Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01727-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01727-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01727-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01727-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01727-01
Demandante: HERNANDO RIVEROS RINCÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia
de la acción por cuestionar una decisión de la misma
naturaleza.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela por tratarse de una acción de la misma naturaleza.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Hernando Riveros Rincón, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, a efectos de que le sean amparados
sus derechos fundamentales al hábeas data, a la honra, al buen nombre, a la
dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso.
La trasgresión a las citadas garantías constitucionales la atribuyó a las sentencias
proferidas el 25 de noviembre de 2025 y 20 de octubre de 2025 por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente, al interior de la acción de tutela con
radicado 73001-33-33-011-2025-00201-00/01 que promovió contra las Secretarías
de Movilidad de Cali, Ibagué y Yumbo.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 3 de marzo de 2026 a la que se le asignó la secuencia
interna número 2601.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
PRIMERO: Que se le ordene a la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago
de Cali, que retire los comparendos realizados por las fotomultas, de los cuales la
sentencia C 038 DEL 2020 dejo sin validez las fotos multas y el consejo de estado
también anulo las circulares 20134200330511 de 12 de septiembre de 2013,
20144000135701 de 6 de mayo de 2014, “Controles al deber de portar el seguro
obligatorio y realizar la revisión técnico mecánica” y 20144000213141 de 17 de junio
de 2014, “Comparendos por condiciones técnico- mecánicas y SOAT”, expedidas
por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte. Por esto se
requiere lo anterior para su verificación.
SEGUNDO: Que se les pregunte a los juzgados en mención, cuál fue el motivo y
porqué se apartaron de sus derechos fundamentales y constitucionales para
salvaguardar mis derechos fundamentales.
TERCERO: Señor juez como aquí se violaron derechos humanos, debe llamarse
según el art. 277 al ministerio público ya que miembros del estado son los que me
han violado mis derechos humanos, pues es la misma fiscalía y los mismos jueces
de la república donde sigue la violación en modo tiempo y lugar2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Los días 21 y 22 de agosto de 2025, el señor Hernando Riveros Rincón elevó
solicitudes ante las Secretarías de Movilidad de Ibagué, Tolima, Cali y Yumbo, Valle
del Cauca, en las que pidió la eliminación de unos comparendos que le fueron
impuestos por medio de multas y fotomultas. Lo anterior, en aplicación de la
sentencia C-083 de 2020 de la Corte Constitucional y del artículo 87 de la
Constitución Política. No obstante, ante la falta de respuesta, el actor radicó una
acción de cumplimiento
El proceso se asignó al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Ibagué, que mediante auto del 10 de octubre de 2025 adecuó la acción de
cumplimiento a la de tutela, al evidenciar que del escrito de se desprendían posibles
vulneraciones a los derechos fundamentales de petición y al debido proceso. A
renglón seguido, a través de la sentencia del 20 de octubre de 2025, concedió el
amparo del derecho de petición del señor Riveros Rincón y ordenó a las Secretarías
de Movilidad de Cali e Ibagué responder de fondo la solicitud elevada el 21 de
agosto de 2025. Por otro lado, declaró improcedente la acción respecto de la
Secretaría de Movilidad de Yumbo, por no haberse acreditado la presentación de
una petición ante esa entidad.
Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó aduciendo que el juzgado
desnaturalizó su solicitud, pues, pretendía usar la acción de cumplimiento con el fin
de obtener la eliminación de las multas y fotomultas impuestas en su contra.
2
Transcripción del texto original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
El Tribunal Administrativo del Tolima3, mediante sentencia del 25 de noviembre de
2025 confirmó la decisión de primer grado, al considerar acertada la adecuación del
trámite y encontrar acreditada la vulneración del derecho de petición por parte de
las Secretarías de Movilidad de Cali e Ibagué. Así como también, la declaratoria de
improcedencia respecto de la Secretaría de Movilidad de Yumbo.
La decisión se notificó a las partes de forma personal por correo electrónico el 26
de noviembre de 2025.4
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, pese a que el Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué dictó una sentencia en la que ordenó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de petición; decisión que se confirmó
por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, su inconformidad radica en que, a
su juicio, no debió adecuarse la acción de cumplimiento a la de tutela.
Lo anterior comoquiera que su pretensión es lograr que se deje sin efecto las
fotomultas que le fueron impuestas por parte de las Secretarías de Movilidad de
Cali, Ibagué y Yumbo; finalidad para la cual resulta idónea la acción de
cumplimiento.
