Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01749-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01749-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01749-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01749-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico y otros
Temas: Impugnación. Tutela contra autoridad pública. Estabilidad laboral
reforzada de la mujer en estado de embarazo.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante y por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín contra la sentencia
proferida el 16 de abril de 2026 por la Sección Primera de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 4 de marzo de 2026, Carolina Villegas Marulanda presentó acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, mínimo vital,
salud, seguridad social, protección de la familia, derechos prevalentes de los niños
y derechos del nasciturus; así como la garantía de estabilidad laboral reforzada por
embarazo.
i) Reintegrarla al cargo de oficial mayor transitorio en descongestión o a otro
de condiciones equivalentes; en su defecto, prorrogar excepcionalmente su
vínculo hasta que se configure y disfrute efectivamente su licencia de
maternidad.
ii) Pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 1 de enero
de 2026, así como la realización de los aportes al sistema de seguridad social
correspondiente.
iii) De forma subsidiaria, en caso de ser materialmente imposible lo anterior,
la adopción de medidas sustitutivas plenas que garanticen la continuidad en
la prestación de los servicios de salud, la permanencia y cobertura en el
Sistema General de Seguridad Social y la protección efectiva del mínimo vital
de la accionante y de su núcleo familiar, mediante el reconocimiento y pago
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales durante el
período de protección constitucional especial.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela y
anexos, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo
PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, adoptó medidas transitorias en algunos
tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional, dentro de las cuales
creó un cargo de oficial mayor o sustanciador con carácter transitorio, a partir del 3
de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín.
3. La accionante fue nombrada, a través de la Resolución 003 del 6 de febrero
de 2025, por la titular del despacho judicial mencionado, posesionándose el mismo
día.
4. El 22 de enero de 2026, la actora solicitó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia reconsideración de la prórroga de la medida de
descongestión en el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Medellín, invocando expresamente la garantía
de estabilidad laboral reforzada por su estado de embarazo.
5. La Seccional precitada, mediante el Oficio CSJANTOP26-186 del 29 de enero
de 2026, trasladó por competencia la anterior petición al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
6. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que se encuentra
en estado de embarazo y que, en el reporte oficial del mes de diciembre de 2025,
se dejó constancia expresa de que el resultado obtenido demuestra la necesidad de
mantener la medida de descongestión.
7. Indicó que su mínimo vital se «[…] encuentra gravemente comprometido, toda
vez que su compañero permanente Felipe Pérez Villegas fue despedido sin justa
causa el 28 de agosto de 2025, quedando el hogar sin una fuente estable de
ingresos […]», aunado a que es madre de la menor G.P.V. quien depende
económicamente de ella.
8. Sostuvo que «la no prórroga del vínculo de una mujer gestante vulnera el
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, que constituye una
manifestación concreta de la protección especial a la maternidad». Asimismo, que
la Corte Constitucional ha sostenido que cualquier decisión que tenga como efecto
desproporcionado la desvinculación de una mujer gestante, sin una justificación
constitucional suficiente ni medidas compensatorias efectivas, configura una
vulneración del derecho a la igualdad material y real.
9. Indicó que la estabilidad laboral reforzada durante el embarazo se encuentra
estrechamente ligada a la garantía del mínimo vital, en tanto la pérdida del ingreso
durante la gestación compromete las condiciones materiales necesarias para una
vida digna de la madre y del núcleo familiar.
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
10. Expuso que la falta de afiliación al sistema de salud durante el embarazo
vulnera directamente los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social,
los cuales gozan de protección reforzada cuando se trata de mujeres gestantes y
de sus hijos. Igualmente, que la protección reforzada a la mujer gestante se
fundamenta también en la tutela del derecho a la vida y en la protección del que
está por nacer.
11. Concluyó que la no prórroga del nombramiento en su caso constituye «una
vulneración múltiple y concurrente de derechos fundamentales, que impone al juez
constitucional la adopción de una medida efectiva, preferentemente el reintegro o la
prórroga del vínculo, conforme a la Constitución y al precedente vinculante de la
Corte Constitucional. (Arts. 1, 11, 13, 25, 42, 43, 44, 48, 49, 53 y 86 CP; SU-
070/2013, SU-075/2018, T-426/2022 y T-392/2024)».
