien negada la entrega de la información que el señor
Sua Montaña solicitó porque involucra secretos comerciales, industriales o
profesionales, cuya divulgación podría afectar la actividad «comercial» institucional.
Pretensiones
12. El accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia en la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró bien negada la información que solicitó y
que, en su lugar, dicte una providencia de reemplazo en la que acoja su solicitud.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La sentencia del 15 de septiembre de 2025 adolece de defecto fáctico, por
desconocimiento de las pruebas que acreditan que, en cursos anteriores, obtuvo la
documentación correspondiente. Ignoró que, en la respuesta negativa, el SENA le
informó que, si era aprendiz, podía acudir a su instructor o centro de formación para
obtener la información.
2 En sentencia del 5 de diciembre de 2024, dictada en el proceso de tutela con radicado 11001-03-
15-000-2024-05450-02.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
14. Además, la autoridad judicial accionada pasó por alto los documentos que
certifican la aprobación de los cursos de los que solicitó la información.
15. El error probatorio vulnera su derecho al debido proceso y afecta el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. No se apreciaron, ni de forma
sumaria, las condiciones de acceso a los recursos pedagógicos solicitados, que
requería para uso propio sin ánimo de lucro.
16. La autoridad judicial accionada también incurrió en defecto sustantivo, por
indebida interpretación de los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. Esto, porque
el análisis en que se basó la decisión «desborda el tenor literal e intención legislativa
de dichos artículos, no encuentra asidero empleando las normas de derechos de
autor y propiedad industrial conforme a las reglas de interpretación normativa
preceptuadas en los artículos 27 a 32 de la ley (sic) 84 de 1873 y 5 de la ley (sic)
153 de 1887, en detrimento del derecho de acceso a la información».
Trámite en primera instancia
17. Mediante auto del 5 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y vinculó a los terceros con interés.
18. Solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca copia del
expediente de la insistencia con radicado 25000-23-41-000-2024-01399-00.
19. El 22 de abril de 2026, se realizó sorteo de conjueces designándose al
magistrado Alberto Montaña Plata. El 23 de abril de 2026, se remitió el expediente
al despacho del magistrado José Roberto Sáchica Méndez, en atención a que el
proyecto sometido a discusión no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación 3.
20. El 20 de mayo siguiente, el consejero José Roberto Sáchica Méndez remitió el
expediente al despacho de la suscrita ponente, porque el proyecto que presentó fue
derrotado en la sala del 15 de mayo de 2026.
21. El proyecto ingresó al despacho para elaborar el proyecto de sentencia el 28 de
mayo de 2026.
Intervenciones
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. El accionante pretende
reabrir una discusión legal que no comprende la vulneración de derechos
fundamentales.
23. El SENA5 solicitó que se declare carencia actual de objeto por hecho superado,
pues ya respondió la solicitud del accionante en un «formato Excel denominado
3 En lo concerniente a la recomposición de esta sala, el proyecto indicaba lo siguiente:
«19. Con ocasión de la posesión de la consejera Zoranny Castillo Otálora el 27 de abril de 2026, se
modificó la integración de la Sala de Subsección encargada de decidir el presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 1265 de 1970».
4 SAMAI, índice 12.
5 SAMAI, índice 11.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
“ESTRUCTURAS CURRICULARES PQRS”, documento que contiene la
información correspondiente a los programas de formación actualmente ofertados,
incluyendo aspectos como denominación de competencias, módulos de formación,
intensidad horaria, duración total del programa, requisitos de ingreso y áreas de
desempeño».
24. Por otro lado, los hechos en que se funda la presente acción ya fueron objeto
de pronunciamiento judicial en la tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-05450-
02.
25. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca6 remitió copia
del expediente digitalizado del recurso de insistencia objeto de esta acción.
26. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación,
conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991,
concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta corporación.
Problema jurídico
28. En primer lugar, la Sala analizará si en el asunto examinado se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado, como lo alegó el SENA en su
intervención.
29. De no encontrarse configurada la carencia actual de objeto, la Sala determinará
si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales7.
30. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si en la
providencia del 15 de septiembre de 2025 se encuentran configurados los defectos:
(i) sustantivo, por extralimitación del alcance de las normas invocadas para
sustentar la decisión o por omisión de interpretación sistemática de las
disposiciones de la Ley 1712 de 2014, (ii) y fáctico, por desconocimiento del material
probatorio allegado al trámite de la insistencia.
31. Para efectos metodológicos, la Sala estudiará los problemas jurídicos
identificados en el mismo orden en que fueron planteados y solo abordará el
siguiente si se supera el estudio del anterior.
Carencia actual de objeto por hecho superado en el caso concreto
32. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional8, la carencia actual de objeto
se presenta en tres eventos. El hecho superado ocurre cuando la amenaza o
6 SAMAI, índice 9.
7 En sentencia T-482 de 2024, la Corte Constitucional consideró que «la decisión adoptada en el
trámite del recurso de insistencia tiene carácter jurisdiccional».