Argumentó que, con los fallos cuestionados se le causa un daño irreparable, razón
por la cual, tras haber agotado todos los recursos, se vio en la necesidad de volver
a instaurar otra acción de tutela.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 5 de marzo de 20265, el magistrado ponente del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B admitió la solicitud de amparo y ordenó
notificar a la parte accionante6 y como accionados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Tolima7, al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué8, al Ministerio de Transporte9 y a la Agencia Nacional de Infraestructura10.
3 Providencia suscrita por los Magistrados Belisario Beltrán Bastidas, Luis Eduardo Collazos Olaya
y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez.
4 Indice 010 de Samai de la acción de tutela de radicado 73001-33-33-011-2025-00201-01.
5 Índice 010 de Samai.
6 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: asesoriasjt21@gmail.com.
7 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co y
stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: adm11ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co.
10 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: buzonjudicial@ani.gov.co.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
Asimismo, vinculó como terceros con interés en el resultado del proceso a las
secretarías de tránsito y transporte de los municipios de Ibagué11, Cali12, y Yumbo13,
quienes fungieron como parte accionada en la tutela anterior.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué14
La titular del despacho explicó que amparó el derecho de petición del actor por
cuanto este alegó una vulneración de sus garantías constitucionales de petición y
al debido proceso como consecuencia de la falta de respuesta a las peticiones
elevadas el 21 y 22 de agosto de 2025 en las que solicitó la eliminación de diversas
multas y fotomultas por caducidad y prescripción; circunstancia que quedó
plenamente acreditada en el plenario, por ello, les ordenó a las accionadas emitir
una respuesta clara, concreta y de fondo.
Por otro lado, pidió declarar improcedente este mecanismo al dirigirse contra una
sentencia de tutela.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima15
El magistrado ponente de la providencia cuestionada solicitó que se declare
improcedente la acción por tratarse de una tutela contra una sentencia de la misma
naturaleza, o en su defecto, se niegue el amparo, habida cuenta que de la lectura
del escrito claramente se colige que lo que la parte actora pretende es lograr un
nuevo pronunciamiento judicial sin que en este caso se cumplan los requisitos
señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-627 del 2015.
A continuación hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso sometido
a su conocimiento y concluyó que la decisión del juzgado fue adecuada, por cuanto,
del escrito de amparo del accionante se desprendían posibles vulneraciones a su
derecho fundamental de petición por parte de los municipios de Cali e Ibagué, al no
dar respuesta a su solicitud dentro del término legal, razón por la cual, en aplicación
del inciso primero del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, era necesario tramitarla
como acción de tutela.
Además, aportó el vínculo de acceso al expediente electrónico.
11 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: notificaciones_judiciales@ibague.gov.co y
movilidad@ibague.gov.co.
12 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: notificacion.tutelas@cali.gov.co;
njudiciales@valledelcauca.gov.co y notificacionesjudiciales@cali.gov.co.
13 Índice 008 de Samai. Notificación enviada al correo: stransito@yumbo.gov.co;
judicial@yumbo.gov.co.
14 Índice 013 de Samai.
15 Índice 013 de Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
1.6.3. Agencia Nacional de Infraestructura16
La apoderada de la entidad manifestó que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno, sino que, por el contrario, resolvió el escrito petitorio elevado por el actor,
tal y como consta en el acervo probatorio que, se allegó a la presente acción y, por
tanto, no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para buscar un resultado
favorable a las pretensiones del señor Riveros Rincón; las que ya fueron debatidas
dentro del trámite constitucional citado por el mismo accionante.
Agregó que, quien ostenta la competencia para revisar las sentencias de tutela
proferidas por las autoridades judiciales accionadas es la Corte Constitucional,
través, del trámite de revisión, como se estableció en la sentencia SU-1219 de 2001
de la misma Corporación.
Finalmente solicitó declarar la improcedencia de esta tutela, por tratarse de una
acción contra una decisión de la misma naturaleza.
1.6.4. Ministerio de Transporte17
Esta cartera ministerial señaló que dio respuesta completa a la solicitud elevada por
el tutelante, en la que le explicó que carecía de competencia para pronunciarse
sobre la legalidad de las actuaciones y decisiones de las autoridades de transporte
o sus funcionarios, pues estos gozan de una prerrogativa de autonomía
administrativa y funcional que las faculta para gestionar sus jurisdicciones de
manera independiente.
