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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01731-00

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01731-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Diego Fernando Núñez González contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01731-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-00
Accionantes: Diego Fernando Núñez González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01731-00
Accionantes: Diego Fernando Núñez González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito de
Buenaventura
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial - Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia
constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Diego Fernando Núñez González
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Diego Fernando Núñez González, por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad1, los cuales estima vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito de Buenaventura.

La presunta vulneración se atribuye al auto proferido el 16 de septiembre de 2025
por el referido juzgado, mediante el cual se abstuvo de librar mandamiento de pago
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 76109-33-33-001-
2025-00153-00/01, así como a la providencia del 26 de septiembre de 2025, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado ED2B12020F637714 306E5FFAF219D6E1
E67A3F433383B42C F2BEDAB0CB09F08E.

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Accionantes: Diego Fernando Núñez González

De igual forma, cuestiona la providencia dictada el 10 de diciembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó la decisión
adoptada en primera instancia al resolver el recurso de apelación.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El señor Diego Fernando Núñez González, a través de apoderado judicial,
promovió demanda ejecutiva en contra del Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E.
con fundamento en la sentencia ejecutoriada del 30 de septiembre de 2024,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura.
En dicha providencia se declaró la nulidad del Oficio s/n del 17 de octubre de 2023,
y, a título de restablecimiento del derecho se ordenó:

“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR al HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
E.S.E. a reconocer y pagar a favor del señor DIEGO FERNANDO NÚÑEZ
GONZÁLEZ, las prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de
la entidad que desempeñan similar labor de la reclamada en el sub litem, es
decir, la de MÉDICO, durante el periodo comprendido entre el 08 de febrero de
202 y el 08 de febrero de 2021.

TERCERO: De igual manera, CONDENAR al HOSPITAL LUIS ABLANQUE
DE LA PLATA E.S.E. a reconocer y a pagar a favor del señor DIEGO
FERNANDO NÚÑEZ GONZÁLEZ, la sanción moratoria causada por el pago
tardío de las cesantías definitivas, a partir del 15 de enero de 2024 y hasta el
día anterior de su pago, de conformidad con lo expuesto en l aparte motiva de
este proveído”2.

2.2. Con fundamento en lo anterior, la parte ejecutante solicitó que se librara
mandamiento de pago por la suma de $12.357.517 por concepto de prestaciones
sociales y $77.363.020 por sanción moratoria, así como el reconocimiento de los
intereses correspondientes.

2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito de Buenaventura bajo el radicado número 76109-33-33-001-2025-
00153-00, autoridad que, mediante auto del 16 de septiembre de 2025 se abstuvo
de librar mandamiento de pago. Para sustentar su decisión, indicó que la entidad
ejecutada se encontraba sometida a intervención forzosa administrativa por parte
de la Superintendencia Nacional de Salud, por el término de un año, esto es, hasta
el 14 de diciembre de 2025.

2.4. Inconforme con dicha determinación, el ejecutante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación. Señaló que la prohibición de iniciar procesos
ejecutivos durante la intervención solo aplica respecto de obligaciones causadas

2 Índice 00002 del expediente ejecutivo radicado número 76109-33-33-001-2025-00153-00 en el aplicativo

SAMAI, certificado 2663B5A2131BD2E8 1EA72DA192BAD1B2 49750C031100BD1D 2B068039455D3F1A.

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Accionantes: Diego Fernando Núñez González

con anterioridad a la toma de posesión, circunstancia que, a su juicio, no se
configuraba en el caso concreto.

2.5. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, el juzgado decidió no reponer la
providencia recurrida. Consideró que no era procedente admitir nuevos procesos
ejecutivos mientras la entidad se encontrara bajo intervención forzosa
administrativa. En consecuencia, concedió el recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 10 de
diciembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, al compartir los
argumentos expuestos por el juzgado.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad y pidió dejar sin efectos el auto del 10 de diciembre
de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó
la decisión de primera instancia de abstenerse de librar mandamiento de pago.
Como consecuencia de lo anterior, deprecó que se ordenara al tribunal accionado
a proferir decisión de reemplazo conforme a los argumentos de tutela.