Intervenciones1
12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
indicó que, de conformidad con el artículo 99 y 103 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria
de Administración de Justicia, esa entidad es un órgano técnico y administrativo que
tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial,
con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura y sin
ninguna injerencia en las decisiones que emiten los nominadores de cada Despacho
relativas a vinculaciones o desvinculaciones en los cargos.
13. Por lo anterior, afirmó que no es facultad de la Dirección Seccional de
Administración Judicial proceder con los nombramientos de empleados de
tribunales, juzgados y centros de servicios, pues ello depende única y
exclusivamente del nominador quien a su tiempo deberá atenderse a lo dispuesto
en los Acuerdos creados por el Consejo Superior de la Judicatura frente a las
medidas transitorias adoptadas. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, ante la ausencia de legitimación en la causa por
pasiva.
14. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías afirmó que la accionante fue nombrada en el cargo de oficial
mayor en descongestión, luego de acreditar el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos para ese puesto. Para ello, explicó que presentó su hoja de vida y los
certificados judiciales correspondientes, los cuales demostraban que no registraba
asuntos pendientes con la administración de justicia y que acreditó la experiencia
requerida, toda vez que había desempeñado funciones en la Rama Judicial,
específicamente en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
15. Manifestó que coadyuva las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que la protección solicitada resulta constitucionalmente fundada y
necesaria para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales
1
El 11 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Adicionalmente, negó la medida provisional solicitada por la
parte actora, debido a que, para ese momento, no contaban con los elementos de convicción suficientes que sustenten la
necesidad de adoptar órdenes urgentes para evitar que se agrave el supuesto daño alegado
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
invocados. En consecuencia, sostuvo que deja a consideración del juez de tutela la
adopción de la medida que estime más adecuada para la protección integral de los
derechos fundamentales que se encuentren comprometidos, de conformidad con la
Constitución Política y el precedente vinculante de la Corte Constitucional. Por lo
anterior, solicitó su desvinculación de la acción de la referencia, al no desconocer
ninguna garantía fundamental de la parte actora.
16. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico indicó que la accionante conocía desde el mismo momento de su
vinculación y posesión que el cargo era de carácter transitorio y su nombramiento
estaba condicionado a la terminación de la medida de descongestión adoptada en
el Acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, es decir, hasta el 31 de
diciembre de 2025, de manera que la causa de su desvinculación laboral no fue su
estado de gestación.
17. Señaló que la acción de tutela deviene improcedente frente a la pretensión
relacionada con la creación o prórroga de cargos, tal como lo ha señalado
reiteradamente la jurisprudencia constitucional. En cuanto a la pretensión de
reubicación laboral, señaló que dicha corporación no funge como autoridad
nominadora, por lo que la misma escapa de su competencia. Respecto de la
pretensión asociada con que se garantice la continuidad en salud, seguridad social
y protección efectiva del mínimo vital, manifestó que la misma le corresponde a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en su condición de autoridad
ordenadora del gasto de la Rama Judicial.
18. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia adujo que no vulneró
ningún derecho fundamental, en tanto que no incumplió con su deber legal y ha
dado trámite a las peticiones presentadas por la accionante. Además, expuso que,
dentro del marco de sus competencias, adelantó las gestiones pertinentes ante el
Consejo Superior de la Judicatura para la prórroga de las medidas transitorias,
mediante oficio CSJANTOP25-2229 del 20 de noviembre de 2025, sin que la
creación o continuidad de dichos cargos dependa de esa Seccional, sino de la
disponibilidad presupuestal y de los criterios de priorización definidos por el órgano
competente.
19. Adicionalmente, explicó que no ostenta la función de nominadora ni facultad
para efectuar reintegros, reubicaciones o movimientos de personal en los
despachos judiciales, dado que su función en cuanto a planta de personal se limita
a la administración de la carrera judicial en los Distritos Judiciales de Medellín y
Antioquia. En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva, o, en su defecto, negar el amparo
deprecado frente a esa entidad.
Sentencia impugnada
20. El 16 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado amparó
los derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, trabajo, salud y
estabilidad laboral reforzada de la parte actora y, en consecuencia, ordenó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín que, en el
término de 48 horas, adelantara las gestiones necesarias para garantizar, de
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
manera continua, los aportes al sistema de salud correspondientes durante el
tiempo de gestación y hasta que culmine el periodo de licencia de maternidad,
siempre y cuando no se acredite que tiene un vínculo laboral, con el fin de que se
le garanticen los servicios de salud que requiera.
