Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01742-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01742-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01742-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01742-00
Accionante: José Luis Pérez Cañizales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01742-00
Accionante: José Luis Pérez Cañizales
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Subsidiariedad– improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor José Luis Pérez Cañizales
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
José Luis Pérez Cañizales, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las providencias proferidas
el 7 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-23-33-000-2025-
00604-00.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela y las pruebas allegados al expediente, la Sala
sintetiza los hechos relevantes en los siguientes términos:
2.1. El señor José Luis Pérez Cañizález promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Universitario del Valle
Evaristo García E.S.E., con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos
expedidos dentro del proceso disciplinario núm. CDI 001-2024.
2.2. El asunto correspondió por reparto, en primera instancia, al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca bajo el radicado núm. 76001-23-33-000-2025-00604-00, autoridad
judicial que, mediante auto del 7 de noviembre de 2025, rechazó la demanda por haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01742-00
Accionante: José Luis Pérez Cañizales
2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, el de apelación, el cual fue radicado el 12 de noviembre de 2025.
2.4. Mediante auto del 5 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca rechazó por improcedente el recurso de apelación y concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de reposición presentado por la parte actora.
2.5. En desacuerdo con lo resuelto, el 17 de diciembre de 2025 la parte demandante
presentó memorial, mediante el cual cuestionó la decisión adoptada en el referido auto.
2.6. En atención a lo anterior, mediante auto del 19 de enero de 2026, el Tribunal corrigió
el auto del 5 de diciembre de 2025, al advertir un error en su parte resolutiva. En efecto,
había señalado el rechazo del recurso de apelación cuando, en realidad, correspondía
rechazar por improcedente el recurso de reposición, y conceder en el efecto suspensivo
el recurso de apelación, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
dicha providencia.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, que se dejaran sin efectos los autos del 7
de noviembre y 5 de diciembre de 2025, al considerar que se fundamentaron en errores
fácticos relacionados con la oportunidad de la demanda y de los recursos interpuestos.
Asimismo, solicitó que se reconociera la validez y oportunidad del recurso de reposición
y, en subsidio, el de apelación, radicado el 12 de noviembre de 2025 a través de la
plataforma SAMAI.
3.2. Sostuvo que se configuró un defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas
relativas a la oportunidad de la demanda y los recursos, lo cual vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. A su juicio,
la autoridad judicial aplicó un criterio excesivamente formalista que condujo a un cómputo
erróneo del término de caducidad.
3.3. Como sustento de lo anterior, afirmó que la autoridad judicial desconoció pruebas
objetivas que acreditaban la presentación oportuna del recurso, tales como la constancia
electrónica generada por el sistema SAMAI y el registro de envío al correo institucional
del despacho. En su criterio, dicha omisión impidió el estudio de los recursos y restringió
su derecho de impugnación, en contravía de los principios de prevalencia del derecho
sustancial, buena fe y confianza legítima.
3.4. Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada se sustentó en un cómputo erróneo
del término de caducidad, al no considerar las suspensiones derivadas del trámite de una
acción de tutela previa y de la solicitud de conciliación extrajudicial. En ese sentido, afirmó
que la demanda fue presentada dentro del término legal, de manera que su rechazo
obedeció a una indebida valoración de las circunstancias procesales del caso.
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Accionante: José Luis Pérez Cañizales
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 4 de marzo de 20261 se admitió la acción de tutela y se ordenó
vincular al Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., así como requerir al
abogado Manuel Antonio Payán Valencia para que allegara el poder conferido por el
señor José Luis Pérez Cañizales, con el fin de acreditar su legitimación para promover la
presente acción contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 sostuvo que no se configuró la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, en la medida
en que, en las providencias cuestionadas, se efectuó un análisis integral del material
probatorio y se concluyó que la demanda fue presentada por fuera del término legal.
Señaló que, si bien la demanda fue rechazada por haber operado el fenómeno de la
caducidad, se garantizó el derecho de impugnación, en tanto se concedió el recurso de
apelación, único procedente frente a decisiones adoptadas por la Sala, al tiempo que se
explicó la improcedencia del recurso de reposición en ese contexto procesal.
Asimismo, precisó que no resultaba procedente la suspensión de términos solicitada por
la parte actora con ocasión del trámite de una acción de tutela previa, por cuanto esta fue
denegada.
Finalmente, sostuvo que la presente acción de tutela es improcedente, dado que el
asunto se encuentra actualmente en conocimiento del Consejo de Estado para resolver
el recurso de apelación, circunstancia que evidencia que se han garantizado los derechos
de acceso a la administración de justicia y de defensa.
4.3. En atención a requerimiento realizado en auto admisorio, el abogado Manuel Antonio
Payan Valencia3 allegó el poder conferido por el señor José Luis Pérez Cañizales para
actuar dentro de la acción de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 23C6D22CBA71A570 74E3DF04F22F6E71 AECC3862293413EC
E1F7E363F241236D.
2 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado 7AC91505098A3D0E 253AF7454C2DEF8F ADE67B40D1AC747E
E14BCF0A6D6AD43E.
3 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado EAF6F6A73383A47E 16FCA1D793442823 6E7872EF63E3991C
1659691F2A417A89.
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Accionante: José Luis Pérez Cañizales
2. Legitimación.
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de José Luis
Pérez Cañizales, dado que actúa como demandante en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 76001-23-
33-000-2025-00604-00; en consecuencia, es el titular del derecho que afirma fue
vulnerado.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en razón a que actuó como juez en el trámite del
proceso referido, y fue su actuación a la que el actor atribuyó la vulneración de la garantía
constitucional invocada.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20054 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela5 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto6.
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
6 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
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Accionante: José Luis Pérez Cañizales
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”7.