Además, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en
la causa por pasiva por no ostentar facultad alguna frente al proceso administrativo
contravencional adelantado por los organismos de tránsito del país.
1.6.5. Secretaría de Movilidad de Cali18
El ente territorial pidió que se declare improcedente este mecanismo constitucional
por no superar el requisito de subsidiariedad porque el accionante pretende usarlo
como una instancia adicional para controvertir comparendos y decisiones
administrativas, pese a contar con medios ordinarios e idóneos, como los recursos
administrativos y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6.6. Las secretarías de movilidad de los municipios de Ibagué y Yumbo, pese a
estar debidamente notificadas del presente trámite, guardaron silencio.
16 Índice 017 de Samai.
17 Índice 018 de Samai.
18 Índice 018 de Samai.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante providencia del 7
de mayo de 2026, declaró improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia, por considerar que no se cumplieron los requisitos para la procedencia
excepcional de la tutela contra una providencia dictada en otro proceso de la misma
naturaleza. En particular, no demuestra la existencia de un fraude que desvirtúe la
cosa juzgada constitucional ni plantea una situación que permita inferir la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta, aunado a que la carga
argumentativa resulta notoriamente deficiente.
1.8. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar el fallo
de primer grado, y en su lugar, que se estudie el fondo del asunto porque en este
caso se mantiene la vulneración de las garantías invocadas comoquiera que el a
quo constitucional desconoció el principio de prevalencia del derecho sustancial y
pro homine, contenidos en los artículos 93, 94 y 228 de la Constitución Política y
vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
hábeas data, al debido proceso y al buen nombre, la honra y la dignidad humana,
por adecuar a la acción de tutela a una de cumplimiento, pese a que sus
pretensiones se debían tramitar por esta última.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 201919.
2.2. Cuestión previa
El Ministerio de Transporte solicitó su desvinculación del presente trámite, tras
considerar que no le asiste legitimación en la causa por pasiva; petición frente a la
cual no hizo pronunciamiento alguno el a quo constitucional, por lo que, previo a
resolver los argumentos planteados en la impugnación, se resolverá este
requerimiento.
La Sala accederá a la solicitud de desvinculación, en la medida en que, pese a el
Ministerio de Transporte se vinculó en calidad de accionado, lo cierto es que, dicha
cartera ministerial no fungió como accionada en el trámite constitucional previo, ni
se le endilgó la vulneración de alguna garantía constitucional por parte del
accionante.
19 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
2.3. Problema jurídico
En este punto, la Sala precisa que, si bien el escrito inicial de este mecanismo está
dirigido contra lo decidido por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, la Sala se enfocará solo en la
sentencia de segunda instancia, por cuanto fue la que puso fin al proceso.
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 7 de mayo
de 2026. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales
del accionante, con ocasión de la sentencia dictada el 25 de noviembre de
2025, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia que dictó el
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al interior de la
acción de tutela con radicado 73001-33-33-011-2025-00201-01, promovida
por el señor Hernando Riveros Rincón contra las secretarías de movilidad de
los municipios de Cali, Ibagué y Yumbo?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: (i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
(iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 20
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema21 y declaró su
procedencia22.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
22 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Tutela contra decisión de tutela
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1° de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de la misma
naturaleza por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en
desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales».
Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:
[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional23” (Negrillas fuera de texto).
Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia de tutela,
siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia acusada
fue producto de un fraude.
Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.
2.6. Caso concreto
Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se
relaciona con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia
constitucional en la que de manera excepcional es procedente el mecanismo
constitucional contra una providencia de tutela; es decir, que con motivo de un
fraude se hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
En el caso bajo análisis, se advierte que pese a que el actor no indicó de forma
expresa la decisión cuestionada, lo cierto es que de la lectura integral de sus
planteamientos se advierte que sus reparos están dirigidos a cuestionar la sentencia
proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, al
interior de la acción de tutela identificada con el radicado número 73001-33-33-011-
2025-00201-01 que confirmó la sentencia del 20 de octubre de 2025 emitida por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.
Lo anterior comoquiera que el actor señala que la vulneración de sus garantías
constitucionales se ocasionó porque el juez constitucional no le dio trámite a la
acción de cumplimiento promovida con el fin de dejar sin efecto las fotomultas que
le habían sido impuestas por las referidas secretarías de tránsito, sino que decidió
adecuarla al mecanismo constitucional.