21. Como fundamento de la anterior decisión, la autoridad judicial indicó que la
accionante cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional
para gozar de la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada, toda vez
que se encontraba en estado de embarazo al momento de finalizar su vinculación
laboral. No obstante, precisó que el alcance de dicha protección no implica acceder
a la pretensión de reubicación o reintegro al cargo de oficial mayor que
desempeñaba en el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Medellín, pues su desvinculación obedeció a la
terminación de la medida de descongestión creada por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, cuya
vigencia expiraba el 31 de diciembre de 2025.
22. Ahora, en cuanto a la pretensión subsidiaria, indicó que las entidades
accionadas se encontraban en la obligación de adoptar las medidas afirmativas
orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales de la
accionante, incluso después de la expiración del periodo del cargo en descongestión
para el cual fue nombrada. Sin embargo, al no haberse adoptado tales medidas, se
configuró la vulneración de las garantías fundamentales a la dignidad humana, al
mínimo vital, al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada.
23. Precisó que la orden de amparo tiene como finalidad asegurar que la
accionante pueda acceder a los servicios de salud requeridos y disfrutar de manera
efectiva del derecho a la licencia de maternidad que le asiste, sin que ello implique
el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación
de la relación laboral, toda vez que su desvinculación obedeció a una razón objetiva,
general y legítima, consistente en la finalización del término para el cual fue creado
el cargo en descongestión que ocupaba.
Impugnación
24. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, afirmó que la
sentencia limitó la medida de protección sustitutiva a la continuidad en salud, pese
a reconocer la vulneración de sus derechos. Resaltó que según la jurisprudencia
constitucional, cuando no es posible el reintegro por una causa objetiva, general y
legítima, deben adoptarse medidas sustitutivas integrales que garanticen no solo el
acceso al sistema de salud, sino también los medios económicos necesarios para
asegurar el mínimo vital de la mujer gestante y su núcleo familiar.
25. Indicó que el juez de primer grado no valoró integralmente el impacto de la
pérdida de ingresos sobre el mínimo vital de la familia, los derechos de su hija y del
que está por nacer, ni la discriminación estructural que enfrentan las mujeres
gestantes en el acceso al empleo, ya que en el expediente se encontraba acreditado
que, al momento de la terminación del vínculo laboral, se hallaba en estado de
gestación, por lo que cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la estabilidad
laboral reforzada; y, además que era la única responsable del sustento familiar,
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
pues su compañero permanente estaba desempleado y existía una niña de nueve
años que depende de sus ingresos.
26. Señaló que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección
reforzada de la maternidad procede cuando existe una relación laboral y la mujer se
encuentra embarazada o dentro de los tres meses siguientes al parto 2.
Adicionalmente, expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
sostenido que, cuando existen causas objetivas, generales y legítimas que impiden
el reintegro o la reubicación, corresponde adoptar medidas sustitutivas. En casos
de empleadas judiciales embarazadas desvinculadas por terminación de medidas
de descongestión, se ha ordenado el reconocimiento de salarios dejados de percibir
y el pago de cotizaciones a salud. La naturaleza temporal del vínculo no excluye la
estabilidad laboral reforzada ni la adopción de medidas para proteger a la mujer
gestante y al nasciturus.
27. Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia y, en consecuencia, ordenar, como medida de protección sustitutiva
integral, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la
terminación del vínculo laboral hasta el reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad.
28. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
también recurrió el fallo de primera instancia. Para el efecto, indicó que, de acuerdo
con la información suministrada por el operador de pago de seguridad social Aportes
en Línea, no existe una planilla habilitada para pagar únicamente aportes al sistema
de salud. Agregó que la única forma de pagar en este caso exige el pago conjunto
de salud y pensión, generando una carga económica adicional no prevista
legalmente para esa entidad.
29. En ese sentido, precisó que el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 condiciona
la afiliación al Sistema de Seguridad Social a la existencia de una relación laboral,
contractual o legal. Sin embargo, para el caso concreto, no hay vínculo vigente ni
acto administrativo que autorice el pago de aportes como servidora activa por lo que
la obligación legal del empleador ya ha cesado y no corresponde seguir generando
pagos por concepto de seguridad social en salud y pensión.
