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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01734-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01734-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Olga Consuelo Ávila Montañez contra la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

1. Síntesis del caso

La señora Olga Consuelo Ávila Montañez, a través de apoderada, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 63001-33-33-001-
2024-00233-01.

2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

2. La señora Olga Consuelo Ávila Montañez es educadora oficial ubicada en la
categoría 2C del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto
Ley 1278 de 2002.

3. La accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de
Educación del municipio de Armenia el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e injustificados
decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de
una categoría inferior (2A)» en detrimento de quienes, como ella, se encontraban
en el escalafón 2C.

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través del oficio
sin número del 8 de abril de 2024 y el acto administrativo 2024-EE-063090 del 28
de febrero de 2024, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5. La señora Olga Consuelo Ávila Montañez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Armenia, Secretaría de Educación y la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
con el fin de obtener: i) la inaplicación por ilegalidad el Decreto 284 de 2024, que
definió la escala salarial del personal docente; ii) la nulidad del oficio sin número del
8 de abril de 2024 y del acto administrativo 2024-EE-063090 del 28 de febrero de
2024 y; iii) el reconocimiento y pago de la diferencia salarial de los incrementos
porcentuales establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos tres años
anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en atención al
fenómeno de la prescripción.

6. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia, mediante sentencia del 30 de
enero de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las
disposiciones acusadas no alcanzaban el requisito del test de igualdad, dado que
no era posible equiparar un nivel salarial a otro ya que el trato diferenciado obedecía
a los mismos principios que las normas previeron para estimular la
profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio.

7. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia, la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, a través de providencia del 4 de
septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
proferida el día 04 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo número
63001-3333-001-2024-00233- 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) OLGA
CONSUELO AVILA MONTAÑEZ, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente OLGA CONSUELO AVILA MONTAÑEZ a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío
incurrió en defecto sustantivo porque no efectuó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia.

10.
De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de forma
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 2A y 2C, que se realizaron en los años 2008 y
2009, cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2C.

11.
Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial de los años
2008 y 2009 entre las categorías 2A y 2C respondían a criterios razonables
previstos en la normativa, tales como la formación académica, la experiencia,
responsabilidades asumidas y rendimiento en el cargo; sin embargo, no tuvo en
cuenta el principio de igualdad y equidad que regula los aspectos salariales.

12.
Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y 2C.

13.
Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 9 de marzo de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, a la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, y vinculó en calidad de terceros
con interés al Juzgado Primero Administrativo de Armenia, a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, al municipio de Armenia, Secretaría de Educación, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora S.A.

2
Se transcribe incluso con errores.
3
Samai, índice 5.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

2.4. Intervenciones

15. La Secretaría de Educación del municipio de Armenia4 pidió que se declare
improcedente la tutela al considerar que el asunto carece de relevancia
constitucional, en la medida que las decisiones del proceso ordinario en primera y
segunda instancia no incurrieron en alguna irregularidad o defecto que hubiera dado
lugar a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

16.La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío5 pidió que
se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir los requisitos
generales de procedencia de la acción ni configurarse ninguno de los defectos que
habilitan excepcionalmente el mecanismo constitucional. Adicionalmente, sostuvo
que la providencia dictada por ese despacho judicial respetó el debido proceso,
analizó las pruebas y el marco normativo aplicable.

17. El Ministerio de Educación Nacional6 sostuvo que el asunto carece de
relevancia constitucional, en la medida que no se acreditó la vulneración de
derechos fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza
estrictamente económica. Además, expuso que los jueces constitucionales tenían
la obligación de examinar de manera rigurosa el caso, para no desvirtuar los
principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de cosa juzgada

18. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Olga Consuelo Ávila Montañez en contra
de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

3.2. Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa por activa de la señora Olga Consuelo Ávila
Montañez está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, debido a que fue la autoridad
que profirió la sentencia del 4 de septiembre de 2025 dentro del expediente
identificado con el radicado núm. 63001-33-33-0012024-00233-01, objeto de tutela.

4 Samai, índice 13.
5 Samai, índice 14.
6 Samai, índice 15.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

23.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

24. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

25. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

26. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

27. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

28. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
29. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

30. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío, fue notificada el 5 de septiembre de la misma
anualidad15, y la demanda de tutela se presentó el 3 de marzo de 202616, esto es,
dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 17 y del
Consejo de Estado18 como razonable.

