Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01750-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01750-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01750-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01750-011
Accionante : Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Cuarta
Vinculados : Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Tribunal Administrativo
de Antioquia
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho, fiscalización de aportes al Fondo Nacional de Formación
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC)
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del Nueve (9) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo interpuesta contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en
lo que tiene que ver con el defecto fáctico alegado, por no cumplirse el requisito de
subsidiariedad; y que negó las pretensiones relativas a los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la empresa actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente,
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
La demanda de tutela
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
3. Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S. (en adelante, Conaltura), a través de
apoderada judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia2, que considera vulnerados por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] 7.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia impugnada, por incurrir en defectos
sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente constitucional, violación
directa de la Constitución y falta de motivación suficiente.
7.3. ORDENAR al Consejo de Estado que profiera una nueva decisión, en la que:
➢ Realice un examen de compatibilidad material del Decreto-Ley 2375 de 1974 frente
a la Constitución de 1991.
➢ Aplique de manera expresa la doctrina de la inconstitucionalidad sobreviniente.
➢ Analice de fondo los cargos relativos a reserva legal, confianza legítima, principio
democrático, base gravable, liquidación presuntiva y valoración probatoria.
7.4. DISPONER la inaplicación del Decreto-Ley 2375 de 1974 en el caso concreto,
por resultar incompatible con los artículos 4, 150-12 y 338 de la Constitución Política.
7.5. ORDENAR las medidas necesarias para restablecer plenamente los derechos
fundamentales del accionante y evitar que se continúe exigiendo una contribución
carente de respaldo constitucional.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado en la
tutela, se puede evidenciar que, mediante la Resolución 002387 del Seis (6) de
Abril de Dos Mil Diecisiete (2017), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
determinó que, Conaltura le adeudaba al Fondo Nacional de Formación
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL
SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($486.510.723) correspondiente a las
contribuciones dejadas de cancelar por los períodos 2011 a 2016, más los
intereses de mora causados desde el vencimiento hasta el pago total de la
obligación. El valor adeudado fue fijado por el SENA en la liquidación 052017-
0417 del Veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), con base en la
información entregada por la empresa y, en particular, «el valor de los contratos de
mano de obra y todo costo ejecutados con terceros durante los años 2011 – 2012 – 2013 – 2014
– 2015».
2
Mencionó también la presunta vulneración del principio de confianza legitima, seguridad jurídica y reserva legal en materia
tributaria.
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
6. Contra la Resolución 002387 de 2017, la sociedad interpuso recurso de
reposición, resuelto mediante la Resolución 009091 del Veintiocho (28) de
Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017) que, confirmó la decisión inicial. En
consecuencia, Conaltura presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los referidos actos administrativos del SENA, con el fin de obtener
su nulidad y, como pretensión subsidiaria, la declaración de su ilegalidad.
7. Alegó entonces que, primero, la Resolución No. 002387 estableció que,
Conaltura le adeudaba aportes al FIC, pese a que señaló que la liquidación se
efectuaba con base en contratos de obra a todo costo ejecutados con terceros
que no tienen ninguna relación de carácter laboral con la empresa, y a que no
existe solidaridad en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
(CST). Segundo, agregó que, los elementos sustanciales de la obligación de la
contribución parafiscal fueron establecidos y regulados a partir del artículo 6 del
Decreto Ley 2375 de 1974, expedido en vigencia del estado de emergencia
económica y que deviene inconstitucional, en tanto el Congreso no le otorgó la
categoría de permanente según lo ordena el artículo 215 de la Constitución.
8. Mediante sentencia del Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025),
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, negó las
pretensiones de la demanda, porque, la sociedad no aportó los contratos sobre
los cuales se realizó la liquidación en la que, se determinó la deuda por concepto
de la contribución FIC, ni allegó otros medios de prueba que desvirtuaran lo
expuesto por el SENA en los actos demandados, esto es, que Conaltura ostentaba
la calidad de empleador responsable del pago de la contribución. El Tribunal
concluyó que «la Administración probó que durante los años 2011 a 2015 la demandante
suscribió con terceros contratos de mano de obra y contratos a todo costo, y esta última no probó
que los subcontratistas cumplieron con su obligación de pagar la contribución FIC, por tanto, no
responsabilizar al propietario de la obra por el pago de la contribución FIC […] implicaría
convalidar un supuesto de evasión al cumplimiento de la carga».
9. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que, el
A-quo no motivó adecuadamente por qué el Decreto 2375 de 1974 no adolece de
inconstitucionalidad sobreviniente por su contradicción con el actual orden
constitucional; y vulneró el principio de legalidad tributaria, en tanto el Decreto
2375 fue expedido al amparo del estado de emergencia económica declarado
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
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mediante el Decreto 1970 de 1974, y no mediante una ley del Congreso que
estableciera los elementos del tributo conforme al artículo 338 de la Constitución.
10. Agregó que, el Tribunal no analizó el material probatorio que evidenciaba la
aplicación arbitraria del artículo 8° del Decreto 83 de 1976; y desconoció el
precedente en materia de solidaridad, pues, conforme al artículo 34 del CST,
aquella se circunscribe al pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, mas no a la contribución al FIC. Finalmente, adujo que, el SENA
se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria mediante la Resolución
1449 de 2012, al fijar base, tarifa, sujeto pasivo y una garantía de pago a cargo
del propietario de la obra no previstos en el Decreto 2375 de 1974; y que la
liquidación presuntiva carece de fundamento y omitió analizar el contenido y las
condiciones de los contratos de obra.
11. Mediante sentencia del Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia. Para ello, descartó el estudio de los reparos correspondientes a la
indebida aplicación y derogatoria del artículo 8º del Decreto 083 de 1976, a la
violación de los límites de la facultad reglamentaria en la Resolución 1449 de 2012
y a la falta de fundamentación de la liquidación presuntiva, porque, no fueron
expuestos en la demanda. En cuanto a la alegada inconstitucionalidad
sobreviniente del Decreto 2375 de 1974, citó la sentencia C-014 de 1993, en la
que la Corte Constitucional aclaró que, la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991 no derogó en bloque la legislación anterior, de manera que «opera el
principio general de la subsistencia de la legislación preexistente y, con fundamento en el artículo
9 de la Ley 153 de 1887, para que aquella desaparezca del ordenamiento jurídico debe existir,
frente a la nueva Carta, un grado de incompatibilidad y una abierta contradicción entre el contenido
material o el espíritu de ambas normas» .
12. Agregó que, en virtud del artículo 6° del Decreto Ley 2375 de 1974 y el artículo
7° del Decreto 083 de 1976, son sujetos pasivos de la contribución FIC las
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la industria de la construcción y
funjan como empleadores, y la responsabilidad de su pago recae en el propietario
de la obra en las construcciones por el sistema de administración delegada y en
los contratistas o constructores principales en los contratos a precios unitarios
fijos. El SENA determinó que, Conaltura subcontrató obras durante los períodos
fiscalizados, que la sociedad era dueña de las obras ejecutadas y que no
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
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demostró el pago de la contribución FIC por los contratistas, por lo que, era
responsable del pago de la contribución y se cumplió el presupuesto para que, se
practicara la liquidación presuntiva. Como la accionante «no allegó los contratos, ni
demostró las condiciones pactadas con los contratistas, el número de empleados a cargo de los
terceros y su calidad de empleadores, ni las constancias del pago de la contribución por parte de
los contratistas, […] no se desvirtuó lo expuesto en los actos acusados, esto es, que ostentaba la
calidad de empleador, responsable del pago del tributo» .
13. En su acción, Conaltura aseguró que, en la sentencia del Dieciocho (18) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), se configuraron los defectos sustantivo,
de violación directa de la Constitución, de desconocimiento del precedente
constitucional, y fáctico. Primero, en tanto, la Sección Cuarta aplicó el Decreto Ley
2375 de 1974 para mantener vigente la contribución FIC, pese a que, dicha norma
resulta incompatible con los artículos 150-12 y 338 de la Constitución de 1991
(C.P.).
14. En consecuencia, se desconoció el principio de supremacía constitucional
(artículo 4 de la C.P.) y el de reserva legal en materia tributaria (artículos 150-12
y 338 de la C.P.). En tercer lugar, el fallo atacado omitió aplicar las reglas fijadas
en las sentencias C-014 de 1993, C-040 de 1993 y C-560 de 2019, sobre vigencia
de normas preconstitucionales. Finalmente, el Consejo de Estado habría avalado
la liquidación presuntiva del FIC sin verificar la existencia de soporte probatorio
suficiente y sin valorar de manera adecuada los medios de prueba aportados por
la parte demandante, consistentes en contratos de obra, certificaciones laborales
y documentos contables, entre otros.
1.2. Contestaciones de la acción
15. 1.2.1. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 4 pidió negar lo pretendido
por la empresa, al no advertir ninguna violación al debido proceso ni la configuración
de un defecto.