4.1. Subsidiariedad.
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas
al interior de un proceso judicial8.
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”9, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
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Accionante: José Luis Pérez Cañizales
5. Caso concreto
A partir de lo expuesto por la parte accionante y del estudio de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ordinario, la Sala advierte que la solicitud de amparo no
supera el requisito de subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse:
5.1. Del análisis del escrito de tutela se evidencia que la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estimó vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 7 de
noviembre y el 5 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Como fundamento de su solicitud, alegó la configuración de un defecto fáctico derivado
de la indebida valoración de las pruebas relacionadas con la oportunidad en la
presentación de la demanda y de los recursos interpuestos, en particular, las constancias
generadas por el sistema SAMAI. De igual forma, sostuvo la vulneración directa de los
derechos fundamentales invocados, al considerar que la autoridad judicial adoptó una
interpretación excesivamente formalista que condujo a un cómputo erróneo del término
de caducidad.
5.2. Del examen integral del expediente de tutela, del proceso ordinario y de las pruebas
allegadas, la Sala advierte que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor José Luis Pérez Cañizales en contra del Hospital
Universitario del Valle, identificado con el radicado núm. 76001-23-33-000-2025-00604-
00/01, se encuentra en trámite.
En efecto, mediante auto del 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca rechazó la demanda, al concluir que había operado el fenómeno de la
caducidad del medio de control, en los siguientes términos:
“Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta la postura más favorable expuesta
por el órgano de cierre de esta jurisdicción respecto del cómputo de la caducidad
de la acción a partir de la notificación del acto administrativo de ejecución de la
sanción disciplinaria, se tiene que la presente demanda fue presentada por fuera
del término de 4 meses que impone la norma.
Siendo que la notificación del acto administrativo de ejecución se realizó el 23 de
enero de 2025, el cómputo del término de 4 meses inició al día siguientes, esto es,
el 24 de enero de 2025, por lo que el lapso para demandar vencía en principio el 24
de mayo de 2025. Sin embargo, la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el día 19 de mayo de 2025, esto es, suspendiendo los términos durante
06 días. El 28 de julio de 2025 1 se expidió la respectiva constancia de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación, reanudando los términos a partir
del día siguiente, sin embargo, la demanda fue radicada el 22 de agosto de 2025,
cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.”10
Posteriormente, con ocasión de la interposición del recurso de reposición y, en subsidio,
del recurso de apelación por la parte actora, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante auto del 5 de diciembre de 2025, resolvió:
10 Índice 00005 del aplicativo SAMAI del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el
radicado núm. 76001-23-33-000-2025-00604-00/01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01742-00
Accionante: José Luis Pérez Cañizales
“PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación presentado por
la parte actora contra el auto nro. 894 del 07 de noviembre de 2025 que rechazó
por caducidad la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDO: CONCEDER en el efecto suspensivo el recurso de apelación
presentado por el apoderado de la parte actora en contra del auto nro. 894 del 07
de noviembre de 2025 proferido por esta Corporación.”11
No obstante, mediante auto del 19 de enero de 2026, la autoridad judicial corrigió un error
contenido en la parte resolutiva, y precisó que lo procedente era rechazar por
improcedente el recurso de reposición y no el de apelación, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa. En dicha providencia se ordenó remitir el expediente
al Consejo de Estado, el cual fue repartido a la Sección Segunda de esta Corporación el
2 de febrero de 2026, donde actualmente se encuentra pendiente de decisión el recurso
de apelación.
5.3. En ese contexto, la Sala advierte que, al encontrarse en trámite el recurso de
apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, y al no existir una decisión
definitiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora
dispone de un mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos que
invoca. En efecto, corresponde al juez natural, esto es, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, pronunciarse sobre la legalidad de la decisión cuestionada, en el marco del
recurso de apelación actualmente pendiente de resolución.
En ese orden, la controversia planteada por la parte accionante se encuentra en curso
de definición dentro del trámite ordinario, escenario en el cual pueden ser examinados
los argumentos relativos al cómputo del término de caducidad y a la valoración del
material probatorio allegado. Esta circunstancia descarta la necesidad de la intervención
del juez constitucional en esta etapa procesal.
Bajo este entendimiento, la Sala no puede desconocer el carácter subsidiario y residual
de la acción de tutela, pues ello implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural
y desplazar los mecanismos ordinarios previstos para la resolución de la controversia,
cuyo análisis aún se encuentra pendiente en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
5.4. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora no satisface el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que la controversia planteada debe ser
resuelta por el juez natural dentro del proceso ordinario en curso. En ese contexto, no le
corresponde al juez constitucional intervenir de manera anticipada, pues la acción de
tutela no constituye un mecanismo alternativo ni sustitutivo de los medios ordinarios de
defensa judicial, salvo que se acredite su ineficacia o insuficiencia, circunstancia que no
se configura en el presente asunto.
Aceptar lo contrario implicaría desconocer el carácter residual y subsidiario del amparo
constitucional, así como invadir la órbita de competencia del juez natural, a quien
11 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el
radicado núm. 76001-23-33-000-2025-00604-00/01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01742-00
Accionante: José Luis Pérez Cañizales
corresponde continuar con el trámite del proceso y adoptar las decisiones que en derecho
correspondan.
5.5. Finalmente, la acción de tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio de protección, en tanto la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite la flexibilización excepcional del requisito de subsidiariedad. En
efecto, la sola invocación de dicho perjuicio no satisface las exigencias jurisprudenciales,
pues este debe demostrarse de manera concreta, cierta e inminente, circunstancia que
no se evidencia en el caso bajo estudio.
De conformidad con las particularidades procesales previamente expuestas, la Sala
concluye que la presente acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, por lo
que resulta improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por José Luis
Pérez Cañizales contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
8
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