La referida discrepancia fue planteada ante el ad quem constitucional, no obstante,
este decidió que había sido acertada la decisión del fallador de primera instancia de
haber adecuado el trámite de la acción de cumplimiento a la de tutela comoquiera
que el accionante afirmó que no había recibido respuesta a las solicitudes elevadas
el 21 y 22 de agosto de 2025 ante las secretarías de movilidad de Ibagué, Cali y
Yumbo, por lo que era necesario garantizar la protección de su derecho fundamental
de petición.
De forma concreta el tribunal accionado, señaló:
Bajo ese entendido, resulta pertinente recordar que la acción de cumplimiento tiene
como objeto permitir que cualquier persona acuda ante una autoridad judicial para
exigir el cumplimiento de un deber impuesto por la ley o por un acto administrativo;
razón por la cual su ámbito de procedencia es distinto al que se analiza en este
asunto.
Ello, toda vez que del relato fáctico expuesto por el actor se advierte que sus
pretensiones están orientadas a cuestionar una posible vulneración de derechos
fundamentales —en particular, los derechos al debido proceso y de petición—
atribuida a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Ibagué, la Secretaría de
Movilidad de Cali y la Secretaría de Movilidad de Yumbo.
[…]
De ello se desprende que la acción de cumplimiento es improcedente para obtener
la protección de derechos fundamentales, como sucede en el presente caso
respecto a los bienes jurídicos relacionados con el debido proceso y el derecho de
petición del accionante. En virtud de lo anterior, el juez se encuentra plenamente
facultado para adecuar el trámite y darle el curso propio de la acción de tutela,
conforme a las disposiciones del Decreto 2591 de 1991.
En consecuencia, tal como se dejó expuesto el señor Riveros Rincón cuestiona la
providencia aludida porque le causó un daño irreparable dado que, a su juicio, la
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
tutela no era el mecanismo idóneo para resolver su pretensión, motivo por el cual
se vio en la necesidad de volver a instaurar esta acción.
No obstante, y pese a que el accionante es reiterativo en señalar que, con la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, en cuanto a mutar su acción
de cumplimiento a una de tutela le fueron vulnerados sus derechos fundamentales,
se evidencia que este no precisó ningún hecho que constituya fraude, pues tanto en
el escrito de amparo como en la impugnación formulada, la parte actora se limitó a
cuestionar la decisión del tribunal, por no haber estado de acuerdo con el
razonamiento del fallador constitucional de primera instancia, en la adecuación de
la acción de cumplimiento al mecanismo de tutela. Sin que de ello se derive una
conducta fraudulenta.
Ello, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en sentencia SU-
627 de 2015 con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, en la cual se
indicó que «la cosa juzgada debe ceder cuando se encuentra plenamente probada
la ilegalidad de una decisión por parte de las autoridades disciplinarias competentes,
como el fraude a la ley o un fraude procesal».
Sobre la configuración del fraude, el máximo tribunal constitucional, en la sentencia
antes mencionada, reconoció que aquel puede ser cometido, por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que amerita la intervención del
juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta se materialice. Dicha
actuación debe predicarse de los sujetos procesales al interior de la acción
constitucional.
En este punto, la Sala considera importante señalar que, en el sustento de la
providencia proferida por la autoridad judicial accionada no se encuentra vicio
alguno producto de una situación fraudulenta; además que la parte actora no aporta
una prueba de la existencia de dicha situación, para que proceda el principio fraus
omnia corrumpit.
Por último y pese a que el accionante reitera que lo que pretende es que se dejen
sin efectos las fotomultas que le fueron impuestas y a su vez solicita que «se les
pregunte a los juzgados en mención, cuál fue el motivo y porqué se apartaron de
sus derechos fundamentales y constitucionales para salvaguardar mis derechos
fundamentales», se advierte que lo pretendido fue objeto de discusión en la tutela
anterior, la que cuestiona en esta sede y frente a la cual, como se advirtió, no existió
una actuación fraudulenta que permita emitir un pronunciamiento frente a ellos al
enmarcarse en una acción de tutela contra otra de la misma naturaleza.
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente este
mecanismo por no superar el requisito general de procedibilidad concerniente a que
no se trate de una tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, ni haberse
cumplido con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para flexibilizar tal
exigencia.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Hernando Riveros Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01727-01
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Transporte,
conforme a las razones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en cuanto declaró
improcedente el presente mecanismo, de acuerdo con los argumentos desplegados
en la parte considerativa.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.