31.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del

12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Samai, exp. núm. 63001-33-33-001-2024-00233-01, índice 12.
16 Samai, índice 1.
17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

32. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

33. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

34. ¿La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de la señora Olga Consuelo Ávila Montañez al proferir la
sentencia del 4 de septiembre de 2025, mediante la cual confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la demanda promovida contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y el Municipio de Armenia, Secretaría de Educación,
relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial derivada de los incrementos
aplicados a los niveles 2C y 2A del escalafón docente?

35. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

36. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

37.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

38. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 20.

39. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

40. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.4.2. El defecto fáctico

41.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
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del Quindío

43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.5. Caso concreto

46.En el asunto bajo estudio, la señora Olga Consuelo Ávila Montañez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, y el municipio de Armenia, Secretaría de Educación, con el fin

26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01734-00 (2601)
Accionante: Olga Consuelo Ávila Montañez
Accionado: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío

de que se dejaran sin efectos los actos administrativos 2024-EE-063090 del 28 de
febrero de 2024 y del 8 de abril de 2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la
diferencia salarial derivada de los incrementos aplicados de manera desigual a los
docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, específicamente entre los
niveles 2A y 2C.

47. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, mediante
sentencia del 30 de enero de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la anterior decisión, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío emitió fallo el 4 de septiembre de 2025, en el que confirmó la providencia
de primera instancia.

48. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 4 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de
los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto
se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y equidad.

49. De este modo, precisó que desconoció el alcance del artículo 13 de la
Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un
trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las categorías 2A y
2C, que se realizó en los años 2008 y 2009, pese a que, en su criterio, tales
diferencias carecían de justificación objetiva.

50. Asimismo, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque
pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y 2C.

51. Al respecto, se observa que la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del
Quindío efectuó un análisis a partir del marco constitucional y legal que regula la
fijación del régimen salarial de los docentes oficiales, el contenido de la Ley 4ª de
1992, el Decreto 1278 de 2002 y los lineamientos jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y de esta corporación.

52. Precisó que la sentencia de primera instancia realizó un análisis completo e
integral sobre la posible vulneración del derecho a la igualdad, en relación con la
justificación presentada por el Ministerio de Educación Nacional para fijar los
incrementos salariales de los años 2008 y 2009, de manera distinta a los aplicados
en los años 2005 a 2007, 2010 y 2012 en adelante. En ese contexto, retomó algunas
de las consideraciones del a quo, en los siguientes términos:

Lo aseverado encuentra sustento en que, en la sentencia apelada, luego de un análisis
amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Decreto 2277 de
1979 y el Estatuto de Profesionalización Docente que desarrolló esa materia en el
Decreto 1278 de 2002, aplicable a partir del 19 de julio de ese año, y la sentencia C-
078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se analizó la

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inconstitucionalidad propuesta mediante demanda del numeral 2 del art. 36 del Decreto
Ley 1278 de 2002 “Por el cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente”,
concluyó que, los criterios apropiables a cada grupo hacen admisible la diferenciación
salarial, de conformidad con el Decreto 624 de 2008.

Enseguida efectuó un examen de la vulneración del derecho a la igualdad frente a la
escala salarial del escalafón docente, apoyándose en la metodología vertida en la
sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se analizó
la inconstitucionalidad del numeral 2 del art. 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, “Por el
cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente” sosteniendo que en
desarrollo del principio de igualdad, corresponde al Legislador deparar el mismo trato
jurídico a todas aquellas situaciones que puedan compararse y, efectuar las
respectivas diferenciaciones, ante situaciones fácticas disímiles, sin que un tratamiento
legislativo distinto pueda significar la violación del principio de igualdad, siempre y
cuando sea objetivo y razonable. (…).

Siguiendo la metodología de la Corte Constitucional sobre el test de igualdad, la A -
quo sostuvo que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pudiendo darse un
trato diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad
tendiente a estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del
magisterio, de modo tal que en el caso examinado, no se desconoce el derecho a la
igualdad, en razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene
unas condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se
encuentre situado en otra, siendo congruente la diferencia salarial de acuerdo a su nivel
de escalafón, en tanto las variables de la escala salarial se encuentran justificadas por
el Legislador en criterios como la formación profesional del docente, significando con
ello que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni arbitrarias y por ende,
no desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno y otro grado,
subrayando que en los aumentos decretados en los años 2008, 2009 y 2011, se respetó
el mínimo que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener el poder
adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos, esto es, el porcentaje de pérdida
del poder adquisitivo o inflación y, de allí en adelante se atendió, siguiendo el art. 19
del Decreto 1278 de 2002 sobre el sistema nacional de clasificación de los educadores,
a los factores de formación, capacitación y experiencia para aumentar los salarios de
los docentes, que sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumentos
salariales.