16. 1.2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad,
remitió copia digital del proceso5 y, luego de hacer un recuento de las etapas
surtidas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, alegó6
4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 13, archivo 13.
5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12, archivo 9.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 15, archivo 18.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
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que la presente acción no resulta procedente, por falta de relevancia constitucional.
Agregó que, tampoco se advierte la configuración de defecto alguno.
17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado guardó silencio, pese a que, fue
debidamente notificada del presente proceso.
1.3. Providencia impugnada7
18. Mediante sentencia del Nueve (9) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la tutela, frente al defecto fáctico por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad. Explicó que, «la accionante contaba con un mecanismo judicial ordinario
idóneo para controvertir los eventuales reparos por la omisión probatoria como lo es el recurso
extraordinario de revisión, a la luz de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011». Esto por cuanto el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso.
19. En cuanto a los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente
alegados por la parte actora, el a quo negó lo pretendido. Primero, encontró que «la
decisión se soporta en una interpretación razonable de las normas aplicables, en particular del
Decreto 2375 de 1974», teniendo en cuenta que, «concluyó que no era posible acoger las
pretensiones de la demandante, ya que al no demostrar que los subcontratistas cancelaron la
contribución, el SENA estaba habilitado para aplicar la liquidación presuntiva respecto de los
contratos realizados con terceros».
20. Segundo, infirió que, las sentencias C-014 de 1993, C-040 de 1993, C-560 de
2019, C-776 de 2003 y C-219 de 2011, alegadas como desconocidas, no resultaban
aplicables al caso, porque en ellas se abordaban situaciones fácticas diferentes, y
no se refirieran a la exigibilidad de la contribución FIC o a su aplicación en contextos
de subcontratación en la industria de la construcción.
1.4. La impugnación8
21. Inconforme con la decisión, la parte actora impugnó el fallo del Nueve (9) de Abril
de Dos Mil Veintiséis (2026). En su escrito, reiteró los argumentos expuestos en la
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 18.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 22.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
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tutela, y reprochó que, la sentencia de tutela de primera instancia no hubiera
desarrollado un análisis sustancial frente a los problemas jurídicos estructurales
planteados dentro del proceso, limitándose a «reiterar la vigencia formal del Decreto -Ley
2375 de 1974 y a respaldar la interpretación administrativa que permitió exigir la contribución
parafiscal, sin ofrecer una explicación suficiente frente a los argumentos constitucionales expuestos
por la parte demandante».
22. Destacó cuáles fueron los argumentos planteados en la demanda ordinaria,
sobre los cuales no se pronunció la autoridad accionada: «1. La incompatibilidad material
del Decreto-Ley 2375 de 1974 con la Constitución de 1991, 2. La configuración de una
inconstitucionalidad sobreviniente, 3. La violación del principio de reserva legal tributaria, 4. La
afectación del principio de confianza legítima, 5. La determinación de los elementos estructurales
del tributo exigido».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. En virtud de los artículos 329 del Decreto Ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)12 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2. La acción
24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
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2.3. Problema Jurídico
25. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
del Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al interior del expediente
identificado con el radicado núm. 05001-23-33-000-2018-00239-00/01; y, en caso
afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, al configurarse los defectos sustantivo, de violación
directa de la Constitución, de desconocimiento del precedente y fáctico.
2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
26. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
27. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
13
Sentencia C-590 de 2005.
14
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
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derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
28. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5. Caso concreto
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la posible vulneración
de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al
presuntamente configurarse los defectos sustantivo, de violación directa de la
Constitución, de desconocimiento del precedente y fáctico, (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia de
segunda instancia que se encuentra en firme, (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores, (iv) el
9
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requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia atacada
quedó ejecutoriada el Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)15
y la solicitud de amparo se radicó el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026), es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes y (v) el fallo acusado no
obedece a uno de tutela.
30. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo, de
desconocimiento del precedente y fáctico. Las dos primeras causales serán
analizadas en conjunto, pues ambas controvierten la vigencia del Decreto Ley 2375
de 1974. Solo se estudiará la violación directa de la Constitución en caso de
prosperar el primer defecto, pues, esta es presentada como una consecuencia de
aquella.
2.5.1. Defecto sustantivo
31. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que,
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
32. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales17.
2.5.2. Desconocimiento del precedente
15
Visible en el expediente electrónico del proceso 05001-23-33-000-2018-00239-01 en SAMAI, índice 17, según el cual se
notificó por estado el 23 de septiembre de 2025.