30. Por último, sostuvo que la desvinculación laboral obedeció a una causa
objetiva y la señora Villegas Marulanda cuenta con mecanismos de afiliación y
continuidad en el SGSSS a través de los regímenes previstos en la Ley 100 de
1993, como el régimen subsidiado, por lo que no resulta justificado imponer a esa
Seccional una carga prolongada que excede sus competencias legales. Por lo
anterior, solicitó revocar el fallo impugnado, ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
2 Al respecto, citó las Sentencias T-353 de 2016, T-426 de 2022, SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
II. CONSIDERACIONES
Competencia
31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia de
primera instancia. En ese sentido, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, procederá a determinarse, de un lado, si debe
mantenerse la medida de protección sustitutiva en relación con la continuidad de
salud o hay lugar ordenar el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir por
la accionante; y, del otro, si la Dirección Seccional de Administración Judicial está
obligada a asumir el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y/o a adoptar
medidas sustitutivas integrales a favor de una mujer gestante desvinculada por una
causa objetiva, aun cuando ya no exista vínculo laboral vigente.
Procedibilidad de la acción de tutela
33. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, mínimo vital,
salud, seguridad social, protección de la familia, derechos prevalentes de los niños
y derechos del nasciturus; así como la garantía de estabilidad laboral reforzada por
embarazo; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, porque
Carolina Villegas Marulanda es la titular de las garantías constitucionales que se
invocan como vulneradas, y el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia porque
son de quienes se predica la vulneración; (3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa inmediata de sus derechos
constitucionales; y (4) se encuentra satisfecha la exigencia de inmediatez, toda vez
que, conforme con el escrito de tutela, la aparente vulneración obedece a una
situación actual y continua, consistente en la ausencia de adopción de medidas para
proteger su estabilidad laboral reforzada.
34. Así las cosas, al haberse superado los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, la Sala analizará de fondo la controversia.
Estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo
35. Con el enfoque dogmático que se introdujo en la Constitución Política se ha
logrado visibilizar el amplio espectro de los derechos fundamentales que son
inherentes a la persona humana, en torno a la cual debe girar todo el ordenamiento
constitucional, legal y reglamentario como una forma de reivindicar el concepto
incluyente que se impone en el nuevo paradigma del Estado Social y Democrático
de Derecho.
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
36. Así, el artículo 43 de la Constitución Política reconoce una especial
protección a favor de la mujer en estado de embarazo, al señalar que «[…] durante
el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada
o desamparada […]».
37. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en reiteradas
oportunidades se ha referido al derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Así, en la Sentencia SU-070 de
2013, unificó los criterios de la protección laboral reforzada de la mujer embarazada
frente a cualquier forma de vinculación existente tanto en el sector público como en
el privado. En ese sentido, estableció la siguiente regla jurisprudencial:
«[…] Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la adopción de
medidas protectoras en caso de cesación de la alternativa laboral, cuando se demuestre,
sin alguna otra exigencia adicional: a) la existencia de una relación laboral o de prestación
y, b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente
al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual manera el alcance
de la protección se determinará según la modalidad de contrato y según si el empleador (o
contratista) conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la
desvinculación […]».
38. Posteriormente, el máximo tribunal constitucional, en la Sentencia SU-075
de 2018, con el fin de unificar nuevamente aspectos relacionados con la estabilidad
laboral reforzada de mujeres en estado de embarazo, procedió a explicar la finalidad
de las reglas anteriormente mencionadas y, a su vez, definió cuáles eran los tipos
de medidas que podía aplicar el juez constitucional dependiendo de la modalidad
del vínculo laboral, veamos:
«[…] En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con esta
materia:
(i) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo procede
cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia adicional, lo siguiente:
(a) La existencia de una relación laboral o de prestación y;
(b) Que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes
al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación.
(ii) No obstante, el alcance de la protección se debe determinar a partir de dos factores:
(a) El conocimiento del embarazo por parte del empleador; y
(b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer embarazada.
En otras palabras, se configura el derecho a la estabilidad laboral reforzada siempre que se
demuestre el estado de embarazo de la trabajadora desvinculada durante la vigencia del
contrato laboral, pero el grado de protección judicial derivada del fuero de maternidad y
lactancia dependerá de si el empleador conocía del estado de gestación de la trabajadora y
de la modalidad del contrato laboral en el cual se hallaba vinculada, pues se trata de proteger
el derecho a la igualdad de la mujer gestante y garantizar la no discriminación por esa causa.
