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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01745-00

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01745-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Félix Horadio Bernal Betancourt contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01745-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01745-00
Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01745-00
Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Sexta de
Oralidad y Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito
de Medellín
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia -
Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Félix Horadio Bernal Betancourt
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Dieciséis Administrativo
del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Félix Horadio Bernal Betancourt, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social1, los cuales considera vulnerados por el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia-Sala Sexta de Oralidad, con ocasión de las sentencias proferidas el 14 de
febrero de 2024 y 12 de diciembre de 2025, respectivamente, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 05001-33-33-016-2018-00431-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado D7A2F1E6467FE768 42E7632CA35CBC69
5164715A826D39BB 8C9D9B0117290486.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01745-00
Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

2.1. El señor Félix Horadio Bernal Betancourt, nacido el 4 de septiembre de 1968,
laboró como detective del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, desde
el 2 de febrero de 1992 hasta el 31 de julio de 2014.

2.2. Durante ese periodo, el accionante estuvo afiliado al Instituto de Seguro
Sociales-ISS (hoy Colpensiones) y efectuó las cotizaciones correspondientes para
acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo.

2.3. El actor presentó solicitud ante Colpensiones con el propósito de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividades de alto
riesgo. Dicha petición fue resuelta de manera desfavorable mediante la Resolución
núm. SUB 3201 del 8 de marzo de 2017, bajo el argumento de que no cumplía con
el requisito de semanas cotizadas y, adicionalmente, no era beneficiario del régimen
de transición.

2.4. Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, los cuales fueron resueltos negativamente mediante las Resoluciones
SUB 16016 del 18 de enero de 2018 y DIR 7584 del 20 de abril de 2018,
respectivamente.

2.5. En virtud de lo anterior, el señor Bernal Betancourt promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que
negó el reconocimiento pensional.

Como consecuencia, solicitó que se declarara su derecho al reconocimiento y pago
de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, de conformidad con
los Decretos 1047 de 1978 y 1835 de 1994, y que se condenara a la entidad
demandada al pago de las mesadas pensionales y los intereses moratorios.

2.6. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito de Medellín bajo el radicado número 05001-33-33-016-2018-00431-00,
autoridad que, mediante sentencia del 14 de febrero de 2024, negó las pretensiones
de la demanda.

El despacho consideró que, para acceder a la prestación reclamada, el actor debía
haberse trasladado de régimen dentro del término de tres (3) meses fijado por la
sentencia C-030 de 2009 de la Corte Constitucional, plazo que corrió a partir del 28
de enero de 2009. En consecuencia, concluyó que no era procedente el
reconocimiento pensional, dado que el actor efectuó el traslado del régimen de
ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida el 1 de
octubre de 2014.

2.7. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que la autoridad judicial fundamentó su decisión en una interpretación
errónea de la sentencia C-030 de 2009, en la medida en que la limitación temporal

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Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

allí prevista vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y a la
igualdad. Asimismo, adujo que la entidad demandada omitió informar
adecuadamente a los afiliados sobre dicho plazo.

2.8. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta
de Oralidad, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2025, que confirmó la
decisión de primera instancia, con fundamento en consideraciones similares.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social y, en consecuencia, pidió
dejar sin efectos las sentencias proferidas el 14 de febrero de 2024 y el 12 de
diciembre de 2025 por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín
y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a las autoridades judiciales
accionadas que profieran nuevas decisiones en los términos planteados en la
presente acción de tutela.

En sustento de sus pretensiones, afirmó que las providencias cuestionadas
incurrieron en un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 9 del
Decreto 2090 de 2003, sin que previamente se hubiera efectuado el análisis
estructural y obligatorio del artículo 6 del mismo decreto, disposición que regula el
régimen de transición para quienes se encontraban vinculados a actividades
calificadas como de alto riesgo al momento de su entrada en vigencia.

Precisó que el defecto alegado no corresponde a una mera discrepancia
interpretativa, sino a la omisión en la aplicación de una norma sustancial
determinante, acompañada de la aplicación preferente de una regla instrumental, lo
cual altera el orden lógico del juicio normativo y sustituye el régimen jurídico
aplicable.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 6 de marzo de 20262, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó como tercera con interés a la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones; además, pidió a las autoridades judiciales
accionadas que aportaran el expediente objeto de amparo; ordenó la notificación a
las partes y suspendió los términos.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado E8946F31C3F89A4F 3F830C3F8A101659
83AE46F1BC1971B7 D4794957F58B0D4C.
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Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

4.1. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín3 aportó copia
digital del expediente ordinario y manifestó que se atenía a lo que resolviera el juez
constitucional.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Sexta de Decisión Oral4, a
través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, allegó el expediente
digital solicitado y y señaló que se acogía a lo que se decidiera en la presente acción
de tutela.