53. A partir de lo anterior, sostuvo que la decisión apelada realizó un análisis del
derecho a la igualdad frente a la escala salarial del escalafón docente, apoyándose
en la metodología vertida en la sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte
Constitucional en la que se analizó la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo
36 del Decreto Ley 1278 de 2002, que establece que el legislador debe dar el mismo
trato jurídico a aquellas situaciones comparables y permitir diferenciaciones
razonables y objetivas cuando los hechos son distintos.

54. Adujo que citó la sentencia del 17 de julio de 2020 dictada por la Subsección B
de la Sección Segunda de esa corporación, en el proceso radicado núm. 25000-23-
42-000-2013-01320-01, en la cual se expuso que la igualdad salarial exige que
trabajadores en idénticas condiciones reciban la misma remuneración, y que
cualquier diferencia debe basarse en razones objetivas y no en caprichos o
preferencias.

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55. Indicó que compartía el análisis del a quo, en el que se expuso que, con base
en el test de igualdad de la Corte Constitucional, no era posible equiparar un nivel
salarial con otro, pues el trato diferenciado responde a criterios objetivos de
formación y experiencia, orientados a estimular la profesionalización y excelencia
del magisterio. En ese sentido, adujo que no se desconocieron los derechos
laborales de los docentes. Además, resaltó que, en los aumentos decretados en
2008, 2009 y 2011 se respetó el mínimo necesario para mantener el poder
adquisitivo, y que los incrementos adicionales se fundamentaron en factores de
formación, capacitación y experiencia, conforme al artículo 19 del Decreto 1278 de
2002.

56. El Tribunal también argumentó que el Ministerio de Educación no incurrió en un
manejo injusto, ilegal ni discriminatorio, pues cumplió con los decretos del Gobierno
Nacional emitidos bajo los parámetros de la Ley 4ª de 1992 y los artículos 46 y 47
del Decreto 1278 de 2002.

57. Explicó que, al encontrarse los docentes en grados de escalafón diferentes,
cada uno con cuatro niveles salariales (A, B, C, D), las diferencias responden a
condiciones objetivas como formación, capacitación y preparación, por lo que no
aplica el principio de «a trabajo igual, salario igual».

58. De igual forma, recordó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-408 del
24 de noviembre de 2021, señaló que los análisis de igualación matemática entre
remuneraciones no son procedentes, ya que deben considerarse las diferencias
fácticas de cada servidor, como la formación y la experiencia requeridas para ocupar
distintos escalafones.

59. Además, advirtió que la demandante no alegó ni probó la inexistencia de
estudios técnicos u otros medios que justificaran los incrementos desiguales,
argumento que no fue planteado en la demanda y, por tanto, no podía ser objeto de
pronunciamiento en esta sede judicial.

60. En consecuencia, concluyó que, aun si dicho tema se hubiera planteado desde
el inicio del proceso, tampoco le asistiría razón a la demandante, pues no demostró
que el Gobierno nacional estuviera obligado a realizar tales estudios técnicos, ya
que la Ley 4ª de 1992 no impone esa obligación en su artículo 2, el cual únicamente
fija los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el ejecutivo para determinar el
régimen salarial y prestacional.

61. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 4 de septiembre de
2025, proferida por la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, realizó un análisis razonable y adecuado de la normativa aplicable y de los
documentos obrantes en el expediente, lo que le permitió concluir que la diferencia
salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 2A y 2C del escalafón
nacional docente se justificaba en criterios objetivos definidos por el legislador en el
Decreto Ley 1278 de 2002.

62. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo ni fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación diferenciada del salario entre los grados 2A y 2C
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encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de
2002, el cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:

«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan». [subrayado fuera de texto].

63. De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador sobre
la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

64. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

65. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»30.

66. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

67. Para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode
a sus intereses y pretensiones.

68.
Finalmente, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín

30
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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no constituyen precedente vertical u horizontal obligatorio para la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, motivo por el cual no constituyen
un criterio implique ser acogido por la autoridad accionada.

4. Conclusión

69. La providencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Olga Consuelo Ávila
Montañez contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

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