De este modo, pueden existir distintos tipos de medidas entre las cuales se encuentran: (i)
el reintegro de la trabajadora; (ii) el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir;
(iii) las indemnizaciones previstas en el CST; (iv) la obligación de reconocer las cotizaciones
durante el período de gestación y hasta que la empleada tenga derecho a la licencia de
maternidad, entre otras.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional ha establecido que la protección
a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres se concreta, en principio, mediante el
reintegro o la renovación del contrato de trabajo (según el caso). No obstante, también ha
señalado que la salvaguarda de la alternativa laboral de las mujeres gestantes y lactantes
también se protege “desde la óptica de la garantía de los medios económicos necesarios
para afrontar tanto el embarazo como la manutención del(a) recién nacido(a)”.
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
Por consiguiente, cuando es improcedente el reintegro o la renovación, resulta viable la
modalidad de protección consistente en reconocer las cotizaciones respectivas a seguridad
social, después de la cesación de la relación laboral o el contrato y hasta el momento en que
la mujer acceda a la prestación económica de la licencia de maternidad […]».
Análisis de la vulneración alegada
39. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, con fundamento en
las razones que se exponen a continuación:
40. De los elementos probatorios obrantes en el expediente, se observa que la
accionante estuvo vinculada a la Rama Judicial como oficial mayor en
descongestión, desempeñando dicho cargo en el Juzgado Primero Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín desde el 6 de
febrero hasta el 31 de diciembre de 2025.
41. Asimismo, se denota que la finalización del nombramiento de la actora se
produjo como consecuencia del vencimiento del término establecido en el Acuerdo
PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, el cual fijó como fecha de culminación de la medida de descongestión el
31 de diciembre de 2025. Igualmente, se avizora que la accionante se encontraba
en estado de embarazo a 31 de diciembre de 2025 dado que, según la historia
clínica que obra en el expediente, al 16 de enero de 2026 contaba con cinco (5)
semanas de gestación.
42. En la sentencia de primera instancia, se observa que la Sección Primera del
Consejo de Estado precisó que no había lugar al reintegro al cargo de oficial mayor
que desempeñaba la accionante en el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, pues su
desvinculación obedeció a la terminación de la medida de descongestión creada por
el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA25-12258 del 24
de enero de 2025.
43. En esa medida, la Sala considera que le asistió razón al juez de primera
instancia al disponer una medida sustitutiva de protección consistente en garantizar
la continuidad de la afiliación al sistema de salud, toda vez que la desvinculación
laboral no obedeció a una decisión arbitraria o discriminatoria, sino a una causa
objetiva, general y legítima, consistente en la finalización de las medidas transitorias
de descongestión que dieron origen al cargo que desempeñaba.
44. Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta en precedencia, la
Corte Constitucional ha reconocido que, en aquellos eventos en los que el reintegro
resulta jurídicamente imposible por la desaparición del cargo o por la culminación
de la medida temporal que justificó su creación, no procede ordenar la
reincorporación de la servidora, sin perjuicio de que deban adoptarse medidas
encaminadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la mujer gestante y del
nasciturus.
45. Ahora bien, se observa que la accionante, en el escrito de impugnación,
manifestó que la protección debió extenderse al reconocimiento de salarios y
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
prestaciones dejados de percibir hasta el pago de la licencia de maternidad, lo cierto
es que las pruebas allegadas al expediente no permiten concluir que se configure
una afectación al mínimo vital en los términos planteados.
46. La Sala estima que dicha pretensión no está llamada a prosperar. Lo
anterior, por cuanto las acreencias laborales reclamadas no constituyen una medida
autónoma de protección derivada del estado de embarazo, sino una consecuencia
jurídica asociada a la subsistencia del vínculo laboral o a la declaratoria de ineficacia
de la desvinculación cuando esta resulta contraria a las garantías constitucionales
y legales de protección a la maternidad.
47. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la estabilidad
laboral reforzada de la mujer embarazada no tiene por finalidad asegurar, en todos
los casos, la continuidad indefinida del pago de salarios o prestaciones, sino evitar
que el embarazo constituya un factor de discriminación en el acceso, permanencia
o retiro del empleo. Por ello, cuando se acredita que la terminación del vínculo
obedeció a una causa objetiva, legítima y ajena al estado de gravidez de la
trabajadora, la protección constitucional no comporta, por sí misma, el surgimiento
de una obligación de continuar reconociendo emolumentos derivados de una
relación jurídica que dejó válidamente de existir.