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
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33. Valga la pena recordar que, el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia 18, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un
defecto sustantivo19 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe20.
34. Sobre el particular, es preciso señalar que, aplica la primera modalidad de
desconocimiento del precedente, en razón a que, la discusión planteada gira en
torno a si la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en su sentencia del Dieciocho
(18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), se apartó injustificadamente del
precedente constitucional contenido en las sentencias C-014 de 1993, C-040 de
1993, C-560 de 2019, C-776 de 2003 y C-219 de 2011 sobre la vigencia de normas
expedidas antes de la Constitución de 1991.
35. En el sub lite, la accionante expuso que:
[…] la Sala del Consejo de Estado aplicó el Decreto-Ley 2375 de 1974 para mantener
vigente la contribución parafiscal denominada Fondo de Formación Profesional de la
Industria de la Construcción (FIC). Sin embargo, dicha norma resulta incompatible
con los artículos 150-12 y 338 de la Constitución de 1991, que establecen la reserva
estricta de ley en materia tributaria, disponiendo que solo el Congreso de la República
tiene la competencia para crear tributos y definir sus elementos esenciales (hecho
generador, sujeto pasivo, base gravable y tarifa).
La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples oportunidades que las normas
preconstitucionales solo pueden aplicarse si son plenamente compatibles con la
Constitución de 1991, y que cuando se trata de tributos o contribuciones parafiscales
es indispensable el control del legislador democrático. Así lo expresó en las
sentencias C-014 de 1993 y C-040 de 1993, al señalar que la entrada en vigencia de
la nueva Constitución exige un examen de compatibilidad material, y en la sentencia
C-560 de 2019, donde precisó que los jueces deben inaplicar normas
preconstitucionales incompatibles con los principios constitucionales actuales.
18
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
19
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
20
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
La aplicación acrítica del Decreto-Ley 2375 de 1974 configura entonces un defecto
sustantivo, en tanto se mantuvo vigente un tributo creado por el Ejecutivo sin respaldo
de ley posterior, desconociendo la reserva legal reforzada que protege a los
contribuyentes frente a cargas públicas. […]
En el caso objeto de tutela, el Consejo de Estado desconoció de manera abierta el
precedente constitucional aplicable, pues omitió dar aplicación a las reglas fijadas en
las sentencias C-014 de 1993, C-040 de 1993 y C-560 de 2019.
• En C-014 de 1993, la Corte precisó que las normas preconstitucionales solo
subsisten si son plenamente compatibles con la Constitución de 1991, y que
el juez debe realizar un examen riguroso de compatibilidad material.
• En C-040 de 1993, se reiteró que la vigencia de normas expedidas antes de
1991 no es automática, sino que depende de su concordancia con los
principios y valores de la nueva Constitución.
• En C-560 de 2019, la Corte recordó el deber de los jueces de inaplicar las
disposiciones preconstitucionales que resulten contrarias a la Constitución de
1991, desarrollando de manera expresa la doctrina de la inconstitucionalidad
sobreviniente.
El Consejo de Estado, sin embargo, se limitó a afirmar la vigencia del Decreto-Ley
2375 de 1974 sin confrontarlo con estos precedentes obligatorios, omitiendo el
examen de compatibilidad material exigido por la Corte. Tal omisión constituye un
desconocimiento directo del precedente constitucional, lo que vulnera los principios
de supremacía constitucional, igualdad (al tratar de forma desigual casos semejantes)
y seguridad jurídica.
36. Es decir, en su concepto, el Decreto Ley 2375 de 1974 no podía sustentar la
obligación de contribuir al FIC, porque se expidió bajo la Constitución de 1886 y,
sobre esa base, el Legislador y el SENA crearon y reglamentaron el parafiscal sin
respaldo de una ley posterior, en contravía de la reserva estricta de ley tributaria
prevista en los artículos 150-12 y 338 de la Constitución de 1991. En esa medida,
la actora sostuvo que, dicha norma perdió vigencia por inconstitucionalidad
sobreviniente, al no superar el examen de compatibilidad material que, condiciona
la subsistencia de las disposiciones preconstitucionales frente a la Carta Política.
Por ello, afirmó que la Sección Cuarta debió inaplicarla y que, al reiterar su vigencia
formal sin confrontarla con ese parámetro, desconoció las reglas fijadas en las
referidas sentencias de constitucionalidad.