4.3. Colpensiones5 al oponerse al amparo, solicitó declarar la improcedencia de la
acción, al considerar que no se vulneró derecho fundamental alguno ni se
acreditaron los requisitos previstos en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

Finalmente, solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que no es la entidad competente para modificar
las decisiones judiciales cuestionadas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Félix Horadio Bernal Betancourt es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 05001-33-33-016-2018-
00431-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala Sexta de Oralidad fueron las autoridades que
profirieron las decisiones que, según el tutelante, vulneraron sus derechos
fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en

3 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado D06A7CEE4174BBCA 5A4713CF3D94BC6B
ECAC4599BB6BF41D 828F45EC8FC9514F.
4 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 1F3D3E207D61AB88 7E6027D4DFE0E0AA
67CC1F867DDAE59D C2F09F526963326F.
5 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 00BF51BE3615F86E DF7C338E16F7D85D
3FAD82C93A517683 E364B56F5ACE99A7.
4

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Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la sentencia del 12
de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Sexta
de Oralidad, por cuanto fue la providencia que puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20056 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela7 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 8.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se

6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
8 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01745-00
Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”10.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
10 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto11.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del análisis del escrito de tutela, se advierte que la parte actora cuestiona la
decisión proferida por el tribunal accionado, al considerar que incurrió en un defecto
sustantivo por la indebida aplicación del artículo 9 del Decreto 2090 de 2003 12, sin
haber realizado previamente el análisis estructural y obligatorio del artículo 6 del
mismo decreto, disposición que establece el régimen de transición para quienes se
encontraban vinculados a actividades calificadas como de alto riesgo al momento
de su entrada en vigencia.

5.2. Ahora bien, del examen de los aspectos abordados en la providencia
cuestionada, se observa que, en la sentencia del 12 de diciembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Oralidad, se arribó a las
siguientes conclusiones:

“Al revisar la sentencia del a quo, se evidencia que, en efecto, el juez hace una
extensa cita de un precedente del Consejo de Estado (sentencia de 10 de
noviembre de 2022, Radicado 76001-23-33-000-2014-00892-01). En el análisis
de ese precedente, la sentencia de primera instancia menciona al señor Rafael
Augusto Cuellar Gómez como el demandante del caso de referencia.
Posteriormente, al analizar el caso concreto del señor Félix Horadio Bernal
Betancourt, el juez de primera instancia concluye que el demandante no tiene
derecho a la pensión de alto riesgo, aplicando la misma regla de que el traslado
de régimen se realizó fuera del plazo de la Sentencia C-030 de 2009.

11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
12
"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades".
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Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

Si bien es un error que el juzgado haya transcrito el análisis de un caso con un
nombre de demandante diferente en la parte motiva de su sentencia, este
hecho, por sí solo, no constituye una causal de nulidad del fallo. La sentencia
no se basó únicamente en ese caso, sino en la aplicación de una regla
jurisprudencial y normativa (Decreto 2090 de 2003 y Sentencia C-030 de 2009)
que el juez consideró pertinente al caso del señor Bernal Betancourt. El fondo
de la decisión del a quo se centró en un hecho particular del demandante (su
traslado en 2014) y en la aplicación de una regla general aplicable a todos los
casos similares.

Por lo tanto, este error formal no afecta el núcleo sustancial de la decisión”13.

Sobre el derecho adquirido y el traslado fuera del plazo, la autoridad judicial
accionada resaltó que el demandante argumentó en su escrito de apelación que
cumplió los requisitos para la pensión especial de vejez por alto riesgo (vinculación
antes de 1994 y más de 20 años de servicio como detective del DAS) y que, por lo
tanto, tenía un derecho adquirido que no podía ser vulnerado por un plazo posterior
de la sentencia C-030 de 2009. Sin embargo, el tribunal explicó que para los
servidores públicos que se dedican a actividades de alto riesgo y se encuentran
afiliados al Régimen de Ahorro Individual, el acceso a la pensión especial de vejez
del Régimen de Prima Media está condicionado al cumplimiento de la regla de
traslado, al respecto sostuvo:

“La Sentencia C-030 de 2009, en efecto, estableció un plazo de 3 meses para
el traslado a partir del 28 de enero de 2009, sin necesidad de cumplir con el
requisito de permanencia de 5 años. Esta ventana de oportunidad fue creada
precisamente para que quienes se encontraban en el Régimen de Ahorro
Individual pudieran acceder al beneficio de la pensión especial de alto riesgo.

La Corte Constitucional ha distinguido entre derechos adquiridos y meras
expectativas. Los derechos adquiridos son aquellos que ya han ingresado al
patrimonio del individuo, mientras que las expectativas son la esperanza de un
derecho futuro. En materia pensional, la consolidación del derecho se produce
cuando se cumplen todos los requisitos (edad, tiempo de servicio y/o semanas
cotizadas).

En el presente caso, aunque el demandante tenía una expectativa de acceder
a la pensión de alto riesgo por su tiempo de servicio y la naturaleza de su labor,
su decisión de permanecer en el Régimen de Ahorro Individual y trasladarse al
Régimen de Prima Media en octubre de 2014, mucho después del plazo de
2009, impidió que cumpliera con una condición esencial para acceder a dicho
beneficio.

