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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01746-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01746-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Recházase por temeridad la acción de tutela presentada por la señora Clara Marcela Ardila López de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01746-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01746-00
Demandante: CLARA MARCELA ARDILA LÓPEZ
Demandado: SUBSECCIÓN E DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
TEMERIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración a sus derechos
fundamentales, con ocasión de la falta de respuesta a una solicitud de nulidad que presentó. La Sala
rechazará la acción de tutela por temeraria, pues, evidenció que las mismas pretensiones de la
acción de tutela ya fueron materia de estudio en otra acción presentada por la actora que guarda
identidad de objeto, causa y partes con la demanda de la referencia, en la cual ya se había resuelto
la misma pretensión.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora Clara Marcela Ardila López en
contra de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y
229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la falta de
respuesta oportuna al incidente de nulidad propuesto el 17 de septiembre de 2024.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de febrero de 2019, la señora Clara Marcela Ardila López presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - Seccional Bogotá, para que se declarara la nulidad de
la Resolución no. 02 del 25 de julio de 2018, expedida por el juez 25 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, que declaró insubsistente su nombramiento en el

1 Mediante escrito radicado el 4 de marzo de 2026, (índice 1, Samai).

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Actora (a): Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela

cargo de oficial mayor de dicho despacho judicial; a título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reintegro y el pago de los emolumentos dejados de percibir.

2) En audiencia inicial del 3 de agosto de 2021, el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Bogotá suspendió el proceso, pues encontró acreditada la excepción de pleito
pendiente y ofició al Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que
informara una vez se hubiera proferido sentencia en el proceso con radicación no. 11001-
33-35-023 2018-00206-00.

3) El 6 de octubre de 2023, el Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá ordenó reanudar
el proceso, dado que habían transcurrido más de dos años desde la declaración de
suspensión del proceso con radicación no. 11001-33-35-018-2019-00098-00, sin que se
hubiera producido sentencia en el proceso que cursaba en el Juzgado 23 Administrativo de
Bogotá.

4) El 13 de septiembre de 2024, ese mismo juzgado continuó con la audiencia inicial y
denegó la solicitud de suspensión de la audiencia y la medida cautelar de urgencia, concedió
el recurso de apelación en el efecto devolutivo contra esa última decisión, declaró la
terminación del proceso y concedió el recurso de apelación que formuló la demandante
contra el auto que terminó el proceso.

5) El 17 de septiembre de 2024, la accionante presentó ante el Juzgado 18 Administrativo
de Bogotá incidente de nulidad, con fundamento en el artículo 133 numeral 2 del Código
General del Proceso, por no dictar la sentencia de primera instancia dentro del proceso;
también alegó que el 12 de septiembre de 2024 había presentado una solicitud de
suspensión de la audiencia debido a que se encontraba incapacitada.

6) El 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, confirmó las decisiones adoptadas en el auto del 13 de septiembre
de 2024.

7) El 14 de noviembre de 2024, la demandante presentó un nuevo incidente de nulidad ante
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por
hechos distintos a los planteados el 17 de septiembre de 2024, pero esta fue rechazada el
22 de noviembre del 2024, sin embargo, a su juicio, incumplió el numeral 4 del artículo 210

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Actora (a): Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela

del CPACA y vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

8) El 28 de noviembre de 2024, interpuso los recursos de reposición y argumentó que estas
actuaciones son producto de actuación viciada de nulidad insubsanable e improrrogable
propuesta por la demandante desde el 17 de septiembre de 2024 prevista en el numeral 2
del artículo 133 del CGP. sin que se haya resuelto, siendo nula la actuación posterior que
depende de la que dio por terminado el proceso sin dictar sentencia de primera instancia.

9) El 21 de julio de 2025, se dispuso no reponer el auto del 22 de noviembre de 2024
mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de nulidad interpuesta el 14 de noviembre
de 2024.

10) El 23 julio de 2025, se solicitó la adición de la decisión adoptada el 21 de julio de 2025
dentro del proceso radicación 11001-33-35-018-2019-00098-03.

11) En auto de 23 de febrero de 2026, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de adición y señaló que el proceso no se
encuentra vigente.