37. Sobre la vigencia del Decreto Ley 2375 de 1974, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado expuso lo siguiente:
Respecto a la inconstitucionalidad del Decreto 2375 de 1974 alegada por la
recurrente, la Sección en reiterados pronunciamientos3 ha precisado que en los
términos de la sentencia C-014 de 1993, la entrada en vigencia de la Carta Política
de 1991 no derogó en bloque la legislación anterior, por cuanto «opera el principio
general de la subsistencia de la legislación preexistente y, con fundamento en el
artículo 9 de la Ley 153 de 1887, para que aquella desaparezca del ordenamiento
jurídico debe existir, frente a la nueva Carta, un grado de incompatibilidad y una
abierta contradicción entre el contenido material o el espíritu de ambas normas».
De igual forma precisó:
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Como el Decreto Ley 2375 de 1974, que creó la contribución analizada, fue
expedido por el presidente de la república en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas con fundamento en el artículo 122 de
la Constitución de 1886, su vigencia no se vio enervada por la entrada en
vigor de las nuevas disposiciones que sobre la creación de tributos impuso la
Constitución de 1991.
A la luz de la Sentencia C-014 de 1993, el tránsito constitucional no implica
la derogatoria de todas las normas expedidas durante la vigencia de la
anterior Constitución.
El ordenamiento previo mantiene su vigencia en la medida en que la
Constitución actual no establezca reglas diferentes o no exista un grado de
incompatibilidad tal que se traduzca en una abierta contradicción entre la
norma preexistente y la nueva Carta.
Por consiguiente, el hecho de que con la Constitución de 1991 se hubiere
producido un cambio relativo a la titularidad de las potestades normativas
tributarias, con la adopción de un principio de reserva de ley estricto en
materia tributaria, que prohíbe concederle al ejecutivo facultades
extraordinarias para «decretar tributos» (ordinal 10.º del artículo 150
constitucional), no implica que las normas que no se ajustan a las nuevas
condiciones formales sean inconstitucionales.
La tesis contraria supone asignarle efectos retroactivos a las potestades
normativas previstas en las nuevas disposiciones constitucionales, afectando
los actos normativos que se profirieron en su día atendiendo los requisitos
que exigía el ordenamiento entonces vigente.
Así, conforme a la tesis que ahora se reitera, si bien la Constitución de 1991 prevé el
principio de reserva de ley en materia tributaria y limita al ejecutivo en ese aspecto,
ello no implica que las normas que no se ajustan a las nuevas condiciones formales
sean inconstitucionales, pues esa situación equivaldría a asignarle efectos
retroactivos a las disposiciones del nuevo ordenamiento respecto de actos cuya
emisión se produjo al tenor de los requisitos exigidos en el régimen constitucional
anterior.
En tales condiciones, el Decreto 2375 de 1974 no deviene en inconstitucional por el
hecho de que después de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el
Congreso no haya expedido una ley por medio de la cual se le otorgara el carácter de
permanente a la contribución al FIC, que fue creada en virtud de un estado de
emergencia económica, porque las normas preconstitucionales mantienen su
vigencia bajo la nueva Constitución, salvo que resulten contrarias a sus principios4.
No prospera el cargo de apelación.
38. No es cierto, como afirma la actora, que el Decreto Ley 2375 de 1974 hubiera
perdido vigencia solo porque el Congreso no expidió, con posterioridad a 1991, una
ley que definiera los elementos de la contribución al FIC. Como lo explicó la Sección
Cuarta, la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 no derogó en bloque la
legislación preexistente, de modo que, las normas anteriores conservan su vigencia
salvo que, medie una incompatibilidad material y una abierta contradicción con la
nueva Carta. La reserva estricta de ley tributaria que invoca la accionante rige hacia
el futuro y no puede aplicarse de forma retroactiva para invalidar una norma
expedida conforme a los requisitos formales del ordenamiento vigente para ese
momento.
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Accionante: Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
39. Por eso, exigir, como requisito para que, siguiera vigente, una ley posterior que
ratificara la contribución parafiscal equivaldría a atribuirle efectos retroactivos al
principio de reserva de ley. Esto es contario al propio precedente que la actora
invoca. En la sentencia C-014 de 1993, la Corte Constitucional expuso que:
Con respecto a la legislación preexistente las exigencias del principio de seguridad
jurídica y certidumbre se satisfacen de una manera diversa. La regla dominante en
este nuevo universo normativo reconoce que el tránsito constitucional no conlleva
necesariamente la derogación de todas las normas expedidas durante la vigencia de
la Constitución derogada. Por tanto, la legislación preexistente conserva toda su
vigencia en la medida en que la nueva Constitución no establezca reglas diferentes.