El hecho de que tuviera un litigio judicial por su reintegro no invalida la existencia
y la obligatoriedad de este plazo legal. El reintegro judicial no eximía al
demandante de cumplir con las normas del sistema pensional una vez que su
situación laboral se regularizó. En consecuencia, el demandante no cumplió con
una condición indispensable para que su derecho pensional se consolidara bajo
el régimen especial de alto riesgo.

La sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
Magistrado Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, del 10 de noviembre de

13 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado F811EB9049BE65B1 2308048638D18ADB
161437BBB8843F52 E55F63D9EF03BFF4.
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Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

2022, Radicado: 76001 23-33-000-2014-00892-01 (3013-2019), establece el
principio jurídico que el juez de primera instancia aplicó a Félix Horadio Bernal
Betancourt: para acceder a la pensión especial de alto riesgo, era necesario
trasladarse del RAIS al RPM dentro del plazo de tres meses después del 28 de
enero de 2009. El señor Bernal Betancourt, se trasladó en 2014, es decir, fuera
del término legal.

Negar el beneficio del régimen de transición en estos casos no vulnera los
derechos a la igualdad o a la favorabilidad, ya que el demandante tenía una
expectativa, no un derecho adquirido, para pensionarse bajo ese régimen”14.

Por último, la autoridad accionada puso de presente que el demandante argumentó
en su apelación que la autoridad demandada debió informarle sobre la existencia el
plazo de 3 meses para el traslado y que su desconocimiento no debía ser causal
para negarle su derecho pensional. Sobre este punto, el tribunal indicó que “la carga
de conocer y cumplir con los requisitos del sistema pensional recae principalmente
en el afiliado”15. Asimismo, puso de presente que “[l]a jurisprudencia y la normativa
no imponen a las entidades la obligación de notificar individualmente a cada afiliado
sobre las decisiones judiciales o los plazos de traslado. Además, el argumento de
la falta de información no exime al demandante de cumplir con las condiciones
objetivas que establece la ley para acceder a una prestación económica”16. Por lo
tanto, adujo:

“La conclusión del a quo fue que el demandante no cumplió con el requisito de
traslado en el tiempo establecido, lo cual es un hecho probado y no desvirtuado.
La decisión de negar las súplicas de la demanda se fundamentó en la aplicación
de la norma jurídica y la jurisprudencia relevante, que establecen que el
beneficio de la pensión de alto riesgo es exclusivo del Régimen de Prima Media
y que, para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, el traslado debía
hacerse en un plazo específico. El demandante no cumplió esta condición”17.

5.3. Se advierte, entonces, que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta
de Oralidad explicó de manera suficiente que Félix Horadio Bernal Betancourt no
tenía derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez por alto riesgo,
porque no cumplió una condición indispensable para acceder a dicho beneficio:
trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al Régimen de Prima
Media dentro del plazo excepcional de tres meses establecido por la Sentencia C-
030 de 2009.

Igualmente, precisó que, aunque el actor acreditaba tiempo de servicio en
actividades de alto riesgo, su traslado solo ocurrió en octubre de 2014, cuando el
término ya había expirado. Por ello, el tribunal determinó que el señor Bernal
Betancourt únicamente tenía una expectativa de derecho y no un derecho adquirido.
Asimismo, descartó que el error formal advertido en la sentencia de primera
instancia afectara la validez de la decisión, precisó que el reintegro laboral obtenido
judicialmente no lo eximía de cumplir las reglas del sistema pensional y concluyó

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.

9

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01745-00
Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

que la falta de información sobre el plazo de traslado no podía relevarlo de satisfacer
los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de la prestación.

Pues bien, los elementos expuestos permiten a la Sala inferir, con claridad, que el
debate planteado en el sub examine fue adecuadamente examinado por el juez
natural. En efecto, no se advierte que la decisión haya sido adoptada de manera
arbitraria, carente de sustento fáctico o normativo, ni que durante el trámite del
proceso ordinario se hubiesen vulnerado los derechos fundamentales de la parte
actora. Es más, la autoridad accionada fundamentó su decisión en la sentencia C-
030 de 2009 y jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el traslado de régimen.

5.4. Ahora bien, también se observa que la parte actora omitió estructurar sus
reproches en clave constitucional, esto es, en función de los defectos alegados y en
confrontación directa con las consideraciones expuestas en la providencia
censurada. Por el contrario, su inconformidad se limita a reiterar un desacuerdo con
la interpretación normativa realizada por el juez ordinario, lo que evidencia que el
debate planteado se circunscribe a un asunto de mera legalidad, sin que se
demuestre la vulneración de una garantía fundamental.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración18.

5.5. Aunado a lo expuesto, esta judicatura resalta que los cargos esbozados en la
acción tuitiva no fueron esbozados por la accionante en el recurso de apelación
interpuesto en el trámite del proceso ordinario, razón adicional para concluir que el
convocante pretende utilizar el trámite constitucional como si se tratara de una
instancia adicional.

5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio
de autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional

18 Sentencia SU215 de 2022.

10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01745-00
Accionantes: Félix Horadio Bernal Betancourt

fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario20.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Félix Horadio Bernal Betancourt contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Medellín por no superar el requisito
de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrado
SABF

19 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

11

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