48. De otra parte, en cuanto a los argumentos expuestos por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, tampoco están llamados a
prosperar, puesto que se encuentra acreditado dentro del expediente que la
accionante se hallaba en estado de embarazo para el momento en que se produjo
su desvinculación laboral y que dicha circunstancia fue oportunamente puesta en
conocimiento de la administración, razón por la cual la entidad tenía el deber de
adoptar las medidas de protección reforzada correspondientes.
49. En consecuencia, no resulta de recibo el planteamiento según el cual había
cesado por completo cualquier obligación de protección a cargo de la entidad
empleadora, pues la garantía constitucional derivada de la estabilidad laboral
reforzada por maternidad subsiste aun cuando la desvinculación tenga origen en
una causa objetiva, general y legítima, imponiendo la adopción de medidas
sustitutivas orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la gestante y
del nasciturus.
50. Adicionalmente, si bien la Seccional sostuvo que el artículo 15 de la Ley 100
de 1993 condiciona la afiliación al Sistema de Seguridad Social a la existencia de
una relación laboral, contractual o legal, debe precisarse que dicha disposición
regula la afiliación obligatoria al Sistema General de Pensiones, y no al Sistema
General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, el argumento de la
impugnación parte de una norma que no resulta directamente aplicable para
controvertir una orden encaminada exclusivamente a garantizar la continuidad de la
afiliación y de la prestación del servicio de salud. En todo caso, las decisiones
judiciales constituyen una fuente jurídica de obligaciones y, por ende, son de
obligatorio cumplimiento para sus destinatarios.
51. En ese orden, la medida adoptada resulta acorde con la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional, según la cual, cuando el reintegro no es
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
procedente en los casos de vulneración del fuero de maternidad, el juez de tutela
debe adoptar las medidas necesarias para restablecer de manera efectiva los
derechos fundamentales de la madre gestante y del hijo por nacer. Entre tales
medidas se encuentra la garantía de la continuidad de la afiliación y de la prestación
de los servicios de salud durante el período de gestación.
52. De esta manera, en el asunto bajo examen se encuentra acreditado que la
vinculación de la accionante obedecía al desempeño de un cargo transitorio de
descongestión, creado para atender necesidades temporales de la administración
de justicia y sujeto a una vigencia previamente determinada. Así mismo, se verificó
que la desvinculación tuvo origen en la expiración de la medida que dio sustento al
nombramiento y, por ende, en la desaparición de la causa objetiva que justificaba la
existencia misma del empleo. En esas condiciones, la terminación de la relación no
obedeció a una decisión arbitraria o discriminatoria fundada en el embarazo de la
actora, sino a una circunstancia objetiva que afectó la subsistencia jurídica del
cargo.
53. Por consiguiente, aun cuando la Constitución impone una especial
protección a la mujer gestante y al nasciturus, dicha garantía no puede traducirse,
en las particulares circunstancias de este caso, en la creación ficticia de una relación
laboral inexistente ni en el reconocimiento de salarios y prestaciones hasta la fecha
del disfrute de la licencia de maternidad, pues ello excedería el alcance de la
estabilidad laboral reforzada.
54. Esta conclusión resulta además consistente con la evolución reciente de la
jurisprudencia constitucional, que ha precisado que las medidas económicas
derivadas de la estabilidad laboral reforzada encuentran justificación en la
necesidad de prevenir y corregir escenarios de discriminación por causa del
embarazo, mas no en la simple existencia de una gestación concurrente con una
desvinculación sustentada en causas objetivas y legítimas. De ahí que, descartada
la existencia de una actuación discriminatoria y acreditada la desaparición de la
causa que dio origen al nombramiento, no haya lugar al reconocimiento de salarios
y prestaciones posteriores a la terminación de la vinculación.
55. Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida el 16 de abril de 2026
por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual amparó los
derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, al trabajo, a la salud y
a la estabilidad laboral reforzada de Carolina Villegas Marulanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual amparó los derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, al trabajo, a la salud y a la
estabilidad laboral reforzada de Carolina Villegas Marulanda.
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01749-01
Demandante: Carolina Villegas Marulanda
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.