La diferencia entre la nueva Constitución y la ley preexistente debe llegar al nivel de
una incompatibilidad real, de una contradicción manifiesta e insuperable entre los
contenidos de las proposiciones de la Carta con los de la ley preexistente. Por tanto,
no basta una simple diferencia. Todo lo anterior supone un análisis de profundidad
realizado por el juez competente quien será, en últimas, el llamado a determinar la
naturaleza y alcance de la contradicción.
40. Revisadas las providencias que la actora alega como desconocidas (sentencias
C-014 de 1993, C-040 de 1993, C-560 de 2019, C-776 de 2003 y C-219 de 2011),
la Sala encuentra que, ninguna de ellas contiene una regla aplicable al asunto
debatido, esto es, la vigencia de una norma preconstitucional que creó una
contribución parafiscal y su compatibilidad con la reserva estricta de ley tributaria
prevista en la Constitución de 1991.
41. Por lo tanto, la Sala advierte que, la accionante no cumplió con demostrar la
configuración de un defecto sustantivo, pues no acreditó que, el Decreto Ley 2375
de 1974 hubiera sido derogado, declarado inexequible o que resultara inaplicable
al caso, ya que, conforme a la regla general de subsistencia de la legislación
preexistente fijada por la Corte Constitucional, dicha norma conservó su vigencia al
no mediar una contradicción material y abierta con la Carta de 1991.
42. Tampoco acreditó entonces un desconocimiento del precedente constitucional,
porque las sentencias invocadas no fijaron una regla especial para la vigencia de
los decretos preconstitucionales expedidos por el Presidente en uso de sus
facultades extraordinarias en materia tributaria, que la autoridad accionada
estuviera obligada a seguir. Por el contrario, la Sección Cuarta aplicó el régimen
aplicable de conformidad con el precedente constitucional sentado por la sentencia
C-014 de 1993, citada por la propia actora.
2.5.3. Defecto fáctico
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
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43. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que, el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 21. Así mismo, este
defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 22.
44. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento en
que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u
omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente 23. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que tenga
la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo tanto,
que afecte directamente los derechos del accionante.
45. En el sub lite, la accionante argumenta que, se configuró este defecto, en su
modalidad negativa, porque la autoridad judicial atacada avaló «[…] una liquidación
presuntiva del FIC sin verificar la existencia de soporte probatorio suficiente y sin valorar de manera
adecuada los medios de prueba aportados por la parte demandante» , que se refieren a: «[…]
contratos de obra, certificaciones laborales, documentos contables y demás soportes que permitían
establecer de manera real y objetiva la base de cálculo del FIC y la inexistencia de la obligación en
los términos determinados por el SENA». Por el contrario, «avaló la utilización de presunciones
administrativas para liquidar el FIC, a pesar de que: El Decreto-Ley 2375 de 1974 no autoriza la
liquidación presuntiva [y] No existe ley posterior que habilite al SENA para determinar el tributo con
base en presunciones», lo que, a su vez, «traslad[ó] al contribuyente la carga de desvirtuar
presunciones creadas por la propia autoridad administrativa, sin sustento legal».
46. La Sala no coincide con el a quo en que, no se satisfizo el requisito de
subsidiariedad frente a este defecto, pues, lo cierto es que, el recurso extraordinario
de revisión no debe agotarse previo al ejercicio de la acción de tutela por un
desacuerdo en la valoración probatoria. La Sección Cuarta, en la providencia
censurada, expuso lo siguiente sobre las pruebas del proceso:
21
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
23
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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El Director General del SENA, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3.°
del Decreto 1047 de 1983, […] expidió la Resolución 1449 de 2012, que en el artículo
6.°prevé que: i) deben contribuir al FIC los empleadores señalados en el artículo 7.°
del Decreto 083 de 1976 y, ii) que los propietarios o contratistas principales serán
responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, cuando no
prueben que sus subcontratistas pagaron el FIC.
En el artículo 7.° de la citada resolución fijó dos bases gravables para el cálculo de la
citada contribución. La primera -con base en el número de trabajadores mensuales-
para los casos en los que exista certeza sobre el número de trabajadores bajo las
órdenes y responsabilidad del propietario de la obra o contratista principal, caso en el
que se debe efectuar mensualmente una contribución correspondiente a un salario
mínimo legal mensual vigente por cada 40 trabajadores que laboren en cada una de
las obras bajo su responsabilidad y proporcionalmente por fracción de cuarenta.