Como fundamento a sus pretensiones, alegó la configuración de los siguientes
defectos:

(i) Defecto sustantivo. Afirmó que las autoridades judiciales aplicaron normas
manifiestamente inaplicables al caso concreto, al confundir los efectos de la
intervención con fines de administración con aquellos propios de la liquidación.

(ii) Defecto fáctico. Sostuvo que se incurrió en una indebida valoración de la
temporalidad del título ejecutivo, en la medida en que se desconoció la fecha real
de causación de la obligación. Indicó que, de haberse valorado correctamente, se
habría concluido que se trataba de una obligación posterior a la intervención, la cual
constituye gasto de administración y no se encuentra amparada por la prohibición
prevista en el literal d) del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

(iii) Desconocimiento del precedente. Señaló que las autoridades accionadas
omitieron aplicar la sentencia STC-10199-2021 de la Corte Suprema de Justicia,
pese a la similitud fáctica, y aplicaron de manera incompleta o descontextualizada
la sentencia T-176 de 1999.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 4 de marzo de 20263, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; ; vinculó como tercero con interés al Hospital Luis

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado ACCE1DF8BF3A85D4 E184E36BD80EB5D4
AA1AFD528A6864E4 8853979BCE573F0B.

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Accionantes: Diego Fernando Núñez González

Ablanque de la Plata E.S.E.; requirió al apoderado de la parte actora para que
allegara los anexos, acreditara la representación judicial y cumpliera lo previsto en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991; solicitó a las autoridades judiciales
accionadas el envío del expediente; ordenó la notificación a las partes y al
interviniente; y dispuso la suspensión de los términos.

Una vez surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.1. El apoderado de la parte actora4 manifestó que los anexos ya habían sido
aportados con la solicitud inicial. No obstante, atendió el requerimiento relacionado
con el juramento, allegó los documentos solicitados y aportó el poder debidamente
conferido.

4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 aportó copia digital del
expediente ordinario, no obstante, no se pronunció sobre las pretensiones de
amparo.

4.3. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura6
allegó el expediente ejecutivo y se opuso a las pretensiones. Señaló que no vulneró
los derechos invocados, dado que actuó conforme a la Constitución y la ley y adoptó
las decisiones que consideró ajustadas a derecho.

4.4. El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., a pesar de haber sido notificado
en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Diego Fernando Núñez González es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 76109-33-33-001-2025-00153-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura y el Tribunal

4 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 7CEE9CE2E39F1CB8 0D0C5356ACDDF1DB
3A2B9FBBB3BD4677 B3A4377D4E33E88A.
5 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 356F49BF641C7D86 72931A0BBEF6F9D2
A90AAF4C77EDE504 4868A5D56DE3E02D.
6 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 9FEF1865067356C6 6EB3FBBFF3A00236
92BA624CB5EA144A 55AA2B0FD1566BD3

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Accionantes: Diego Fernando Núñez González

Administrativo del Valle del Cauca fueron las autoridades que profirieron las
decisiones que, según el tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de abordar el estudio de los defectos alegados, la Sala estima pertinente
precisar que, si bien la parte actora controvirtió las decisiones adoptadas tanto en
primera como en segunda instancia, el análisis se circunscribirá al auto del 10 de
diciembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
tanto constituye la providencia que puso fin a la actuación judicial.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela8 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación

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Accionantes: Diego Fernando Núñez González

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos

directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionantes: Diego Fernando Núñez González

fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se evidencia que la parte actora cuestiona el
auto del 10 de diciembre de 2025 por la presunta configuración de: (i) un defecto
sustantivo, al considerar que las autoridades judiciales aplicaron de manera
indebida las normas pertinentes, al confundir los efectos de la intervención con fines
de administración con aquellos propios de la liquidación; (ii) un defecto fáctico,
derivado de la indebida valoración de la fecha de causación del título ejecutivo, en
tanto, a su juicio, la obligación era posterior a la intervención y, en su condición de
gasto de administración, no se encontraba cobijada por la inmunidad de ejecución
prevista en el literal d) del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
y (iii) el desconocimiento del precedente, por la omisión en la aplicación de la
sentencia STC-10199-2021 de la Corte Suprema de Justicia (rad. 11001-02-03-000-
2021-02536-00) y la aplicación inadecuada de la sentencia T-176 de 1999.