12) El 26 de febrero de 2026, presentó nuevos recursos en los que reiteró los argumentos
presentados con la interposición de la nulidad y que la actora se encontraba incapacitada.

Fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales antes mencionados por la falta de respuesta a su solicitud de
nulidad planteada el 17 de septiembre de 2024 y por no dictar la sentencia de primera
instancia dentro del proceso con radicación no. 11001-33-35-018-2019-00098-00.

La autoridad accionada incurrió en omisión injustificada, pues nunca se dictó sentencia de
primera instancia y únicamente se declaró terminado el proceso en audiencia de 13 de
septiembre de 2024.

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Actora (a): Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela

Alega que no se tuvo en cuenta que se encontraba incapacitada el 13 de septiembre de
2025, motivo por el cual no pudo asistir a la audiencia de esa fecha, la cual, a su juicio,
debía ser aplazada para respetar su derecho de defensa.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:

“1. Por lo expuesto, solicitó se tutelen mis derechos y garantías fundamentales al
DEBIDO PROCESO, y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA y en
consecuencia se ORDENE a la accionada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E, dar trámite como lo
ordena la ley al incidente de nulidad propuesto por la parte demandante el 17 de
septiembre de 2024 antes de cualquier otra actuación en razón que es nula y no
se convalidan ni subsanan con las actuaciones posteriores que ha surtido el
tribunal accionado después de radicar oportunamente la nulidad de 17 septiembre
2024 de conformidad con el numeral 2 artículo 133 del C.G,P., por no dictar
sentencia de primera instancia dentro del proceso radicado No. 11001-33-35-018-
2019-00098-00 y porque no se puede impedir el acceso a la justicia al no
resolverla, amparándose así los derechos de rango fundamental que reclamó con
la presente acción constitucional.”. (índice 2, Samai, negrillas y mayúsculas del
original)

Actuación procesal

Mediante auto de 5 de marzo de 2026 (índice 4, Samai), se admitió la acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al titular del
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al director de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá y al presidente o quien haga sus veces del
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2
indicó que le ha dado trámite a todas las solicitudes presentadas por la actora y advirtió que
contra la presunta falta de respuesta a la solicitud de nulidad del 17 de septiembre de 2024
la actora ya había presentado una acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-

2 Índice 11, Samai.

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Actora (a): Clara Marcela Ardila López
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2024-06105-00, que correspondió conocer a la Sección Segunda del Consejo de Estado,
CP Juan Enrique Bedoya Escobar, quien en sentencia de 3 de diciembre de 2024 declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, proceso que culminó con sentencia de
segunda instancia del 6 de marzo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, CP Wilson Ramos Girón, que confirmó la decisión.

Asimismo, agregó que también se tramitó otra acción de tutela ante la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, MP César Giovanni Chaparro Rincón con
radicación no. 25000-23 15-000-2024-00893-00, instaurada por la aquí accionante, pero
esta vez en contra del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con
el fin de que se ordenara dar trámite a la solicitud de nulidad que fue presentada por ella el
17 de septiembre de 2024, la cual culminó con sentencia de segunda instancia proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado CP Luis Antonio Rodríguez Montaño, en la cual
se confirmó la decisión.

Finalmente, aclaró que ha dado trámite a todas las actuaciones planteadas por la actora
pues resolvió la nulidad en auto de 22 de noviembre de 2024, contra el que se presentaron
los recursos de apelación y en subsidio suplica, los que fueron negados mediante auto del
21 de julio de 2025; además, en reciente oportunidad, el 23 de febrero de 2026, se negó la
solicitud de adición solicitada contra el auto del 21 de julio de 2025.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá3 afirmó que el 13
de septiembre de 2024 celebró la continuación de la audiencia inicial, declaró la terminación
del proceso, negó la reposición y concedió la alzada ante el superior, por lo que al no tener
más actuaciones pendientes envió el expediente al tribunal para que resolviera la apelación,
por lo que la solicitud de nulidad del 17 de septiembre de 2024 fue desatada ante el tribunal.