Y la segunda -liquidación presuntiva-, que procede cuando el empleador obligado no
pueda demostrar el número mensual de trabajadores que laboren en cada una de las
obras bajo su responsabilidad. En ese orden de ideas, deberá pagar a título de
contribución FIC el 0.25 % del valor de las obras que ejecute directamente o por medio
de subcontratistas y, para el caso de contratos de mano de obra, será el 1 % del total
de los costos. Lo anterior, solo en el caso de que el propietario o contratista principal
de la obra no demuestre que sus subcontratistas son los verdaderos empleadores en
los términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sobre la liquidación presuntiva, la Sala precisó que «[l]a base gravable presuntiva
aplica en los casos en los que no existe certeza sobre la cantidad de trabajadores
bajo las órdenes y responsabilidad del propietario de la obra o contratista principal.
En ese sentido, parte de reconocer que la subcontratación de las obras es una
práctica usual y generalizada en el sector de la construcción, para establecer un
mecanismo de control según el cual el contratista principal, en el supuesto de que no
pruebe cuantos trabajadores tiene a su cargo y responsabilidad, contribuya sobre la
base de los subcontratos. De ese modo se garantiza el pago de las contribuciones al
SENA y se evita un posible supuesto de evasión […]».
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, se encuentra probado lo
siguiente:
El objeto social de la actora es «la planeación y ejecución de urbanizaciones, la
construcción de casas y edificios, puentes, carreteras, estructuras metálicas y demás
obras de ingeniería; […]. En desarrollo de su objeto podrá celebrar los contratos o
ejecutar los actos que fueren necesarios para el logro de los fines que persiga o que
puedan favorecer sus actividades o la de las empresas que en ella tuviera interés y
que en forma directa se relacionen con el objeto social (…)».
Mediante el Oficio 05-1080-013140 del 25 de septiembre de 2015, el SENA le
manifestó a la sociedad la realización de una visita de seguimiento, para lo cual le
solicitó la siguiente información, si la empresa realiza obras civiles:
• Relación firmada por contador público de los contratos ejecutados durante las
vigencias 2010 a 2014;
• Certificación firmada por el contador público del número de trabajadores de obra
contratados directamente, mes a mes en los años 2010 al 2014;
• Relación firmada por contador público de los consorcios en los cuales participó la
empresa durante los años 2010 a 2014 y los documentos relacionados.
• Descripción de cada proyecto en forma de resumen ejecutivo y cronograma de obra
de actividades por proyecto.
• En caso de haber subcontratado, la certificación por el contador público, detallando
las cuentas de costos de mano de obra y subcontratista para cada una de las
vigencias fiscalizadas, y se informe el valor pagado por FIC.
En el «FORMATO INFORME DE VISITA» del 28 de marzo de 2017, la demandada
informó:
Se elabora liquidación de FIC por el valor de los contratos de Mano de Obra y Todo
Costo ejecutados con terceros de los años 2011-2012-2013-2014 y 2015.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
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La liquidación se elabora según información contable de los auxiliares de la cuenta
de terceros donde se contabiliza los contratos ejecutados en los años fiscalizados.
El pasado 29 de marzo de 2015, se entrega liquidación para ser revisada por la
empresa y verificar si la información allí detallada es correcta, la empresa deberá
confirmar si los contratistas efectuaron pagos de FIC de los diferentes contratos
correspondiente al periodo fiscalizado para ser abonados a esta liquidación.
El viernes 29 de abril se esperaba respuesta por parte de la empresa, donde
confirmara la decisión de aceptar la liquidación o si iban a interponer recurso, pero la
empresa no dio ninguna respuesta (…)
El 06 de septiembre de 2016, recibimos por parte de la empresa, información con
listado de contratistas que incluye copia de Actas de Finiquito de los contratos, pagos
de FIC, certificaciones de pagos y demás. Con el propósito de ser tenido en cuenta
para el proceso de fiscalización que se adelanta a la empresa.
En la Liquidación 052017-0417 del 28 de marzo de 2017, el SENA determinó el valor
de la contribución FIC, así: […]
En la Resolución 002387 del 6 de abril de 2017, el SENA determinó que el valor
adeudado por la actora por concepto de la contribución FIC en los períodos 2010 a
2015, correspondía a $486.510.723, teniendo en cuenta lo determinado en los
períodos 2010 a 2015, según la Liquidación 052017-0417 del 28 de marzo de 2017.