5.2. Precisado lo anterior, y a partir del análisis de la providencia cuestionada, la
Sala observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del
10 de diciembre de 2025, adoptó las siguientes conclusiones:

“14. La Sala considera que le asiste razón al Juzgado de primera instancia.
Como regla general tenemos que, al estar la entidad bajo intervención forzosa
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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administrativa, las obligaciones anteriores a la toma de posesión no pueden
ejecutarse judicialmente, sino que deben hacerse valer dentro del trámite
concursal correspondiente.

15. Respecto de las obligaciones posteriores a la toma de posesión, como es el
caso, la jurisprudencia13 ha señalado de forma uniforme que ésta suspende los
procesos ejecutivos en curso y prohíbe iniciar nuevos contra la entidad
intervenida, sin extinguir el derecho del acreedor, que debe reclamarse dentro
del procedimiento especial de intervención, respetando la prelación de créditos
y la protección reforzada de las acreencias laborales y prestacionales.

16. En cuanto al debate relativo a la procedencia de los procesos ejecutivos
derivados de obligaciones surgidas con posterioridad a la toma de posesión en
el marco de intervenciones forzosas, ha establecido la jurisprudencia
constitucional:

“… es importante aclarar que la prohibición de iniciar procesos ejecutivos
contra la entidad intervenida se aplica únicamente a las acreencias
anteriores a la toma de posesión. Ello, por cuanto la recuperación de la
entidad - que es el fin de la medida de toma de posesión para
administración - depende de su capacidad de realizar operaciones
económicas, y esta capacidad se esfumaría si los posibles contratistas de
la entidad observaran que ella es inmune ante cualquier demanda dirigida
a obtener el pago de sus cuentas.”14”15.

La autoridad judicial indicó que lo expuesto se encontraba en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, el cual establece que las
obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de
insolvencia constituyen gastos de administración, gozan de preferencia en su pago
frente a aquellas sometidas al acuerdo de reorganización o al proceso de liquidación
judicial, según corresponda, y pueden ser exigidas por la vía coactiva.

De igual forma, precisó que:

“18. Aunque pudiera pensarse que todos los créditos surgidos con posterioridad
al inicio de la intervención estarían excluidos de sus restricciones, el legislador
solo otorgó un tratamiento excepcional a aquellos que constituyen gastos de
administración, por ser indispensables para asegurar la continuidad del servicio
y el funcionamiento de la entidad intervenida.

19. En este caso, la obligación proviene de una sentencia de condena laboral
dictada dentro de un proceso declarativo, cuyo origen está en una relación
laboral previa, por lo que no corresponde a compromisos adquiridos para el
sostenimiento actual del Hospital durante la toma de posesión. Aun cuando la
sentencia fue proferida después de la resolución que ordenó la intervención,
dicha acreencia no puede ser clasificada como gasto de administración ni, por
tanto, como obligación directamente ejecutable.

13 Corte Constitucional Sentencia T-593 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado,

Sección Primera, sentencia del 21 de noviembre de 2003, Rad. 11001-03-24-000-2002-00356-01(8358), C.P.
Olga Inés Navarrete Barrero [cita textual].
14 Corte Constitucional, Sentencia T-176 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [cita textual].
15 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 6B17FC97594E3DF0 440A45C13E83604F
113E962BDE55F88E EFB902CB2181489A.