8 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
vulneración cesa por un acto voluntario del accionado, sin intervención del juez, y
se satisface lo pedido. El daño consumado se configura cuando la vulneración
produce el perjuicio que se buscaba evitar. La situación sobreviniente aplica cuando
la orden del juez, sin enmarcarse en las situaciones anteriores, no produciría efecto
alguno.
33. En este caso, el SENA alegó la carencia actual de objeto por dos razones. La
primera es la entrega de la información solicitada, que intentó demostrar con unos
pantallazos. La segunda es la existencia de un pronunciamiento judicial previo en el
que ya se ampararon los derechos del accionante y se ordenó remitir el expediente
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tramitar la insistencia.
34. La carencia por hecho superado exige que la vulneración cese por actuación
voluntaria del accionado y sin orden judicial. En este asunto, ninguno de esos
supuestos se acredita.
35. El SENA aseguró que envió la información al accionante. Sin embargo, los
pantallazos que adjuntó corresponden a una solicitud del 1° de septiembre de 2025
con radicado 7-2025-323053. En esa solicitud se pidió información sobre programas
de electrónica, informática y entrenamiento deportivo. La respuesta se dirigió al
señor Sergio Iván Acevedo Ramírez y se remitió al correo
«nexus.sports.law@gmail.com».
36. Esto impide verificar la afirmación del SENA sobre la entrega de la información
al accionante, pues los documentos aportados no se relacionan con él ni con su
solicitud.
37. Aun si se admitiera que la entidad respondió, no procede declarar la carencia
de objeto. El requisito exige que durante el trámite de tutela se satisfaga la
pretensión que en este caso consiste en dejar sin efectos la providencia del 15 de
septiembre de 2025, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
bien negado el acceso a la información.
38. Esta precisión permite descartar la segunda razón del SENA. La entidad sostuvo
que ya existía un pronunciamiento judicial, en particular, la sentencia del 5 de
diciembre de 2024, en la que se ampararon derechos del accionante y se ordenó
remitir el expediente al Tribunal. No obstante, en esa oportunidad el actor cuestionó
la falta de trámite del recurso de insistencia, mientras que en esta ocasión
controvierte la sentencia del 15 de septiembre de 2025, que resolvió ese recurso y
negó el acceso a la información.
39. En consecuencia, la Sala no advierte la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Análisis de los requisitos de procedibilidad
40. El señor Sua Montaña está legitimado para presentar la tutela, pues fue el
recurrente en el proceso de insistencia que dio origen a esta acción. La Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene
legitimación por pasiva, porque profirió la providencia a la que se le atribuye la
vulneración.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
41. La tutela satisface el requisito de inmediatez, pues la providencia se dictó el 15
de septiembre de 2025, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 3 de
marzo del año en curso. La tutela también satisface el requisito de subsidiariedad,
porque el trámite de la insistencia es de única instancia.
42. La acción reviste relevancia constitucional, pues se discute la vulneración de
derechos fundamentales bajo argumentos que advierten sobre una interpretación
que excede el alcance de los artículos en que se sustentó la decisión o que deja de
lado una interpretación sistemática de estos con las demás disposiciones de la Ley
1712 de 2014. Además, la Sala precisa que los defectos invocados tienen tal entidad
que, de encontrarse configurados, tienen la virtualidad de alterar el sentido de la
decisión.
Estudio de los defectos atribuidos a la sentencia del 15 de septiembre de 2025
43. Para el accionante, la sentencia del 15 de septiembre de 2025 adolece de
defectos sustantivo y fáctico, pues, en ella, la autoridad judicial accionada otorgó a
los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 un alcance que no les corresponde,
omitió efectuar una interpretación sistemática de dichas disposiciones en detrimento
de su derecho de acceso a la información y desconoció pruebas que acreditan su
interés fundado en obtener los documentos requeridos.
44. La Sala abordará en primer lugar el cargo relacionado con el defecto sustantivo,
derivado de la indebida interpretación y aplicación de los mencionados artículos.
45. La Corte Constitucional9 reconoce que el derecho de acceso a la información
tiene naturaleza de derecho fundamental, goza de especial protección jurídica y
comprende tres dimensiones: (i) el deber de las autoridades y particulares obligados
de responder las solicitudes de información; (ii) el derecho de toda persona a recibir
información; y (iii) la facultad de los particulares de construir información con libertad
y responsabilidad social.
46. Desde una perspectiva «cualitativa», la información puede clasificarse, según
su publicidad y el acceso legal a la misma, en: (i) pública, (ii) semiprivada, (iii)
privada y (iv) secreta10. Esta clasificación permite determinar si el solicitante tiene
derecho a acceder a la información y si la entidad está obligada a suministrarla.