Por otro lado, frente al argumento según el cual el 12 de septiembre de 2024 solicitó el
aplazamiento de la audiencia del 13 de septiembre de 2024, aclaró que, aunque
efectivamente presentó dicha solicitud, la misma fue negada al inicio de la audiencia inicial
celebrada el 13 de septiembre de 2024.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 señaló que las afirmaciones de la acción
de tutela obedecen a apreciaciones subjetivas de la parte actora orientadas a reabrir un

3 Índice 14, Samai.

4 Índice 15, Samai.

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Actora (a): Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela

debate jurídico ya decidido en el marco de la doble instancia; la acción tutela tampoco
satisface el requisito de inmediatez pues la decisión que puso fin al proceso fue proferida el
13 de septiembre de 2024, mientras que la presente acción constitucional fue radicada en
marzo de 2026, es decir, transcurridos aproximadamente 18 meses.

En ese sentido, también precisó que la demandante formuló diversas solicitudes e
incidentes procesales, entre ellos, una solicitud de nulidad procesal, frente a la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 22 de noviembre de 2024,
decidió rechazarla de plano.

Por lo anterior, consideró que la presente acción de tutela parte de una premisa equivocada,
pues la supuesta omisión judicial que se alega no se configura en el caso concreto. Por el
contrario, lo que se evidencia es la inconformidad de la accionante con decisiones
procesales que ya fueron adoptadas por el juez natural dentro del trámite ordinario,
circunstancia que descarta la existencia de una afectación del debido proceso y confirma la
improcedencia del amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección E de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan sus derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente
vulnerados ante la falta de respuesta a la solicitud de nulidad presentada el 17 de septiembre
de 2024.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala rechazará la acción de tutela
por estar demostrado el uso temerario de la acción, por las razones que procederán a
exponerse:

2.1 La temeridad de la acción

1) El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 indica que existe actuación temeraria “[c]uando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales.”.

2) La jurisprudencia constitucional desarrolló la tesis según la cual, además de los supuestos
señalados en la norma citada, es necesario evidenciar la ausencia de razones suficientes
que justifiquen la nueva solicitud.

3) En efecto, se ha determinado que existe duplicidad de acciones de tutela y se configura
la temeridad cuando hay identidad respecto a las partes involucradas en el trámite, las
circunstancias fácticas, las pretensiones elevadas y no existe justificación alguna para
presentar una demanda.

4) En la acción de tutela presentada el 4 de marzo de 2026, la actora afirmó que ha
presentado todos los recursos de ley para que se resuelva la solicitud de nulidad del 17 de
septiembre de 2024, sin embargo, la Sala advierte que, tal como lo informó la autoridad
judicial accionada en su informe, la señora Ardila López ha presentado otras acciones de
tutela con identidad de objeto, partes y causa con la acción de la referencia y, con ocasión
de la información suministrada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, esta Sala consultó el Sistema de Consulta de Procesos
de la Rama Judicial, así como el aplicativo web de consulta SAMAI y encontró el registro de

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varias acciones de tutela presentadas por la señora Clara Marcela Ardila López ante esta
Corporación.

5) En cuanto a la identidad de causa, tanto en el presente caso como en los que ya fueron
resueltos -como se mostrará en detalle con posterioridad-, la parte demandante presentó el
mecanismo constitucional en consideración a la presunta falta de respuesta de la solicitud
de nulidad que presentó el 17 de septiembre de 2024.

Así, en la acción de tutela identificada con número de radicación 11001-03-15-000-2024-
06105-00, la actora citó expresamente casi las mismas pretensiones que en la demanda de
la referencia, como se muestra a continuación:

“Por lo expuesto, solicitó se tutelen mis derechos y garantías fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia y en consecuencia se
ORDENE a la accionada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
DESPACHO DEL DR. RAMIRO IGNACIO DUEÑAS RUGNON, dar trámite y resolver
como lo ordena la ley la nulidad insaneable planteada por la demandante el 17
de septiembre de 2024, amparándose así los derechos de rango fundamental que
reclamó con la presente acción constitucional.