La actora interpuso recurso de reposición contra ese acto, sin aportar pruebas, el
cual fue confirmado mediante la Resolución 009091 de 28 de septiembre de 2017.
Según lo expuesto, la Administración determinó que la sociedad subcontrató obras
durante los periodos fiscalizados, que la sociedad actora era la dueña de las obras
ejecutadas y que no demostró el pago de la contribución FIC por los contratistas. Por
lo tanto, la demandante era responsable del pago de la contribución y se cumplió el
presupuesto para que la demandada practicara la liquidación presuntiva con
fundamento en la información que le suministrada en sede administrativa, para lo cual
tomó como base gravable el 0.25 % de los contratos a todo costo suscritos con los
terceros contratistas, y el 1 % sobre el total de los costos de los contratos mano de
obra.
Cabe precisar que si bien en el proceso administrativo consta que la sociedad
aportó algunas pruebas -Actas de Finiquito de los contratos, pagos de FIC,
certificaciones de pagos y demás-, con las cuales acreditó el pago parcial de la
contribución, en sede judicial no allegó los contratos, ni demostró las
condiciones pactadas con los contratistas, el número de empleados a cargo de
los terceros y su calidad de empleadores, ni las constancias del pago de la
contribución por parte de los contratistas, por lo que no se desvirtuó lo
expuesto en los actos acusados, esto es, que ostentaba la calidad de
empleador, responsable del pago del tributo.
La Sala, ha insistido en advertir que en los casos en que los contratistas
principales o el dueño de la obra no demuestran que los subcontratistas
cancelaron la contribución, la Administración está habilitada para aplicar la
liquidación presuntiva, respecto de los contratos realizados con terceros, y que
lo anterior no «implica una responsabilidad solidaria compartida entre la dueña de la
obra y los terceros contratistas, sino que corresponde a la aplicación de una
consecuencia jurídica frente a un supuesto de hecho de omisión, que conllevó
a la responsabilidad del pago de la contribución por parte del dueño de la obra».
Así pues, no le asiste razón a la actora al señalar que […] la sentencia apelada
careciera de análisis probatorio, porque la actora no acreditó la condición de
empleadores de los contratistas independientes o el pago de la contribución por los
terceros con los que subcontrató. (Énfasis propio)
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01750-01
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47. Con base en lo anterior, no es cierto que, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado haya omitido el análisis del material probatorio ni avalado la liquidación
presuntiva sin soporte. Por el contrario, la autoridad accionada examinó las pruebas
obrantes en el expediente y explicó que la liquidación presuntiva resultaba
procedente porque la sociedad subcontrató obras durante los períodos fiscalizados,
era dueña de las obras ejecutadas y no demostró que sus subcontratistas hubieran
pagado la contribución. Fue esa omisión probatoria, y no una responsabilidad
solidaria, la que, habilitó a la Administración para aplicar la base gravable presuntiva
sobre los contratos celebrados con terceros, en virtud de los artículos 6 y 7 de la
Resolución 1449 de 2012.
48. Adicionalmente, la Sección Cuarta advirtió que, las pruebas con las que, la actora
pretendía desvirtuar la liquidación (contratos de obra, certificaciones laborales,
documentos contables y demás soportes) solo se aportaron en sede administrativa,
instancia en la que, apenas se acreditó un pago parcial de la contribución, y no
fueron allegadas al proceso judicial. En esa instancia, la sociedad no aportó los
contratos, ni demostró las condiciones pactadas con los contratistas, el número de
empleados a cargo de los terceros, su calidad de empleadores ni el pago de la
contribución por parte de aquellos. Por lo tanto, no logró desvirtuar que ostentaba
la calidad de empleador responsable del pago del tributo.
49. En consecuencia, no se configuró, entonces, el defecto fáctico alegado, pues, la
autoridad judicial accionada hizo una valoración razonable e integral de las pruebas
aportadas al proceso. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el
razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte
de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela
cuando no observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
50. Por las razones expuestas, la Sala modificará la providencia impugnada, que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, en lo que tiene que ver con el
defecto fáctico alegado y negó las pretensiones relativas a los defectos sustantivo
y de desconocimiento del precedente, para, en su lugar, negar todos los defectos
alegados.
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51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del Nueve (9) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no acreditar el requisito de
subsidiariedad respecto del defecto fáctico para, en su lugar, negar el amparo
deprecado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
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