47. Conforme al artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, la información pública es aquella
que se encuentra en posesión, control o custodia de un sujeto obligado, y solo
puede ser restringida por disposición constitucional o legal. En este caso, la solicitud
del señor Sua Montaña recaía sobre información en poder del SENA,
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Trabajo, por lo
que se trata, en principio, de información pública.
48. De lo anterior se desprende una precisión fundamental: el acceso a la
información pública es la regla general, mientras que su restricción tiene carácter
excepcional y únicamente procede bajo causales expresamente previstas en la ley.
9 Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
10 Corte Constitucional, sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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49. En este caso, tanto el SENA como el Tribunal accionado consideraron que la
información que el actor solicitó está amparada por las excepciones previstas en los
artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, al estimar que se trata de información
protegida por reserva legal, relacionada con secretos comerciales, industriales o
profesionales, cuya divulgación podría afectar la actividad «comercial» institucional.
50. Para el accionante, tal conclusión configura un defecto sustantivo, en tanto el
Tribunal otorgó a las referidas disposiciones un alcance indebido y omitió
interpretarlas de manera sistemática, en detrimento de su derecho de acceso a la
información.
51. En otras palabras, el actor reprocha que la autoridad judicial accionada no
confrontó la posible afectación de la divulgación de la información pedida frente a la
de su derecho de acceso a la información. Tensión que fue prevista por el legislador
en el artículo 28 de la Ley 1712 de 201411, que impone al sujeto obligado la carga
de demostrar que la información debe permanecer reservada.
52. En efecto, dicha norma exige justificar que la restricción responde a un objetivo
legítimo y que la divulgación causaría un daño presente, probable y específico
que supere el interés público que supone el acceso a la información.
53. En reciente jurisprudencia de unificación, la Corte Constitucional12 precisó que
el artículo 28 establece una exigente carga de justificación para negar el acceso a
la información pública, lo que implica que las autoridades no pueden limitarse a
invocar de manera genérica la reserva, sino que deben sustentarla con argumentos
claros, concretos y suficientes.
54. La Corte también indicó que esta disposición incorpora el denominado «test del
daño», conforme al que el sujeto obligado debe demostrar: (i) que la información es
de naturaleza reservada o clasificada y (ii) que su divulgación ocasionaría un daño
presente, probable y específico que exceda el interés público de acceder a ella.
55. Este ejercicio de ponderación recae, en principio, sobre el sujeto obligado, quien
debe justificar rigurosamente tanto la naturaleza reservada de la información como
el daño que generaría su divulgación.
56. Sin embargo, cuando dicha carga no es cumplida o lo es de manera insuficiente
y surge una controversia judicial, corresponde al juez constitucional realizar el test
del daño y valorar los derechos en tensión para determinar la procedencia del
acceso.
11 ARTÍCULO 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y
pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o
confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse
con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se
trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la
información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público
que representa el acceso a la información. Resaltado propio.
12 Sentencia SU-328 de 2025, M.P. Natalia Ángel Cabo. Criterio reiterado en Sentencia SU-018 de
2026, M.P. Lina Marcela Escobar Martínez.
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
57. Bajo esa lógica, el test del daño supone comparar los efectos de la divulgación
frente a la afectación del derecho de acceso a la información, con el fin de establecer
si la restricción resulta justificada.
58. La Sala observa que, en el caso concreto, ni el SENA ni el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca cumplieron con esta carga argumentativa, pues
omitieron analizar los efectos concretos que tendría la divulgación de la información
frente a la afectación del derecho de acceso del solicitante.
59. Aunque el Tribunal reconoció la existencia de una tensión entre los derechos,
no explicó cuál sería el daño específico derivado de la divulgación ni realizó un
verdadero ejercicio de ponderación, limitándose a afirmar, de manera genérica, que
la entrega de la información afectaría la actividad «comercial-educativa y
profesional» del SENA.
60. En consecuencia, la Sala encuentra configurado el defecto sustantivo, dado que
la autoridad judicial accionada no efectuó una interpretación sistemática de la
normativa aplicable, yerro que la condujo a no observar ni acatar el deber previsto
en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.
61. Por tal motivo, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la información del señor Sua Montaña.
62. En atención a que este defecto es suficiente para dejar sin efectos la providencia
que se cuestiona, es innecesario examinar el cargo relacionado con el defecto
fáctico.
63. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia controvertida y se ordenará
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar una nueva decisión de reemplazo
en la que observe las consideraciones expuestas, especialmente en lo relativo al
cumplimiento de deber contenido en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la información del señor Harold Eduardo Sua Montaña, por lo razonado en la parte
motiva.
SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, dentro del trámite de la insistencia con
radicación núm. 25000-23-41-000-2024-01399-00, para que, en el término de veinte
(20) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, profiera una
decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01724-00
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
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