Así mismo y debido a la falta de garantías para la accionante ante el accionado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, solicitó vincular al Ministerio
Público (Procuraduría General de la Nación) como garante de la legalidad al presente
trámite constitucional.” (Negrillas de la Sala)

Por su parte, en la acción de tutela identificada con número de radicación 25000-23-15-000-
2024-00893-00, esta vez presentada ante el tribunal, la actora expuso similares
pretensiones como se evidencia a continuación:

“Por lo expuesto, solicitó se tutelen mis derechos y garantías fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia y en consecuencia se
ORDENE a la accionada JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO SECCION
SEGUNDA ORAL BOGOTÁ D.C., dar trámite y resolver como lo ordena la ley la
nulidad planteada el 17 de septiembre de 2024 por la parte demandante,
amparándose así los derechos de rango fundamental que reclamó con la presente
acción constitucional” (Negrillas de la Sala)

En similar sentido, en la acción constitucional de la referencia, la actora solicitó lo siguiente:

“Por lo expuesto, solicitó se tutelen mis derechos y garantías fundamentales al
DEBIDO PROCESO, y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA y en
consecuencia se ORDENE a la accionada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E, dar trámite como lo
ordena la ley al incidente de nulidad propuesto por la parte demandante el 17
de septiembre de 2024 antes de cualquier otra actuación en razón que es nula y no
se convalidan ni subsanan con las actuaciones posteriores que ha surtido el tribunal

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Actora (a): Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela

accionado después de radicar oportunamente la nulidad de 17 septiembre 2024 de
conformidad con el numeral 2 artículo 133 del C.G,P., por no dictar sentencia de
primera instancia dentro del proceso radicado No. 11001-33-35-018-2019-00098-00
y porque no se puede impedir el acceso a la justicia al no resolverla, amparándose
así los derechos de rango fundamental que reclamó con la presente acción
constitucional.” (Negrillas de la Sala).

6) Respecto a la identidad de objeto, la Sala advierte que también se encuentra acreditada
respecto de las acciones de tutela mencionadas que presentó en los mismos términos.

7) Al respecto, en fallo del 3 de diciembre de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado previamente había declarado la carencia actual de objeto al
evidenciar que, por auto del 22 de noviembre de 2024, el tribunal rechazó de plano el
incidente de nulidad y la decisión ya había sido notificada a las partes, situación que fue
confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 6 de marzo de
2025.

8) Por último, en cuanto a la identidad de partes, la Sala advierte que se encuentra
configurada en relación con la demandante la señora Clara Marcela Ardila López y el
demandado, esto es, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

9) No sobre destacar que, si bien en esta oportunidad la demandante también mencionó la
presentación de posteriores recursos de reposición y solicitudes aclaración, así como las
correspondientes decisiones del tribunal que los resolvieron el 21 de julio de 2025 y 23 de
febrero de 2026, lo cierto es que ello no justifica la presentación de una nueva acción por
los mismos motivos, toda vez que i) la acción está encaminada a que se dé tramite de la
solicitud de nulidad de 17 de septiembre de 2024, ii) no presentó reparos en contra de los
autos de 21 de julio de 2025 y 23 de febrero de 2026, y iii) tampoco explicó o cuando menos
justificó cómo los nuevos autos generan una afectación a sus derechos fundamentales.

10) Tal situación permite a esta Sala concluir que no existe una razón que justifique el
proceder temerario de la demandante, siendo clara su intención de volver a debatir los
mismos hechos que ya fueron objeto de pronunciamiento en la anterior acción de tutela.

11) El escrito de tutela no contiene alguna justificación para la presentación de esta tutela y
no se demostró o cuando menos alegó un estado de indefensión o ignorancia por parte de
la demandante o por lo menos un asesoramiento errado, máxime si se considera que es
una profesional del derecho que trabajó en la Rama Judicial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01746-00
Actora (a): Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela

12) En consecuencia, la acción que presentó la señora Clara Marcela Ardila López fue
temeraria frente a la alegada vulneración de derechos fundamentales, por lo cual se
rechazará la demanda de tutela y se abstendrá de imponer condena en costas porque no
se demostraron.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1º) Recházase por temeridad la acción de tutela presentada por la señora Clara Marcela
Ardila López de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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