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20. En consecuencia, al no encontrarse la acreencia dentro de las excepciones
legales que permiten la ejecución, se confirmará la decisión recurrida, pues la
negativa de librar mandamiento de pago se ajusta a derecho”16.

5.3. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expuso de
manera suficiente las razones por las cuales, en los eventos de intervención forzosa
administrativa de una entidad, las obligaciones, tanto anteriores como posteriores
a la toma de posesión, no pueden hacerse efectivas a través de procesos
ejecutivos, sino que deben reclamarse en el marco del respectivo proceso
concursal, salvo las excepciones previstas en la ley. Asimismo, precisó que
únicamente las obligaciones causadas con posterioridad a la intervención, que
constituyan gastos de administración indispensables para el funcionamiento de la
entidad, pueden ser objeto de cobro coactivo.

En el caso concreto, concluyó que la acreencia reclamada tenía origen en una
sentencia laboral derivada de una relación jurídica anterior a la intervención, razón
por la cual no podía catalogarse como gasto de administración.

En ese orden, los elementos expuestos permiten a la Sala inferir, con claridad, que
el asunto sometido a consideración fue debidamente analizado por la autoridad
judicial competente. De igual manera, no se advierte que la providencia cuestionada
carezca de sustento fáctico o normativo, ni que haya sido proferida de manera
arbitraria. Tampoco se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de
la parte actora en el curso del proceso ordinario.

5.4. Con todo, la Sala observa que la parte accionante omitió estructurar sus
reproches en clave constitucional, esto es, a partir de la configuración de alguno de
los defectos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y en confrontación directa con las consideraciones de la
decisión cuestionada. Por el contrario, su inconformidad se circunscribe a un
desacuerdo con la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico efectuada
por el juez natural, lo cual corresponde a un debate de mera legalidad y, por ende,
resulta ajeno al ámbito de protección del amparo constitucional.

Al respecto, resulta pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración17.

5.5. En lo que atañe al cargo por indebida aplicación del precedente, la Sala advierte

16 Ibid.
17 Sentencia SU215 de 2022.

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que la accionante pasó por alto que la autoridad judicial cuestionada sustentó su
decisión en jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, particularmente en lo relativo a la prohibición de iniciar procesos
ejecutivos en el contexto de la toma de posesión de una entidad. No obstante, la
parte actora no formuló reparo alguno respecto de la forma en que dicha
jurisprudencia fue interpretada o aplicada al caso concreto.

Esta circunstancia conduce a concluir que el cargo carece de relevancia
constitucional, en la medida en que pretende reabrir un debate propio de la
interpretación judicial del derecho, aspecto que se inscribe dentro de la autonomía
funcional del juez natural. En consecuencia, no le corresponde al juez de tutela
inmiscuirse en este tipo de controversias, pues ello implicaría desbordar el ámbito
de su competencia y desnaturalizar el carácter subsidiario y excepcional de la
acción de tutela.

A lo anterior se suma que, si bien la parte actora identificó una providencia que, a
su juicio, fue desconocida por la autoridad accionada, lo cierto es que no precisó la
regla jurisprudencial aplicable al caso concreto ni explicó su pertinencia. Además,
la decisión invocada fue proferida en el marco de una acción de tutela, cuyos efectos
son, por regla general, inter partes, lo que refuerza la falta de estructuración del
cargo desde una perspectiva constitucional.

5.6. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que los cargos formulados en la presente
acción de tutela constituyen una reiteración de aquellos expuestos por la accionante
en el recurso de apelación promovido dentro del proceso ejecutivo, frente a los
cuales la autoridad judicial ya emitió un pronunciamiento expreso.

Tal circunstancia refuerza la conclusión según la cual la parte actora pretende
utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional para reabrir un
debate ya resuelto en sede ordinaria, lo cual resulta incompatible con la naturaleza
subsidiaria y excepcional de la acción de tutela.

5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio
de autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01731-00
Accionantes: Diego Fernando Núñez González

nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario19.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Diego Fernando Núñez González contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, por
no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrado

SABF

18 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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